Jesusa Cervantes / Proceso
A cinco meses de haber sido designado secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo acudirá a la Cámara de Diputados para explicar el “batidero” financiero en que incurrió su antecesor, Agustín Carstens, durante los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón.
En su comparecencia ante los diputados, entre el 5 y el 10 de abril, Cordero Arroyo detallará cómo le hará el gobierno federal para poner en marcha el programa de “reducción de gasto público” exigido por el Poder Legislativo el pasado 15 de noviembre.
El titular de Hacienda tendrá que desmenuzar el programa mediante el cual la administración de Felipe Calderón pretende ahorrar en tres años 40 mil 100 millones de pesos. O sea, que deberá explicar a los legisladores de qué manera el Ejecutivo recortará a su engordado aparato burocrático 13 mil 400 millones de pesos este año y una cantidad similar en 2011 y en 2012.
Se espera que el día de la comparecencia, los diputados, priistas en su mayoría, con la anuencia del Partido del Trabajo, Convergencia, Verde Ecologista, Nueva Alianza –y quizá el PRD–, le reclamen a Cordero el insulto al mandato del Poder Legislativo, debido a que el gobierno pretende disminuir sólo una “mínima cantidad” para mantener el inoperante aparato burocrático del país.
Además, aprovecharán el escenario para que el funcionario federal explique el erróneo manejo de las finanzas públicas durante los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón.
Y lo harán así porque en estos momentos, justamente, la Auditoria Superior de la Federación revisa junto con los diputados la cuenta pública federal de 2008, y los hallazgos han sido “escandalosos”, “insultantes”, según los priistas. Es “prueba de un fraude a la nación”, según los petistas.
Para arreciar sus críticas contra el calderonismo y dar una muestra de que éste sí es un gobierno fallido, por lo menos en cuanto al manejo de las finanzas se refiere, los legisladores empezarán por reclamarle a Cordero cómo es posible que Calderón ofrezca un plan de austeridad donde se compromete a disminuir sus gastos por 13 mil millones de pesos por año, cuando tan sólo en 2008 gastó 6 mil 500 millones de pesos para el pago de salarios de secretarios, subsecretarios y directivos de la alta burocracia.
Esos mismos directivos, que en 2008 le costaron a los mexicanos 6 mil 500 millones de pesos, son los mismos que hoy tienen al país en una crítica situación económica.
¿De dónde proviene esta aseveración, además de lo que se vive y ve diariamente? De los datos duros que el propio gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados en su cuenta pública de 2008, pero aún debe explicar cuánto dinero entró a la nación y cuánto dinero se gastó.
Los documentos en cuestión son analizados por la Auditoria Superior de la Federación y por los propios legisladores. Y los primeros hallazgos realmente provocan indignación.
Por ejemplo, Agustín Carstens, el primer secretario de Hacienda del calderonismo, dilapidó no solamente los millonarios recursos adicionales que la administración federal obtuvo gracias al elevado precio del petróleo, sino que además recurrió a la llamada “ingeniería financiera” para que, al ser analizados esos recursos por parte de la Congreso, no se supiera dónde quedaron.
Un dato más: En 2007 el gobierno obtuvo recursos adicionales por 247 mil 400 millones de pesos. Ese dinero, según la Cámara de Diputados, debe ser utilizado para promover la inversión del país, que a su vez debe generar empleos. Lo que hizo Agustín Carstens, y de lo que hasta ahora se enteran los legisladores, dado que apenas están revisando la cuenta pública de 2008, es que parte de esos recursos de 2007 estuvieron congelados y luego fueron usados para “nivelar” las finanzas públicas de 2008. Es decir, Carstens mezcló ingresos de 2007 con los de 2008.
Lo anterior no sólo es grave porque va en contra de toda política financiera, sino, además, porque hace casi imposible saber en qué se usaron los recursos. Se incurrió, pues, en un desvío de dinero.
Otro dato: En 2008 hubo ingresos excedentes de recursos por 315 mi 500 millones de pesos, pero hasta ahora los legisladores se dan cuenta de que gran parte de ese dinero fue a parar al sostenimiento del ineficiente aparato de la alta burocracia.
Para no perderse en cifras estratosféricas de las finanzas públicas, basta con entender que de los casi 3 billones de pesos que obtiene el gobierno, ya sea mediante pago de impuestos o por venta de petróleo, el 85% se tiene que aplicar de manera ineludible para ciertas áreas, como el sostenimiento de escuelas, la manutención de programas sociales y el pago de intereses de la deuda, entre otros.
