Jesús Reyes-Heroles G.G. / El Universal
Debe ponerse fin a la fantasía de que México puede prosperar sin pagar impuestos. La precariedad fiscal del país, es decir la insuficiencia de las erogaciones del gobierno en inversión y gasto, que se corresponde con una insuficiencia de los ingresos del sector público —en particular de los tributarios—, es una característica estructural de las finanzas públicas del país. Se trata de la principal deficiencia de gestión gubernamental acumulada durante décadas: ha sido un rasgo intrínseco de la economía mexicana y no es producto de la coyuntura del 2008-2009.
Para que el gobierno cumpla con sus funciones (que se acate el régimen jurídico, procurar la estabilidad de precios, regular los mercados, corregir externalidades, proporcionar bienes públicos y redistribuir el ingreso) requiere contar con los recursos mínimos que le permitan hacerlo de manera eficiente. Pero la inhabilidad para superar estas carencias ha mermado la capacidad del Estado mexicano para cumplir con dichas funciones.
Desde inicios de los años 80, la economía mexicana no ha crecido con rapidez (2.5% anual 1983-2008) ni ha generado suficiente empleo formal (3.1% por año). Lo anterior ha ocasionado que la pobreza patrimonial disminuyera poco, de 53.1 millones en 1992 a 47.4 en 2008, y que el ingreso se haya mantenido muy concentrado: en 2005 el decil I recibió 1.2% del ingreso, mientras el X concentró 40.3%.
En 2008 el gasto público del gobierno total (federal, estatales, municipales y seguridad social) fue equivalente a 23.7% del PIB, en comparación con 41.5% en promedio para los países de la OCDE. Por tanto, México observó una “brecha de gasto” del orden de 17.8% del PIB. Esa falta de recursos para gasto público ha conducido a un sinfín de reducciones del “gasto corriente”, más simbólicas que pertinentes, y a una verdadera satanización de éste, que por sí mismo no es superfluo sino indispensable. Destacan las insuficiencias en salud, infraestructura carretera, equipamiento urbano, suministro de agua potable y tratamiento de agua, además de la sub inversión en Pemex y el insuficiente fondeo de múltiples sistemas de pensiones.
Esa brecha de gasto se corresponde con una brecha de ingresos. Según la OCDE, en 2006 los Ingresos Fiscales Totales (IFT) en México fueron equivalentes a 20.6% del PIB, en comparación con 34.2% para los países con estructura federal. El resultado es una brecha de ingresos del orden de 13 a 14% del PIB. Es relevante señalar que esta brecha no surge sobre todo de deficiencias en la recaudación federal pues, por ejemplo, en 2003, último año con estadísticas comparables, ésta fue equivalente a 11.9% del PIB, en comparación con 14.8% para la OCDE; esto es, una brecha a nivel federal de 2.9% del PIB. En lo que se refiere a los ingresos de los estados, la brecha es mayor: 4.4% del PIB (México recaudó 3.0% y la OCDE 7.4%). La brecha para los gobiernos locales también es sustancial: 0.9% en México versus 2.8% promedio para la OCDE. Pero, la brecha más importante se refiere a los ingresos de la seguridad social, que ese año alcanzaron 3.2% del PIB frente a 9.9% en la OCDE.
La descripción anterior conlleva una advertencia: la integración del ingreso debe ser consistente con el diseño del país que se visualice, de lo contrario, como está sucediendo ahora, puede caerse en la trampa de poner énfasis excesivo en recaudación adicional del gobierno federal, y no en cerrar las otras brechas, provocando un desbalance entre fuentes de ingreso que pone en riesgo la viabilidad de cualquier propuesta. La falta de reforma fiscal durante lustros se refleja en el decepcionante esfuerzo recaudatorio (IFT) realizado durante el último cuarto de siglo.
Para acabar con la fantasía “prosperidad sin causación”, durante los próximos meses la negociación de la “reforma fiscal” debe circunscribirse a acordar sólo lo estrictamente indispensable: que sea fiscal (ingreso-gasto); que sea integral (IFT) y abarque una nueva coordinación fiscal; que se estipule a cuánto deben llegar los IFT y cuánto recaudar por cada fuente; que sea multianual y gradual; y que en paralelo defina una estructura objetivo de gasto público que responda a las aspiraciones del país. No más, pero tampoco menos.
