Economist Intelligence Unit
Eran cerca de las 2 de la mañana cuando Edward J. Markey, representante demócrata por Massachusetts, junto con otros legisladores de un comité de conferencia de las dos cámaras del Congreso estadunidense, vieron cuánto poder político posee la industria petrolera cuando se trata de ganar ventajas fiscales y otros beneficios del Congreso.
Se discutía la iniciativa de Ley de Política Energética 2005, la más importante en la materia en años. El presidente del comité, Joe L. Barton, representante republicano de Texas y amigo de la industria, se había guardado algunos jugosos asuntos para el final: miles de millones de dólares en beneficios fiscales y exenciones de derechos por extracción para estimular la perforación en busca de petróleo y gas en el Golfo de México y otras zonas situadas frente a la costa. Incluso había una asignación anual de 50 millones para la investigación técnica en la industria.
Ya entonces la perforación en la zona se realizaba a marchas forzadas y las utilidades de la industria batían marcas. “Con todo el dinero que ganan –comentó Markey a su jefe de asistentes, quien recordó la escena–, ¿para qué necesita el gobierno subsidiar su trabajo y su investigación?”
Ese punto de vista no prevaleció. Los legisladores, cortos de vista, no quisieron tener nada que ver con las enmiendas de Markey. A su tiempo la iniciativa fue aprobada en ambas cámaras con apoyo de los dos partidos. Por cierto, Barack Obama, en ese tiempo senador por Illinois, votó en favor.
Hoy, Markey y otros críticos se quejan de que esas políticas han costado al Tesoro de EU decenas de miles de millones de dólares en ingresos perdidos y condujeron a la búsqueda desaforada de petróleo en el frágil suelo del Golfo de México. Él y otros sostienen que la catástrofe de la plataforma Deepwater Horizon, que estalló el 20 de abril en un desastre en el cual hubo 11 muertos, se puede vincular directamente con la legislación favorable a las petroleras que se ha adoptado en las dos décadas pasadas.
El mes pasado, tres senadores presentaron una iniciativa para reducir las ventajas fiscales y las condonaciones de derechos por extracción, que para ellos son un obsequio a las grandes petroleras.
Ejecutivos de los consorcios alegan que los incentivos han producido ganancias en la producción estadunidense, más honorarios pagados al Tesoro y muchos empleos creados en las comunidades de los estados del Golfo. Y sostienen que no hay conexión entre los incentivos industriales y la explosión en la plataforma.
Sin embargo, existe poco desacuerdo en cuanto a que la industria recibió un significativo apoyo federal para esas perforaciones en aguas profundas. Desde que Washington comenzó a emitir al por mayor permisos de perforación en el mar, en tiempos de Ronald Reagan, la industria ha recibido decenas de miles de millones de dólares en incentivos fiscales y subsidios, incluso exenciones del pago de derechos por extracción, llamados regalías en Estados Unidos.
El programa de exención fue establecido por el Congreso en 1995, cuando el petróleo se vendía en 18 dólares el barril y la perforación en aguas profundas se consideraba incosteable sin un subsidio. Hoy el precio es de 70 dólares por barril (d/b), pero el subsidio continúa.
La Contraloría del Gobierno calcula que este programa podría costar al Tesoro 55 mil mdd o más durante su vigencia, dependiendo del precio del petróleo y el gas y el rendimiento de los pozos.
En un principio el Congreso pretendió otorgar la exención sólo cuando los precios fueran muy bajos, pero un error del Departamento del Interior al redactar los contratos respectivos, en la década de 1990, llevó a la industria a argumentar en contra de que se vinculara el apoyo con los precios.
El año pasado, consorcios petroleros ganaron una demanda para que el gobierno les devolviera 2 mil 100 mdd en regalías de años anteriores, entre ellos unos 240 mdd para British Petroleum, causante del desastre en el Golfo.
