Rogelio Ramírez de la O / El Universal
Desde que se publicó hace dos semanas la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares para 2010 era evidente que la pobreza estaba en aumento. Las cifras confirman que entre 2008 y 2010 aumentaron los pobres en 5.4 millones, tomando en cuenta que su ingreso está por debajo del mínimo de bienestar, o sea, 2 mil 114 pesos en áreas urbanas y mil 329 en las rurales. La cifra de pobres ahora representa el 57.7% de la población total de México.
Por cierto, en el punto medio de la distribución el ingreso es de 5 mil 630 pesos por mes, apenas suficiente para cubrir los gastos básicos. Eso es lo que podría considerarse como clase media, aunque según el estudio de De la Riva Group sólo el 32% es clase media, pero el 81% se considera de la clase media.
La pobreza es resultado del gran desplome económico de 2009, pero también de la política que aplicó el gobierno para sortearla. Como esta política fue sobrecautelosa, a tal grado que aun antes de superar la crisis ya estaban el PAN y el PRI acordando el aumento de impuestos, lo lógico es que haya magnificado el efecto de la recesión. Los datos de pobreza e ingreso, así como sus efectos económicos y sociales, son el otro parámetro —aparte de la estabilidad macroeconómica— con el que hay que juzgar la eficiencia de la política económica.
Una política que requiere, para cumplir sus metas, de aumentar impuestos en medio de una recesión no es eficiente porque magnifica la recesión. Además contribuye a los conflictos, entre otros, el crimen, la informalidad e invasión de calles por ambulantes y el achicamiento de mercados para las empresas.
Los costos de estos impactos son inmensos y eso es lo que hay que ponderar cuando hablamos de estabilidad macro. No es que la estabilidad esté reñida con el bienestar, sino que en condiciones de verdadero desafío se requiere de un poco más de imaginación y capacidad de operar soluciones puntuales, aunque parciales.
En cambio, el gobierno mexicano aumentó impuestos y retrasó obras de infraestructura que ya había anunciado. Hoy está por terminar el sexenio y no se cumplió ninguno de los grandes proyectos y muchos de los pequeños de infraestructura permanecen inconclusos.
Precisamente esta rigidez de política económica, aun cuando el gobierno contó con cuantiosos recursos, es la razón de la crítica de muchos, incluso en los organismos internacionales, sobre el rumbo que sigue México. Como un navegante que nunca llega a puerto alguno, tan sólo checando su brújula.
No se trataba en el caso de 2009 de haber aumentado sin medida el gasto público. Se habría podido reorientar mucho gasto inútil que hace el gobierno hacia fines productivos, sin alterar mucho las cifras agregadas. Por supuesto, habría requerido mucho trabajo en la preparación de proyectos de emergencia y en su ejecución.
Tampoco se trata de seguir repitiendo el llamado a “las reformas”, como recetario universal que por sí mismo puede reducir la pobreza. Más bien al contrario. Si los legisladores no aprobaran gastos improductivos ni impuestos que causan más daño que la recaudación que arrojan (IDE o IETU), ayudarían mucho más que lo que hoy ayudan. La recaudación debió siempre haberse impulsado con mejoras al ISR y no con nuevos y distorsionantes impuestos.
Si no se permitiera que las tarifas de electricidad fueran tan excesivas como son, comparadas con las de EU, la industria podría producir más. La mejora en la eficiencia de la economía no se trata de grandes reformas, sino de medidas de sentido común tomadas por autoridades con sensibilidad.
Analista económico
Desde que se publicó hace dos semanas la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares para 2010 era evidente que la pobreza estaba en aumento. Las cifras confirman que entre 2008 y 2010 aumentaron los pobres en 5.4 millones, tomando en cuenta que su ingreso está por debajo del mínimo de bienestar, o sea, 2 mil 114 pesos en áreas urbanas y mil 329 en las rurales. La cifra de pobres ahora representa el 57.7% de la población total de México.
Por cierto, en el punto medio de la distribución el ingreso es de 5 mil 630 pesos por mes, apenas suficiente para cubrir los gastos básicos. Eso es lo que podría considerarse como clase media, aunque según el estudio de De la Riva Group sólo el 32% es clase media, pero el 81% se considera de la clase media.
La pobreza es resultado del gran desplome económico de 2009, pero también de la política que aplicó el gobierno para sortearla. Como esta política fue sobrecautelosa, a tal grado que aun antes de superar la crisis ya estaban el PAN y el PRI acordando el aumento de impuestos, lo lógico es que haya magnificado el efecto de la recesión. Los datos de pobreza e ingreso, así como sus efectos económicos y sociales, son el otro parámetro —aparte de la estabilidad macroeconómica— con el que hay que juzgar la eficiencia de la política económica.
Una política que requiere, para cumplir sus metas, de aumentar impuestos en medio de una recesión no es eficiente porque magnifica la recesión. Además contribuye a los conflictos, entre otros, el crimen, la informalidad e invasión de calles por ambulantes y el achicamiento de mercados para las empresas.
Los costos de estos impactos son inmensos y eso es lo que hay que ponderar cuando hablamos de estabilidad macro. No es que la estabilidad esté reñida con el bienestar, sino que en condiciones de verdadero desafío se requiere de un poco más de imaginación y capacidad de operar soluciones puntuales, aunque parciales.
En cambio, el gobierno mexicano aumentó impuestos y retrasó obras de infraestructura que ya había anunciado. Hoy está por terminar el sexenio y no se cumplió ninguno de los grandes proyectos y muchos de los pequeños de infraestructura permanecen inconclusos.
Precisamente esta rigidez de política económica, aun cuando el gobierno contó con cuantiosos recursos, es la razón de la crítica de muchos, incluso en los organismos internacionales, sobre el rumbo que sigue México. Como un navegante que nunca llega a puerto alguno, tan sólo checando su brújula.
No se trataba en el caso de 2009 de haber aumentado sin medida el gasto público. Se habría podido reorientar mucho gasto inútil que hace el gobierno hacia fines productivos, sin alterar mucho las cifras agregadas. Por supuesto, habría requerido mucho trabajo en la preparación de proyectos de emergencia y en su ejecución.
Tampoco se trata de seguir repitiendo el llamado a “las reformas”, como recetario universal que por sí mismo puede reducir la pobreza. Más bien al contrario. Si los legisladores no aprobaran gastos improductivos ni impuestos que causan más daño que la recaudación que arrojan (IDE o IETU), ayudarían mucho más que lo que hoy ayudan. La recaudación debió siempre haberse impulsado con mejoras al ISR y no con nuevos y distorsionantes impuestos.
Si no se permitiera que las tarifas de electricidad fueran tan excesivas como son, comparadas con las de EU, la industria podría producir más. La mejora en la eficiencia de la economía no se trata de grandes reformas, sino de medidas de sentido común tomadas por autoridades con sensibilidad.
Analista económico
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