Miguel Ángel Granados Chapa / Reforma
Como en la Guardería ABC de Hermosillo, en San Martín Texmelucan se ha cometido un crimen, un asesinato colectivo. En ambos casos se reunieron negligencia, corrupción, codicia e impunidad para generar un resultado atroz, la pérdida de decenas de vidas humanas, que pudo ser evitada si se cumpliera la ley.
En el caso del estallido dominical en el ducto que pasa por aquel municipio poblano, a los vicios administrativos y políticos enumerados se agrega la lenidad social, la laxitud ética de porciones importantes de la sociedad, en México y en el extranjero, especialmente el sur norteamericano y Texas en particular. El crimen de San Martín, el robo de combustibles en general es posible porque hay un mercado negro de ese material, donde compradores y vendedores rompen las normas de la convivencia, no sólo porque comercian con un producto de procedencia ilícita, sino porque la práctica clandestina de horadar ductos para succionar su producto genera un permanente riesgo, que a veces se actualiza en perjuicio directo de los ladrones y a veces genera daños enormes como los habidos el domingo pasado.
Expendedores de gasolina en México y refinerías de crudo en Estados Unidos venden al consumidor el producto de su rapiña. Nadie ignora la procedencia del líquido. No podría desconocerla porque el precio a que lo adquiere, y que permite las vastas ganancias, sólo es posible por tratarse de un bien ilegalmente sustraído de las instalaciones de su propietario.
El robo de combustibles es posible sólo con la connivencia de personal de Pemex, el que posee la información sobre los puntos idóneos para penetrar los conductos. Igualmente es imputable a los responsables de seguridad de esa empresa la omisión en la vigilancia física de las instalaciones que los ladrones vulneran. Los acompañan en esta abulia integrantes de corporaciones militares y policiacas, encargadas de recorrer las regiones atravesadas por ductos a fin de impedir su saqueo. Y la cadena sigue con el conformismo de quien reconoce que se localizan y clausuran puntos de ordeña de los ductos, pero no se detiene a quienes sacan provecho de ellos.
El robo de gasolina sería muy fácil de combatir. Es un delito ostensible, cuyos preparativos y secuelas, tanto como el hecho mismo de sorber el combustible se hace con frecuencia delante de todos, en zonas pobladas surcadas por la red de distribución de Pemex. En todas partes una autoridad dispuesta a investigar y frenar ese latrocinio podría hacerlo. Yo mismo he narrado y denunciado cómo no lejos de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, es posible ver cómo durante la noche se forman filas de camiones cisterna sin razón social, que aguardan estacionados a la orilla de la carretera. Y uno a uno va siendo llenado en alguna de las tomas ilegales, que no clandestinas, que abundan en la comarca. Es voz popular a quién pertenecen esos vehículos: se trata de un ex diputado federal priista, con aires de cacique regional, cuyo nombre no escribo porque carezco de las pruebas que lo incriminen, pero al que mucha gente identifica porque salió de su condición modesta de vida merced a los caudales que este robo le deja.
Tuve esa noticia en 1998, y la práctica ya databa de antiguo. Cuando fue secretario de Seguridad Pública federal y asumió directamente el mando de la Policía Federal Preventiva, Alejandro Gertz Manero organizó la "Operación Tula", que se tradujo en detención de maleantes y disminución del saqueo. Con su salida de aquella dependencia cesó la operación, con resultados funestos: según un informe oficial de Pemex, entre 2004 y 2009 el número de tomas se cuadruplicó, al pasar de 110 a 453.
Los directores de Pemex actúan frente a este problema como si fueran meteorólogos, que describen el trayecto de ciclones y huracanes y no pueden hacer más que dar la voz de alarma, pues el fenómeno es inexorable. Juan José Suárez Coppel, el director actual, con motivo del crimen colectivo del domingo en la mañana reconoció que se tienen detectados decenas de puntos de ordeña. No explicó, o si lo hizo sus palabras no fueron registradas, si a cada una de esas horadaciones ha correspondido una denuncia, una averiguación ministerial, unas detenciones, unos procesos. Es probable que nada de eso haya habido. Y es de conjeturarse que no lo hubo porque las ganancias del robo de combustibles son tan altas que permiten compartirlas sin que por ello deje de ser buen negocio.
