FRANCISCO VALDES U. / El Universal
En la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, el Presidente de la República concluyó el repaso del cuarto año de su administración con un llamado a debatir una reforma que coloque al ciudadano en el centro del sistema político. Exhortó a los poderes Legislativo y Judicial y a los órdenes de gobierno a concentrarse en la tarea, a debatir el problema con profundidad y a atender a la iniciativa de reforma en la materia que presentó.
La iniciativa del Presidente se basa explícitamente en los amplios consensos que resultaron de diversas consultas públicas llevadas a cabo a lo largo de más de una década. Entre las referidas expresamente en la iniciativa están los foros regionales convocados en 1998 por la Cámara de Diputados de la 57 Legislatura, las tareas de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado en el año 2000 y la de los Foros para la Revisión Integral de la Constitución de la Secretaría de Gobernación en 2001. En todos ellos se aceptó la urgencia de una revisión que la adecue a la realidad del país y se propusieron cambios prácticamente a todo su articulado.
El tenor resultante de estas consultas es de una clara percepción social de la necesidad de un cambio constitucional que fortalezca al Estado democrático y a la sociedad a través de transferir mayor poder de decisión a los ciudadanos, que de eso, al fin de cuentas, se trata la democracia.
El Presidente propone nueve medidas. Reelección consecutiva de legisladores y alcaldes, reducir el número de integrantes de las cámaras del Congreso y modificar la integración del Senado por el principio de representación proporcional, elegir al Presidente por mayoría absoluta recurriendo a la segunda vuelta electoral cuando la primera resulte en mayoría relativa, incrementar a 4% el porcentaje de la votación requerido por un partido político para conservar su registro, incorporar las candidaturas independientes, así como la iniciativa ciudadana de ley, dar a la Suprema Corte la facultad de iniciar leyes en lo relativo a sus competencias, dar al Presidente iniciativa preferente limitada ante el Congreso o, en su caso, convocatoria a referéndum sobre aquellas que el Congreso no resuelva; por último, dar al Presidente facultad de observación parcial o total sobre el Presupuesto (egresos e ingresos).
Guste o no, en su totalidad o parcialmente, la iniciativa es una revisión integral de la mayor parte de los obstáculos que se interponen en la gobernabilidad democrática y que, dado el texto constitucional vigente, permiten un juego y rejuego constante y perverso entre las fuerzas políticas, que las induce a anteponer su interés propio al del país. El resultado de esto es el estancamiento y la descomposición del clima político, el desánimo de una ciudadanía apenas naciente que requiere de espacios consistentes para desenvolverse. En fin: el riesgo de retroceso y lo impredecible.
Considerando el origen deliberativo de la iniciativa y la consistencia de sus propuestas y argumentación, no es razonable negarse a examinarla y debatirla con el cuidado que merece. Al provenir del Poder Ejecutivo tiene la representatividad de quienes lo eligieron y los que están en desacuerdo en todo o en parte, tienen el deber político y moral de expresar públicamente, deliberativamente, en el Congreso y en los espacios públicos sus argumentos para rechazarlo o adoptarlo.
No se puede pedir, sin faltar a la más elemental razón humana, que el proyecto no sea debatido, sólo o junto a otros proyectos. No puede aducirse que no tenga en su base el valor y la intención de fortalecer a los ciudadanos. La reelección consecutiva, la iniciativa popular, la tercera vuelta y un conjunto de medidas que harían más sólido al Congreso y más seria la interlocución entre los Poderes de la Unión y los niveles de gobierno; que quitaría el yugo que aplasta a las legislaturas de los estados y a los municipios; que daría obligación a la Suprema Corte en la transformación del sistema de (in)justicia que padecemos sea simplemente relegado como si valiera menos que el papel en que está escrita.
A la hora del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución es preciso recordar que ambos movimientos dieron por resultado las estructuras básicas que han ordenado nuestra convivencia. Cabe decirlo: nunca lo hicieron con suficiencia. Quien lo asevere miente. Por el contrario, fueron periodos trágicos para la sociedad de nuestros ancestros, de los que resultaron soluciones a medias que se convirtieron en problemas. En lo dos momentos, la incapacidad para resolver los desacuerdos fue un rasgo indeleble que cegó las soluciones pacíficas de los desencuentros.
Es obligación recorrer el trecho que nos falta para impedir la descomposición. No hay otro modo de hacerlo que poner los proyectos sobre la mesa, discutirlos y aceptar los compromisos que derivan del diálogo democrático.
