Rogelio Ramírez de la O / El Universal
La gran “reforma estructural” de la Secretaria de Energía, avalada por el gobierno en 2008, al punto de desplegar una gran campaña mediática para concesionar la exploración de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, ha recibido un golpe mortal.
La salida masiva de petróleo de 2,500 metros debajo de la superficie marina en aguas territoriales estadounidenses ha causado, aun sin ser detenida, un daño ecológico y económico hoy incalculable.
British Petroleum, la empresa petrolera británica experta en aguas profundas y con perforaciones en más de 100 pozos simultáneamente en el mundo, hoy admite su incapacidad para anticipar fallas en la perforación de tan sólo un pozo en el golfo. Un solo pozo le costará cuando menos 20 mil millones de dólares, más cientos de demandas de personas y negocios que resulten afectados.
La misma falla pone en aprietos al gobierno estadounidense. El grueso de la opinión pública lo acusa de ser demasiado blando y paciente con esta empresa, pues después de 60 días de iniciado el derrame no lo ha podido controlar. Y además subestimó el volumen del derrame.
Para otro sector, el gobierno es excesivo penalizando a esta empresa y a una actividad de la que dependen varios estados y cientos de miles de empleos, al imponer la moratoria de cualquier nueva perforación marina.
Mientras el daño se extiende geográficamente, BP está amenazada por el alto costo de las indemnizaciones, la destrucción de su marca comercial y su imagen corporativa, su credibilidad técnica y sobre todo sus finanzas. Tiene que cancelar el pago de dividendos, vender activos y contratar préstamos apenas para enfrentar lo inmediato.
Y aun así, no estará a salvo si los consumidores estadounidenses deciden ampliar el boicot contra sus estaciones de servicio. Como en Estados Unidos BP obtiene el 40% de sus utilidades, el boicot que ya enfrenta en Nueva Orleans, Mississippi, Alabama y Florida puede causarle daño irreparable si se extiende.
Queda comprobado que la exploración y la perforación en aguas profundas es de muy alto riesgo y costos prohibitivos, y que los conocimientos y la ingeniería hoy disponibles son insuficientes para atender externalidades a miles de metros de profundidad.
La Secretaría de Energía lanzó en 2008 una campaña repleta de falsedades o cuando menos sobresimplificaciones, logrando convencer a muchas personas de que “esa es la reforma que necesita México”. La oposición la detuvo, señalando que primero Pemex debería sistematizar la exploración en aguas someras, lo que el gobierno no quería hacer.
Pero aun frenada, la Secretaría no ha dejado de insistir en la aprobación de modelos de contratos que en la práctica equivalen a la reforma que buscaba. Por eso, por su insistencia en obtener en pequeños comités lo que no fue capaz de obtener en un proceso democrático, Pemex sigue atorado.
Para quienes hasta ahora no estén convencidos de la inviabilidad de esos contratos y de las aguas profundas, los eventos en el golfo de México deberían convencerlos.
El razonamiento es sencillo. El gobierno estadounidense en el futuro previsible, quizás nunca, permitirá que México, con las deficiencias conocidas de su gobierno en materia de transparencia y conflicto de intereses, inicie estas perforaciones. Y mucho menos si se pretende adjudicar los contratos a empresas españolas o Petrobras, como en una ocasión lo señaló el gobierno.
La historia del tesoro escondido en el fondo del mar quedó desacreditada. La Secretaría debería mostrar su plan alternativo, ojalá uno realista.
Analista económico
La gran “reforma estructural” de la Secretaria de Energía, avalada por el gobierno en 2008, al punto de desplegar una gran campaña mediática para concesionar la exploración de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, ha recibido un golpe mortal.
La salida masiva de petróleo de 2,500 metros debajo de la superficie marina en aguas territoriales estadounidenses ha causado, aun sin ser detenida, un daño ecológico y económico hoy incalculable.
British Petroleum, la empresa petrolera británica experta en aguas profundas y con perforaciones en más de 100 pozos simultáneamente en el mundo, hoy admite su incapacidad para anticipar fallas en la perforación de tan sólo un pozo en el golfo. Un solo pozo le costará cuando menos 20 mil millones de dólares, más cientos de demandas de personas y negocios que resulten afectados.
La misma falla pone en aprietos al gobierno estadounidense. El grueso de la opinión pública lo acusa de ser demasiado blando y paciente con esta empresa, pues después de 60 días de iniciado el derrame no lo ha podido controlar. Y además subestimó el volumen del derrame.
Para otro sector, el gobierno es excesivo penalizando a esta empresa y a una actividad de la que dependen varios estados y cientos de miles de empleos, al imponer la moratoria de cualquier nueva perforación marina.
Mientras el daño se extiende geográficamente, BP está amenazada por el alto costo de las indemnizaciones, la destrucción de su marca comercial y su imagen corporativa, su credibilidad técnica y sobre todo sus finanzas. Tiene que cancelar el pago de dividendos, vender activos y contratar préstamos apenas para enfrentar lo inmediato.
Y aun así, no estará a salvo si los consumidores estadounidenses deciden ampliar el boicot contra sus estaciones de servicio. Como en Estados Unidos BP obtiene el 40% de sus utilidades, el boicot que ya enfrenta en Nueva Orleans, Mississippi, Alabama y Florida puede causarle daño irreparable si se extiende.
Queda comprobado que la exploración y la perforación en aguas profundas es de muy alto riesgo y costos prohibitivos, y que los conocimientos y la ingeniería hoy disponibles son insuficientes para atender externalidades a miles de metros de profundidad.
La Secretaría de Energía lanzó en 2008 una campaña repleta de falsedades o cuando menos sobresimplificaciones, logrando convencer a muchas personas de que “esa es la reforma que necesita México”. La oposición la detuvo, señalando que primero Pemex debería sistematizar la exploración en aguas someras, lo que el gobierno no quería hacer.
Pero aun frenada, la Secretaría no ha dejado de insistir en la aprobación de modelos de contratos que en la práctica equivalen a la reforma que buscaba. Por eso, por su insistencia en obtener en pequeños comités lo que no fue capaz de obtener en un proceso democrático, Pemex sigue atorado.
Para quienes hasta ahora no estén convencidos de la inviabilidad de esos contratos y de las aguas profundas, los eventos en el golfo de México deberían convencerlos.
El razonamiento es sencillo. El gobierno estadounidense en el futuro previsible, quizás nunca, permitirá que México, con las deficiencias conocidas de su gobierno en materia de transparencia y conflicto de intereses, inicie estas perforaciones. Y mucho menos si se pretende adjudicar los contratos a empresas españolas o Petrobras, como en una ocasión lo señaló el gobierno.
La historia del tesoro escondido en el fondo del mar quedó desacreditada. La Secretaría debería mostrar su plan alternativo, ojalá uno realista.
Analista económico
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