Francisco Rojas
Los problemas del país están poniendo en peligro la estabilidad social, creando un clima de frustración e irritación social, que los discursos y la ofensiva mediática oficial no logran ocultar.
Nadie pide al Presidente que corrija estas calamidades por sí mismo, pero el gobierno tiene la responsabilidad y los medios para enfrentarlos con eficacia; para eso es gobierno y tiene facultades legales, autoridad y recursos, que el Legislativo le ha autorizado con largueza y prontitud. Pero si el interés y el esfuerzo se concentran más en apariencias o cruzadas electorales que en eficacia, los problemas se complican pese a decálogos, cifras parciales y llamados al optimismo.
Ante esta situación, los diputados del PRI no podemos ser indiferentes ni complacientes; con razones y propuestas buscaremos acuerdos, pero sin perder de vista que nuestro compromiso es con la gente y sus problemas: desempleo, carestía, pobreza, inseguridad pública y sus desviaciones, que afectan seriamente la cohesión social.
Esto entraña que la rendición de cuentas de los altos niveles de gobierno sea efectiva y no declarativa. Para ello, los diputados del PRI promovemos restaurar la obligación del Presidente de la República de presentar personalmente su Informe anual ante el Congreso General, en un clima de mutuo respeto. Asimismo, verificaremos el avance del combate a la delincuencia mediante un informe trimestral del Consejo de Seguridad Pública ante la Cámara de Diputados y dictaminaremos cuanto antes las Cuentas Públicas pendientes, fortaleciendo adicionalmente las funciones de la Auditoría Superior de la Federación.
Propondremos autonomía plena al Coneval, para que evalúe y transparente los programas sociales; a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que mejore la regulación del sistema financiero, y al Sistema de Administración Tributaria para que recaude con eficacia y amplíe la base de contribuyentes. Estas instituciones autónomas rendirían cuentas a la Cámara de Diputados con esquemas similares a la ASF.
El Estado mexicano no admite preferencias ni exclusiones por motivos étnicos, sociales, políticos, sexuales o de cualquier otra índole; por ello ratificaremos constitucionalmente su carácter laico. También propondremos una reforma real política y del Estado. Además de la inseguridad, la economía es el factor que más preocupa a la sociedad. Para que las políticas económica y social empaten con las necesidades y oportunidades del país, promoveremos que el Congreso participe en la aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales.
Examinaremos exhaustivamente los regímenes especiales de tributación y transparentaremos los subsidios implícitos en gastos fiscales; buscaremos acuerdos para una reforma fiscal integral, equitativa, proporcional y justa.
Promoveremos una reforma presupuestaria para impulsar políticas de gasto que compensen variaciones de ciclos económicos; combatir y sancionar subejercicios y crear “disponibilidades” que, de existir, serían reasignadas por la Cámara de Diputados; e impulsar la elaboración de más eficientes y oportunas reglas de operación.
Revisaremos a detalle y vigilaremos la aplicación del programa trianual que obliga al Ejecutivo a reducir gasto corriente y aumentar inversión.
Impulsaremos la reconstrucción de la banca de desarrollo para fomentar la inversión y el empleo en la industria, comercio exterior, infraestructura y campo. Legislaremos para tener una política industrial moderna que aproveche las ventajas comparativas del país, acorde con las nuevas tendencias internacionales y del mercado interno.
Fortaleceremos el federalismo revisando la Ley de Coordinación Fiscal y atribuciones de delegados federales. Y buscaremos reformas para que el trabajo legislativo sea más eficiente y expedito.
Lo que los trabajadores y la clase media exigen es frenar los efectos de la crisis sobre su vida y recuperar la viabilidad del país; el clamor es detener la inseguridad y el deterioro de la economía familiar, que el gobierno haga bien y pronto su trabajo. Los priístas estamos abiertos al diálogo para lograr soluciones pertinentes con quienes antepongan el interés de la Nación a cualquier otro.
