CALDERÓN Y SUS TEMORES

Salvador García Soto / 24 Horas El Diario sin Límites

Un  mexicano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue una buena noticia para casi todos en México, que celebraron que Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino, fuera nombrado Secretario Ejecutivo de esa instancia continental; para casi todos, porque para Felipe Calderón la noticia no fue tan buena y más bien se vuelve preocupación para el Presidente que, a escasos cuatro meses de su salida del gobierno, un crítico de su política de seguridad, que dejará más de 60 mil muertos al final del sexenio, haya llegado a esa posición.

Porque aunque no lo diga en público, es un hecho que para el futuro presidente saliente un tema que será complicado, una vez que deje el poder, es el de la violencia durante su gobierno. A las decenas de miles de muertos, se suman miles familias afectadas por asesinatos, desapariciones y heridos, que serán saldo de una guerra en la que las bajas civiles y la afectación a la sociedad que minimizada mucho tiempo por la administración calderonista que llegó a considerar “daños colaterales” y “costos necesarios” a las víctimas de la población civil.

No es difícil pensar que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrían llegar denuncias contra el gobierno mexicano por los crímenes contra civiles cometidos en los últimos seis años, ya sea por detractores políticos de Calderón o por organizaciones civiles que han denunciado en este periodo los abusos y los excesos cometidos en esta guerra contra el narcotráfico por las mismas fuerzas federales bajo el mando del Presidente. Basta recordar que ya el 25 de noviembre de 2011 un grupo de activistas mexicanos presentaron denuncia en su contra por crímenes de lessa humanidad en la Corte Penal Internacional de La Haya.

Una muestra clara de que el tema preocupa en Los Pinos es la decisión que tomó Calderón de asumir la defensa jurídica del Ernesto Zedillo, al solicitarle al gobierno de Estados Unidos, en noviembre de 2011, mediante una nota diplomática oficial “inmunidad” para el ex presidente mexicano, quien fue demandado en una corte federal en Hartford, Connecticut, por la masacre de 45 indígenas tzotziles ocurrida en 1997 en la comunidad de Acteal en Chiapas.

Tan inusual fue la petición que hizo Calderón a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que el Senado de la República le pidió a la Cancillería, con un punto de acuerdo  en febrero pasado, que les explique  “los argumentos y el sustento jurídico” en el que se basó la intervención oficial del gobierno mexicano en este caso contra el ex presidente, pues no existe antecedente jurídico o histórico en el que nuestro país haya solicitado “inmunidad” contra ningún ex presidente de la República. De hecho, entre los senadores aún esperan respuesta a esa petición que sorprendió al Congreso.

Pero el silencio de la SRE sobre las razones que tuvo para pedir la inmunidad para el ex presidente no sólo ha sido para los congresistas; el 20 de marzo pasado la Cancillería informó, ante una solicitud de información de la periodista Carmen Aristegui, que pidió vía la ley de transparencia, la misma nota diplomática, que esa nota se reservaba por los próximos 12 años, por considerar que su difusión “podría dañar la relación bilateral entre México y Estados Unidos”.

¿Qué tiene que ocultar la canciller Patricia Espinosa y su jefe el Presidente sobre esa polémica petición de inmunidad? ¿Acaso no están seguros del sustento jurídico y constitucional de tal petición? Tanto hermetismo abona a la idea de que Calderón está utilizando el caso de Zedillo y su defensa, no por afinidad o simpatía con el ex mandatario, sino porque busca con esto sentar un precedente jurídico que en el futuro inmediato pueda servirle a él mismo con la figura de la “inmunidad” de un ex presidente, en caso de que llegara a verse envuelto en denuncias similares, ya sea ante gobiernos de otros países o en organismos internacionales de derechos humanos.

La pregunta es si con esta acción, inédita en la historia del gobierno mexicano, Felipe Calderón busca, a través del caso Zedillo, sentar  un precedente de “inmunidad” o más bien de “impunidad”.