SALVADOR CAMARENA / EL PAÍS
El México de los migrantes es, según testimonios dados a conocer hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un país donde madres, esposas, hermanos y hermanas viven un calvario al buscar durante meses e incluso años "a sus seres queridos"; un territorio donde ocurren violaciones sexuales individuales y masivas; donde se perpetran secuestros con fines de extorsión y otros para explotar sexualmente a la víctima, y donde no se denuncian los ilícitos por miedo a "sufrir represalias de parte de la delincuencia organizada o de agentes estatales".
Por ello, y preocupada por la "grave situación de seguridad que viven los migrantes, tanto extranjeros como mexicanos, en su tránsito por México", la CIDH ha presentado hoy al Estado mexicano un pliego de 13 recomendaciones preliminares para que se "garantice de manera inmediata la vida y la integridad personales de los migrantes mediante acciones concretas que faciliten el tránsito seguro de todos". Entre las sugerencias del máximo organismo vigilante de los derechos humanos de América destacan la propuesta de convertir en una excepción los casos de detención de los indocumentados, otorgar un visado de 180 días a los migrantes y abrir las estaciones migratorias del Gobierno a la supervisión de la sociedad civil.
Después de una visita de 10 días de una delegación integrada por cuatro personas -encabezada por el chileno Felipe González, relator de los trabajadores migratorios de la CIDH-, el organismo denunció que en México los sin papeles "son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros y violaciones sexuales" y, en el caso de los extranjeros, también de discriminación.
La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó cuatro Estados de la llamada "ruta del migrante" (Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas), territorio donde miles de indocumentados se juegan la vida cada año en su intento por llegar a Estados Unidos. Se calcula que unas 400.000 personas transitan por suelo mexicano anualmente. De ellos, según cálculos de diversos organismos, incluida la oficina del Ombudsman de México, hasta 20.000 personas al año serían víctimas de secuestro por bandas criminales, particularmente de Los Zetas.
Al presentar sus recomendaciones preliminares, el relator González apuntó que se van con un sentimiento mixto. Ponderó que las autoridades mexicanas les mostraron una serie de iniciativas que denotan avances, pero que la realidad que pudieron palpar es dramática.
"Hay una serie de avances cuya efectividad está por demostrarse", apuntó González a la prensa. "La Relatoría manifiesta su preocupación en cuanto a que la Ley de Migración no incorpora el principio de la excepcionalidad de la detención", asentaron en el documento. Por ello exigieron a los legisladores mexicanos que al establecer el reglamento de dicha ley se especifique esa política.
El relator señaló además que dotar de un permiso de entrada a México a los migrantes extranjeros ayudaría a "lograr que la integridad personal y el derecho a la vida se respeten. Se trataría de un permiso de 180 días de duración para que al menos en México estén en situación de seguridad".
Entre las recomendaciones, la CIDH pide establecer centros de atención a migrantes, facilitar medios de transporte seguros, garantizar la seguridad en todas las terminales de transporte y en los albergues (donde muchas veces ocurren los secuestros), que cualquier organismo civil acreditado pueda visitar las estaciones migratorias para verificar la integridad de los ahí retenidos, proteger a los defensores de los derechos humanos de los migrantes y la protección de las víctimas y los testigos de delitos contra migrantes.
Aunque trabajarán en la formulación final de las recomendaciones, González fue claro al sentenciar que "este es el momento para que se produzcan estos cambios".
Las recomendaciones de la CIDH surgieron después de recibir cientos de testimonios de migrantes secuestrados que lograron escapar de grupos donde había centenares como ellos, y de otros que atestiguaron "matanzas de decenas de personas durante su cautiverio [...] así como de personas, como los integrantes de la caravana de centroamericanos Paso a Paso hacia la Paz, que buscan a sus familiares que intentaron emigrar y de los cuales no tienen noticia desde hace meses e incluso años".
Por ello, y preocupada por la "grave situación de seguridad que viven los migrantes, tanto extranjeros como mexicanos, en su tránsito por México", la CIDH ha presentado hoy al Estado mexicano un pliego de 13 recomendaciones preliminares para que se "garantice de manera inmediata la vida y la integridad personales de los migrantes mediante acciones concretas que faciliten el tránsito seguro de todos". Entre las sugerencias del máximo organismo vigilante de los derechos humanos de América destacan la propuesta de convertir en una excepción los casos de detención de los indocumentados, otorgar un visado de 180 días a los migrantes y abrir las estaciones migratorias del Gobierno a la supervisión de la sociedad civil.
Después de una visita de 10 días de una delegación integrada por cuatro personas -encabezada por el chileno Felipe González, relator de los trabajadores migratorios de la CIDH-, el organismo denunció que en México los sin papeles "son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros y violaciones sexuales" y, en el caso de los extranjeros, también de discriminación.
La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó cuatro Estados de la llamada "ruta del migrante" (Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas), territorio donde miles de indocumentados se juegan la vida cada año en su intento por llegar a Estados Unidos. Se calcula que unas 400.000 personas transitan por suelo mexicano anualmente. De ellos, según cálculos de diversos organismos, incluida la oficina del Ombudsman de México, hasta 20.000 personas al año serían víctimas de secuestro por bandas criminales, particularmente de Los Zetas.
Al presentar sus recomendaciones preliminares, el relator González apuntó que se van con un sentimiento mixto. Ponderó que las autoridades mexicanas les mostraron una serie de iniciativas que denotan avances, pero que la realidad que pudieron palpar es dramática.
"Hay una serie de avances cuya efectividad está por demostrarse", apuntó González a la prensa. "La Relatoría manifiesta su preocupación en cuanto a que la Ley de Migración no incorpora el principio de la excepcionalidad de la detención", asentaron en el documento. Por ello exigieron a los legisladores mexicanos que al establecer el reglamento de dicha ley se especifique esa política.
El relator señaló además que dotar de un permiso de entrada a México a los migrantes extranjeros ayudaría a "lograr que la integridad personal y el derecho a la vida se respeten. Se trataría de un permiso de 180 días de duración para que al menos en México estén en situación de seguridad".
Entre las recomendaciones, la CIDH pide establecer centros de atención a migrantes, facilitar medios de transporte seguros, garantizar la seguridad en todas las terminales de transporte y en los albergues (donde muchas veces ocurren los secuestros), que cualquier organismo civil acreditado pueda visitar las estaciones migratorias para verificar la integridad de los ahí retenidos, proteger a los defensores de los derechos humanos de los migrantes y la protección de las víctimas y los testigos de delitos contra migrantes.
Aunque trabajarán en la formulación final de las recomendaciones, González fue claro al sentenciar que "este es el momento para que se produzcan estos cambios".
Las recomendaciones de la CIDH surgieron después de recibir cientos de testimonios de migrantes secuestrados que lograron escapar de grupos donde había centenares como ellos, y de otros que atestiguaron "matanzas de decenas de personas durante su cautiverio [...] así como de personas, como los integrantes de la caravana de centroamericanos Paso a Paso hacia la Paz, que buscan a sus familiares que intentaron emigrar y de los cuales no tienen noticia desde hace meses e incluso años".
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