El otro 15% que maneja el gobierno debe aplicarlo para promover el crecimiento del país, generar empleos y hacer todo lo posible para que la economía no caiga, que las tasas de interés no aumenten, que la gasolina no se incremente mes con mes, que la inflación no se dispare y que, en suma, cada mexicano pueda tener acceso a una vida digna, que para ello paga sus impuestos y se emplea diariamente.
Sin embargo, hoy los legisladores descubren que de ese 15%, equivalente a aproximadamente 434 mil millones de pesos, 315 mil millones fueron mal gastados, mal utilizados, redistribuidos, congelados, o simplemente desaparecieron.
En contraparte, se tiene claramente detectado y contabilizado que en 2008 el gobierno federal utilizó 185 mil millones de pesos para mantenerse a sí mismo, es decir, para el pago de salarios de la alta burocracia, para el pago de teléfono, luz, papelería, parque vehicular y todo lo necesario para que funcione la gran oficina de la administración federal.
Pero el problema no es que el aparato sea inmenso, sino que no funciona, es inoperante, y son justamente ellos, la gente del gobierno, quienes hoy traen perdidos 315 mil millones de pesos.
En tiempos electorales y a tan sólo tres meses de que arranquen las 15 elecciones para renovar gobernadores en el país, los partidos de oposición tienen la duda de si ese dinero no ha sido manipulado con toda la intención de hacer “guardaditos” para los procesos electorales; para comprar no únicamente al ciudadano común y corriente, sino también a empresarios, a cambio de los rescates financieros o la entrega de apoyos económicos para reactivar sus empresas.
Y esto es apenas una parte de lo que el secretario de Hacienda tendrá que explicar a los diputados en los próximos días.
Ernesto Cordero deberá dar la cara por las operaciones que realizó Agustín Carstens y toda la administración calderonista en sus dos primeros años de gobierno. Pero con solo echar un vistazo a la cuenta pública de 2008 se puede entender por qué también en materia económica somos un Estado fallido.
Gobiernos abusivos y cínicos, como ayer lo fue el de Vicente Fox y hoy lo es el de Felipe Calderón, que no han sabido administrar los exorbitantes ingresos excedentes generados por el elevado precio del petróleo, han encontrado la fórmula de la alquimia financiera para desaparecer recursos y aumentar el número de pobres.
Esto es lo que tendrá que explicar Ernesto Cordero, quien si bien no fue titular de Hacienda en los dos primeros años de gobierno de Calderón, sí fungió como encargado de la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia que no sólo no supo abatir la pobreza, sino que la incrementó.
A cinco meses de haber sido designado secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo acudirá a la Cámara de Diputados para explicar el “batidero” financiero en que incurrió su antecesor, Agustín Carstens, durante los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón.
En su comparecencia ante los diputados, entre el 5 y el 10 de abril, Cordero Arroyo detallará cómo le hará el gobierno federal para poner en marcha el programa de “reducción de gasto público” exigido por el Poder Legislativo el pasado 15 de noviembre.
El titular de Hacienda tendrá que desmenuzar el programa mediante el cual la administración de Felipe Calderón pretende ahorrar en tres años 40 mil 100 millones de pesos. O sea, que deberá explicar a los legisladores de qué manera el Ejecutivo recortará a su engordado aparato burocrático 13 mil 400 millones de pesos este año y una cantidad similar en 2011 y en 2012.
Se espera que el día de la comparecencia, los diputados, priistas en su mayoría, con la anuencia del Partido del Trabajo, Convergencia, Verde Ecologista, Nueva Alianza –y quizá el PRD–, le reclamen a Cordero el insulto al mandato del Poder Legislativo, debido a que el gobierno pretende disminuir sólo una “mínima cantidad” para mantener el inoperante aparato burocrático del país.
Además, aprovecharán el escenario para que el funcionario federal explique el erróneo manejo de las finanzas públicas durante los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón.
Y lo harán así porque en estos momentos, justamente, la Auditoria Superior de la Federación revisa junto con los diputados la cuenta pública federal de 2008, y los hallazgos han sido “escandalosos”, “insultantes”, según los priistas. Es “prueba de un fraude a la nación”, según los petistas.
Para arreciar sus críticas contra el calderonismo y dar una muestra de que éste sí es un gobierno fallido, por lo menos en cuanto al manejo de las finanzas se refiere, los legisladores empezarán por reclamarle a Cordero cómo es posible que Calderón ofrezca un plan de austeridad donde se compromete a disminuir sus gastos por 13 mil millones de pesos por año, cuando tan sólo en 2008 gastó 6 mil 500 millones de pesos para el pago de salarios de secretarios, subsecretarios y directivos de la alta burocracia.
Esos mismos directivos, que en 2008 le costaron a los mexicanos 6 mil 500 millones de pesos, son los mismos que hoy tienen al país en una crítica situación económica.
