Guillermo Knochenhauer / El Financiero
Francisco Mayorga Castañeda, titular de la SAGARPA, vuelve a llamar la atención sobre lo mal que ha estado manejada la política agropecuaria del país durante décadas. En entrevista con El Financiero (15/06/2010), dijo que a pesar de que el presupuesto dedicado al campo a través de la Secretaría a su cargo se triplicó entre el año 2000 y este 2010, (pasó de 24 mil 713 millones de pesos a 73 mil 368 millones, monto del cual 80 por ciento se entrega como subsidios), la producción de alimentos no aumenta. Vale agregar que las desigualdades y la pobreza se han acentuado en ese tiempo, pero ese es asunto de varias dependencias.
Según el secretario de Agricultura, mayor presupuesto sin respuesta productiva quiere decir que no todos los subsidios se aplican de manera adecuada y apuntó que el 60 por ciento de los que maneja la SAGARPA benefician a los grandes productores y el restante 40 por ciento a los pequeños. “Los grandes son pocos, entonces les toca de a mucho por persona y los chiquitos son muchos y les toca de a poco”.
El segundo argumento niega el primero. Lo cierto es que a los grandes les toca mucho y además se lo reparten entre pocos, y a los chicos les toca menos y se lo tienen que repartir entre muchos. Según la SAGARPA, cerca de cinco millones de campesinos son minifundistas y menos de 500 mil (quizá no más de 350 mil) están capitalizados.
Entre todos se reparten los subsidios de una manera que en vez de contribuir a disminuir las desigualdades y a elevar la seguridad alimentaria del país, contribuyen a lo contrario. El Procampo no es el mejor ejemplo porque es el menos inequitativo de todos los programas; no obstante, el 23 por ciento de su presupuesto se lo queda el 2 por ciento de los productores empadronados y el 34 por ciento se reparte entre el 76 por ciento del padrón de beneficiarios.
No hay racionalidad económica ni social detrás de tales asignaciones, pero si casusas políticas. Se favorece a los productores mejor dotados de recursos, no porque así convenga a la producción alimentaria del país o a la necesidad de mitigar las desigualdades y la pobreza rural, sino porque ese grupo tiene fuerza política para influir en el diseño y aplicación de las políticas públicas.
Los agricultores y ganaderos que tienen una dotación adecuada de recursos naturales, tecnológicos y financieros, no necesitan apropiarse de la mayor parte de los subsidios para que su actividad les sea redituable. Así lo reconoce Mayorga en su entrevista con El Financiero, cando dice que los subsidios están generando “rentas o beneficios extraordinarios para un grupo reducido de personas, que si no existieran los subsidios de todas maneras serían competitivas y rentables."
En cambio, a los campesinos con baja o nula influencia política se les ha sometido y se les sigue sometiendo al paternalismo y al clientelismo de cada dependencia de gobierno; un instrumento de sometimiento son los programas de apoyos que les llevan recursos tan magros, que no alcanzan a cambiar su condición de productores pobres, ni a liberarlos del cacique, del agiotista y del intermediario mercantil que los expolian.
Más de 750 mil pequeñas unidades agrícolas de campesinos pobres, podrían duplicar sus rendimientos si contaran con los subsidios necesarios. Lo que les falta para obtenerlos, es peso político.
El secretario Mayorga también ha criticado y se lo reitera a El Financiero, que los subsidios “no están referenciados a la producción, que terminan por distorsionar los mercados y no favorecen la productividad”. La medida en la que se piensa es sustituir subsidios por financiamiento. Ha dicho Mayorga que “el financiamiento debe ser el eje fundamental del desarrollo rural”. Hoy ese eje es prácticamente inexistente: menos de tres por ciento del financiamiento de la banca comercial se canaliza al campo y sumando el de la banca de fomento, se tienen niveles comparables a los que siguieron a la crisis de 1995.
Cierto que sin actividad productiva no hay desarrollo y sin financiamiento adecuado no hay actividades productivas que contribuyan a la seguridad alimentaria y a combatir la pobreza, pero los factores económicos no son las únicas, ni siquiera las principales palancas de los cambios que supone el desarrollo. Las principales en nuestras circunstancias, son de orden político. Sólo las organizaciones campesinas y el capital social que representan se pueden liberar del clientelismo al que las someten las dependencias de gobierno y otros yugos, para asumir un papel de mayor peso político.
