José Alberto Castro M. / El Universal
Con alarmante necesidad, en México, aún se carece de ética y freno a la corrupción en la función pública. Lo increíble es que esa abrumadora carencia de principios morales y depredación a bienes públicos sea atribuible a funcionarios panistas, es decir, a miembros prominentes del Partido Acción Nacional.
Lo anterior ha sido documentado —de modo rotundo— en Camisas azules, manos negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos, de Ana Lilia Pérez, libro de 2010 (Grijalbo), en cuyas páginas se abunda sobre innumerables casos de corrupción cometidos en la petrolera mexicana por altos directivos pertenecientes al primer círculo de las administraciones Fox y Calderón.
El expediente abierto por la periodista egresada de la UNAM, es una historia sobre favoritismo, nepotismo, licitaciones amañadas, recursos públicos desviados o mal utilizados, y tráfico de influencias, en la operación de la empresa, propiedad de los mexicanos.
Del volumen de más 300 páginas, brota una inquietud: ¿En qué parte del camino quedó ese PAN de oposición receloso y vigilante de los funcionarios abusivos asociados con gobiernos priístas?
Ahora, con nombres y apellidos, en Camisas azules, manos negras, se abunda sobre la inclinación de los miembros del PAN al latrocinio y al abuso; se trata de una investigación periodística soportada con fuentes vivas y documentales de alto nivel, expedientes de auditorías clasificados como confidenciales en la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, que echan por tierra prestigios políticos que aún en fechas recientes gozaban de credibilidad.
Cuando el triunfo electoral y el ascenso a la presidencia de Vicente Fox, muchos mexicanos vieron en la alternancia panista la posibilidad de un gobierno honrado con la gran oportunidad de demostrar eficacia y transparencia.
Más temprano que tarde, millones de ciudadanos han caído en la cuenta de que no ha sido así e impera la duda sobre qué fue peor, si los políticos del PRI del siglo pasado, o los panistas de hoy, caracterizados por ser omisos en la rendición de cuentas.
Conforme uno se adentra en las páginas de Camisas azules, manos negras, queda al desnudo la desmedida ambición de contratistas, políticos y directivos sin escrúpulos que han visto a la empresa nacionalizada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, como un preciado botín.
Llama poderosamente la atención el cinismo y las dimensiones del atraco, las cifras millonarias y estratosféricas, las descomunales tropelías y abusos cometidos en contra del patrimonio de la nación. Estamos ante un proceso de privatización de Pemex, aderezado con una cínica e inmensa rapiña.
En Camisas azules, manos negras, se ubica a César Nava como abogado general de Pemex (de octubre de 2001 a septiembre de 2003) y una suerte de enviado presidencial cuyo propósito era lograr una forma de contravenir la ley, mediante los contratos de servicios múltiples, con los que empresas extranjeras han burlado las restricciones de la legislación petrolera.
Otro personaje objeto de la investigación periodística fue el desaparecido secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, pues Ana Lilia Pérez detectó y consiguió los contratos firmados por el político de origen español, en representación de su familia, con Petróleos Mexicanos, cuando éste era diputado federal y presidía en su cámara la comisión de Energía.
Camisas azules, manos negras comprime nueve años de una historia de corrupción política y económica que ha envilecido a nuestra precaria democracia. Como parte esencial de su trama, además de Nava y Mouriño, hay elementos de prueba contra Marta Sahagún y sus hijos, Manuel y Jorge Bribiesca, Juan Bueno Tenorio, Jorge Nordhausen (senador y contratista), Eduardo Romero Ramos, Rosendo Villarreal, Jesús Reyes Heroles, Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo, Carlos Morales Gil, Rafael Bererido Lomelín, Néstor García Reza y Guillermo González Calderoni, protector y socio de los cárteles de Juárez y del Golfo.
A todos los une la ambición de jugosos negocios con cargo al patrimonio público y desdén por el bien común. Algunos agregaron a su nombre el estigma del escándalo. Todos, hasta hoy, gozan impunidad.
En este océano de podredumbre, las tropelías han ido desde presiones del más alto nivel para favorecer la contratación de empresas que ni siquiera cuentan con la infraestructura ni la tecnología adecuadas para afrontar los servicios solicitados por la petrolera.
Aquí podría citarse a Oceanografía y el Grupo Saint Martin, empresas protegidas por la familia política del presidente Fox, y beneficiadas a lo largo de nueve años con contratos ventajosos y por cantidades exorbitantes.
Frente al superlativo saqueo de la principal empresa pública del país, no podemos guardar silencio. No debemos admitir que la crítica sea desactivada y se cree un vacío en torno a Camisas azules, manos negras.
A la denuncia debemos unir las invocaciones éticas, aunque suenen en los oídos de los gobernantes de Los Pinos tan poco adecuadas como las carcajadas en un funeral.