Cada vez más analistas insisten en que el programa de exenciones ha llevado la perforación a zonas frágiles y remotas, donde los planes de respuesta a emergencias son inadecuados.
Para Robert Gramling, de la Universidad de Luisiana y especialista en historia de la industria petrolera, la fiebre del petróleo submarino subsidiada por el gobierno ha conducido a una situación en la que la industria “hace cosas técnicamente posibles, pero más allá de nuestra capacidad de deshacerlas si encontramos un problema”.
Además, el Tesoro ha perdido miles de millones de dólares más en otra forma de subsidio: paquetes favorables de préstamos federales ofrecidos por el Departamento del Interior.
Bill Freudenburg, profesor de estudios ambientales en la Universidad de California en Santa Bárbara y colaborador en las investigaciones de Gramling, afirma que tales paquetes equivalen a regalar derechos de perforación. Un informe de la Contraloría de 2008 descubrió que, de 104 jurisdicciones en el mundo, sólo 11 recibían una porción menor del ingreso petrolero que el gobierno de Estados Unidos.
“Nos deja perplejos cómo las petroleras se han llevado al baile a los contribuyentes estadunidenses”, comenta Freudenburg. “No conozco muchos lugares donde sacar el combustible del suelo sea más difícil y caro que en Noruega, y sin embargo el gobierno de ese país se lleva 75% del ingreso petrolero, el doble de lo que nosotros sacamos”.
Mark Salt, vocero de BP, se defiende: “Estamos activos en muchos países bajo toda una gama de regímenes de licencia, entre ellos Noruega. La reducción de regalías se aplica en muchas partes y a los gobiernos les toca determinar su eficacia”.
La iniciativa presentada la semana pasada en el Senado cargaría un derecho por extracción –que representaría 5 mil 300 mdd en 10 años– al petróleo producido según ciertos mecanismos de préstamo. También cancelaría otros beneficios fiscales a la industria, entre ellos algunos sugeridos por el presidente Obama.
Fuente: la Jornada
Traducción de texto: Jorge Anaya
Eran cerca de las 2 de la mañana cuando Edward J. Markey, representante demócrata por Massachusetts, junto con otros legisladores de un comité de conferencia de las dos cámaras del Congreso estadunidense, vieron cuánto poder político posee la industria petrolera cuando se trata de ganar ventajas fiscales y otros beneficios del Congreso.
Se discutía la iniciativa de Ley de Política Energética 2005, la más importante en la materia en años. El presidente del comité, Joe L. Barton, representante republicano de Texas y amigo de la industria, se había guardado algunos jugosos asuntos para el final: miles de millones de dólares en beneficios fiscales y exenciones de derechos por extracción para estimular la perforación en busca de petróleo y gas en el Golfo de México y otras zonas situadas frente a la costa. Incluso había una asignación anual de 50 millones para la investigación técnica en la industria.
Ya entonces la perforación en la zona se realizaba a marchas forzadas y las utilidades de la industria batían marcas. “Con todo el dinero que ganan –comentó Markey a su jefe de asistentes, quien recordó la escena–, ¿para qué necesita el gobierno subsidiar su trabajo y su investigación?”
Ese punto de vista no prevaleció. Los legisladores, cortos de vista, no quisieron tener nada que ver con las enmiendas de Markey. A su tiempo la iniciativa fue aprobada en ambas cámaras con apoyo de los dos partidos. Por cierto, Barack Obama, en ese tiempo senador por Illinois, votó en favor.
Hoy, Markey y otros críticos se quejan de que esas políticas han costado al Tesoro de EU decenas de miles de millones de dólares en ingresos perdidos y condujeron a la búsqueda desaforada de petróleo en el frágil suelo del Golfo de México. Él y otros sostienen que la catástrofe de la plataforma Deepwater Horizon, que estalló el 20 de abril en un desastre en el cual hubo 11 muertos, se puede vincular directamente con la legislación favorable a las petroleras que se ha adoptado en las dos décadas pasadas.