Francisco Mayorga Castañeda, titular de la SAGARPA, vuelve a llamar la atención sobre lo mal que ha estado manejada la política agropecuaria del país durante décadas. En entrevista con El Financiero (15/06/2010), dijo que a pesar de que el presupuesto dedicado al campo a través de la Secretaría a su cargo se triplicó entre el año 2000 y este 2010, (pasó de 24 mil 713 millones de pesos a 73 mil 368 millones, monto del cual 80 por ciento se entrega como subsidios), la producción de alimentos no aumenta. Vale agregar que las desigualdades y la pobreza se han acentuado en ese tiempo, pero ese es asunto de varias dependencias.
Según el secretario de Agricultura, mayor presupuesto sin respuesta productiva quiere decir que no todos los subsidios se aplican de manera adecuada y apuntó que el 60 por ciento de los que maneja la SAGARPA benefician a los grandes productores y el restante 40 por ciento a los pequeños. “Los grandes son pocos, entonces les toca de a mucho por persona y los chiquitos son muchos y les toca de a poco”.
El segundo argumento niega el primero. Lo cierto es que a los grandes les toca mucho y además se lo reparten entre pocos, y a los chicos les toca menos y se lo tienen que repartir entre muchos. Según la SAGARPA, cerca de cinco millones de campesinos son minifundistas y menos de 500 mil (quizá no más de 350 mil) están capitalizados.
Entre todos se reparten los subsidios de una manera que en vez de contribuir a disminuir las desigualdades y a elevar la seguridad alimentaria del país, contribuyen a lo contrario. El Procampo no es el mejor ejemplo porque es el menos inequitativo de todos los programas; no obstante, el 23 por ciento de su presupuesto se lo queda el 2 por ciento de los productores empadronados y el 34 por ciento se reparte entre el 76 por ciento del padrón de beneficiarios.
No hay racionalidad económica ni social detrás de tales asignaciones, pero si casusas políticas. Se favorece a los productores mejor dotados de recursos, no porque así convenga a la producción alimentaria del país o a la necesidad de mitigar las desigualdades y la pobreza rural, sino porque ese grupo tiene fuerza política para influir en el diseño y aplicación de las políticas públicas.
Los agricultores y ganaderos que tienen una dotación adecuada de recursos naturales, tecnológicos y financieros, no necesitan apropiarse de la mayor parte de los subsidios para que su actividad les sea redituable. Así lo reconoce Mayorga en su entrevista con El Financiero, cando dice que los subsidios están generando “rentas o beneficios extraordinarios para un grupo reducido de personas, que si no existieran los subsidios de todas maneras serían competitivas y rentables."
En cambio, a los campesinos con baja o nula influencia política se les ha sometido y se les sigue sometiendo al paternalismo y al clientelismo de cada dependencia de gobierno; un instrumento de sometimiento son los programas de apoyos que les llevan recursos tan magros, que no alcanzan a cambiar su condición de productores pobres, ni a liberarlos del cacique, del agiotista y del intermediario mercantil que los expolian.
Más de 750 mil pequeñas unidades agrícolas de campesinos pobres, podrían duplicar sus rendimientos si contaran con los subsidios necesarios. Lo que les falta para obtenerlos, es peso político.
El secretario Mayorga también ha criticado y se lo reitera a El Financiero, que los subsidios “no están referenciados a la producción, que terminan por distorsionar los mercados y no favorecen la productividad”. La medida en la que se piensa es sustituir subsidios por financiamiento. Ha dicho Mayorga que “el financiamiento debe ser el eje fundamental del desarrollo rural”. Hoy ese eje es prácticamente inexistente: menos de tres por ciento del financiamiento de la banca comercial se canaliza al campo y sumando el de la banca de fomento, se tienen niveles comparables a los que siguieron a la crisis de 1995.
Cierto que sin actividad productiva no hay desarrollo y sin financiamiento adecuado no hay actividades productivas que contribuyan a la seguridad alimentaria y a combatir la pobreza, pero los factores económicos no son las únicas, ni siquiera las principales palancas de los cambios que supone el desarrollo. Las principales en nuestras circunstancias, son de orden político. Sólo las organizaciones campesinas y el capital social que representan se pueden liberar del clientelismo al que las someten las dependencias de gobierno y otros yugos, para asumir un papel de mayor peso político.
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