Arturo Alcalde Justiniani / La Jornada
Ningún país podrá progresar castigando los salarios y abatiendo el mercado interno, señalaba recientemente Gustavo Velásquez de la Fuente, asesor de empresas sociales, en una reunión de productores. Su sentencia corresponde a un reclamo generalizado de trabajadores, economistas y académicos prestigiados, e incluso de un creciente número de organizaciones de corte empresarial y profesional.
Tomemos como ejemplo la ponencia central presentada la semana anterior en el congreso del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, donde se señala: “Existen estudios que demuestran que la desigualdad es una de las causas del bajo crecimiento de México y que sólo combatiendo la pobreza podremos salir de este largo periodo de estancamiento, por lo que para fortalecer nuestra competitividad parece indispensable aplicar políticas que estimulen la demanda interna. Para lo anterior resultaría necesario elevar los ingresos y el poder de compra de los trabajadores…” Esta voz se agrega a la de muchos otros que exigen un cambio de rumbo en el país.
¿Cuáles son las expectativas para 2011 en materia salarial? No está claro el panorama. La vía tradicional para detectar la voluntad estatal deviene de las últimas revisiones contractuales del año. En la parte final de este 2010, la primera revisión que puede orientar la política salarial para el siguiente corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social; con cierto sigilo se otorgó un incremento de 3 por ciento a los sueldos, más 3.4 por ciento en una prestación vinculada al mismo; se trató exclusivamente de una revisión, por lo que el sentido del aumento parecería positivo, sumando ambos conceptos. La segunda se refiere a la revisión contractual para el personal administrativo de la UNAM; el resultado de la negociación con el sindicato fue de 3.9 por ciento de incremento a las percepciones más 2.6 en prestaciones. Esta negociación se ha convertido en indicador para fijar un tope salarial que posteriormente será impuesto al resto de las instituciones de educación superior, de ahí su importancia. Cabe señalar que este año en la UNAM se dio una circunstancia especial por el otorgamiento previo de un punto porcentual otorgado el mes anterior al personal administrativo, mismo que se pretende separar para no hacerlo extensivo al modelo.
El incremento a los mínimos genera otras interrogantes. La primera se refiere al monto de la inflación considerada para fijarlos. Si nos atenemos a las expectativas del Banco de México, el índice esperado para este año estaría entre 4.3 y 4.4 por ciento; sus cálculos para 2011 se estiman entre 3.73 y 3.84. Estos datos contrastan con algunos análisis independientes, como el presentado por el prestigiado Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el cual señala un incremento en el precio de la canasta alimentaria recomendable (CAR) mayor a la inflación, agregando que ha aumentado al doble en los cuatro años de gobierno calderonista. Seguramente, la opinión de este centro es compartida por la población, que en su realidad cotidiana confirma el aumento de precios cada vez mayor, cuando acude al mercado a comprar los alimentos de su dieta familiar.
Partiendo de los datos aportados por el Banco de México, el incremento de los salarios mínimos que decidirá el gobierno federal en los próximos días debería ser superior a la inflación generada durante el año anterior; sólo medio punto adicional nos llevaría a un 5 por ciento de alza. Sin embargo, siguiendo la práctica histórica del gobierno, se acude a otra simulación, que consiste en calcular ese salario sobre la base de la inflación esperada, a pesar de que dicho cálculo comúnmente no concuerda con la realidad y la diferencia adeudada al salario no se cubre, ello explica en alguna medida la pérdida histórica acumulada.
En defensa de su política salarial, el gobierno federal expone tres argumentos, todos con alto grado de falsedad. El primero, que los salarios mínimos no son significativos, ya que sólo los recibe una pequeña porción de los trabajadores; que su función básica es regular multas y costo de servicios públicos. El argumento no se ajusta a la verdad, porque tal incremento sirve de base para la negociación de las percepciones contractuales para el año siguiente, por lo que resulta de gran importancia su determinación. El segundo argumento se apoya en que la decisión la asume una comisión tripartita, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que supuestamente involucra la voluntad del sector empresarial y de los trabajadores. Sin embargo, la labor de dicho organismo actualiza otra simulación, porque siempre prevalece la voluntad del Ejecutivo federal en turno. Año con año se repite el teatro de mal gusto, donde la representación obrera expresa su desacuerdo y termina aprobando todo bajo protesta, sacrificando a los trabajadores "por el bien de México".
El tercer argumento merece punto y aparte. Constituye la principal defensa del gobierno para resistirse a mejorar los sueldos. Afirma que incrementarlos generaría cierre de empresas y aumento a la inflación. Se desconoce el impacto diferenciado del costo salarial en las distintas ramas de actividad económica, y que una buena política salarial vinculada a otras sociales no necesariamente es inflacionaria. Convendría recordar la frase del presidente Lula, de Brasil: "estamos contra la inflación y en favor de la mejora salarial". La estrategia del gobierno mexicano ha provocado que los sueldos mínimos en México sean de los más bajos del continente y del mundo. Basta una comparación elemental con países latinoamericanos para probarlo: frente a los 133 dólares americanos mensuales que percibe un trabajador mexicano, en Chile son 319, en Brasil 286, en Colombia 271, en Ecuador 240, en Perú 211 y en El Salvador 208. En Uruguay, a partir del primero de enero de 2011, el salario mínimo equivaldrá a 300 dólares.
En conclusión, sólo un cambio profundo e integral de la política económica y salarial permitirá a México superar el marasmo en que se encuentra postrado.
