Jesús Alberto Cano Vélez (*)
Históricamente el comercio exterior siempre fue un importante motor de crecimiento, así como generador de empleos y de ingresos fiscales para el país. Inclusive, durante nuestra etapa proteccionista --contra las importaciones del primer mundo-- la política de sustitución de importaciones nos permitió crear y desarrollar sectores prioritarios de la actividad económica, especialmente el sector industrial.
Pero en la última década-y-media del siglo pasado, se dieron cambios importantes en esa evolución.
Inspirados por las tendencias del pensamiento dominante, respecto del comercio mundial, en un mundo cada vez más globalizado; y por el evidente fin de la utilidad del proteccionismo económico, por las distorsiones que estaba causando, desmantelamos los instrumentos proteccionistas y creamos un andamiaje para dinamizar el comercio exterior de México, y así la economía.
Entramos al GATT, eliminamos los controles cuantitativos a las importaciones, como las cuotas, y firmamos convenios como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, así como otros arreglos, con varios países vecinos de nuestro Sur, de modo que en un período muy corto, las exportaciones mexicanas pasaron, del histórico 8% a 10% del Producto Interno Bruto, para llegar a representar más del 34% del PIB.
En ese proceso, y en muy corto espacio de tiempo, nos convertimos en el adalid del libre comercio del MUNDO, prácticamente eliminando nuestro sistema de aranceles, y por supuesto, de cuotas y demás instrumentos cuantitativos de protección; en ocasiones sin negociar, a cambio, el mismo tratamiento para nuestros exportadores.
Y como era de esperarse, los países industriales, que fueron los promotores del libre comercio en el mundo, también fueron los más selectivos en aplicar esas políticas liberalizadoras, procurando combinarlas con acciones para seguir protegiendo a sus productos y los empleos generados en su elaboración.
A final de cuentas, no todo estuvo mal, porque las exportaciones promovidas por nuestra política, especialmente las vendidas a los Estados Unidos, tuvieron un crecimiento verdaderamente impresionante, cumpliendo en varios sectores de nuestra economía, con la razón del cambio en la política de comercio exterior.
Pero se asoma un posible descalabro
Ahora corremos el riesgo de sufrir un serio descalabro, por los momentos de crisis económica que está viviendo el mundo, y nuestra incapacidad de utilizar la política de comercio exterior para aumentar la demanda por los productos mexicanos. Nos hemos atado las manos, porque hoy se hace recomendable promover nuestras exportaciones y la venta de productos mexicanos en nuestro propio mercado interno, en vez de promover las importaciones a México.
Por lo anterior, resulta contraproducente tener las puertas abiertas de par en par, de manera que promovamos las importaciones que compiten con nuestros productos --elaborados por mano de obra nacional-- en nuestro propio mercado mexicano. Basta con entrar a cualquier comercio en el país y constatar que abundan los bienes importados en los anaqueles. Estamos creando empleos en el exterior, con nuestras compras, mientras abunda el desempleo y subempleo en México.
Y sigue esa política intensificándose: En diciembre de 2008, el Ejecutivo federal, al través de la Secretaría de Economía, decretó una reducción de los aranceles “nación más favorecida”, (NMF), que repercutirá en nuestra economía, cuando lo que deberíamos hacer en este momento de alto desempleo, es hacer un alto en el camino para definir, como lo están haciendo otros países, imponer ciertas medidas arancelarias, en ciertas cadenas productivas, como lo piden los empresarios. Dicha reducción afecta cerca del 70% de las más de 12 mil fracciones que integran la tarifa de importación mexicana, de prácticamente todas las importaciones industriales a México.
Esa reducción implica que el arancel de importación promedio pase de 10.4% a un promedio de 4.3% para 2013, tasa muy inferior a le de los países con los que México compite: en Argentina el arancel es de 12.2%; en India, 11.5%; y en China 9%. Eso significa que para el 2013 México será la economía más liberalizada de la región.
El riesgo real de esta reducción de aranceles es que las cadenas mexicanas de producción tengan un desmantelamiento, ya que los productores nacionales podrán adquirir más baratas no sólo materias primas sino también productos terminados de países como India y China, entre otros.
Ante esto, el sector empresarial mexicano, las cámaras industriales y las cámaras empresariales, prácticamente de manera unánime, se pronunciaron en contra de que México, de forma unilateral, redujera aranceles.
De ahí la necesidad de apoyar algunas iniciativas de Reforma a la Ley de Comercio Exterior, para hacer nuestro el reclamo de la clase empresarial. Esta acción legislativa sería pieza clave dentro del rediseño de una nueva política industrial.
El artículo 131 constitucional establece que “el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso…” y el Ejecutivo una vez ejecutada la política arancelaria sólo informa ex-post a la Cámara de Diputados. En ningún momento la Cámara tiene la capacidad ex – ante de evaluar SI ES O NO ADECUADO.
Por lo anterior, sostengo que el Congreso de la Unión modifique el artículo constitucional citado, para que el Ejecutivo, antes de aplicar modificaciones en la política arancelaria, explique en los Criterios de Política Económica que acompaña la presentación de la Ley de Ingresos y la iniciativa de presupuesto, de manera que los legisladores analicen ex - ante los riesgos de cualquier propuesta del Ejecutivo federal en materia de modificaciones a la política arancelaria.
Ese deberá ser el inicio de una revisión integral de la Ley de Comercio Exterior, para que el Poder Legislativo pueda participar en la determinación de la política arancelaria; también cabría plantear el establecimiento en la Ley de mecanismos e instrumentos más eficaces de interlocución entre los sectores productivos y el Gobierno Federal.