El mes pasado, tres senadores presentaron una iniciativa para reducir las ventajas fiscales y las condonaciones de derechos por extracción, que para ellos son un obsequio a las grandes petroleras.
Ejecutivos de los consorcios alegan que los incentivos han producido ganancias en la producción estadunidense, más honorarios pagados al Tesoro y muchos empleos creados en las comunidades de los estados del Golfo. Y sostienen que no hay conexión entre los incentivos industriales y la explosión en la plataforma.
Sin embargo, existe poco desacuerdo en cuanto a que la industria recibió un significativo apoyo federal para esas perforaciones en aguas profundas. Desde que Washington comenzó a emitir al por mayor permisos de perforación en el mar, en tiempos de Ronald Reagan, la industria ha recibido decenas de miles de millones de dólares en incentivos fiscales y subsidios, incluso exenciones del pago de derechos por extracción, llamados regalías en Estados Unidos.
El programa de exención fue establecido por el Congreso en 1995, cuando el petróleo se vendía en 18 dólares el barril y la perforación en aguas profundas se consideraba incosteable sin un subsidio. Hoy el precio es de 70 dólares por barril (d/b), pero el subsidio continúa.
La Contraloría del Gobierno calcula que este programa podría costar al Tesoro 55 mil mdd o más durante su vigencia, dependiendo del precio del petróleo y el gas y el rendimiento de los pozos.
En un principio el Congreso pretendió otorgar la exención sólo cuando los precios fueran muy bajos, pero un error del Departamento del Interior al redactar los contratos respectivos, en la década de 1990, llevó a la industria a argumentar en contra de que se vinculara el apoyo con los precios.
El año pasado, consorcios petroleros ganaron una demanda para que el gobierno les devolviera 2 mil 100 mdd en regalías de años anteriores, entre ellos unos 240 mdd para British Petroleum, causante del desastre en el Golfo.
Cada vez más analistas insisten en que el programa de exenciones ha llevado la perforación a zonas frágiles y remotas, donde los planes de respuesta a emergencias son inadecuados.
Para Robert Gramling, de la Universidad de Luisiana y especialista en historia de la industria petrolera, la fiebre del petróleo submarino subsidiada por el gobierno ha conducido a una situación en la que la industria “hace cosas técnicamente posibles, pero más allá de nuestra capacidad de deshacerlas si encontramos un problema”.
Además, el Tesoro ha perdido miles de millones de dólares más en otra forma de subsidio: paquetes favorables de préstamos federales ofrecidos por el Departamento del Interior.
Bill Freudenburg, profesor de estudios ambientales en la Universidad de California en Santa Bárbara y colaborador en las investigaciones de Gramling, afirma que tales paquetes equivalen a regalar derechos de perforación. Un informe de la Contraloría de 2008 descubrió que, de 104 jurisdicciones en el mundo, sólo 11 recibían una porción menor del ingreso petrolero que el gobierno de Estados Unidos.
“Nos deja perplejos cómo las petroleras se han llevado al baile a los contribuyentes estadunidenses”, comenta Freudenburg. “No conozco muchos lugares donde sacar el combustible del suelo sea más difícil y caro que en Noruega, y sin embargo el gobierno de ese país se lleva 75% del ingreso petrolero, el doble de lo que nosotros sacamos”.
Mark Salt, vocero de BP, se defiende: “Estamos activos en muchos países bajo toda una gama de regímenes de licencia, entre ellos Noruega. La reducción de regalías se aplica en muchas partes y a los gobiernos les toca determinar su eficacia”.
La iniciativa presentada la semana pasada en el Senado cargaría un derecho por extracción –que representaría 5 mil 300 mdd en 10 años– al petróleo producido según ciertos mecanismos de préstamo. También cancelaría otros beneficios fiscales a la industria, entre ellos algunos sugeridos por el presidente Obama.
Fuente: la Jornada
Traducción de texto: Jorge Anaya
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