El presidente, Felipe Calderón, se queja de la publicidad gratuita a los delincuentes
SALVADOR CAMARENA EL PAÍS
Un sencillo cuestionario sobre el Gobierno y la información de hechos violentos en México. Conteste adecuadamente las siguientes preguntas: a) Dado que representa la principal política pública del presidente Felipe Calderón, ¿existe una oficina única para labores de portavocía oficial sobre sucesos criminales de envergadura?; b) ¿Cree que la información que el Gobierno federal entrega a los medios es siempre fidedigna?; c) ¿Esta cultura de la información expedita y de calidad se ha extendido a los niveles estatales y municipales de Gobierno?
Si usted piensa que las respuestas a las preguntas del párrafo anterior son todas afirmativas, está en un completo error. En el Gobierno mexicano no existe una portavocía única para la lucha por la seguridad, como se denomina ahora a una batalla que ya se ha cobrado 23.000 muertos. Hay veces que informa el Ejército, otras la Marina, otras la Fiscalía General (PGR), otras la Policía Federal, otras ninguno de los anteriores. Sobre la segunda cuestión, hace dos semanas la Marina informó de un decomiso de explosivos en plena ciudad de México. Un día después, la PGR dijo que lo decomisado en realidad eran cremas y pomadas. La Marina hizo mutis desde entonces. Peor aún es el escenario en Estados y municipios: un edil confesaba hace días que, ante rumores que recorrieron las redes sociales con amenazas de ataques de narcotraficantes a la población, él no salía a tranquilizar a sus gobernados porque no tenía seguridad de esa información.
Esta semana, el Gobierno federal reclamó a los medios de comunicación que repensaran sus coberturas de los hechos violentos, en un tono que señala que no hay libertad sin responsabilidades. El llamamiento coincide con la multiplicación de testimonios sobre cómo a las redacciones de periódicos del país llegan, vía correo electrónico y llamadas telefónicas ?cuando no con balazos y granadas contra las fachada de las redacciones? amenazas veladas o instrucciones precisas sobre qué publicar y cómo, o qué dejar de imprimir sobre los crímenes.
El presidente de la República ha llegado al punto de reclamar, hace unas semanas, que mientras su Gobierno tiene que "comprar" primeras planas, los criminales obtienen de los medios publicidad gratis de sus actos y mensajes. No hubo vocero oficial que explicara a qué se refería el mandatario con aquello de comprar primeras planas.
En el Foro Los Retos de la Inseguridad y la Violencia México-Estados Unidos, el secretario de Gobernación (ministro del Interior), Fernando Gómez Mont, reclamó el lunes a los medios de comunicación que revisaran "su lenguaje en cuanto a la precisión de las calificaciones que imputan. Hay presuntos responsables, acusados, asesinos y ladrones. En un sistema democrático esas calificaciones sólo suceden cuando un proceso legal ha concluido". Por debajo del presidente Calderón, el que habla es el funcionario más importante de un Gobierno que ha hecho de los anuncios publicitarios de las detenciones ?que no de las resoluciones de culpabilidad por un juez? una cultura incriminatoria. Incluso al escribir esto, llaman de la Policía federal al reportero para invitarlo a la presentación de los detenidos del día.
Al dar la bienvenida a espacios de reflexión sobre el ambiente de violencia, el ministro dijo que "como representante del Gobierno federal asumo con honradez y con humildad intelectual los dictados que aquí se pueden hacer respecto a la manera en que el Gobierno incide en la construcción de este clima de inseguridad. Solicito de los medios de comunicación actitud idéntica". Sobre los ataques a los periodistas, según la ONG Artículo XIX, 11 comunicadores fueron asesinados solo en 2009; en su discurso, el ministro Gómez Mont no dijo nada.
En el mismo foro, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, preguntó: "¿Quién tiene ante esto la razón? ¿Aquellos que sostienen con datos duros que la inseguridad no es generalizada, que esta es inferior a la que se vive en otros países y que su aumento es una simple percepción alimentada por los medios?¿O quienes continuamente reportan crudos sucesos de violencia respaldados por sus cámaras y estadísticas propias? Creo que ambas posturas tienen razón".
El gobernante, visto como el posible candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia en 2012, sostuvo que "la inseguridad no sólo se mantiene en los titulares por decisiones editoriales, sino también en gran medida por el peso específico que esta ocupa en la propia comunicación oficial". Al menos desde agosto de 2008, cuando logró que los medios se sumaran a un acuerdo para la seguridad, el Gobierno federal ha intentado impulsar un debate con las empresas periodísticas para lograr una política similar al Acuerdo por la Discreción, suscrito por los periodistas colombianos en 1999.