Ningún país podrá progresar castigando los salarios y abatiendo el mercado interno, señalaba recientemente Gustavo Velásquez de la Fuente, asesor de empresas sociales, en una reunión de productores. Su sentencia corresponde a un reclamo generalizado de trabajadores, economistas y académicos prestigiados, e incluso de un creciente número de organizaciones de corte empresarial y profesional.
Tomemos como ejemplo la ponencia central presentada la semana anterior en el congreso del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, donde se señala: “Existen estudios que demuestran que la desigualdad es una de las causas del bajo crecimiento de México y que sólo combatiendo la pobreza podremos salir de este largo periodo de estancamiento, por lo que para fortalecer nuestra competitividad parece indispensable aplicar políticas que estimulen la demanda interna. Para lo anterior resultaría necesario elevar los ingresos y el poder de compra de los trabajadores…” Esta voz se agrega a la de muchos otros que exigen un cambio de rumbo en el país.
¿Cuáles son las expectativas para 2011 en materia salarial? No está claro el panorama. La vía tradicional para detectar la voluntad estatal deviene de las últimas revisiones contractuales del año. En la parte final de este 2010, la primera revisión que puede orientar la política salarial para el siguiente corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social; con cierto sigilo se otorgó un incremento de 3 por ciento a los sueldos, más 3.4 por ciento en una prestación vinculada al mismo; se trató exclusivamente de una revisión, por lo que el sentido del aumento parecería positivo, sumando ambos conceptos. La segunda se refiere a la revisión contractual para el personal administrativo de la UNAM; el resultado de la negociación con el sindicato fue de 3.9 por ciento de incremento a las percepciones más 2.6 en prestaciones. Esta negociación se ha convertido en indicador para fijar un tope salarial que posteriormente será impuesto al resto de las instituciones de educación superior, de ahí su importancia. Cabe señalar que este año en la UNAM se dio una circunstancia especial por el otorgamiento previo de un punto porcentual otorgado el mes anterior al personal administrativo, mismo que se pretende separar para no hacerlo extensivo al modelo.
El incremento a los mínimos genera otras interrogantes. La primera se refiere al monto de la inflación considerada para fijarlos. Si nos atenemos a las expectativas del Banco de México, el índice esperado para este año estaría entre 4.3 y 4.4 por ciento; sus cálculos para 2011 se estiman entre 3.73 y 3.84. Estos datos contrastan con algunos análisis independientes, como el presentado por el prestigiado Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el cual señala un incremento en el precio de la canasta alimentaria recomendable (CAR) mayor a la inflación, agregando que ha aumentado al doble en los cuatro años de gobierno calderonista. Seguramente, la opinión de este centro es compartida por la población, que en su realidad cotidiana confirma el aumento de precios cada vez mayor, cuando acude al mercado a comprar los alimentos de su dieta familiar.
Partiendo de los datos aportados por el Banco de México, el incremento de los salarios mínimos que decidirá el gobierno federal en los próximos días debería ser superior a la inflación generada durante el año anterior; sólo medio punto adicional nos llevaría a un 5 por ciento de alza. Sin embargo, siguiendo la práctica histórica del gobierno, se acude a otra simulación, que consiste en calcular ese salario sobre la base de la inflación esperada, a pesar de que dicho cálculo comúnmente no concuerda con la realidad y la diferencia adeudada al salario no se cubre, ello explica en alguna medida la pérdida histórica acumulada.
En defensa de su política salarial, el gobierno federal expone tres argumentos, todos con alto grado de falsedad. El primero, que los salarios mínimos no son significativos, ya que sólo los recibe una pequeña porción de los trabajadores; que su función básica es regular multas y costo de servicios públicos. El argumento no se ajusta a la verdad, porque tal incremento sirve de base para la negociación de las percepciones contractuales para el año siguiente, por lo que resulta de gran importancia su determinación. El segundo argumento se apoya en que la decisión la asume una comisión tripartita, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que supuestamente involucra la voluntad del sector empresarial y de los trabajadores. Sin embargo, la labor de dicho organismo actualiza otra simulación, porque siempre prevalece la voluntad del Ejecutivo federal en turno. Año con año se repite el teatro de mal gusto, donde la representación obrera expresa su desacuerdo y termina aprobando todo bajo protesta, sacrificando a los trabajadores "por el bien de México".
El tercer argumento merece punto y aparte. Constituye la principal defensa del gobierno para resistirse a mejorar los sueldos. Afirma que incrementarlos generaría cierre de empresas y aumento a la inflación. Se desconoce el impacto diferenciado del costo salarial en las distintas ramas de actividad económica, y que una buena política salarial vinculada a otras sociales no necesariamente es inflacionaria. Convendría recordar la frase del presidente Lula, de Brasil: "estamos contra la inflación y en favor de la mejora salarial". La estrategia del gobierno mexicano ha provocado que los sueldos mínimos en México sean de los más bajos del continente y del mundo. Basta una comparación elemental con países latinoamericanos para probarlo: frente a los 133 dólares americanos mensuales que percibe un trabajador mexicano, en Chile son 319, en Brasil 286, en Colombia 271, en Ecuador 240, en Perú 211 y en El Salvador 208. En Uruguay, a partir del primero de enero de 2011, el salario mínimo equivaldrá a 300 dólares.
En conclusión, sólo un cambio profundo e integral de la política económica y salarial permitirá a México superar el marasmo en que se encuentra postrado.
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