Empresa
Alberto Barranco / El Universal
Colocada en el centro de la escena la reaparición pública del ex senador Diego Fernández de Cevallos, pasó a un segundo plano la terrible explosión registrada en San Martín Texmelucan, Puebla, tras la fuga de uno de sus ductos con proa hacia la refinería de Tula, cuyo saldo trágico alcanza hasta hoy 29 vidas
Más aún, el estruendo mediático sobre el caso del ex aspirante a la Presidencia de la República, aturdió al respetable de cara a la inaudita declaración del director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, de que van a pasar tres largos meses para conocer las causas de la catástrofe.
A lo mejor para entonces ni quién se acuerde…
A quién le importa si en la fase previa se habían detectado 60 tomas clandestinas; a quién le importa si en los ejes del ducto de la tragedia existen aparatos para medir la presión; a quién, la tardanza de auxiliar a los cinco bomberos del poblado…
La “estrategia” es idéntica a la adoptada tras la brutal explosión del 19 de noviembre de 1984 en una terminal de almacenamiento de gas LP de Pemex en San Juan Ixhuatepec, conocido coloquialmente como San Juanico, cuyo saldo trágico fue de más de 500 muertos y mil 500 heridos, algunos de los cuales sobrevivieron con mutilaciones…
Idéntica, además, a la adoptada tras la explosión del 22 de abril de 1992 en el Sector Juárez de Guadalajara, provocada por una fuga de combustible que se metió a las alcantarillas, cuya consecuencia fue la muerte de 209 personas; 500 heridos, y 15 mil familias sin hogar.
La destrucción alcanzó un perímetro de ocho kilómetros de calles, casas y edificios, cuya reconstrucción costó mil millones de dólares.
En ninguno de los casos resultó tocado con el pétalo de algún citatorio un solo funcionario de la paraestatal.
Lo grave del asunto es que tanto en San Juanico como en Guadalajara, el peligro sigue latente.
Aunque Petróleos Mexicanos clausuró el gasoducto que operaba desde 1961, cubriendo un recorrido de Venta de Carpio a San Juanico, el gobierno soslayó un decreto presidencial con la firma de Miguel de la Madrid, que exigía la reubicación de las gaseras de la zona, cuya población alcanza ya medio millón de habitantes.
Peor aún, delimitada el área de almacenamiento de gas de Pemex en un “polígono de seguridad”, al paso de los años éste ha sido cercado, con la complacencia de la autoridad, por una gama de empresas, algunas de las cuales manejan sustancias explosivas o dañinas para la salud.
Naturalmente, las seis empresas distribuidoras de gas LP siguen instaladas en el lugar.
En el camino, el 11 de noviembre de 1996 hubo un segundo accidente, al explotar tres depósitos de combustible. El saldo fue de una docena de muertos, 26 heridos y cinco desaparecidos.
Lo inaudito del caso es que hace cinco años la propia paraestatal le encargó un estudio sobre riesgos en la zona al Battelle Memorial Institute de los Estados Unidos, en cuyas conclusiones se detallaba un sin fin de zonas de riesgo.
El documento sigue archivado.
Ahora que, en el caso de Guadalajara, la lección de la terrible tragedia en el Sector Juárez no logró voltear los ojos hacia el gasoducto conocido como “LPG 14’’ Periférico, que cruza gran parte de la ciudad en sus 41.83 kilómetros con proa hacia la Terminal de Almacenamiento y Distribución Satélite-Zapopan.
En este caso también hay un estudio realizado por la misma instancia académica de Estados Unidos, en cuyas conclusiones se habla de un alto riesgo en su operación, dada la densidad de la población que le circunda.
Del tamaño de la posibilidad de una catástrofe habla la promesa externada el 10 de marzo pasado por el director de Pemex, Gas y Petroquímica Básica, Jordy Herrera, de cancelar la bomba de tiempo.
Textualmente, el funcionario señaló que “le estamos poniendo especial atención al ducto de gas LP en Guadalajara. Hay la certeza de que a todo mandato conviene sacar las instalaciones de la zona metropolitana”.
Las palabras se las llevó el viento.
¿Nos esperamos a otra tragedia para que una vez más Pemex se lave las manos?
