Jorge A. Chávez Presa / El Universal
Hoy es el último día para dar de alta nuestros teléfonos celulares en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (Renaut). Fueron casi once meses, desde la fecha de la publicación de las reglas emitidas por la Cofetel hasta este día, del tiempo que dispusimos. No obstante este amplio plazo, al 3 de abril faltaban aún por registrarse cerca de 30 millones de aparatos de telefonía celular, casi el 38% del total.
Para un país que no tiene cultura del registro y donde además hubo renuencia por parte de los operadores y apatía por parte de la autoridad competente para promoverlo, podría decirse que la cifra no está mal. Sin embargo, para una decisión de política pública, especialmente dirigida al combate de la delincuencia, e independientemente de que haya sido acertada o no, fue una disposición que se originó por una exigencia de la población por más seguridad que derivó en la reforma de una ley.
Este es el punto relevante, del cual no se puede quitar el dedo del renglón. Los mexicanos tenemos que definirnos explícitamente por la formalidad, de lo contrario ¿cómo podremos construir un Estado moderno si prevalece el desprecio a los registros, aunado a la denigración continua y sistemática de los políticos y servidores públicos, si del otro lado de la ecuación del quehacer democrático están los ciudadanos exigiendo derechos pero incumpliendo las obligaciones más elementales? Las transformaciones de gran calado son sólo posibles si como sociedad nos definimos y nos ponemos a trabajar para superar los déficit institucionales.
A donde miremos encontramos estos lastres, como es el caso de nuestra recaudación tributaria, que es de las más bajas comparada con otras economías de la OCDE e incluso de América Latina. Nuestra Constitución nos obliga a constituir dos registros fundamentales (véase el artículo 36: “Son obligaciones del ciudadano de la República: I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes;…”). Pero, el país ha reprobado en el primero, no así en el segundo. Esto obliga a preguntarnos, ¿por qué en un caso sí logramos algo con un nivel de confianza relativamente alto y en el otro se fracasa rotundamente?
La respuesta se encuentra en los incentivos. En el caso del padrón electoral, que ya casi llega a los 80 millones, mientras que la lista nominal ya supera a los 78 millones, lo que aproxima a las personas con credencial para votar, ahí se alinearon los incentivos. Para empezar, encontramos la motivación política por tener elecciones creíbles, lo que condujo a tener un IFE ciudadano y a ponerle foto a la credencial. Luego, un accidente favorable, la necesidad cotidiana de tener un medio confiable de identificación, que de facto se ha vuelto oficial. Los jóvenes buscan tenerla para poder entrar a los antros y pedir bebidas alcohólicas. Es un documento que se requiere para tener pasaporte, llevar a cabo operaciones bancarias y trámites ante notario. El interés de la gente por tener esta identificación de expedición gratuita es de tanta, que está dispuesta a perder un día para obtenerla.
En el otro extremo está el caso del catastro y del registro de contribuyentes, sea federal o estatal. ¿Quién creería que aunque se trata de dinero para las haciendas públicas, no se haya alcanzado el éxito requerido? Si bien el Registro Federal de Contribuyentes ha mostrado un crecimiento sin precedentes desde la reforma del 2003 del SAT impulsada desde el Congreso, superando por unanimidad en ambas cámaras el veto del presidente Fox, los registros son menores a la población económicamente activa. Hasta antes del 2009 el número de patrones registrados en el IMSS superaba al de las personas morales contempladas en el Registro Federal de Contribuyentes. En el caso del IMSS, también los incentivos juegan a favor, pues son los mismos trabajadores los que involuntariamente cooperan para mantener en la raya a su patrón al momento de requerir el acceso a los servicios de salud, o la pensión.
Podemos continuar la lista de registros, como el civil; el de la propiedad; el de profesiones, o el fallido de automóviles, que le costó la vida a nuestro querido amigo y colega Raúl Ramos Tercero, y cuya necesidad empujó su relanzamiento con otro nombre (Repuve). Es en el avance de estos registros donde la autoridad y el ciudadano muestran el grado de compromiso con la formalidad.
Con el Renaut, las autoridades tienen una oportunidad de oro. Los incentivos están alineados para conformar un buen registro a la brevedad. Tanto la tecnología, la facilidad del trámite, así como la necesidad del usuario por mantenerse comunicado, y la de los operadores de generar más ingresos, lo facilitan. Es loable la actitud adoptada por el Senado y la de la Cofetel en mantener firmeza y no extender el plazo. Aunque la medida de suspensión del servicio parece drástica, esta experiencia, por insignificante que parezca, puede marcar un parteaguas en aceptar y respetar los límites de las reglas de juego en sociedad. Si tiene CURP, registre su celular escribiendo al 2877: “Alta.CURP”.
