Mauricio Merino/El Universal
El lunes pasado, el presidente Calderón publicó un desplegado con el título: “La lucha por la seguridad pública” que merece la mayor atención. El propósito explícito del documento es modificar la percepción según la cual estamos lisa y llanamente en una “guerra contra el narco”, por la idea más elaborada de que, en realidad, el Estado está librando una batalla por la seguridad pública de los ciudadanos. Ese matiz es muy relevante, pues nunca será lo mismo ganar una guerra en contra de un enemigo elusivo y difuso que “reducir la acción del crimen organizado” para volver a la calma.
Por primera vez en lo que va del sexenio, puede leerse una interpretación de esa batalla del gobierno federal en clave política y no sólo militar. Gracias al desplegado queda claro que el Presidente ha decidido asumir la responsabilidad de esa interpretación y sus múltiples consecuencias y, al mismo tiempo, está convocando a un debate abierto sobre el sentido de las decisiones que se han tomado. Convertida en la línea de acción más relevante de su sexenio —y que lo marcará para siempre—, la falta de seguridad y la expansión del crimen organizado se define por el Presidente como una herencia que le resultó inexcusable: algo que no eligió sino que le fue impuesto por las circunstancias. Algo que “se encontró al inicio de su administración“ y que, de no haberse enfrentado, habría generado una situación “muchísimo peor”.
El desplegado afirma que “la intervención del gobierno federal no pretende ni puede ser permanente. Debe entenderse como una intervención necesaria pero transitoria, que busca dar tiempo y oportunidad a los gobiernos locales para reorganizar su propia fuerza”, pese a que también se ha buscado “escalar las capacidades operativas y tecnológicas de las fuerzas (federales) del Estado”.
Por otra parte, el Presidente reitera la tesis del “fuego cruzado” que ya conocíamos. Cito: “más que una ‘guerra del gobierno contra el narcotráfico’, la guerra mas mortífera que existe es la que libran los criminales entre sí (…) El gobierno puede detectar razonablemente indicios sobre las causas de los homicidios cometidos en aproximadamente un 70% de los casos. Alrededor del 90% de estos casos (…) corresponde a personas muy probablemente vinculadas a organizaciones criminales, que caen durante enfrentamientos o ejecuciones entre bandas”. Y añade que no fue el gobierno quien modificó los patrones de comportamiento en el mercado de las drogas y del crimen organizado, pero sí fueron las autoridades anteriores quienes toleraron y aun “procuraron un arreglo implícito o explícito con los criminales, pensado que así ‘controlarían’ a los delincuentes”, quienes además se beneficiaron de la apertura plena del mercado de armas en los Estados Unidos desde el año 2004.
Lo que no dice el Presidente es dónde está la salida. Ahora mismo estamos viviendo los días más violentos de la historia contemporánea de México —el día de la inauguración del Mundial de Futbol también será recordado como el día en que hubo mayor número de ejecuciones—, y aunque haya explicaciones plausibles sobre las causas que le llevaron a entrar a esta guerra, lo que no dice el desplegado es cómo saldremos de ella. No es el pasado sino el futuro inmediato el que está angustiando a los mexicanos. Si al fin tenemos una explicación política razonable sobre el sentido de la batalla, ahora necesitamos un horizonte político —y no militar— para imaginar cómo podremos salir de ella.
Tampoco nos dice nada sobre las estrategias no militares y no violentas de esta batalla para volver a garantizar la seguridad pública. Si no es una guerra de las bandas criminales contra el Estado, entonces es preciso saber por qué no ha habido una estrategia financiera exitosa para desmontar el negocio del narcotráfico, los secuestros y la extorsión, y por qué se insiste en la captura de los cargamentos de droga como prueba de éxito, sin haber desmantelado el consumo como un problema de salud pública, ni la corrupción y la porosidad fronteriza, ni los negocios financieros derivados de ese comercio. Le escuché a un amigo mío la mejor crítica a esa versión, puesta en caricatura: “El Estado capturó un barco con cien toneladas de chocolate: ha sido un golpe mortal contra la obesidad”.
Pero sobre todo, no nos dice por qué no hay información confiable ni una estrategia articulada para minar las bases sociales del narco, caso por caso, ni para enfrentar esta batalla más allá de las armas. Si no estamos en guerra sino en la reconstrucción de la seguridad pública amenazada, entonces es preciso involucrar más a la sociedad y reconstruir la confianza pública. Porque hasta ahora, todos estamos fuera.
