LA "REVELACIÓN" DE CORRAL

Samuel García / 24 Horas El Diario Sin Límites
 

La supuesta revelación que ha hecho el senador panista electo Javier Corral, sobre la injerencia del presidente Felipe Calderón en las decisiones adoptadas por los plenos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia en relación a la fusión entre Iusacell, la empresa de telefonía móvil de Ricardo Salinas Pliego, y Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, debe aclararse con toda amplitud.

En ello va la credibilidad de las instituciones y, por lo tanto, la confianza de las futuras inversiones. De acuerdo a lo publicado ayer por la prensa, Corral dijo textualmente: “Los juntó el Presidente de la República en su oficina de Los Pinos, a Mony de Swaan y a Pérez Motta, los juntó y ahí amarró el acuerdo dos semanas antes de la elección”.

El señalamiento que hace el panista de que los débiles condicionamientos que impusieron Cofeco y Cofetel a ambas televisoras para que incursionen conjuntamente en el mercado de la telefonía móvil responde a criterios políticos o personales dictados desde la Presidencia de la República, es grave para el futuro de un sector clave para el país.

Es tan grave que, de ser cierta la versión de Corral, la figura de regulación y supervisión se reduciría simplemente a comportarse como títere de los intereses del poder político en turno. Nada, entonces, habría cambiado sustancialmente en esta materia desde los años del régimen priista y del sexenio que presidió Fox.

En el fondo -si Corral habla con la verdad- lo que tendríamos es una simulación institucional para acallar las críticas sobre las verdaderas alianzas político-empresariales que imponen sus intereses particulares a los del interés público.

Por eso lo dicho por Corral es grave y requiere de una puntual aclaración y explicación. Más allá de si Cofetel y Cofeco son organismos que formalmente dependen del Ejecutivo federal, de lo que se trata es que ambos organismos están obligados a construir confianza entre los mercados de regulados y de usuarios a partir de decisiones técnicas orientadas estrictamente al interés público, como lo marcan las leyes que les dieron origen y las regulan.

Por ello, si lo dicho por Corral responde a los hechos, los miembros de ambos plenos, por congruencia y honestidad, debieron haber renunciado a sus encargos públicos.

Por todas esas graves implicaciones es que el panista y próximo senador de la República Javier Corral debe sustentar públicamente lo que ha dicho. En México nos hemos acostumbrado a que se lancen todo tipo de acusaciones y calumnias para sembrar sospechas y destruir trayectorias, sin asumir las consecuencias de ello. También es tiempo que los medios exijamos argumentos sólidos para hacer válida una declaración que pretende difundirse.

Del otro lado, el silencio del presidente Calderón, de los comisionados de Cofeco y de Cofetel sólo alimentará las sospechas sobre estas decisiones fuertemente controvertidas que, ciertamente, debilita a los organismos de regulación, destruye la confianza y ensombrece el panorama de las inversiones en México.