SEGURIDAD SI, PERO CON DEMOCRACIA

Mauricio Merino / El Universal

Siempre he pensado que la UNAM es mucho más que la mayor universidad pública del país. Nuestra máxima casa de estudios ha estado presente como conciencia crítica de la sociedad en los episodios más importantes de nuestra historia reciente —la que se viene construyendo desde hace poco más de cien años—. Ninguna otra casa de estudios ha aportado más a la construcción de conocimientos, a la conciencia moral y a la movilidad social del país. Y por eso creo que es buena noticia que haya tomado la iniciativa de proponer una nueva política de Estado para la seguridad y la justicia, desde —y no contra— la democracia recién nacida.
Supongo que no pasará mucho tiempo antes de que se forme un coro de críticos y adversarios a las ideas presentadas por el rector Narro. Sus declaraciones constantes y airadas sobre temas coyunturales ya han causado grandes polémicas y no pocas descalificaciones de quienes no acaban de comprender —o de aceptar— la dinámica de nuestra compleja comunidad universitaria. Quizás ya se ha publicado, mientras escribo esto, que la iniciativa sobre seguridad no es más que otro recurso de Narro para ganar protagonismo político y restárselo a Javier Sicilia, o para influir en la sucesión del 2012 o para reelegirse, o para cualquier otro propósito inconfesable. Tomando en cuenta los precedentes, tampoco descarto que el documento presentado por Jorge Carpizo —quien ahora preside el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional— pase a la lista de mitos que con tanta puntualidad cree estar combatiendo Alejandro Poiré.
Pero a contrapelo de mi propio desencanto, nada me gustaría más que equivocarme de plano en ese pronóstico y atestiguar el inicio de la construcción de un nuevo consenso político en torno del tema más importante de nuestra agenda pública nacional. Y es que, tras haberlo leído con calma, creo que el texto escrito por la comisión redactora de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia contiene la mejor definición del problema que se haya escrito hasta ahora, en términos de política pública; y aun desde mi propia ignorancia sobre ese tema, creo también que entre sus propuestas está la mejor oferta política democrática que se haya presentado hasta hoy para ir resolviendo —así, en gerundio—la desconexión entre seguridad, defensa de los derechos (civiles, políticos y sociales), y participación de los ciudadanos.
Es probable, incluso, que los expertos nos digan que no hay nada nuevo en ellas. Pero no se habían presentado juntas, ni se habían organizado con visión democrática, ni se habían articulado en sentido contrario a la obsesiva lógica de la lucha entre policías y ladrones. Y sobre todo —con todo respeto para quien se sienta ofendido por esto— no se habían firmado por nuestra máxima casa de estudios.
Los autores de la comisión redactora no son santos, ni políticamente puros, pero saben bien de lo que hablan. Jorge Carpizo conoce las entrañas de los aparatos de seguridad del Estado como muy pocos en México; Ernesto López Portillo es, probablemente, el mejor especialista mexicano que hay en el tema; Luis de la Barreda ha estado en todos los frentes de esa batalla; Sergio García Ramírez conoce el derecho (y los derechos), así como las instituciones diseñadas para protegerlos, dentro y fuera de México, mientras que las aportaciones de Luis Raúl González, el abogado general de la UNAM y de Guillermo Silva, quien fungió como secretario técnico de ese grupo, le añadieron el toque y la redacción de la casa. Todos ellos tienen historias que pueden ser criticadas o devaluadas con más o menos encono, pero nadie sensato se atrevería a decir que no conocen a fondo el tema del que escribieron —además de las más plausibles razones— precisamente por las colas que arrastran.

Pero lo más relevante, creo yo, es que han invertido los términos de la discusión en vigor para anteponer la salvaguarda de los derechos, la protección de las víctimas, la participación de los ciudadanos y la impartición de justicia, a las tareas que realizan los gobiernos, las policías y las Fuerzas Armadas. Exactamente al revés del modo en que lo ha planteado hasta ahora el gobierno, que ha privilegiado la lucha violenta contra los criminales —aun esgrimiendo buenas razones de corto plazo— por encima de todo lo demás.

Sabemos de sobra que estos documentos se escriben para ser discutidos y no asumidos como doctrina. Pero sería muy deseable —y es muy urgente— que la propuesta de la UNAM sirva para organizar el debate desde otra óptica y para ir produciendo los consensos políticos, hasta ahora imposibles, que nos saquen de la espiral de violencia en la que estamos sumidos.
Investigador del CIDE