El debate
sobre qué tipo de país queremos construir en los próximos años tiene que ver
con la definición de prioridades. Crecer y redistribuir ingreso para reducir la
pobreza y disminuir las enormes desigualdades existentes en una nación donde la
concentración de la riqueza es no sólo grosera, sino que representa un
obstáculo para el propio desarrollo integral del país, es el eje de la polémica
que diferencia una posición política de otra. En el marco de economías
globalizadas, en donde es imposible pensar en modelos fuertemente
proteccionistas, las posibilidades se reducen en la medida en que la fuerza de
los mercados supera por mucho la capacidad de los Estados de maniobrar para
reducir los impactos procedentes del exterior.
Por
supuesto que el principal obstáculo es el que reside en la necesidad de romper
con los privilegios heredados del viejo modelo de crecimiento hacia adentro.
Empresarios protegidos por exenciones fiscales o por la inexistencia de
competidores capaces de obligarlos a mejorar calidad y precio se envuelven en
la bandera nacional para evitar modificar la forma tradicional de hacer
negocios. Están además los políticos que por convicción o interés insisten en
mantener un sistema que les perpetúe una clientela electoral como garantía para
permanecer en algún cargo.
Pero más
allá de esta disputa, que se presenta incluso en el interior de los partidos
políticos nacionales, está la discusión de por dónde empezar a cambiar las
cosas. Hay quien plantea que el primer paso una vez garantizada la estabilidad
macroeconómica es el de proporcionarle al Estado todos los recursos económicos
necesarios para darle viabilidad a sus funciones de generador de
infraestructura en todo sentido: seguridad, educación, transporte, vialidades,
etcétera. Para ello es necesario un cambio tanto en la forma como en la
cantidad de impuestos a recolectar. Cómo recaudar más y obtener más ingresos de
los que más ganan, sin que esto termine por deprimir la inversión, es el dilema
a resolver.
En este
sentido es fundamental encontrar una fórmula que tape los hoyos por donde el
Impuesto al Valor Agregado pierde capacidad de recolección, con un Impuesto
Sobre la Renta relativamente bajo pero con el menor número de gastos deducibles
posibles. El que más gasta más impuesto paga, y el que más gana también, sin
que esto se convierta en un mecanismo inhibidor de la generación de riqueza. La
eliminación de privilegios fiscales al mínimo y el retorno del IVA a los
sectores más pobres de la sociedad a través de programas sociales eficientes
son los elementos adicionales para una reforma fiscal integral.
Estos
reacomodos políticos y fiscales forman parte de las decisiones a tomar por
parte de la próxima administración encabezada por Peña Nieto y el PRI. Impulsar
un pacto político con una parte de la oposición para darle la legitimidad
necesaria a los cambios a realizar, u optar por avanzar con la mayoría mínima
que le otorgan los aliados de los tricolores, es quizá la primera gran decisión
del próximo gobierno. Si logra romper con la inercia paralizante de los últimos
12 años, Peña iniciará su sexenio en condiciones diferente a sus antecesores.
El dilema sigue siendo el mismo: ¿cómo empezar?
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