Está pendiente en el Congreso una reforma al código penal para incrementar la penalidad a este delito. La enmienda parte del criterio, no siempre corroborado por la experiencia, de que sanciones altas son disuasivas. Lo serían si se aplicaran. Pero el principal problema en este caso, como en muchos más, es que los delincuentes no son llevados a los tribunales, donde tiene eficacia la punición. Sólo de tanto en tanto se detiene a bandoleros de este ramo, porque se ejerce el pretexto de que sólo pueden ser capturados en flagrancia, cuando lo cierto es que infringen la ley desde que preparan los extractores y los vehículos hasta que venden el producto de sus latrocinios, momento en el cual la aprehensión de los vendedores podría incluir la de los adquirientes.
El tratamiento penal que se dará al estallido que quitó la vida a 28 personas y lesionó a decenas más partirá de considerarlo un accidente. La sociedad participante, que con razón se indigna por la mezcla de factores perniciosos en la gestación de esta tragedia, pronto se olvidará de ella.
Cajón de Sastre
El boletín de Los Pinos sobre la liberación de Diego Fernández de Cevallos -que ayer hizo congratularse a todo el mundo- el presidente Calderón produjo una inexactitud o descobijó a por lo menos uno de sus colaboradores: dice el comunicado que "desde el primer día de la desaparición... el presidente Calderón instruyó al Procurador General de la República y a los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública a dar seguimiento al caso". Si eso fue cierto, por lo menos el procurador Arturo Chávez desacató la orden de arriba y prefirió hacer caso a la familia y apartarse del caso, según se expresó sin ambigüedades a pesar de que constituyera una ilegalidad. De Fernando Gómez Mont no cabe decir nada porque ya se fue. Y de Genaro García Luna, que si obedeció a su jefe falló en su encomienda, pues los secuestradores decidieron el curso de las cosas.
Como en la Guardería ABC de Hermosillo, en San Martín Texmelucan se ha cometido un crimen, un asesinato colectivo. En ambos casos se reunieron negligencia, corrupción, codicia e impunidad para generar un resultado atroz, la pérdida de decenas de vidas humanas, que pudo ser evitada si se cumpliera la ley.
En el caso del estallido dominical en el ducto que pasa por aquel municipio poblano, a los vicios administrativos y políticos enumerados se agrega la lenidad social, la laxitud ética de porciones importantes de la sociedad, en México y en el extranjero, especialmente el sur norteamericano y Texas en particular. El crimen de San Martín, el robo de combustibles en general es posible porque hay un mercado negro de ese material, donde compradores y vendedores rompen las normas de la convivencia, no sólo porque comercian con un producto de procedencia ilícita, sino porque la práctica clandestina de horadar ductos para succionar su producto genera un permanente riesgo, que a veces se actualiza en perjuicio directo de los ladrones y a veces genera daños enormes como los habidos el domingo pasado.
Expendedores de gasolina en México y refinerías de crudo en Estados Unidos venden al consumidor el producto de su rapiña. Nadie ignora la procedencia del líquido. No podría desconocerla porque el precio a que lo adquiere, y que permite las vastas ganancias, sólo es posible por tratarse de un bien ilegalmente sustraído de las instalaciones de su propietario.
El robo de combustibles es posible sólo con la connivencia de personal de Pemex, el que posee la información sobre los puntos idóneos para penetrar los conductos. Igualmente es imputable a los responsables de seguridad de esa empresa la omisión en la vigilancia física de las instalaciones que los ladrones vulneran. Los acompañan en esta abulia integrantes de corporaciones militares y policiacas, encargadas de recorrer las regiones atravesadas por ductos a fin de impedir su saqueo. Y la cadena sigue con el conformismo de quien reconoce que se localizan y clausuran puntos de ordeña de los ductos, pero no se detiene a quienes sacan provecho de ellos.
