Aníbal Gutiérrez Lara / El Universal
En medio de un ambiente político afectado por las alianzas electorales inusuales de hace unos meses, el Ejecutivo reveló la propuesta económica para el ejercicio fiscal 2011. En general, la propuesta no consigna grandes cambios, lo que querría decir que “estamos todos bien”. Pero la discusión previa a la entrega se caracterizó por la iniciativa priísta de reducir en un punto la tasa del IVA, dado que las condiciones de emergencia que motivaron y justificaron la decisión han desaparecido, aunque esto no quiere decir que no haya riesgos, máxime cuando la economía de EU, nuestro principal motor de crecimiento, no da señales claras de iniciar una recuperación sólida.
Se estima que la reducción de la tasa del IVA significaría alrededor de 35 a 40 mil millones de pesos que dejarían de ingresar a las arcas gubernamentales, pero por otro lado, serían recursos que contribuirían a impulsar la demanda interna. En respuesta, el gobierno ha lanzado una ofensiva afirmando que sería irresponsable y casi una catástrofe bajar la tasa de IVA. Más allá de la confusión que esto genera, cuando se ha afirmado todo el año que tenemos una buena economía, que las finanzas están sólidas, que ya no hay visos de una crisis financiera interna, lo que se aprecia es una confrontación entre la principal fuerza política de San Lázaro y el Ejecutivo federal. Mientras tanto, no se ve claro para dónde se inclinará el PRD, que tiene enfrente un proceso interno de renovación de su dirigencia.
El paquete se distingue por establecer parámetros de crecimiento de 4.5% en 2010 y de 3.8% para 2011; ingresos totales 3.9% superiores a lo aprobado en 2010, con una participación en el PIB de la recaudación tributaria no petrolera de 10.3% (rango histórico), un déficit presupuestario de 0.3% del PIB, inflación de 3% y un precio y plataforma de producción y exportación de crudo de 63 dólares por barril, 2.5 y 1.1 millones de barriles diarios, respectivamente.
En materia de gasto, se favorecen renglones de seguridad pública, desarrollo social y crecimiento económico. Los incrementos en las instituciones del primer grupo son relevantes; en el segundo caso desiguales; y mínimas en el tercero. La prioridad es indiscutible: Seguridad Pública. Llama la atención la caída en el presupuesto de la Secretaría de Energía, que pasa de casi 40 mil millones de pesos en 2010, a cerca de 3 mil millones en 2011, presupuesto menor al de las secretarías que supuestamente iban a desaparecer como Turismo y Reforma Agraria. Asimismo, se apuesta a un ejercicio eficiente del gasto, lo que llama la atención después de las cifras de subejercicios que muestran distintas dependencias. Lo que sigue siendo un hecho es que el gasto está muy comprometido, por lo que sólo 5% puede reasignarse. El 22% del gasto programable corresponde a gasto en servicios personales destacando Poder Judicial, SHCP, Defensa, Educación Pública, Salud, Marina y Seguridad Pública.
En el paquete se contempla una iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos bajo criterios de simplificación administrativa, así como extender el régimen fiscal especial para la explotación petrolera (Paleocanal de Chicontepec y aguas profundas), buscando darle mayor flexibilidad financiera a Pemex.
Como se había anunciado, no hay cambios relevantes, no hay miscelánea fiscal como tal, ni modificaciones de fondo a la estructura de ingresos ni en la de gasto. O se acabó la imaginación o no se cuenta con capacidad de negociación para impulsar propuestas que modifiquen la estructura fiscal y favorezcan una mejor calidad del gasto. Tampoco se ve que se hayan atendido propuestas de los actores del sector privado.
Lo importante de las iniciativas es que una vez más demuestran que prevalece la inercia fiscal y que por el lado del Ejecutivo federal y del PRI, como mayoría legislativa, existen posiciones irreconciliables. Toca a los diputados y senadores en materia de ingresos y sólo a los diputados en materia de gasto analizar y proponer algo más que lo que recibieron.
