Alberto Aziz Nassif / El Universal
En memoria de Carlos Monsiváis
Tal como se esperaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, en votaciones divididas, que las facultades del artículo 97 de la Constitución son limitadas y sólo los autorizan para llegar a señalar que hubo violaciones graves, pero que no hay responsables, simplemente hay involucrados. Después de un dictamen que fincó responsabilidad en tres niveles de gobierno, que estableció faltas específicas y concretas, una mayoría de ministros estableció que no existe un desorden generalizado en el sistema de guarderías, a pesar de que los números de una investigación exhaustiva digan lo contrario, sólo el 0.3% cumplía con todos los requisitos.
Se destiñe la justicia, sólo nos quedamos con funcionarios involucrados en graves violaciones de derechos humanos, pero sin ningún tipo de responsabilidad. A pesar de que el dictamen estableció responsabilidades específicas que apuntaron hacia los mandos superiores, tampoco logró la mayoría; sólo hubo personas involucradas, pero de niveles medios y bajos. El grupo de padres de familia que ha formado el movimiento 5 de Junio tiene un año en la búsqueda de justicia, pero no ha logrado prácticamente nada. Nadie es responsable de la muerte de sus hijos, ni de las gravísimas quemaduras de los que sobrevivieron, nadie ha pisado la cárcel.
Las instancias de procuración e impartición de justicia no hacen su trabajo y lo único que queda es que el máximo tribunal se haga cargo, pero sus facultades son extremadamente limitadas, y además hay una mayoría de sus integrantes que no quiere cambiar las cosas y entrar al fondo de lo que implican estos procesos de investigación. Por eso tenemos un resultado extraño, paradójico: dictámenes que afirman que sí se violó el derecho a la vida, pero nadie resulta responsable, sólo hay involucrados y, como con el caso de Atenco, se señala sólo a los niveles medios y bajos de la toma de decisiones. En otros casos el problema ha sido calificar si la violación fue grave o se quedó en una simple violación con minúsculas, como sucedió con el expediente de Lydia Cacho.
El mundo de la justicia en México resulta complicado, es una maraña plagada de intereses, influencias y visiones dominantes sumamente conservadoras. Los padres de familia sólo tienen un puñado de involucrados de niveles medios y nadie es responsable, eso es todo lo que han logrado después de un año. La facultad de investigación del artículo 97 es un extraño animal, único, raro y propiciador de tensiones jurídicas. Algunas voces han señalado que sería mejor desaparecerlo y, como lo votó el Senado hace unos meses, trasladar la facultad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Otras opiniones indican que no es conveniente mover esta facultad porque las decisiones y dictámenes de la SCJN tienen un peso relevante y una gran importancia porque se trata de la cabeza del Poder Judicial. Así que a pesar de que el resultado de esta facultad no sea vinculatorio, el procesamiento de los casos puede representar un equilibrio ante el deficiente sistema de justicia que existe en México. Por lo menos queda la condena social y la crítica de la opinión pública.
Si comparamos lo que sucedió con la Guardería ABC y el caso de los dos niños, Martín y Bryan Almanza, de cinco y nueve años, asesinados en un retén militar en Tamaulipas, se puede observar el impacto que han tenido dos instituciones. En el segundo caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer una investigación que contradice la versión oficial del gobierno y establece responsabilidad directa a personal del Tercer Regimiento Blindado de la Secretaría de la Defensa Nacional. La CNDH emite recomendaciones cuando hay violación de derechos humanos. Este mecanismo tampoco es vinculatorio, se trabaja sobre un marco de responsabilidad moral y ética, y la fuerza de la recomendación depende de la fuerza moral que tenga socialmente el defensor de los derechos y, por supuesto, de la sensibilidad de la parte gubernamental para seguir la recomendación. Vamos a ver si Felipe Calderón modifica su versión y pide una disculpa porque dijo que le demostraran un solo caso. Por lo pronto, el gobierno ya empezó a descalificar la recomendación de la CNDH.
