JESÚS ALBERTO CANO VÉLEZ(*)
En nuestra columna del lunes pasado repasamos el papel histórico del comercio exterior y la política comercial, como promotores del desarrollo, de generación de empleos e ingresos en México, y como importante fuente de ingresos gubernamentales.
Durante el Siglo XX posrevolucionario, el gobierno mexicano implantó políticas públicas que utilizó intensamente para hacer crecer la economía e inducir la producción nacional de bienes complejos, en actividades generadoras de empleo, en las que México resultó ser altamente competitivo. Ese fue el inicio de la creación del sector industrial mexicano, que hoy aporta poco más de la tercera parte al producto interno bruto (PIB).
Así, el país registró --entre 1932 y 1982-- cincuenta años de altos crecimientos, 6% anual real en promedio, llegando a alcanzar a ser la DÉCIMA economía del mundo, en tamaño y en la diversidad de su producción. Veinticinco de los años de ese medio siglo --1932 a 1957-- fueron de crecimiento dinámico, combinado con inflaciones medianamente elevadas, a los que le siguieron otros 25 años de altos crecimientos del PIB, pero esta vez con inflaciones promedio de entre 2 y 3 por ciento anual, los años del “milagro mexicano.”
Tenemos ahora una economía compleja e integral. Producimos y vendemos al mundo productos agropecuarios y bienes manufacturados como autos, auto partes, camiones de carga y de pasajeros, televisores, computadoras y una infinidad de bienes intermedios industriales, y bienes duraderos de inversión y de consumo. También exportamos servicios de toda índole, desde financieros y de salud, hasta de turismo, entre los principales.
Los Instrumentos del Desarrollo Económico
En ese desarrollo, el gobierno mexicano con su política comercial jugó un papel preponderante; mismo que complementó con políticas de finanzas públicas y de monetaria y crediticia. Su objetivo fue crear un sólido mercado interno, una economía en dinámico crecimiento y una mejoría en la calidad de vida de la población; y se logró, en un ambiente en el que el empleo y los ingresos reales de los trabajadores aumentaban año tras año.
Ahora, al inicio de la segunda década del Siglo XXI, la historia ha cambiado diametralmente. Han transcurrido 28 años MALOS para México, de estancamiento económico o de muy lento crecimiento, con los consecuentes índices crecientes de desempleo; concentración del ingreso nacional en todavía menos manos; y una pobreza creciente, que ha llegado a envolver a más de 50% de la población, como nunca en nuestra historia posrevolucionaria.
Evidentemente, México ha retrocedido gravemente en lo económico y en lo social. Se percibe en la violencia y muerte de miles de mexicanos; en el aumento del crimen callejero y organizado; en el creciente número de jóvenes que no trabajan ni estudian, los famosos “ninis”; en el masivo desempleo y subempleo; y en la mayor drogadicción, especialmente entre la juventud.
¿Y De las Políticas Económicas Qué?
Ante lo anterior, el Gobierno Federal parece autista, como si no entendiera la problemática que nos ha llevado a la situación que vive el país. Quizás el qüid sea ideológico: O sea, una obstinada resistencia a poner a actuar al aparato gubernamental, con medidas de política económica, orientadas a promover el crecimiento, para poder reencontrar el camino del desarrollo, como lo están logrando algunos de nuestros vecinos, incluyendo a los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Bolivia, y la Comunidad Europea entre otros.
Es necesario generar mayor demanda agregada así como robustecer el mercado interno, para volver a crecer a los ritmos exitosos de antaño, que le permita a la economía generar los empleos que la inmensa población demanda, y dejar de expulsar a miles de mexicanos que a veces encuentran la muerte en los desiertos de nuestra frontera norte o ante las armas de los guardianes de esa soberanía.
Se necesita reformar el sistema financiero y fortalecer la política monetaria y crediticia, para que la banca genere y canalice recursos a las actividades productivas de los sectores económicos de nuestro país, acción en que la banca comercial actual ha sido laxa. Una solución deberá ser una banca de desarrollo actuante, que sepa responder a las necesidades de nuestras empresas mexicanas.
