El proceso legal que el Estado de Nueva York finalmente entabló contra Ernst & Young, el auditor de Lehman Brothers, ha deparado pocas sorpresas. La empresa de contabilidad de los Cuatro Grandes ha tenido problemas desde marzo, cuando el apasionante informe sobre la quiebra de Lehman Brothers encargado por un tribunal a un analista forense puso de manifiesto el fracaso de aquellos a la hora de destapar lo que este consideraba chanchullos contables. Lo que más llama la atención es que la empresa de contabilidad no haya alcanzado un acuerdo antes de llegar a esta situación.
Lehman había aplicado un truco llamado acuerdo de recompra 105 para sacar temporalmente activos de sus balances al acercarse el final de cada trimestre. Antes de su hundimiento, el banco transfería hasta 50.000 millones de dólares en valores de renta fija a fin de mostrarles a los inversores unos coeficientes de apalancamiento menores al final del trimestre. Ahora, Andrew Cuomo, el fiscal general de Nueva York, sostiene que Ernst &Young "facilitó directamente un importante fraude contable". Y quiere 150 millones de dólares -las cuotas que la empresa cobró a Lehman entre 2001 y 2008- más daños para arreglar las cosas.
En circunstancias normales, es de suponer que Cuomo estaría dispuesto a alcanzar un acuerdo por menos que eso. Ni siquiera los 150 millones de dólares parecen una gran carga para una empresa que ingresó 21.300 millones de dólares en el primer semestre del año. También es menos de la mitad de los 335 millones de dólares que Ernst & Young pagó a Cendant en 1999 cuando resolvió una disputa legal sobre 500 millones de dólares de ingresos supuestamente falsos en una empresa cliente que Cendant compró.
Puede que el fiscal general saliente no le haya dado a Ernst & Young la opción de pactar. O quizá la empresa confíe en que la demanda judicial contra ella no se sostenga. O puede que esté esperando una mayor benevolencia por parte de Eric Schneiderman, que asumirá el cargo de fiscal general en enero. Sea cual sea la razón que más se aproxime, E&Y probablemente pueda permitirse correr algún riesgo.
Una de las razones es que se trata de un caso civil, no de un caso penal como el que acabó con la empresa de Arthur Andersen tras el escándalo de Enron. Y cualquier posible daño a la reputación probablemente ya esté hecho.
Fuente: El País
Lehman había aplicado un truco llamado acuerdo de recompra 105 para sacar temporalmente activos de sus balances al acercarse el final de cada trimestre. Antes de su hundimiento, el banco transfería hasta 50.000 millones de dólares en valores de renta fija a fin de mostrarles a los inversores unos coeficientes de apalancamiento menores al final del trimestre. Ahora, Andrew Cuomo, el fiscal general de Nueva York, sostiene que Ernst &Young "facilitó directamente un importante fraude contable". Y quiere 150 millones de dólares -las cuotas que la empresa cobró a Lehman entre 2001 y 2008- más daños para arreglar las cosas.
En circunstancias normales, es de suponer que Cuomo estaría dispuesto a alcanzar un acuerdo por menos que eso. Ni siquiera los 150 millones de dólares parecen una gran carga para una empresa que ingresó 21.300 millones de dólares en el primer semestre del año. También es menos de la mitad de los 335 millones de dólares que Ernst & Young pagó a Cendant en 1999 cuando resolvió una disputa legal sobre 500 millones de dólares de ingresos supuestamente falsos en una empresa cliente que Cendant compró.
Puede que el fiscal general saliente no le haya dado a Ernst & Young la opción de pactar. O quizá la empresa confíe en que la demanda judicial contra ella no se sostenga. O puede que esté esperando una mayor benevolencia por parte de Eric Schneiderman, que asumirá el cargo de fiscal general en enero. Sea cual sea la razón que más se aproxime, E&Y probablemente pueda permitirse correr algún riesgo.
Una de las razones es que se trata de un caso civil, no de un caso penal como el que acabó con la empresa de Arthur Andersen tras el escándalo de Enron. Y cualquier posible daño a la reputación probablemente ya esté hecho.
Fuente: El País
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