El robo de gasolina sería muy fácil de combatir. Es un delito ostensible, cuyos preparativos y secuelas, tanto como el hecho mismo de sorber el combustible se hace con frecuencia delante de todos, en zonas pobladas surcadas por la red de distribución de Pemex. En todas partes una autoridad dispuesta a investigar y frenar ese latrocinio podría hacerlo. Yo mismo he narrado y denunciado cómo no lejos de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, es posible ver cómo durante la noche se forman filas de camiones cisterna sin razón social, que aguardan estacionados a la orilla de la carretera. Y uno a uno va siendo llenado en alguna de las tomas ilegales, que no clandestinas, que abundan en la comarca. Es voz popular a quién pertenecen esos vehículos: se trata de un ex diputado federal priista, con aires de cacique regional, cuyo nombre no escribo porque carezco de las pruebas que lo incriminen, pero al que mucha gente identifica porque salió de su condición modesta de vida merced a los caudales que este robo le deja.
Tuve esa noticia en 1998, y la práctica ya databa de antiguo. Cuando fue secretario de Seguridad Pública federal y asumió directamente el mando de la Policía Federal Preventiva, Alejandro Gertz Manero organizó la "Operación Tula", que se tradujo en detención de maleantes y disminución del saqueo. Con su salida de aquella dependencia cesó la operación, con resultados funestos: según un informe oficial de Pemex, entre 2004 y 2009 el número de tomas se cuadruplicó, al pasar de 110 a 453.
Los directores de Pemex actúan frente a este problema como si fueran meteorólogos, que describen el trayecto de ciclones y huracanes y no pueden hacer más que dar la voz de alarma, pues el fenómeno es inexorable. Juan José Suárez Coppel, el director actual, con motivo del crimen colectivo del domingo en la mañana reconoció que se tienen detectados decenas de puntos de ordeña. No explicó, o si lo hizo sus palabras no fueron registradas, si a cada una de esas horadaciones ha correspondido una denuncia, una averiguación ministerial, unas detenciones, unos procesos. Es probable que nada de eso haya habido. Y es de conjeturarse que no lo hubo porque las ganancias del robo de combustibles son tan altas que permiten compartirlas sin que por ello deje de ser buen negocio.
Está pendiente en el Congreso una reforma al código penal para incrementar la penalidad a este delito. La enmienda parte del criterio, no siempre corroborado por la experiencia, de que sanciones altas son disuasivas. Lo serían si se aplicaran. Pero el principal problema en este caso, como en muchos más, es que los delincuentes no son llevados a los tribunales, donde tiene eficacia la punición. Sólo de tanto en tanto se detiene a bandoleros de este ramo, porque se ejerce el pretexto de que sólo pueden ser capturados en flagrancia, cuando lo cierto es que infringen la ley desde que preparan los extractores y los vehículos hasta que venden el producto de sus latrocinios, momento en el cual la aprehensión de los vendedores podría incluir la de los adquirientes.
El tratamiento penal que se dará al estallido que quitó la vida a 28 personas y lesionó a decenas más partirá de considerarlo un accidente. La sociedad participante, que con razón se indigna por la mezcla de factores perniciosos en la gestación de esta tragedia, pronto se olvidará de ella.
Cajón de Sastre
El boletín de Los Pinos sobre la liberación de Diego Fernández de Cevallos -que ayer hizo congratularse a todo el mundo- el presidente Calderón produjo una inexactitud o descobijó a por lo menos uno de sus colaboradores: dice el comunicado que "desde el primer día de la desaparición... el presidente Calderón instruyó al Procurador General de la República y a los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública a dar seguimiento al caso". Si eso fue cierto, por lo menos el procurador Arturo Chávez desacató la orden de arriba y prefirió hacer caso a la familia y apartarse del caso, según se expresó sin ambigüedades a pesar de que constituyera una ilegalidad. De Fernando Gómez Mont no cabe decir nada porque ya se fue. Y de Genaro García Luna, que si obedeció a su jefe falló en su encomienda, pues los secuestradores decidieron el curso de las cosas.
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