Ante una falta de decisión clara del Poder Ejecutivo, el Legislativo, de ambas Cámaras, se ha visto en la necesidad de actuar, proponiendo medidas que debieron haber sido ideadas, instrumentadas y coordinadas por el Gobierno Federal, como casi siempre había sido el caso, por disponer este Poder los instrumentos operativos necesarios.
Concretamente, el Senado de la República planteó una iniciativa, suscrita por el Senador Manlio Fabio Beltrones, para que se expida la Ley de Fomento al Primer Empleo, cuyo objetivo es alentar la creación de empleos formales y permanentes entre los jóvenes, un segmento de la población que se ha tornado muy vulnerable en nuestra sociedad, y que puede condenar gravemente al México del futuro, si no se actúa con prontitud y efectividad. No es aceptable que la juventud carezca de alternativas, más allá que emigrar al exterior, o participar en actividades informales, en la criminalidad, o en el ocio.
La nueva ley propone un estímulo fiscal a los empleadores para que el beneficio pase a los trabajadores. Conlleva una deducción en el correspondiente pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y en el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), mismos que deben ser mantenidos por lo menos 18 meses hasta los tres años, para darle permanencia a los empleos y evitar que se utilice el programa con fines de elusión fiscal.
Por su parte, la Cámara de Diputados tiene programada una disminución de un punto porcentual en el Impuesto al Valor Agregado, IVA (de 16% a 15% en el interior y de 11% al 10% en la frontera). Ese menor impuesto al consumo beneficiará a las familias mexicanas.
Ambas medidas van dirigidas en la dirección correcta, de generar demanda agregada adicional en estos momentos de crisis económica.
Por lo tanto, el Ejecutivo debería actuar para promover ahorros en su gasto corriente y en los programas que no han sido exitosos, y utilizar esos recursos en programas que apoyen a las empresas productivas, con inversiones sectoriales.
La consecuencia final, en ambos casos será que la población ganará en empleos, en capacidad adquisitiva y elevará su gasto en la demanda de bienes básicos. La pregunta ahora es: ¿qué más hará el Gobierno Federal para fortalecer este programa de apoyo a los mexicanos?
(*) Presidente de El Colegio Nacional de Economistas
En nuestra columna del lunes pasado repasamos el papel histórico del comercio exterior y la política comercial, como promotores del desarrollo, de generación de empleos e ingresos en México, y como importante fuente de ingresos gubernamentales.
Durante el Siglo XX posrevolucionario, el gobierno mexicano implantó políticas públicas que utilizó intensamente para hacer crecer la economía e inducir la producción nacional de bienes complejos, en actividades generadoras de empleo, en las que México resultó ser altamente competitivo. Ese fue el inicio de la creación del sector industrial mexicano, que hoy aporta poco más de la tercera parte al producto interno bruto (PIB).
Así, el país registró --entre 1932 y 1982-- cincuenta años de altos crecimientos, 6% anual real en promedio, llegando a alcanzar a ser la DÉCIMA economía del mundo, en tamaño y en la diversidad de su producción. Veinticinco de los años de ese medio siglo --1932 a 1957-- fueron de crecimiento dinámico, combinado con inflaciones medianamente elevadas, a los que le siguieron otros 25 años de altos crecimientos del PIB, pero esta vez con inflaciones promedio de entre 2 y 3 por ciento anual, los años del “milagro mexicano.”
Tenemos ahora una economía compleja e integral. Producimos y vendemos al mundo productos agropecuarios y bienes manufacturados como autos, auto partes, camiones de carga y de pasajeros, televisores, computadoras y una infinidad de bienes intermedios industriales, y bienes duraderos de inversión y de consumo. También exportamos servicios de toda índole, desde financieros y de salud, hasta de turismo, entre los principales.
Los Instrumentos del Desarrollo Económico
En ese desarrollo, el gobierno mexicano con su política comercial jugó un papel preponderante; mismo que complementó con políticas de finanzas públicas y de monetaria y crediticia. Su objetivo fue crear un sólido mercado interno, una economía en dinámico crecimiento y una mejoría en la calidad de vida de la población; y se logró, en un ambiente en el que el empleo y los ingresos reales de los trabajadores aumentaban año tras año.
