Jorge A. Chávez Presa / El Universal
La hacienda pública mexicana está pasando por una situación muy crítica. Una de sus fuentes de ingreso más importantes se ha debilitado. México extrae menos petróleo crudo desde octubre de 2004. Para ser exactos, con respecto al promedio de ese año, durante los meses de enero a julio de 2010, se han producido 862 mil barriles de petróleo diarios menos; esto representa un decremento de 24%, y no hay perspectivas claras de que en el corto plazo se recupere el volumen perdido.
No quisimos reconocer este hecho, porque mientras descendía la producción de crudo, el precio iba a la alza. La cotización llegó a un máximo histórico en julio de 2008, que fue más que suficiente para que los ingresos no resintieran este menor volumen. De hecho, en ese año, los ingresos por derechos sobre hidrocarburos representaron más de 44% de los ingresos del gobierno federal antes del endeudamiento. El debate público del meollo del problema no se dio; una vez más la solución fue una aspirina, y lo que se hizo en el 2005 sólo fue modificar la Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos, para que Pemex dispusiera de más dinero al reconocerse que era necesario un tratamiento fiscal diferente para yacimientos no tan rentables como Cantarell en sus mejores días, y también para el gas natural.
El problema lo debimos haber enfrentado en ese entonces, pero como lo que es importante para el Estado mexicano —léase lo que nos concierne y pertenece a todos los mexicanos y no al gobierno—, se excluye del debate público. Ni siquiera fue tema en las elecciones presidenciales de 2006 y menos aún en las recientes elecciones de 2009, en las que se renovó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con los legisladores que decidirán el paquete económico de 2011.
En 2009, la economía mexicana sufrió una serie de choques que afectaron severamente su crecimiento económico y, de paso, la recaudación tributaria. Hubo un recorte de gasto y se usaron 92 mil millones de pesos de los fondos de estabilización que captaron una parte de los ingresos excedentes del petróleo. Todo ello para mantener a flote el flujo de las finanzas públicas.
Ante las circunstancias adversas, el Ejecutivo federal propuso en el paquete fiscal de 2010 un tratamiento más severo: ajuste al Impuesto sobre la Renta a través de un reajuste a la consolidación fiscal; un aumento a la tasa del ISR de dos puntos, y un nuevo gravamen llamado Impuesto con la Pobreza (ICP), que, en esencia, era un IVA generalizado, sin excepciones ni trato diferenciado, de 2% sobre el consumo. El paquete fiscal era una respuesta parcial al problema de fondo. En respuesta, el Congreso de la Unión aprobó con matices las modificaciones al ISR para buscar recaudar más de las empresas que se beneficiaron de la consolidación fiscal; sí aprobó el aumento de la tasa del ISR para personas físicas y morales, y en lugar del nuevo ICP, un aumento de un punto porcentual al IVA, para ubicar la tasa en 16% en todo el territorio nacional salvo en las zonas fronterizas que pasó de 10 a 11%.
Ahora, una vez más, el IVA es el tema central de la discusión del paquete presupuestario para 2011. Y aunque la discusión de fondo sigue siendo: ¿cómo sustituir la caída de los ingresos públicos por la menor producción petrolera?; ¿cómo dejarle a las próximas generaciones beneficios sobre la explotación de los hidrocarburos en lugar de que actualmente nos consumamos ese patrimonio?; ¿cómo ampliar las bases de contribuyentes?; ¿cómo ampliar las bases de los impuestos y con ello reducir al mínimo las exenciones, tasas diferenciadas, regímenes especiales etc.?, y ¿cómo diseñar mejores políticas públicas para impulsar el crecimiento económico y con ello cómo asignar y gastar mejor los recursos públicos? El tema central del debate presupuestario para 2011 va a ser entre quienes buscan bajar el IVA un punto porcentual y aquellos quienes buscan defenderlo.
Pobre México, el problema de la hacienda pública es mucho más grande y profundo que eso, pero mientras imperen los desquites de unos con otros en el Congreso, mejor nos encomendamos a la Virgen de Guadalupe para que influya en los mercados internacionales y suba el precio del petróleo; que encontremos otro Cantarell, aunque sea tan sólo de la mitad, y que la economía de Estados Unidos se reactive. Sin una hacienda pública sólida no hay soberanía, y sin soberanía financiera, el barco estará al garete cuando soplen otra vez vientos adversos.
P.D. La deuda interna más la externa del gobierno federal asciende ya a casi 255 mil millones de dólares, que equivalen a 4 mil millones de barriles de petróleo crudo (mmbpc) valuados a 63 dólares por barril; las reservas probadas de petróleo crudo ascienden a sólo 10.4 mmbpc, y Pemex registró a junio deuda en monedas extranjeras por casi 38 mil millones de dólares.