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
En medio de un ambiente político afectado por las alianzas electorales inusuales de hace unos meses, el Ejecutivo reveló la propuesta económica para el ejercicio fiscal 2011. En general, la propuesta no consigna grandes cambios, lo que querría decir que “estamos todos bien”. Pero la discusión previa a la entrega se caracterizó por la iniciativa priísta de reducir en un punto la tasa del IVA, dado que las condiciones de emergencia que motivaron y justificaron la decisión han desaparecido, aunque esto no quiere decir que no haya riesgos, máxime cuando la economía de EU, nuestro principal motor de crecimiento, no da señales claras de iniciar una recuperación sólida.
Se estima que la reducción de la tasa del IVA significaría alrededor de 35 a 40 mil millones de pesos que dejarían de ingresar a las arcas gubernamentales, pero por otro lado, serían recursos que contribuirían a impulsar la demanda interna. En respuesta, el gobierno ha lanzado una ofensiva afirmando que sería irresponsable y casi una catástrofe bajar la tasa de IVA. Más allá de la confusión que esto genera, cuando se ha afirmado todo el año que tenemos una buena economía, que las finanzas están sólidas, que ya no hay visos de una crisis financiera interna, lo que se aprecia es una confrontación entre la principal fuerza política de San Lázaro y el Ejecutivo federal. Mientras tanto, no se ve claro para dónde se inclinará el PRD, que tiene enfrente un proceso interno de renovación de su dirigencia.
El paquete se distingue por establecer parámetros de crecimiento de 4.5% en 2010 y de 3.8% para 2011; ingresos totales 3.9% superiores a lo aprobado en 2010, con una participación en el PIB de la recaudación tributaria no petrolera de 10.3% (rango histórico), un déficit presupuestario de 0.3% del PIB, inflación de 3% y un precio y plataforma de producción y exportación de crudo de 63 dólares por barril, 2.5 y 1.1 millones de barriles diarios, respectivamente.
En materia de gasto, se favorecen renglones de seguridad pública, desarrollo social y crecimiento económico. Los incrementos en las instituciones del primer grupo son relevantes; en el segundo caso desiguales; y mínimas en el tercero. La prioridad es indiscutible: Seguridad Pública. Llama la atención la caída en el presupuesto de la Secretaría de Energía, que pasa de casi 40 mil millones de pesos en 2010, a cerca de 3 mil millones en 2011, presupuesto menor al de las secretarías que supuestamente iban a desaparecer como Turismo y Reforma Agraria. Asimismo, se apuesta a un ejercicio eficiente del gasto, lo que llama la atención después de las cifras de subejercicios que muestran distintas dependencias. Lo que sigue siendo un hecho es que el gasto está muy comprometido, por lo que sólo 5% puede reasignarse. El 22% del gasto programable corresponde a gasto en servicios personales destacando Poder Judicial, SHCP, Defensa, Educación Pública, Salud, Marina y Seguridad Pública.
En el paquete se contempla una iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos bajo criterios de simplificación administrativa, así como extender el régimen fiscal especial para la explotación petrolera (Paleocanal de Chicontepec y aguas profundas), buscando darle mayor flexibilidad financiera a Pemex.
Como se había anunciado, no hay cambios relevantes, no hay miscelánea fiscal como tal, ni modificaciones de fondo a la estructura de ingresos ni en la de gasto. O se acabó la imaginación o no se cuenta con capacidad de negociación para impulsar propuestas que modifiquen la estructura fiscal y favorezcan una mejor calidad del gasto. Tampoco se ve que se hayan atendido propuestas de los actores del sector privado.
Lo importante de las iniciativas es que una vez más demuestran que prevalece la inercia fiscal y que por el lado del Ejecutivo federal y del PRI, como mayoría legislativa, existen posiciones irreconciliables. Toca a los diputados y senadores en materia de ingresos y sólo a los diputados en materia de gasto analizar y proponer algo más que lo que recibieron.
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
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