· La UE debe cambiar radicalmente la política de austeridad por otra que
lleve al crecimiento sostenible y al empleo
·
Lo que une a la inmensa mayoría
de los gobiernos y a las instituciones de la UE es aprovechar la crisis para desmantelar
el Estado social, empezando por el mercado de trabajo y las pensiones.
Esta
crisis, en la que cuanto más “hacemos los deberes” y más fuertes son los
castigos que nos imponen las instituciones comunitarias peor estamos, recuerda
este proverbio chino: “para salir del pozo, lo primero que hay que hacer es
dejar de cavar”. Es lo contrario de lo que, desde hace dos años y medio, se
viene imponiendo en Grecia, Irlanda, Portugal y, después, en España e Italia: seguir
ahondando en las llamadas políticas de “contracción expansiva”, de “devaluación
interna” y, generalmente, de austeridad y recortes.
El origen
de la política de austeridad es su equivocado diagnóstico: en general, el
problema no era el déficit y las deudas públicas, aunque incidieran en las
primas de riesgo de la deuda soberana. Principalmente, los problemas provienen
del sistema financiero, que concentró elevados volúmenes de activos tóxicos,
generando desconfianza y bloqueando el crédito en un contexto de altísimo
endeudamiento privado en todas las economías, ocasionando la recesión y el
incremento de los déficits públicos. En lugar de sanearlo y de crecer para
poder desendeudar, las medidas impuestas se dirigieron a recortar el gasto
público, lo que provocó más recesión, una mayor desconfianza en la capacidad
para devolver los préstamos y nuevas subidas de las primas de riesgo; a imponer
reformas estructurales cada vez más regresivas que solo han aumentado el paro y
deteriorado infraestructuras sociales básicas; y a subir impuestos indirectos,
lo que paraliza aún más el consumo.
Sin
embargo, el problema estaba en el endeudamiento privado y en la situación de
las entidades financieras. Y lo sigue estando. En haber proseguido durante
tantos años la estrategia del ladrillo y en no haber exigido a tiempo el
saneamiento de los activos de los bancos está la responsabilidad de las
autoridades españolas: de gobiernos y de entidades de control. Por ejemplo,
Cajas y Bancos despreciaban, a pesar de los informes que advertían de ello, los
riesgos de la burbuja inmobiliaria y mantuvieron durante años la
sobrevaloración de activos, mientras que desde el Banco de España se repetía
que el problema era la reforma laboral, sin advertir sobre esos problemas
centrales.
La estrategia
europea, por su parte, no ha contribuido a solucionar esos problemas sino a
crear otros. Olvidando que, como dijo Keynes, “es el periodo de auge y no de
depresión cuando es el momento de la austeridad”, las medidas europeas de
salida de la crisis no han solucionado ninguno de los problemas: los han
agravado todos. En nada permanente han mejorado la situación las sucesivas
cumbres, la creación de mecanismos de estabilización financiera, un nuevo
Tratado sobre la estabilidad, la coordinación y la gobernanza. Ni el préstamo
de un billón de euros (el 11% del PIB europeo) a los bancos al 1% de interés,
que les ha asegurado pingües beneficios comprando deuda pública a un interés
cinco y seis puntos superior, al tiempo que creaba un círculo vicioso infernal
entre bancos y deuda pública; esas ingentes cantidades no han llegado a la
actividad económica pero sí han servido para mantener artificialmente bancos
“zombies”.
Las
secuelas más dramáticas de la crisis se han extendido ya a casi un tercio de la
población comunitaria, la demanda interior se halla en caída libre en los
países en crisis y, globalmente, está a la baja en la zona euro. Y el riesgo de
que la moneda única estalle es cada vez más grande.
Seguir
con dicha política es un sinsentido desde un punto de vista económico. Así
razona uno de los cinco “sabios” que aconsejan al gobierno alemán, Peter
Bofinger: “La estrategia del gobierno federal alemán, que consiste en resolver
la crisis gracias a la máxima presión de los mercados y de medidas de austeridad
procíclicas impuestas con la ayuda de dicha presión, ha sufrido un naufragio
completo”.
Pero es también una ruina para el futuro de nuestro
país. Las medidas que se están tomando marcarán profunda y negativamente el
porvenir de la estructura socio-económica española. El desempleo conlleva
grandes costes humanos: entre otros, pérdida de renta a corto y largo plazo;
profundo efecto sobre la vida de los jóvenes, repercusiones sobre la salud de
los parados y de la esperanza de vida de los mismos (FMI,2010). El paro
implica, asimismo, descualificación profesional, desaprovechamiento y pérdida
de capital humano para el país.