¿De dónde proviene esta aseveración, además de lo que se vive y ve diariamente? De los datos duros que el propio gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados en su cuenta pública de 2008, pero aún debe explicar cuánto dinero entró a la nación y cuánto dinero se gastó.
Los documentos en cuestión son analizados por la Auditoria Superior de la Federación y por los propios legisladores. Y los primeros hallazgos realmente provocan indignación.
Por ejemplo, Agustín Carstens, el primer secretario de Hacienda del calderonismo, dilapidó no solamente los millonarios recursos adicionales que la administración federal obtuvo gracias al elevado precio del petróleo, sino que además recurrió a la llamada “ingeniería financiera” para que, al ser analizados esos recursos por parte de la Congreso, no se supiera dónde quedaron.
Un dato más: En 2007 el gobierno obtuvo recursos adicionales por 247 mil 400 millones de pesos. Ese dinero, según la Cámara de Diputados, debe ser utilizado para promover la inversión del país, que a su vez debe generar empleos. Lo que hizo Agustín Carstens, y de lo que hasta ahora se enteran los legisladores, dado que apenas están revisando la cuenta pública de 2008, es que parte de esos recursos de 2007 estuvieron congelados y luego fueron usados para “nivelar” las finanzas públicas de 2008. Es decir, Carstens mezcló ingresos de 2007 con los de 2008.
Lo anterior no sólo es grave porque va en contra de toda política financiera, sino, además, porque hace casi imposible saber en qué se usaron los recursos. Se incurrió, pues, en un desvío de dinero.
Otro dato: En 2008 hubo ingresos excedentes de recursos por 315 mi 500 millones de pesos, pero hasta ahora los legisladores se dan cuenta de que gran parte de ese dinero fue a parar al sostenimiento del ineficiente aparato de la alta burocracia.
Para no perderse en cifras estratosféricas de las finanzas públicas, basta con entender que de los casi 3 billones de pesos que obtiene el gobierno, ya sea mediante pago de impuestos o por venta de petróleo, el 85% se tiene que aplicar de manera ineludible para ciertas áreas, como el sostenimiento de escuelas, la manutención de programas sociales y el pago de intereses de la deuda, entre otros.
El otro 15% que maneja el gobierno debe aplicarlo para promover el crecimiento del país, generar empleos y hacer todo lo posible para que la economía no caiga, que las tasas de interés no aumenten, que la gasolina no se incremente mes con mes, que la inflación no se dispare y que, en suma, cada mexicano pueda tener acceso a una vida digna, que para ello paga sus impuestos y se emplea diariamente.
Sin embargo, hoy los legisladores descubren que de ese 15%, equivalente a aproximadamente 434 mil millones de pesos, 315 mil millones fueron mal gastados, mal utilizados, redistribuidos, congelados, o simplemente desaparecieron.
En contraparte, se tiene claramente detectado y contabilizado que en 2008 el gobierno federal utilizó 185 mil millones de pesos para mantenerse a sí mismo, es decir, para el pago de salarios de la alta burocracia, para el pago de teléfono, luz, papelería, parque vehicular y todo lo necesario para que funcione la gran oficina de la administración federal.
Pero el problema no es que el aparato sea inmenso, sino que no funciona, es inoperante, y son justamente ellos, la gente del gobierno, quienes hoy traen perdidos 315 mil millones de pesos.
En tiempos electorales y a tan sólo tres meses de que arranquen las 15 elecciones para renovar gobernadores en el país, los partidos de oposición tienen la duda de si ese dinero no ha sido manipulado con toda la intención de hacer “guardaditos” para los procesos electorales; para comprar no únicamente al ciudadano común y corriente, sino también a empresarios, a cambio de los rescates financieros o la entrega de apoyos económicos para reactivar sus empresas.
Y esto es apenas una parte de lo que el secretario de Hacienda tendrá que explicar a los diputados en los próximos días.
Ernesto Cordero deberá dar la cara por las operaciones que realizó Agustín Carstens y toda la administración calderonista en sus dos primeros años de gobierno. Pero con solo echar un vistazo a la cuenta pública de 2008 se puede entender por qué también en materia económica somos un Estado fallido.
Gobiernos abusivos y cínicos, como ayer lo fue el de Vicente Fox y hoy lo es el de Felipe Calderón, que no han sabido administrar los exorbitantes ingresos excedentes generados por el elevado precio del petróleo, han encontrado la fórmula de la alquimia financiera para desaparecer recursos y aumentar el número de pobres.
Esto es lo que tendrá que explicar Ernesto Cordero, quien si bien no fue titular de Hacienda en los dos primeros años de gobierno de Calderón, sí fungió como encargado de la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia que no sólo no supo abatir la pobreza, sino que la incrementó.
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