Economista
La hacienda pública mexicana está pasando por una situación muy crítica. Una de sus fuentes de ingreso más importantes se ha debilitado. México extrae menos petróleo crudo desde octubre de 2004. Para ser exactos, con respecto al promedio de ese año, durante los meses de enero a julio de 2010, se han producido 862 mil barriles de petróleo diarios menos; esto representa un decremento de 24%, y no hay perspectivas claras de que en el corto plazo se recupere el volumen perdido.
No quisimos reconocer este hecho, porque mientras descendía la producción de crudo, el precio iba a la alza. La cotización llegó a un máximo histórico en julio de 2008, que fue más que suficiente para que los ingresos no resintieran este menor volumen. De hecho, en ese año, los ingresos por derechos sobre hidrocarburos representaron más de 44% de los ingresos del gobierno federal antes del endeudamiento. El debate público del meollo del problema no se dio; una vez más la solución fue una aspirina, y lo que se hizo en el 2005 sólo fue modificar la Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos, para que Pemex dispusiera de más dinero al reconocerse que era necesario un tratamiento fiscal diferente para yacimientos no tan rentables como Cantarell en sus mejores días, y también para el gas natural.
El problema lo debimos haber enfrentado en ese entonces, pero como lo que es importante para el Estado mexicano —léase lo que nos concierne y pertenece a todos los mexicanos y no al gobierno—, se excluye del debate público. Ni siquiera fue tema en las elecciones presidenciales de 2006 y menos aún en las recientes elecciones de 2009, en las que se renovó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con los legisladores que decidirán el paquete económico de 2011.
En 2009, la economía mexicana sufrió una serie de choques que afectaron severamente su crecimiento económico y, de paso, la recaudación tributaria. Hubo un recorte de gasto y se usaron 92 mil millones de pesos de los fondos de estabilización que captaron una parte de los ingresos excedentes del petróleo. Todo ello para mantener a flote el flujo de las finanzas públicas.
Ante las circunstancias adversas, el Ejecutivo federal propuso en el paquete fiscal de 2010 un tratamiento más severo: ajuste al Impuesto sobre la Renta a través de un reajuste a la consolidación fiscal; un aumento a la tasa del ISR de dos puntos, y un nuevo gravamen llamado Impuesto con la Pobreza (ICP), que, en esencia, era un IVA generalizado, sin excepciones ni trato diferenciado, de 2% sobre el consumo. El paquete fiscal era una respuesta parcial al problema de fondo. En respuesta, el Congreso de la Unión aprobó con matices las modificaciones al ISR para buscar recaudar más de las empresas que se beneficiaron de la consolidación fiscal; sí aprobó el aumento de la tasa del ISR para personas físicas y morales, y en lugar del nuevo ICP, un aumento de un punto porcentual al IVA, para ubicar la tasa en 16% en todo el territorio nacional salvo en las zonas fronterizas que pasó de 10 a 11%.
Ahora, una vez más, el IVA es el tema central de la discusión del paquete presupuestario para 2011. Y aunque la discusión de fondo sigue siendo: ¿cómo sustituir la caída de los ingresos públicos por la menor producción petrolera?; ¿cómo dejarle a las próximas generaciones beneficios sobre la explotación de los hidrocarburos en lugar de que actualmente nos consumamos ese patrimonio?; ¿cómo ampliar las bases de contribuyentes?; ¿cómo ampliar las bases de los impuestos y con ello reducir al mínimo las exenciones, tasas diferenciadas, regímenes especiales etc.?, y ¿cómo diseñar mejores políticas públicas para impulsar el crecimiento económico y con ello cómo asignar y gastar mejor los recursos públicos? El tema central del debate presupuestario para 2011 va a ser entre quienes buscan bajar el IVA un punto porcentual y aquellos quienes buscan defenderlo.
Pobre México, el problema de la hacienda pública es mucho más grande y profundo que eso, pero mientras imperen los desquites de unos con otros en el Congreso, mejor nos encomendamos a la Virgen de Guadalupe para que influya en los mercados internacionales y suba el precio del petróleo; que encontremos otro Cantarell, aunque sea tan sólo de la mitad, y que la economía de Estados Unidos se reactive. Sin una hacienda pública sólida no hay soberanía, y sin soberanía financiera, el barco estará al garete cuando soplen otra vez vientos adversos.
P.D. La deuda interna más la externa del gobierno federal asciende ya a casi 255 mil millones de dólares, que equivalen a 4 mil millones de barriles de petróleo crudo (mmbpc) valuados a 63 dólares por barril; las reservas probadas de petróleo crudo ascienden a sólo 10.4 mmbpc, y Pemex registró a junio deuda en monedas extranjeras por casi 38 mil millones de dólares.
Economista
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