Balance general
Aunque el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, pretende eludir la responsabilidad de la dependencia en el penoso caso de los ex sobrecargos de Aeroméxico que salieron del país con destino a España llevando en sus maletas 140 kilos de cocaína pura, señalando que corresponde a una empresa privada independiente del aeropuerto la revisión, el asunto no es tan simple.
De acuerdo al artículo 47 de la Ley de Aeropuertos, la responsabilidad de las concesiones no termina con la contratación de terceros.
A la letra, el texto señala que “los concesionarios o permisionarios deberán de responsabilizarse del control de los accesos y tránsito de personas, vehículos y bienes en zonas restringidas del aeródromo civil”. Más aún, se habla de responsabilidad solidaria.
Como usted sabe, la revisión se le concesionó a la firma española Eulen México.
Y aunque la empresa tiene una negra fama, su historial no exculpa al aeropuerto capitalino, encabezado por Héctor Velázquez, cuya cabeza de sector es la propia SCT.
Eludir, pues, su responsabilidad es tapar el sol con un dedo.
Truena De la Garza
Desde la trinchera de su blog, el presidente de Marcatel, Gustavo M. de la Garza Ortega, lanza rayos y centellas contra el magnate Carlos Slim, aduciendo que es falso que le deba mil 700 millones de pesos a Teléfonos de México por concepto de interconexión, y que éste haya ganado un juicio que le permite embargar a la deudora.
El problema es que, más allá de los calificativos e ironías, no hay prueba alguna que demuestre su aserto.
MexLub colea
De acuerdo a Mexicana de Lubricantes, aún está vivo un amparo interpuesto contra la sentencia definitiva de un Tribunal Colegiado que permitió a Petróleos Mexicanos cancelar los cuatro contratos con los que opera la firma.
El recurso se presentó el 30 de septiembre, es decir, 27 días después de serle notificada la sentencia, ante el Primer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito.
Según ello, pues, la firma que mantiene la empresa de capital mixto, cuyo socio minoritario es la propia paraestatal, todavía colea.
Habría que verlo.
Alberto Barranco / El Universal
Colocada en el centro de la escena la reaparición pública del ex senador Diego Fernández de Cevallos, pasó a un segundo plano la terrible explosión registrada en San Martín Texmelucan, Puebla, tras la fuga de uno de sus ductos con proa hacia la refinería de Tula, cuyo saldo trágico alcanza hasta hoy 29 vidas
Más aún, el estruendo mediático sobre el caso del ex aspirante a la Presidencia de la República, aturdió al respetable de cara a la inaudita declaración del director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, de que van a pasar tres largos meses para conocer las causas de la catástrofe.
A lo mejor para entonces ni quién se acuerde…
A quién le importa si en la fase previa se habían detectado 60 tomas clandestinas; a quién le importa si en los ejes del ducto de la tragedia existen aparatos para medir la presión; a quién, la tardanza de auxiliar a los cinco bomberos del poblado…
La “estrategia” es idéntica a la adoptada tras la brutal explosión del 19 de noviembre de 1984 en una terminal de almacenamiento de gas LP de Pemex en San Juan Ixhuatepec, conocido coloquialmente como San Juanico, cuyo saldo trágico fue de más de 500 muertos y mil 500 heridos, algunos de los cuales sobrevivieron con mutilaciones…
Idéntica, además, a la adoptada tras la explosión del 22 de abril de 1992 en el Sector Juárez de Guadalajara, provocada por una fuga de combustible que se metió a las alcantarillas, cuya consecuencia fue la muerte de 209 personas; 500 heridos, y 15 mil familias sin hogar.
La destrucción alcanzó un perímetro de ocho kilómetros de calles, casas y edificios, cuya reconstrucción costó mil millones de dólares.
En ninguno de los casos resultó tocado con el pétalo de algún citatorio un solo funcionario de la paraestatal.
Lo grave del asunto es que tanto en San Juanico como en Guadalajara, el peligro sigue latente.