Director de la FLACSO-México
En la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, el Presidente de la República concluyó el repaso del cuarto año de su administración con un llamado a debatir una reforma que coloque al ciudadano en el centro del sistema político. Exhortó a los poderes Legislativo y Judicial y a los órdenes de gobierno a concentrarse en la tarea, a debatir el problema con profundidad y a atender a la iniciativa de reforma en la materia que presentó.
La iniciativa del Presidente se basa explícitamente en los amplios consensos que resultaron de diversas consultas públicas llevadas a cabo a lo largo de más de una década. Entre las referidas expresamente en la iniciativa están los foros regionales convocados en 1998 por la Cámara de Diputados de la 57 Legislatura, las tareas de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado en el año 2000 y la de los Foros para la Revisión Integral de la Constitución de la Secretaría de Gobernación en 2001. En todos ellos se aceptó la urgencia de una revisión que la adecue a la realidad del país y se propusieron cambios prácticamente a todo su articulado.
El tenor resultante de estas consultas es de una clara percepción social de la necesidad de un cambio constitucional que fortalezca al Estado democrático y a la sociedad a través de transferir mayor poder de decisión a los ciudadanos, que de eso, al fin de cuentas, se trata la democracia.
El Presidente propone nueve medidas. Reelección consecutiva de legisladores y alcaldes, reducir el número de integrantes de las cámaras del Congreso y modificar la integración del Senado por el principio de representación proporcional, elegir al Presidente por mayoría absoluta recurriendo a la segunda vuelta electoral cuando la primera resulte en mayoría relativa, incrementar a 4% el porcentaje de la votación requerido por un partido político para conservar su registro, incorporar las candidaturas independientes, así como la iniciativa ciudadana de ley, dar a la Suprema Corte la facultad de iniciar leyes en lo relativo a sus competencias, dar al Presidente iniciativa preferente limitada ante el Congreso o, en su caso, convocatoria a referéndum sobre aquellas que el Congreso no resuelva; por último, dar al Presidente facultad de observación parcial o total sobre el Presupuesto (egresos e ingresos).
Guste o no, en su totalidad o parcialmente, la iniciativa es una revisión integral de la mayor parte de los obstáculos que se interponen en la gobernabilidad democrática y que, dado el texto constitucional vigente, permiten un juego y rejuego constante y perverso entre las fuerzas políticas, que las induce a anteponer su interés propio al del país. El resultado de esto es el estancamiento y la descomposición del clima político, el desánimo de una ciudadanía apenas naciente que requiere de espacios consistentes para desenvolverse. En fin: el riesgo de retroceso y lo impredecible.
Considerando el origen deliberativo de la iniciativa y la consistencia de sus propuestas y argumentación, no es razonable negarse a examinarla y debatirla con el cuidado que merece. Al provenir del Poder Ejecutivo tiene la representatividad de quienes lo eligieron y los que están en desacuerdo en todo o en parte, tienen el deber político y moral de expresar públicamente, deliberativamente, en el Congreso y en los espacios públicos sus argumentos para rechazarlo o adoptarlo.
No se puede pedir, sin faltar a la más elemental razón humana, que el proyecto no sea debatido, sólo o junto a otros proyectos. No puede aducirse que no tenga en su base el valor y la intención de fortalecer a los ciudadanos. La reelección consecutiva, la iniciativa popular, la tercera vuelta y un conjunto de medidas que harían más sólido al Congreso y más seria la interlocución entre los Poderes de la Unión y los niveles de gobierno; que quitaría el yugo que aplasta a las legislaturas de los estados y a los municipios; que daría obligación a la Suprema Corte en la transformación del sistema de (in)justicia que padecemos sea simplemente relegado como si valiera menos que el papel en que está escrita.
A la hora del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución es preciso recordar que ambos movimientos dieron por resultado las estructuras básicas que han ordenado nuestra convivencia. Cabe decirlo: nunca lo hicieron con suficiencia. Quien lo asevere miente. Por el contrario, fueron periodos trágicos para la sociedad de nuestros ancestros, de los que resultaron soluciones a medias que se convirtieron en problemas. En lo dos momentos, la incapacidad para resolver los desacuerdos fue un rasgo indeleble que cegó las soluciones pacíficas de los desencuentros.
Es obligación recorrer el trecho que nos falta para impedir la descomposición. No hay otro modo de hacerlo que poner los proyectos sobre la mesa, discutirlos y aceptar los compromisos que derivan del diálogo democrático.
Director de la FLACSO-México
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