Jorge A. Chávez Presa / El Universal
La demanda de justicia pone en evidencia que el Estado no está respondiendo a lo que nuestra Constitución lo obliga. La trágica muerte y lesiones de niños en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, es un ejemplo de ello. Sin embargo, la lista es larga y va desde la educación pública hasta la seguridad, pasando por la falta de crecimiento económico para ocupar al más de un millón de jóvenes que se incorporan al mercado laboral.
Todos estos problemas tienen un origen común: hay un desarreglo en el funcionamiento de los órganos del Estado que lo gobiernan. Los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno (el federal, estatal y municipal) no están dando los resultados esperados. Para el ciudadano de a pie, cada día le es más difícil hacer frente a los riesgos que el Estado, en la justificación de su existencia, tiene encargado minimizar.
Aunque las instancias para arreglar los problemas de fondo del Estado mexicano existen, desafortunadamente no están funcionando adecuadamente. Esto lo vemos con más claridad al comparar con democracias más avanzadas. Por ejemplo, nuestro vecino EU enfrenta continuamente crisis de diferente naturaleza. La del 11 de septiembre de 2001 puso en evidencia la multiplicidad de agencias y dependencias responsabilizadas de la seguridad nacional y su falta de coordinación. Ante esta tragedia los incentivos activaron a su clase política, que de no haber hecho nada su electorado se lo habría cobrado. Así el Poder Legislativo de ese país encarga a una comisión el análisis, diagnóstico y propuestas para que se corrijan los errores y se fortalezcan los instrumentos para responder adecuadamente. A su vez el Presidente pide a su Congreso le otorgue mandatos, facultades y presupuesto para ser efectivo en la misión de seguridad nacional. La consecuencia de este proceso es un nuevo marco jurídico que se ve correspondido con la respuesta inmediata del Ejecutivo reorganizando la administración a su cargo. En suma, hubo un problema y el Estado, a través de sus órganos, responde. De manera similar están abordando la crisis financiera que inició en el verano de 2007.
Más allá de la formalidad y los vericuetos jurídicos, el tema de fondo en la tragedia de la guardería ABC es que no debió, no debe y no deberá haber niños que pierden la vida o se lesionan porque sus padres, para trabajar en la economía formal y contribuir a la generación de riqueza, encargan sus hijos a una guardería bajo control del Estado mexicano.
La tragedia magnifica lo que a diario sucede tácitamente en otros ámbitos de la vida nacional, pero que las estadísticas comparadas de competitividad a nivel internacional van señalando: México se rezaga, otros países por la organización de su Estado están haciendo mejor las cosas. ¿O qué no es comparable la tragedia de la guardería con el daño que se hace a millones de niños y jóvenes que reciben una educación deficiente que limitará su vida e ingresos por formar un capital humano insuficiente; o con la falta de creación de empleos para ocupar al millón de jóvenes que se incorporan al mercado laboral por no eliminar las restricciones que impiden nuevas inversiones; o con la falta de infraestructura que reduce los costos y abre mercados a las actividades productivas?
¿Qué cambios tendrán que hacerse para que el desarrollo urbano de nuestro país no permita la instalación de una guardería junto a una bodega con material peligroso? ¿Qué cambios tendrá que hacer el IMSS para que todas sus guarderías, clínicas y hospitales satisfagan estándares de seguridad y calidad? ¿Qué cambios tendrá que haber en los municipios y delegaciones para que el uso de suelo, la inspección de inmuebles, cumplimiento de horarios en los establecimientos de servicios y sus instalaciones sanitarias no sean una simulación?
Sin la participación de la ciudadanía es prácticamente imposible construir un Estado democrático funcional. Qué lástima que la trascendencia de un debate público fundamental como el que acaba de protagonizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sea nublado por la euforia de un triunfo de nuestra selección nacional en el campeonato mundial de futbol. En esta ocasión quedó evidenciado que la facultad de investigación que le otorga nuestra Constitución, pero que carece de ley reglamentaria, logra más confundir y crear expectativas que propiciar soluciones a problemas graves que se suscitan en el Estado mexicano. Esta facultad de investigación, que no equivale a un juicio, sirve para que el máximo tribunal del Estado mexicano emita su opinión. Bajo esta modalidad no hay sentencia. Esta facultad acarrea más problemas que soluciones, más cuando en nuestro país no hemos desarrollado una cultura de la responsabilidad pública. La SCJN prefirió el camino de la prudencia y no se arriesgó a abrir una caja de Pandora. Aquí hay una disfuncionalidad y habrá que arreglarla.