Esta
obsesión depresiva conlleva, asimismo, un enorme destrozo del tejido
productivo. Nuestras empresas cotizadas en bolsa valen hoy la mitad que al
principio de la crisis y están mucho más expuestas a ser absorbidas, desde 2007
la quiebra de empresas ha aumentado un 400%, el cambio de modelo productivo
está parado.
Lo que
une a la inmensa mayoría de los gobiernos y a las instituciones de la UE es
aprovechar la crisis para desmantelar el Estado social, empezando por el
mercado de trabajo y las pensiones. A su vez, el sistema sanitario español,
modélico en el mundo por su relación entre calidad y gasto, ya no volverá a ser
el mismo. La reducción de dos puntos de las cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social mina aún más las bases del sistema contributivo, sin ninguna
negociación con los firmantes del Acuerdo Social. Los recortes en educación y
en política de I+D+I implicarán un retroceso que costará décadas recuperar. El
empobrecimiento y la pérdida de cohesión social condicionan la integración y la
competitividad de un país.
Necesitamos
más Europa, pero también otra Europa. La supervivencia del euro es inviable sin
una unión política. Hay que conceder al BCE los atributos que tiene un Banco
Central en cualquier país. Es necesario crear una unión bancaria y establecer
eurobonos. Tenemos, por supuesto, que ceder soberanía para una coordinación
cooperativa de la política presupuestaria. Y caminar hacia una mayor
armonización fiscal y social, para evitar el dumping e impedir la regresión
fiscal y social.
Todo
ello, sin embargo, llevará bastante tiempo., mientras que ahora necesitamos
medidas inmediatas y eficaces. Los países del norte exigen establecer primero
su modelo de gobierno europeo e imponer su orientación a los objetivos
enumerados en el párrafo anterior, en una caricatura asimétrica y deforme de
federalismo económico. En ese escenario, algunos países, como el nuestro,
corren el riesgo cierto de quedarse por el camino o estar condenados a la ruina
y a un papel subsidiario en el escenario europeo. Pero esa es una discusión
posterior ante la emergencia que nos acucia.
Queremos
devolver nuestras deudas, pero para ello necesitamos que la UE actúe ya. Que lo
haga posible cambiando radicalmente la política de austeridad por otra que
conduzca rápidamente al crecimiento sostenible y al empleo. Tan vital como ello
es que el BCE, directa o indirectamente, respalde nuestra deuda pública, facilitando
un plazo de diez años para su reducción a los niveles requeridos (plazo
establecido en EEUU), y asegurando la financiación a tipos de interés similares
a los que pagan los países centroeuropeos. Requerimos que el Gobierno español
sanee el sistema financiero, implicando a las entidades que sean sostenibles y
a los acreedores extranjeros, como parte integrante de la solución.
En fin,
es imperativo y urgente relanzar la creación masiva de empleo. Acabar con las
devaluaciones internas, y ampliar los plazos de reducción de los déficits, ya
tendría en sí mismo un efecto expansivo, pero es necesario un esfuerzo de
crecimiento sostenible mucho mayor y mucho más inmediato. Todo ello financiado
con impuestos propios de una UE que dispone de un Presupuesto raquítico. Se
precisa, igualmente, que los países más saneados aumenten su demanda interna
para favorecer el crecimiento de todos
Esta
alternativa económica es perfectamente posible. La dificultad proviene de la
oposición política, principalmente de Alemania.
Para
superarla necesitamos que Gobierno, oposición, organizaciones económicas y
sindicales, movimiento sindical europeo, organizaciones sociales, el conjunto
de los países más afectados, el Gobierno francés y algunos más se planten y se
nieguen a aplicar esta política de austeridad y exijan una política de
crecimiento. Y le digan claramente a la señora Merkel que si no se abordan ya
las medidas del corto plazo es ilusorio pensar en las de largo plazo, con lo
que ella tendrá también que asumir las consecuencias de no hacerlo.
Es hora
de que dejemos de cavar en el pozo. Y de saber si la señora Merkel quiere
salvar el euro, si desea que se queden en el euro solo los Estados más ricos, o
bien crear una UE neocolonial.
José
María Zufiaur es
representante de UGT en el Comité Económico y Social Europeo y Antonio
González, economista y representante de UGT en el CES español.
No hay comentarios:
Publicar un comentario