Alberto Barranco / El Universal
Integrados los 9 ingenios de la firma que
presidía Enrique Molina Sobrino en un concurso mercantil o procedimiento
de quiebra ordenada, pese a la promesa del gobierno de sanearlos para
venderlos a un valor mayor, hete aquí que el administrador y conciliador
de éste exige saber el destino de los recursos derivados de su
explotación.
La cifra, ¡válgame Dios!, alcanza el escándalo de 95
mil 904 millones de pesos, acumulados entre 2001, año en que se dio la
expropiación, y el actual.
El requerimiento señala, letra por
letra, que se “requiere la rendición de cuentas de los ingresos
obtenidos de las zafras entre 2001 y 2012 por un total de 95 mil 904
millones 64 mil 698 pesos y la aprobación de las gestiones y los actos
de administración que se han llevado a cabo”:
Como recordará
usted, en el insólito del amanecer del gobierno foxista, bajo el
pretexto de que la acumulación de deudas con entidades públicas colocaba
en grave riesgo su viabilidad, se decretó la expropiación de 27
ingenios de cuatro grupos empresariales que representaban 50% de la
producción de azúcar en el país.
Orquestado el golpe por los
entonces secretarios de Agricultura, Javier Usabiaga, y de Economía,
Luis Ernesto Derbez, con el aval a regañadientes del de Hacienda,
Francisco Gil Díaz, éste lo revertirían tres a los grupos afectados al
no demostrar el gobierno en los tribunales la utilidad pública de la
medida.
Estamos hablando del Grupo Azucarero México de Juan
Gallardo Thurlow; del Machado de Teresita Machado, y del Santos de
Alberto Santos de Hoyos.
Todos ellos, al ejecutarse la reversa,
se quejaron de que habían desaparecido misteriosamente las existencias
del dulce en bodegas al momento del acto de fuerza.
Los litigios están en la mesa.
Administrados
en el insólito por sociedades anónimas y por dos fideicomisos: uno de
comercialización y otro de financiamiento radicados ambos en Nacional
Financiera, bajo la rectoría de la Secretaría de Agricultura, la
rendición de cuentas se quedó en el aire.
De acuerdo con el
conciliador del concurso mercantil, durante el periodo de septiembre de
2001 al de agosto de 2012 los 9 ingenios de Caze vendieron azúcar por la
cantidad reclamada.
El desglose habla de 14 mil 429 millones por
parte del ingenio “El Potrero”, de 9 mil 358 de “El Modelo”; de 4 mil
345 del “San Miguelito”; de 6 mil 841 de “La Providencia”; de 4 mil 562
del Casasano “La Abeja”.
Además, está en el aire qué se hizo con
los 11 mil 990 millones vendidos por el ingenio de Atencingo; los 11 mil
831 del Emiliano Zapata; los 8 mil 800 del Plan de San Luis y los 19
mil 732 del Impulsora de la Cuenca del Papaloapan.
La pregunta es
simple: Si los ingresos llegaron a casi 100 mil millones de pesos, cómo
fue que resultaron insuficientes para cubrir los egresos.
Los datos se recopilaron de la Secretaría de Economía y la Unión Nacional de Cañeros.
En
la presunción del administrador y conciliador del concurso mercantil,
la responsabilidad del uso de los recursos se comparte entre las
sociedades anónimas, a quienes se pide cuentas por 17 mil 868 millones
de pesos, y los Fideicomisos, a los que a su vez se les reclama 78 mil
91 millones.
La exigencia alude a lo dispuesto por el artículo
172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que exige presentar
anualmente a la asamblea de accionistas los informes rendidos por el
administrador.
En un segundo documento se detalla el resultado de
la venta de azúcar en cada una de las zafras a partir del 2001-2002 y
hasta el 2011-2012.
El sospechosismo, naturalmente, apunta a que
la prisa del gobierno por vender los ingenios, pese a que no se ha
cerrado el concurso mercantil y pese a que está viva una reclamación de
Enrique Molina Sobrino para revertir la medida, obedece a la necesidad
de cerrar aparentemente un expediente negro que salpica a los gobierno
de Vicente Fox y Felipe Calderón.
La última y nos vamos.
La última y nos vamos.
Balance general
Empecinado
contra viento y marea, Petróleos Mexicanos en la oscura maniobra de
obtener el control de la petrolera española Repsol incrementando su
participación en el capital a 9%, hete aquí que la operación ha sido
ruinosa. En un año el valor de los papeles se ha caído en 52.8%.
De 30.51 dólares a que cotizaban al 30 de diciembre del año pasado, se ubican en 14.39.
La minusvalía es de 12 mil 389 millones de pesos, o si lo prefiere 923 millones 186 mil dólares.
La paraestatal realizó la operación al margen de su Consejo de Administración, vía una subsidiaria de PMI en Holanda.
¿Nextel al ataque?
La
primera firma en levantar la mano frente a la posibilidad de que se
licite el espectro de la banda de 2.5 gigahercios es Nextel.
La
empresa se había aliado con Televisa en la coyuntura de la licitación de
la banda de 1.7 gigahercios, hacia la posibilidad de crear una empresa
conjunta para servicios de banda ancha.
La alianza se rompió pese
a que la compañía de EU había obtenido la posibilidad de explotar una
red nacional de 30 megahercios. La firma de Azcárraga decidió jugar la
ficha con Iusacell.
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