Académico literario y periodista
Con alarmante necesidad, en México, aún se carece de ética y freno a la corrupción en la función pública. Lo increíble es que esa abrumadora carencia de principios morales y depredación a bienes públicos sea atribuible a funcionarios panistas, es decir, a miembros prominentes del Partido Acción Nacional.
Lo anterior ha sido documentado —de modo rotundo— en Camisas azules, manos negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos, de Ana Lilia Pérez, libro de 2010 (Grijalbo), en cuyas páginas se abunda sobre innumerables casos de corrupción cometidos en la petrolera mexicana por altos directivos pertenecientes al primer círculo de las administraciones Fox y Calderón.
El expediente abierto por la periodista egresada de la UNAM, es una historia sobre favoritismo, nepotismo, licitaciones amañadas, recursos públicos desviados o mal utilizados, y tráfico de influencias, en la operación de la empresa, propiedad de los mexicanos.
Del volumen de más 300 páginas, brota una inquietud: ¿En qué parte del camino quedó ese PAN de oposición receloso y vigilante de los funcionarios abusivos asociados con gobiernos priístas?
Ahora, con nombres y apellidos, en Camisas azules, manos negras, se abunda sobre la inclinación de los miembros del PAN al latrocinio y al abuso; se trata de una investigación periodística soportada con fuentes vivas y documentales de alto nivel, expedientes de auditorías clasificados como confidenciales en la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, que echan por tierra prestigios políticos que aún en fechas recientes gozaban de credibilidad.
Cuando el triunfo electoral y el ascenso a la presidencia de Vicente Fox, muchos mexicanos vieron en la alternancia panista la posibilidad de un gobierno honrado con la gran oportunidad de demostrar eficacia y transparencia.
Más temprano que tarde, millones de ciudadanos han caído en la cuenta de que no ha sido así e impera la duda sobre qué fue peor, si los políticos del PRI del siglo pasado, o los panistas de hoy, caracterizados por ser omisos en la rendición de cuentas.
Conforme uno se adentra en las páginas de Camisas azules, manos negras, queda al desnudo la desmedida ambición de contratistas, políticos y directivos sin escrúpulos que han visto a la empresa nacionalizada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, como un preciado botín.
Llama poderosamente la atención el cinismo y las dimensiones del atraco, las cifras millonarias y estratosféricas, las descomunales tropelías y abusos cometidos en contra del patrimonio de la nación. Estamos ante un proceso de privatización de Pemex, aderezado con una cínica e inmensa rapiña.
En Camisas azules, manos negras, se ubica a César Nava como abogado general de Pemex (de octubre de 2001 a septiembre de 2003) y una suerte de enviado presidencial cuyo propósito era lograr una forma de contravenir la ley, mediante los contratos de servicios múltiples, con los que empresas extranjeras han burlado las restricciones de la legislación petrolera.
Otro personaje objeto de la investigación periodística fue el desaparecido secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, pues Ana Lilia Pérez detectó y consiguió los contratos firmados por el político de origen español, en representación de su familia, con Petróleos Mexicanos, cuando éste era diputado federal y presidía en su cámara la comisión de Energía.
Camisas azules, manos negras comprime nueve años de una historia de corrupción política y económica que ha envilecido a nuestra precaria democracia. Como parte esencial de su trama, además de Nava y Mouriño, hay elementos de prueba contra Marta Sahagún y sus hijos, Manuel y Jorge Bribiesca, Juan Bueno Tenorio, Jorge Nordhausen (senador y contratista), Eduardo Romero Ramos, Rosendo Villarreal, Jesús Reyes Heroles, Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo, Carlos Morales Gil, Rafael Bererido Lomelín, Néstor García Reza y Guillermo González Calderoni, protector y socio de los cárteles de Juárez y del Golfo.
A todos los une la ambición de jugosos negocios con cargo al patrimonio público y desdén por el bien común. Algunos agregaron a su nombre el estigma del escándalo. Todos, hasta hoy, gozan impunidad.
En este océano de podredumbre, las tropelías han ido desde presiones del más alto nivel para favorecer la contratación de empresas que ni siquiera cuentan con la infraestructura ni la tecnología adecuadas para afrontar los servicios solicitados por la petrolera.
Aquí podría citarse a Oceanografía y el Grupo Saint Martin, empresas protegidas por la familia política del presidente Fox, y beneficiadas a lo largo de nueve años con contratos ventajosos y por cantidades exorbitantes.
Frente al superlativo saqueo de la principal empresa pública del país, no podemos guardar silencio. No debemos admitir que la crítica sea desactivada y se cree un vacío en torno a Camisas azules, manos negras.
A la denuncia debemos unir las invocaciones éticas, aunque suenen en los oídos de los gobernantes de Los Pinos tan poco adecuadas como las carcajadas en un funeral.
Académico literario y periodista
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