(*) Presidente de El Colegio Nacional de Economistas
Históricamente el comercio exterior siempre fue un importante motor de crecimiento, así como generador de empleos y de ingresos fiscales para el país. Inclusive, durante nuestra etapa proteccionista --contra las importaciones del primer mundo-- la política de sustitución de importaciones nos permitió crear y desarrollar sectores prioritarios de la actividad económica, especialmente el sector industrial.
Pero en la última década-y-media del siglo pasado, se dieron cambios importantes en esa evolución.
Inspirados por las tendencias del pensamiento dominante, respecto del comercio mundial, en un mundo cada vez más globalizado; y por el evidente fin de la utilidad del proteccionismo económico, por las distorsiones que estaba causando, desmantelamos los instrumentos proteccionistas y creamos un andamiaje para dinamizar el comercio exterior de México, y así la economía.
Entramos al GATT, eliminamos los controles cuantitativos a las importaciones, como las cuotas, y firmamos convenios como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, así como otros arreglos, con varios países vecinos de nuestro Sur, de modo que en un período muy corto, las exportaciones mexicanas pasaron, del histórico 8% a 10% del Producto Interno Bruto, para llegar a representar más del 34% del PIB.
En ese proceso, y en muy corto espacio de tiempo, nos convertimos en el adalid del libre comercio del MUNDO, prácticamente eliminando nuestro sistema de aranceles, y por supuesto, de cuotas y demás instrumentos cuantitativos de protección; en ocasiones sin negociar, a cambio, el mismo tratamiento para nuestros exportadores.
Y como era de esperarse, los países industriales, que fueron los promotores del libre comercio en el mundo, también fueron los más selectivos en aplicar esas políticas liberalizadoras, procurando combinarlas con acciones para seguir protegiendo a sus productos y los empleos generados en su elaboración.
A final de cuentas, no todo estuvo mal, porque las exportaciones promovidas por nuestra política, especialmente las vendidas a los Estados Unidos, tuvieron un crecimiento verdaderamente impresionante, cumpliendo en varios sectores de nuestra economía, con la razón del cambio en la política de comercio exterior.
Pero se asoma un posible descalabro
Ahora corremos el riesgo de sufrir un serio descalabro, por los momentos de crisis económica que está viviendo el mundo, y nuestra incapacidad de utilizar la política de comercio exterior para aumentar la demanda por los productos mexicanos. Nos hemos atado las manos, porque hoy se hace recomendable promover nuestras exportaciones y la venta de productos mexicanos en nuestro propio mercado interno, en vez de promover las importaciones a México.
Por lo anterior, resulta contraproducente tener las puertas abiertas de par en par, de manera que promovamos las importaciones que compiten con nuestros productos --elaborados por mano de obra nacional-- en nuestro propio mercado mexicano. Basta con entrar a cualquier comercio en el país y constatar que abundan los bienes importados en los anaqueles. Estamos creando empleos en el exterior, con nuestras compras, mientras abunda el desempleo y subempleo en México.
Y sigue esa política intensificándose: En diciembre de 2008, el Ejecutivo federal, al través de la Secretaría de Economía, decretó una reducción de los aranceles “nación más favorecida”, (NMF), que repercutirá en nuestra economía, cuando lo que deberíamos hacer en este momento de alto desempleo, es hacer un alto en el camino para definir, como lo están haciendo otros países, imponer ciertas medidas arancelarias, en ciertas cadenas productivas, como lo piden los empresarios. Dicha reducción afecta cerca del 70% de las más de 12 mil fracciones que integran la tarifa de importación mexicana, de prácticamente todas las importaciones industriales a México.
Esa reducción implica que el arancel de importación promedio pase de 10.4% a un promedio de 4.3% para 2013, tasa muy inferior a le de los países con los que México compite: en Argentina el arancel es de 12.2%; en India, 11.5%; y en China 9%. Eso significa que para el 2013 México será la economía más liberalizada de la región.
El riesgo real de esta reducción de aranceles es que las cadenas mexicanas de producción tengan un desmantelamiento, ya que los productores nacionales podrán adquirir más baratas no sólo materias primas sino también productos terminados de países como India y China, entre otros.
Ante esto, el sector empresarial mexicano, las cámaras industriales y las cámaras empresariales, prácticamente de manera unánime, se pronunciaron en contra de que México, de forma unilateral, redujera aranceles.
De ahí la necesidad de apoyar algunas iniciativas de Reforma a la Ley de Comercio Exterior, para hacer nuestro el reclamo de la clase empresarial. Esta acción legislativa sería pieza clave dentro del rediseño de una nueva política industrial.
El artículo 131 constitucional establece que “el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso…” y el Ejecutivo una vez ejecutada la política arancelaria sólo informa ex-post a la Cámara de Diputados. En ningún momento la Cámara tiene la capacidad ex – ante de evaluar SI ES O NO ADECUADO.
Por lo anterior, sostengo que el Congreso de la Unión modifique el artículo constitucional citado, para que el Ejecutivo, antes de aplicar modificaciones en la política arancelaria, explique en los Criterios de Política Económica que acompaña la presentación de la Ley de Ingresos y la iniciativa de presupuesto, de manera que los legisladores analicen ex - ante los riesgos de cualquier propuesta del Ejecutivo federal en materia de modificaciones a la política arancelaria.
Ese deberá ser el inicio de una revisión integral de la Ley de Comercio Exterior, para que el Poder Legislativo pueda participar en la determinación de la política arancelaria; también cabría plantear el establecimiento en la Ley de mecanismos e instrumentos más eficaces de interlocución entre los sectores productivos y el Gobierno Federal.
(*) Presidente de El Colegio Nacional de Economistas
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