En suma, dicen que en México se imparte justicia, pero nos quedamos con dos instituciones, dos procedimientos, mucho discurso legal, pero muy poca justicia. Los dos casos nos muestran, de forma simultánea, las limitadas capacidades y el severo déficit de justicia que padecen las instituciones del Estado mexicano. Sin duda, el debate sobre la justicia necesita respuestas urgentes, que no se ven por ningún lado…
Investigador del CIESAS
En memoria de Carlos Monsiváis
Tal como se esperaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, en votaciones divididas, que las facultades del artículo 97 de la Constitución son limitadas y sólo los autorizan para llegar a señalar que hubo violaciones graves, pero que no hay responsables, simplemente hay involucrados. Después de un dictamen que fincó responsabilidad en tres niveles de gobierno, que estableció faltas específicas y concretas, una mayoría de ministros estableció que no existe un desorden generalizado en el sistema de guarderías, a pesar de que los números de una investigación exhaustiva digan lo contrario, sólo el 0.3% cumplía con todos los requisitos.
Se destiñe la justicia, sólo nos quedamos con funcionarios involucrados en graves violaciones de derechos humanos, pero sin ningún tipo de responsabilidad. A pesar de que el dictamen estableció responsabilidades específicas que apuntaron hacia los mandos superiores, tampoco logró la mayoría; sólo hubo personas involucradas, pero de niveles medios y bajos. El grupo de padres de familia que ha formado el movimiento 5 de Junio tiene un año en la búsqueda de justicia, pero no ha logrado prácticamente nada. Nadie es responsable de la muerte de sus hijos, ni de las gravísimas quemaduras de los que sobrevivieron, nadie ha pisado la cárcel.
Las instancias de procuración e impartición de justicia no hacen su trabajo y lo único que queda es que el máximo tribunal se haga cargo, pero sus facultades son extremadamente limitadas, y además hay una mayoría de sus integrantes que no quiere cambiar las cosas y entrar al fondo de lo que implican estos procesos de investigación. Por eso tenemos un resultado extraño, paradójico: dictámenes que afirman que sí se violó el derecho a la vida, pero nadie resulta responsable, sólo hay involucrados y, como con el caso de Atenco, se señala sólo a los niveles medios y bajos de la toma de decisiones. En otros casos el problema ha sido calificar si la violación fue grave o se quedó en una simple violación con minúsculas, como sucedió con el expediente de Lydia Cacho.
El mundo de la justicia en México resulta complicado, es una maraña plagada de intereses, influencias y visiones dominantes sumamente conservadoras. Los padres de familia sólo tienen un puñado de involucrados de niveles medios y nadie es responsable, eso es todo lo que han logrado después de un año. La facultad de investigación del artículo 97 es un extraño animal, único, raro y propiciador de tensiones jurídicas. Algunas voces han señalado que sería mejor desaparecerlo y, como lo votó el Senado hace unos meses, trasladar la facultad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Otras opiniones indican que no es conveniente mover esta facultad porque las decisiones y dictámenes de la SCJN tienen un peso relevante y una gran importancia porque se trata de la cabeza del Poder Judicial. Así que a pesar de que el resultado de esta facultad no sea vinculatorio, el procesamiento de los casos puede representar un equilibrio ante el deficiente sistema de justicia que existe en México. Por lo menos queda la condena social y la crítica de la opinión pública.
Si comparamos lo que sucedió con la Guardería ABC y el caso de los dos niños, Martín y Bryan Almanza, de cinco y nueve años, asesinados en un retén militar en Tamaulipas, se puede observar el impacto que han tenido dos instituciones. En el segundo caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer una investigación que contradice la versión oficial del gobierno y establece responsabilidad directa a personal del Tercer Regimiento Blindado de la Secretaría de la Defensa Nacional. La CNDH emite recomendaciones cuando hay violación de derechos humanos. Este mecanismo tampoco es vinculatorio, se trabaja sobre un marco de responsabilidad moral y ética, y la fuerza de la recomendación depende de la fuerza moral que tenga socialmente el defensor de los derechos y, por supuesto, de la sensibilidad de la parte gubernamental para seguir la recomendación. Vamos a ver si Felipe Calderón modifica su versión y pide una disculpa porque dijo que le demostraran un solo caso. Por lo pronto, el gobierno ya empezó a descalificar la recomendación de la CNDH.
En suma, dicen que en México se imparte justicia, pero nos quedamos con dos instituciones, dos procedimientos, mucho discurso legal, pero muy poca justicia. Los dos casos nos muestran, de forma simultánea, las limitadas capacidades y el severo déficit de justicia que padecen las instituciones del Estado mexicano. Sin duda, el debate sobre la justicia necesita respuestas urgentes, que no se ven por ningún lado…
Investigador del CIESAS
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