SALVADOR CAMARENA EL PAÍS
Un sencillo cuestionario sobre el Gobierno y la información de hechos violentos en México. Conteste adecuadamente las siguientes preguntas: a) Dado que representa la principal política pública del presidente Felipe Calderón, ¿existe una oficina única para labores de portavocía oficial sobre sucesos criminales de envergadura?; b) ¿Cree que la información que el Gobierno federal entrega a los medios es siempre fidedigna?; c) ¿Esta cultura de la información expedita y de calidad se ha extendido a los niveles estatales y municipales de Gobierno?
Si usted piensa que las respuestas a las preguntas del párrafo anterior son todas afirmativas, está en un completo error. En el Gobierno mexicano no existe una portavocía única para la lucha por la seguridad, como se denomina ahora a una batalla que ya se ha cobrado 23.000 muertos. Hay veces que informa el Ejército, otras la Marina, otras la Fiscalía General (PGR), otras la Policía Federal, otras ninguno de los anteriores. Sobre la segunda cuestión, hace dos semanas la Marina informó de un decomiso de explosivos en plena ciudad de México. Un día después, la PGR dijo que lo decomisado en realidad eran cremas y pomadas. La Marina hizo mutis desde entonces. Peor aún es el escenario en Estados y municipios: un edil confesaba hace días que, ante rumores que recorrieron las redes sociales con amenazas de ataques de narcotraficantes a la población, él no salía a tranquilizar a sus gobernados porque no tenía seguridad de esa información.
Esta semana, el Gobierno federal reclamó a los medios de comunicación que repensaran sus coberturas de los hechos violentos, en un tono que señala que no hay libertad sin responsabilidades. El llamamiento coincide con la multiplicación de testimonios sobre cómo a las redacciones de periódicos del país llegan, vía correo electrónico y llamadas telefónicas ?cuando no con balazos y granadas contra las fachada de las redacciones? amenazas veladas o instrucciones precisas sobre qué publicar y cómo, o qué dejar de imprimir sobre los crímenes.
El presidente de la República ha llegado al punto de reclamar, hace unas semanas, que mientras su Gobierno tiene que "comprar" primeras planas, los criminales obtienen de los medios publicidad gratis de sus actos y mensajes. No hubo vocero oficial que explicara a qué se refería el mandatario con aquello de comprar primeras planas.
En el Foro Los Retos de la Inseguridad y la Violencia México-Estados Unidos, el secretario de Gobernación (ministro del Interior), Fernando Gómez Mont, reclamó el lunes a los medios de comunicación que revisaran "su lenguaje en cuanto a la precisión de las calificaciones que imputan. Hay presuntos responsables, acusados, asesinos y ladrones. En un sistema democrático esas calificaciones sólo suceden cuando un proceso legal ha concluido". Por debajo del presidente Calderón, el que habla es el funcionario más importante de un Gobierno que ha hecho de los anuncios publicitarios de las detenciones ?que no de las resoluciones de culpabilidad por un juez? una cultura incriminatoria. Incluso al escribir esto, llaman de la Policía federal al reportero para invitarlo a la presentación de los detenidos del día.
Al dar la bienvenida a espacios de reflexión sobre el ambiente de violencia, el ministro dijo que "como representante del Gobierno federal asumo con honradez y con humildad intelectual los dictados que aquí se pueden hacer respecto a la manera en que el Gobierno incide en la construcción de este clima de inseguridad. Solicito de los medios de comunicación actitud idéntica". Sobre los ataques a los periodistas, según la ONG Artículo XIX, 11 comunicadores fueron asesinados solo en 2009; en su discurso, el ministro Gómez Mont no dijo nada.
En el mismo foro, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, preguntó: "¿Quién tiene ante esto la razón? ¿Aquellos que sostienen con datos duros que la inseguridad no es generalizada, que esta es inferior a la que se vive en otros países y que su aumento es una simple percepción alimentada por los medios?¿O quienes continuamente reportan crudos sucesos de violencia respaldados por sus cámaras y estadísticas propias? Creo que ambas posturas tienen razón".
El gobernante, visto como el posible candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia en 2012, sostuvo que "la inseguridad no sólo se mantiene en los titulares por decisiones editoriales, sino también en gran medida por el peso específico que esta ocupa en la propia comunicación oficial". Al menos desde agosto de 2008, cuando logró que los medios se sumaran a un acuerdo para la seguridad, el Gobierno federal ha intentado impulsar un debate con las empresas periodísticas para lograr una política similar al Acuerdo por la Discreción, suscrito por los periodistas colombianos en 1999.
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