Los problemas del país están poniendo en peligro la estabilidad social, creando un clima de frustración e irritación social, que los discursos y la ofensiva mediática oficial no logran ocultar.
Nadie pide al Presidente que corrija estas calamidades por sí mismo, pero el gobierno tiene la responsabilidad y los medios para enfrentarlos con eficacia; para eso es gobierno y tiene facultades legales, autoridad y recursos, que el Legislativo le ha autorizado con largueza y prontitud. Pero si el interés y el esfuerzo se concentran más en apariencias o cruzadas electorales que en eficacia, los problemas se complican pese a decálogos, cifras parciales y llamados al optimismo.
Ante esta situación, los diputados del PRI no podemos ser indiferentes ni complacientes; con razones y propuestas buscaremos acuerdos, pero sin perder de vista que nuestro compromiso es con la gente y sus problemas: desempleo, carestía, pobreza, inseguridad pública y sus desviaciones, que afectan seriamente la cohesión social.
Esto entraña que la rendición de cuentas de los altos niveles de gobierno sea efectiva y no declarativa. Para ello, los diputados del PRI promovemos restaurar la obligación del Presidente de la República de presentar personalmente su Informe anual ante el Congreso General, en un clima de mutuo respeto. Asimismo, verificaremos el avance del combate a la delincuencia mediante un informe trimestral del Consejo de Seguridad Pública ante la Cámara de Diputados y dictaminaremos cuanto antes las Cuentas Públicas pendientes, fortaleciendo adicionalmente las funciones de la Auditoría Superior de la Federación.
Propondremos autonomía plena al Coneval, para que evalúe y transparente los programas sociales; a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que mejore la regulación del sistema financiero, y al Sistema de Administración Tributaria para que recaude con eficacia y amplíe la base de contribuyentes. Estas instituciones autónomas rendirían cuentas a la Cámara de Diputados con esquemas similares a la ASF.
El Estado mexicano no admite preferencias ni exclusiones por motivos étnicos, sociales, políticos, sexuales o de cualquier otra índole; por ello ratificaremos constitucionalmente su carácter laico. También propondremos una reforma real política y del Estado. Además de la inseguridad, la economía es el factor que más preocupa a la sociedad. Para que las políticas económica y social empaten con las necesidades y oportunidades del país, promoveremos que el Congreso participe en la aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales.
Examinaremos exhaustivamente los regímenes especiales de tributación y transparentaremos los subsidios implícitos en gastos fiscales; buscaremos acuerdos para una reforma fiscal integral, equitativa, proporcional y justa.
Promoveremos una reforma presupuestaria para impulsar políticas de gasto que compensen variaciones de ciclos económicos; combatir y sancionar subejercicios y crear “disponibilidades” que, de existir, serían reasignadas por la Cámara de Diputados; e impulsar la elaboración de más eficientes y oportunas reglas de operación.
Revisaremos a detalle y vigilaremos la aplicación del programa trianual que obliga al Ejecutivo a reducir gasto corriente y aumentar inversión.
Impulsaremos la reconstrucción de la banca de desarrollo para fomentar la inversión y el empleo en la industria, comercio exterior, infraestructura y campo. Legislaremos para tener una política industrial moderna que aproveche las ventajas comparativas del país, acorde con las nuevas tendencias internacionales y del mercado interno.
Fortaleceremos el federalismo revisando la Ley de Coordinación Fiscal y atribuciones de delegados federales. Y buscaremos reformas para que el trabajo legislativo sea más eficiente y expedito.
Lo que los trabajadores y la clase media exigen es frenar los efectos de la crisis sobre su vida y recuperar la viabilidad del país; el clamor es detener la inseguridad y el deterioro de la economía familiar, que el gobierno haga bien y pronto su trabajo. Los priístas estamos abiertos al diálogo para lograr soluciones pertinentes con quienes antepongan el interés de la Nación a cualquier otro.
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