Aunque Petróleos Mexicanos clausuró el gasoducto que operaba desde 1961, cubriendo un recorrido de Venta de Carpio a San Juanico, el gobierno soslayó un decreto presidencial con la firma de Miguel de la Madrid, que exigía la reubicación de las gaseras de la zona, cuya población alcanza ya medio millón de habitantes.
Peor aún, delimitada el área de almacenamiento de gas de Pemex en un “polígono de seguridad”, al paso de los años éste ha sido cercado, con la complacencia de la autoridad, por una gama de empresas, algunas de las cuales manejan sustancias explosivas o dañinas para la salud.
Naturalmente, las seis empresas distribuidoras de gas LP siguen instaladas en el lugar.
En el camino, el 11 de noviembre de 1996 hubo un segundo accidente, al explotar tres depósitos de combustible. El saldo fue de una docena de muertos, 26 heridos y cinco desaparecidos.
Lo inaudito del caso es que hace cinco años la propia paraestatal le encargó un estudio sobre riesgos en la zona al Battelle Memorial Institute de los Estados Unidos, en cuyas conclusiones se detallaba un sin fin de zonas de riesgo.
El documento sigue archivado.
Ahora que, en el caso de Guadalajara, la lección de la terrible tragedia en el Sector Juárez no logró voltear los ojos hacia el gasoducto conocido como “LPG 14’’ Periférico, que cruza gran parte de la ciudad en sus 41.83 kilómetros con proa hacia la Terminal de Almacenamiento y Distribución Satélite-Zapopan.
En este caso también hay un estudio realizado por la misma instancia académica de Estados Unidos, en cuyas conclusiones se habla de un alto riesgo en su operación, dada la densidad de la población que le circunda.
Del tamaño de la posibilidad de una catástrofe habla la promesa externada el 10 de marzo pasado por el director de Pemex, Gas y Petroquímica Básica, Jordy Herrera, de cancelar la bomba de tiempo.
Textualmente, el funcionario señaló que “le estamos poniendo especial atención al ducto de gas LP en Guadalajara. Hay la certeza de que a todo mandato conviene sacar las instalaciones de la zona metropolitana”.
Las palabras se las llevó el viento.
¿Nos esperamos a otra tragedia para que una vez más Pemex se lave las manos?
Balance general
Aunque el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, pretende eludir la responsabilidad de la dependencia en el penoso caso de los ex sobrecargos de Aeroméxico que salieron del país con destino a España llevando en sus maletas 140 kilos de cocaína pura, señalando que corresponde a una empresa privada independiente del aeropuerto la revisión, el asunto no es tan simple.
De acuerdo al artículo 47 de la Ley de Aeropuertos, la responsabilidad de las concesiones no termina con la contratación de terceros.
A la letra, el texto señala que “los concesionarios o permisionarios deberán de responsabilizarse del control de los accesos y tránsito de personas, vehículos y bienes en zonas restringidas del aeródromo civil”. Más aún, se habla de responsabilidad solidaria.
Como usted sabe, la revisión se le concesionó a la firma española Eulen México.
Y aunque la empresa tiene una negra fama, su historial no exculpa al aeropuerto capitalino, encabezado por Héctor Velázquez, cuya cabeza de sector es la propia SCT.
Eludir, pues, su responsabilidad es tapar el sol con un dedo.
Truena De la Garza
Desde la trinchera de su blog, el presidente de Marcatel, Gustavo M. de la Garza Ortega, lanza rayos y centellas contra el magnate Carlos Slim, aduciendo que es falso que le deba mil 700 millones de pesos a Teléfonos de México por concepto de interconexión, y que éste haya ganado un juicio que le permite embargar a la deudora.
El problema es que, más allá de los calificativos e ironías, no hay prueba alguna que demuestre su aserto.
MexLub colea
De acuerdo a Mexicana de Lubricantes, aún está vivo un amparo interpuesto contra la sentencia definitiva de un Tribunal Colegiado que permitió a Petróleos Mexicanos cancelar los cuatro contratos con los que opera la firma.
El recurso se presentó el 30 de septiembre, es decir, 27 días después de serle notificada la sentencia, ante el Primer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito.
Según ello, pues, la firma que mantiene la empresa de capital mixto, cuyo socio minoritario es la propia paraestatal, todavía colea.
Habría que verlo.
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