Hoy es el último día para dar de alta nuestros teléfonos celulares en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (Renaut). Fueron casi once meses, desde la fecha de la publicación de las reglas emitidas por la Cofetel hasta este día, del tiempo que dispusimos. No obstante este amplio plazo, al 3 de abril faltaban aún por registrarse cerca de 30 millones de aparatos de telefonía celular, casi el 38% del total.
Para un país que no tiene cultura del registro y donde además hubo renuencia por parte de los operadores y apatía por parte de la autoridad competente para promoverlo, podría decirse que la cifra no está mal. Sin embargo, para una decisión de política pública, especialmente dirigida al combate de la delincuencia, e independientemente de que haya sido acertada o no, fue una disposición que se originó por una exigencia de la población por más seguridad que derivó en la reforma de una ley.
Este es el punto relevante, del cual no se puede quitar el dedo del renglón. Los mexicanos tenemos que definirnos explícitamente por la formalidad, de lo contrario ¿cómo podremos construir un Estado moderno si prevalece el desprecio a los registros, aunado a la denigración continua y sistemática de los políticos y servidores públicos, si del otro lado de la ecuación del quehacer democrático están los ciudadanos exigiendo derechos pero incumpliendo las obligaciones más elementales? Las transformaciones de gran calado son sólo posibles si como sociedad nos definimos y nos ponemos a trabajar para superar los déficit institucionales.
A donde miremos encontramos estos lastres, como es el caso de nuestra recaudación tributaria, que es de las más bajas comparada con otras economías de la OCDE e incluso de América Latina. Nuestra Constitución nos obliga a constituir dos registros fundamentales (véase el artículo 36: “Son obligaciones del ciudadano de la República: I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes;…”). Pero, el país ha reprobado en el primero, no así en el segundo. Esto obliga a preguntarnos, ¿por qué en un caso sí logramos algo con un nivel de confianza relativamente alto y en el otro se fracasa rotundamente?
La respuesta se encuentra en los incentivos. En el caso del padrón electoral, que ya casi llega a los 80 millones, mientras que la lista nominal ya supera a los 78 millones, lo que aproxima a las personas con credencial para votar, ahí se alinearon los incentivos. Para empezar, encontramos la motivación política por tener elecciones creíbles, lo que condujo a tener un IFE ciudadano y a ponerle foto a la credencial. Luego, un accidente favorable, la necesidad cotidiana de tener un medio confiable de identificación, que de facto se ha vuelto oficial. Los jóvenes buscan tenerla para poder entrar a los antros y pedir bebidas alcohólicas. Es un documento que se requiere para tener pasaporte, llevar a cabo operaciones bancarias y trámites ante notario. El interés de la gente por tener esta identificación de expedición gratuita es de tanta, que está dispuesta a perder un día para obtenerla.
En el otro extremo está el caso del catastro y del registro de contribuyentes, sea federal o estatal. ¿Quién creería que aunque se trata de dinero para las haciendas públicas, no se haya alcanzado el éxito requerido? Si bien el Registro Federal de Contribuyentes ha mostrado un crecimiento sin precedentes desde la reforma del 2003 del SAT impulsada desde el Congreso, superando por unanimidad en ambas cámaras el veto del presidente Fox, los registros son menores a la población económicamente activa. Hasta antes del 2009 el número de patrones registrados en el IMSS superaba al de las personas morales contempladas en el Registro Federal de Contribuyentes. En el caso del IMSS, también los incentivos juegan a favor, pues son los mismos trabajadores los que involuntariamente cooperan para mantener en la raya a su patrón al momento de requerir el acceso a los servicios de salud, o la pensión.
Podemos continuar la lista de registros, como el civil; el de la propiedad; el de profesiones, o el fallido de automóviles, que le costó la vida a nuestro querido amigo y colega Raúl Ramos Tercero, y cuya necesidad empujó su relanzamiento con otro nombre (Repuve). Es en el avance de estos registros donde la autoridad y el ciudadano muestran el grado de compromiso con la formalidad.
Con el Renaut, las autoridades tienen una oportunidad de oro. Los incentivos están alineados para conformar un buen registro a la brevedad. Tanto la tecnología, la facilidad del trámite, así como la necesidad del usuario por mantenerse comunicado, y la de los operadores de generar más ingresos, lo facilitan. Es loable la actitud adoptada por el Senado y la de la Cofetel en mantener firmeza y no extender el plazo. Aunque la medida de suspensión del servicio parece drástica, esta experiencia, por insignificante que parezca, puede marcar un parteaguas en aceptar y respetar los límites de las reglas de juego en sociedad. Si tiene CURP, registre su celular escribiendo al 2877: “Alta.CURP”.
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