La demanda de justicia pone en evidencia que el Estado no está respondiendo a lo que nuestra Constitución lo obliga. La trágica muerte y lesiones de niños en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, es un ejemplo de ello. Sin embargo, la lista es larga y va desde la educación pública hasta la seguridad, pasando por la falta de crecimiento económico para ocupar al más de un millón de jóvenes que se incorporan al mercado laboral.
Todos estos problemas tienen un origen común: hay un desarreglo en el funcionamiento de los órganos del Estado que lo gobiernan. Los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno (el federal, estatal y municipal) no están dando los resultados esperados. Para el ciudadano de a pie, cada día le es más difícil hacer frente a los riesgos que el Estado, en la justificación de su existencia, tiene encargado minimizar.
Aunque las instancias para arreglar los problemas de fondo del Estado mexicano existen, desafortunadamente no están funcionando adecuadamente. Esto lo vemos con más claridad al comparar con democracias más avanzadas. Por ejemplo, nuestro vecino EU enfrenta continuamente crisis de diferente naturaleza. La del 11 de septiembre de 2001 puso en evidencia la multiplicidad de agencias y dependencias responsabilizadas de la seguridad nacional y su falta de coordinación. Ante esta tragedia los incentivos activaron a su clase política, que de no haber hecho nada su electorado se lo habría cobrado. Así el Poder Legislativo de ese país encarga a una comisión el análisis, diagnóstico y propuestas para que se corrijan los errores y se fortalezcan los instrumentos para responder adecuadamente. A su vez el Presidente pide a su Congreso le otorgue mandatos, facultades y presupuesto para ser efectivo en la misión de seguridad nacional. La consecuencia de este proceso es un nuevo marco jurídico que se ve correspondido con la respuesta inmediata del Ejecutivo reorganizando la administración a su cargo. En suma, hubo un problema y el Estado, a través de sus órganos, responde. De manera similar están abordando la crisis financiera que inició en el verano de 2007.
Más allá de la formalidad y los vericuetos jurídicos, el tema de fondo en la tragedia de la guardería ABC es que no debió, no debe y no deberá haber niños que pierden la vida o se lesionan porque sus padres, para trabajar en la economía formal y contribuir a la generación de riqueza, encargan sus hijos a una guardería bajo control del Estado mexicano.
La tragedia magnifica lo que a diario sucede tácitamente en otros ámbitos de la vida nacional, pero que las estadísticas comparadas de competitividad a nivel internacional van señalando: México se rezaga, otros países por la organización de su Estado están haciendo mejor las cosas. ¿O qué no es comparable la tragedia de la guardería con el daño que se hace a millones de niños y jóvenes que reciben una educación deficiente que limitará su vida e ingresos por formar un capital humano insuficiente; o con la falta de creación de empleos para ocupar al millón de jóvenes que se incorporan al mercado laboral por no eliminar las restricciones que impiden nuevas inversiones; o con la falta de infraestructura que reduce los costos y abre mercados a las actividades productivas?
¿Qué cambios tendrán que hacerse para que el desarrollo urbano de nuestro país no permita la instalación de una guardería junto a una bodega con material peligroso? ¿Qué cambios tendrá que hacer el IMSS para que todas sus guarderías, clínicas y hospitales satisfagan estándares de seguridad y calidad? ¿Qué cambios tendrá que haber en los municipios y delegaciones para que el uso de suelo, la inspección de inmuebles, cumplimiento de horarios en los establecimientos de servicios y sus instalaciones sanitarias no sean una simulación?
Sin la participación de la ciudadanía es prácticamente imposible construir un Estado democrático funcional. Qué lástima que la trascendencia de un debate público fundamental como el que acaba de protagonizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sea nublado por la euforia de un triunfo de nuestra selección nacional en el campeonato mundial de futbol. En esta ocasión quedó evidenciado que la facultad de investigación que le otorga nuestra Constitución, pero que carece de ley reglamentaria, logra más confundir y crear expectativas que propiciar soluciones a problemas graves que se suscitan en el Estado mexicano. Esta facultad de investigación, que no equivale a un juicio, sirve para que el máximo tribunal del Estado mexicano emita su opinión. Bajo esta modalidad no hay sentencia. Esta facultad acarrea más problemas que soluciones, más cuando en nuestro país no hemos desarrollado una cultura de la responsabilidad pública. La SCJN prefirió el camino de la prudencia y no se arriesgó a abrir una caja de Pandora. Aquí hay una disfuncionalidad y habrá que arreglarla.
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