Ahora, al inicio de la segunda década del Siglo XXI, la historia ha cambiado diametralmente. Han transcurrido 28 años MALOS para México, de estancamiento económico o de muy lento crecimiento, con los consecuentes índices crecientes de desempleo; concentración del ingreso nacional en todavía menos manos; y una pobreza creciente, que ha llegado a envolver a más de 50% de la población, como nunca en nuestra historia posrevolucionaria.
Evidentemente, México ha retrocedido gravemente en lo económico y en lo social. Se percibe en la violencia y muerte de miles de mexicanos; en el aumento del crimen callejero y organizado; en el creciente número de jóvenes que no trabajan ni estudian, los famosos “ninis”; en el masivo desempleo y subempleo; y en la mayor drogadicción, especialmente entre la juventud.
¿Y De las Políticas Económicas Qué?
Ante lo anterior, el Gobierno Federal parece autista, como si no entendiera la problemática que nos ha llevado a la situación que vive el país. Quizás el qüid sea ideológico: O sea, una obstinada resistencia a poner a actuar al aparato gubernamental, con medidas de política económica, orientadas a promover el crecimiento, para poder reencontrar el camino del desarrollo, como lo están logrando algunos de nuestros vecinos, incluyendo a los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Bolivia, y la Comunidad Europea entre otros.
Es necesario generar mayor demanda agregada así como robustecer el mercado interno, para volver a crecer a los ritmos exitosos de antaño, que le permita a la economía generar los empleos que la inmensa población demanda, y dejar de expulsar a miles de mexicanos que a veces encuentran la muerte en los desiertos de nuestra frontera norte o ante las armas de los guardianes de esa soberanía.
Se necesita reformar el sistema financiero y fortalecer la política monetaria y crediticia, para que la banca genere y canalice recursos a las actividades productivas de los sectores económicos de nuestro país, acción en que la banca comercial actual ha sido laxa. Una solución deberá ser una banca de desarrollo actuante, que sepa responder a las necesidades de nuestras empresas mexicanas.
Ante una falta de decisión clara del Poder Ejecutivo, el Legislativo, de ambas Cámaras, se ha visto en la necesidad de actuar, proponiendo medidas que debieron haber sido ideadas, instrumentadas y coordinadas por el Gobierno Federal, como casi siempre había sido el caso, por disponer este Poder los instrumentos operativos necesarios.
Concretamente, el Senado de la República planteó una iniciativa, suscrita por el Senador Manlio Fabio Beltrones, para que se expida la Ley de Fomento al Primer Empleo, cuyo objetivo es alentar la creación de empleos formales y permanentes entre los jóvenes, un segmento de la población que se ha tornado muy vulnerable en nuestra sociedad, y que puede condenar gravemente al México del futuro, si no se actúa con prontitud y efectividad. No es aceptable que la juventud carezca de alternativas, más allá que emigrar al exterior, o participar en actividades informales, en la criminalidad, o en el ocio.
La nueva ley propone un estímulo fiscal a los empleadores para que el beneficio pase a los trabajadores. Conlleva una deducción en el correspondiente pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y en el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), mismos que deben ser mantenidos por lo menos 18 meses hasta los tres años, para darle permanencia a los empleos y evitar que se utilice el programa con fines de elusión fiscal.
Por su parte, la Cámara de Diputados tiene programada una disminución de un punto porcentual en el Impuesto al Valor Agregado, IVA (de 16% a 15% en el interior y de 11% al 10% en la frontera). Ese menor impuesto al consumo beneficiará a las familias mexicanas.
Ambas medidas van dirigidas en la dirección correcta, de generar demanda agregada adicional en estos momentos de crisis económica.
Por lo tanto, el Ejecutivo debería actuar para promover ahorros en su gasto corriente y en los programas que no han sido exitosos, y utilizar esos recursos en programas que apoyen a las empresas productivas, con inversiones sectoriales.
La consecuencia final, en ambos casos será que la población ganará en empleos, en capacidad adquisitiva y elevará su gasto en la demanda de bienes básicos. La pregunta ahora es: ¿qué más hará el Gobierno Federal para fortalecer este programa de apoyo a los mexicanos?
(*) Presidente de El Colegio Nacional de Economistas
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