Profesor investigador del CIDE
El lunes pasado, el presidente Calderón publicó un desplegado con el título: “La lucha por la seguridad pública” que merece la mayor atención. El propósito explícito del documento es modificar la percepción según la cual estamos lisa y llanamente en una “guerra contra el narco”, por la idea más elaborada de que, en realidad, el Estado está librando una batalla por la seguridad pública de los ciudadanos. Ese matiz es muy relevante, pues nunca será lo mismo ganar una guerra en contra de un enemigo elusivo y difuso que “reducir la acción del crimen organizado” para volver a la calma.
Por primera vez en lo que va del sexenio, puede leerse una interpretación de esa batalla del gobierno federal en clave política y no sólo militar. Gracias al desplegado queda claro que el Presidente ha decidido asumir la responsabilidad de esa interpretación y sus múltiples consecuencias y, al mismo tiempo, está convocando a un debate abierto sobre el sentido de las decisiones que se han tomado. Convertida en la línea de acción más relevante de su sexenio —y que lo marcará para siempre—, la falta de seguridad y la expansión del crimen organizado se define por el Presidente como una herencia que le resultó inexcusable: algo que no eligió sino que le fue impuesto por las circunstancias. Algo que “se encontró al inicio de su administración“ y que, de no haberse enfrentado, habría generado una situación “muchísimo peor”.
El desplegado afirma que “la intervención del gobierno federal no pretende ni puede ser permanente. Debe entenderse como una intervención necesaria pero transitoria, que busca dar tiempo y oportunidad a los gobiernos locales para reorganizar su propia fuerza”, pese a que también se ha buscado “escalar las capacidades operativas y tecnológicas de las fuerzas (federales) del Estado”.
Por otra parte, el Presidente reitera la tesis del “fuego cruzado” que ya conocíamos. Cito: “más que una ‘guerra del gobierno contra el narcotráfico’, la guerra mas mortífera que existe es la que libran los criminales entre sí (…) El gobierno puede detectar razonablemente indicios sobre las causas de los homicidios cometidos en aproximadamente un 70% de los casos. Alrededor del 90% de estos casos (…) corresponde a personas muy probablemente vinculadas a organizaciones criminales, que caen durante enfrentamientos o ejecuciones entre bandas”. Y añade que no fue el gobierno quien modificó los patrones de comportamiento en el mercado de las drogas y del crimen organizado, pero sí fueron las autoridades anteriores quienes toleraron y aun “procuraron un arreglo implícito o explícito con los criminales, pensado que así ‘controlarían’ a los delincuentes”, quienes además se beneficiaron de la apertura plena del mercado de armas en los Estados Unidos desde el año 2004.
Lo que no dice el Presidente es dónde está la salida. Ahora mismo estamos viviendo los días más violentos de la historia contemporánea de México —el día de la inauguración del Mundial de Futbol también será recordado como el día en que hubo mayor número de ejecuciones—, y aunque haya explicaciones plausibles sobre las causas que le llevaron a entrar a esta guerra, lo que no dice el desplegado es cómo saldremos de ella. No es el pasado sino el futuro inmediato el que está angustiando a los mexicanos. Si al fin tenemos una explicación política razonable sobre el sentido de la batalla, ahora necesitamos un horizonte político —y no militar— para imaginar cómo podremos salir de ella.
Tampoco nos dice nada sobre las estrategias no militares y no violentas de esta batalla para volver a garantizar la seguridad pública. Si no es una guerra de las bandas criminales contra el Estado, entonces es preciso saber por qué no ha habido una estrategia financiera exitosa para desmontar el negocio del narcotráfico, los secuestros y la extorsión, y por qué se insiste en la captura de los cargamentos de droga como prueba de éxito, sin haber desmantelado el consumo como un problema de salud pública, ni la corrupción y la porosidad fronteriza, ni los negocios financieros derivados de ese comercio. Le escuché a un amigo mío la mejor crítica a esa versión, puesta en caricatura: “El Estado capturó un barco con cien toneladas de chocolate: ha sido un golpe mortal contra la obesidad”.
Pero sobre todo, no nos dice por qué no hay información confiable ni una estrategia articulada para minar las bases sociales del narco, caso por caso, ni para enfrentar esta batalla más allá de las armas. Si no estamos en guerra sino en la reconstrucción de la seguridad pública amenazada, entonces es preciso involucrar más a la sociedad y reconstruir la confianza pública. Porque hasta ahora, todos estamos fuera.
Profesor investigador del CIDE
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