Economista. Presidente de StructurA.
Debe ponerse fin a la fantasía de que México puede prosperar sin pagar impuestos. La precariedad fiscal del país, es decir la insuficiencia de las erogaciones del gobierno en inversión y gasto, que se corresponde con una insuficiencia de los ingresos del sector público —en particular de los tributarios—, es una característica estructural de las finanzas públicas del país. Se trata de la principal deficiencia de gestión gubernamental acumulada durante décadas: ha sido un rasgo intrínseco de la economía mexicana y no es producto de la coyuntura del 2008-2009.
Para que el gobierno cumpla con sus funciones (que se acate el régimen jurídico, procurar la estabilidad de precios, regular los mercados, corregir externalidades, proporcionar bienes públicos y redistribuir el ingreso) requiere contar con los recursos mínimos que le permitan hacerlo de manera eficiente. Pero la inhabilidad para superar estas carencias ha mermado la capacidad del Estado mexicano para cumplir con dichas funciones.
Desde inicios de los años 80, la economía mexicana no ha crecido con rapidez (2.5% anual 1983-2008) ni ha generado suficiente empleo formal (3.1% por año). Lo anterior ha ocasionado que la pobreza patrimonial disminuyera poco, de 53.1 millones en 1992 a 47.4 en 2008, y que el ingreso se haya mantenido muy concentrado: en 2005 el decil I recibió 1.2% del ingreso, mientras el X concentró 40.3%.
En 2008 el gasto público del gobierno total (federal, estatales, municipales y seguridad social) fue equivalente a 23.7% del PIB, en comparación con 41.5% en promedio para los países de la OCDE. Por tanto, México observó una “brecha de gasto” del orden de 17.8% del PIB. Esa falta de recursos para gasto público ha conducido a un sinfín de reducciones del “gasto corriente”, más simbólicas que pertinentes, y a una verdadera satanización de éste, que por sí mismo no es superfluo sino indispensable. Destacan las insuficiencias en salud, infraestructura carretera, equipamiento urbano, suministro de agua potable y tratamiento de agua, además de la sub inversión en Pemex y el insuficiente fondeo de múltiples sistemas de pensiones.
Esa brecha de gasto se corresponde con una brecha de ingresos. Según la OCDE, en 2006 los Ingresos Fiscales Totales (IFT) en México fueron equivalentes a 20.6% del PIB, en comparación con 34.2% para los países con estructura federal. El resultado es una brecha de ingresos del orden de 13 a 14% del PIB. Es relevante señalar que esta brecha no surge sobre todo de deficiencias en la recaudación federal pues, por ejemplo, en 2003, último año con estadísticas comparables, ésta fue equivalente a 11.9% del PIB, en comparación con 14.8% para la OCDE; esto es, una brecha a nivel federal de 2.9% del PIB. En lo que se refiere a los ingresos de los estados, la brecha es mayor: 4.4% del PIB (México recaudó 3.0% y la OCDE 7.4%). La brecha para los gobiernos locales también es sustancial: 0.9% en México versus 2.8% promedio para la OCDE. Pero, la brecha más importante se refiere a los ingresos de la seguridad social, que ese año alcanzaron 3.2% del PIB frente a 9.9% en la OCDE.
La descripción anterior conlleva una advertencia: la integración del ingreso debe ser consistente con el diseño del país que se visualice, de lo contrario, como está sucediendo ahora, puede caerse en la trampa de poner énfasis excesivo en recaudación adicional del gobierno federal, y no en cerrar las otras brechas, provocando un desbalance entre fuentes de ingreso que pone en riesgo la viabilidad de cualquier propuesta. La falta de reforma fiscal durante lustros se refleja en el decepcionante esfuerzo recaudatorio (IFT) realizado durante el último cuarto de siglo.
Para acabar con la fantasía “prosperidad sin causación”, durante los próximos meses la negociación de la “reforma fiscal” debe circunscribirse a acordar sólo lo estrictamente indispensable: que sea fiscal (ingreso-gasto); que sea integral (IFT) y abarque una nueva coordinación fiscal; que se estipule a cuánto deben llegar los IFT y cuánto recaudar por cada fuente; que sea multianual y gradual; y que en paralelo defina una estructura objetivo de gasto público que responda a las aspiraciones del país. No más, pero tampoco menos.
Economista. Presidente de StructurA.
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