México SA
Materia prima de la boyante industria del secuestro en el país
Carlos Fernández-Vega / La Jornada
En materia de migración, todo indica que al gobierno mexicano se le hace muy fácil modificar diametralmente su actitud y su discurso cuando la brújula no apunta hacia el norte. A lo largo de los años, a Estados Unidos –así sea en el plano retórico– le ha "exigido" respeto a los derechos humanos y laborales de los emigrantes nacionales, que leS garantice seguridad y que se siente a negociar un tratado bilateral en este renglón. Sin embargo, cuando en la misma dinámica los reclamos provienen de las naciones centroamericanas, entonces tal gobierno actúa exactamente en sentido contrario y asume una actitud igual de deleznable a la que tanto reclama de las autoridades estadunidenses.
La misma agresión, explotación, persecución y violación de garantías de que son víctimas los mexicanos expulsados de su tierra en el dorado norte se da en México contra los migrantes centroamericanos, con el agravante de que éstos se han convertido en la materia prima de una impune cuan boyante industria: la del secuestro, por el crimen organizado que abierta- mente opera en el país, en la que no poca es la participación y complicidad que tienen las propias autoridades migratorias nacionales. Y el gobierno mexicano siempre reclama, pero el tono depende de la orientación de la brújula. Si apunta hacia el norte, lo hace en tono pausado y sumiso; si apunta hacia el sur, entonces es grotesco y altanero.
Ya se escuchó el tono soberbio de la Secretaría de Relaciones Exteriores –otrora la más guapa del baile– en torno al más reciente atentado contra migrantes centroamericanos (en Oaxaca): ante la protesta del gobierno guatemalteco por el incremento de la violencia contra sus connacionales, la SRE altaneramente respondió que “las acusaciones unilaterales no contribuyen a generar el espíritu de cooperación que requiere este enorme reto… para que la lucha contra el crimen organizado sea eficaz, es indispensable la cooperación de las autoridades de las naciones hermanas de Centroamérica, ya que dichas organizaciones operan en todos los países de la región… El principio de corresponsabilidad debe orientar las acciones de todos los gobiernos de la región para hacer frente a este problema”.
El gobierno chapín, como lo han hecho el salvadoreño y el hondureño, envió ayer una nota diplomática a México para protestar por "las constantes violaciones a los derechos humanos de los migrantes que transitan por territorio mexicano", al tiempo que exigió investigar y procesar a los responsables del secuestro de medio centenar de indocumentados, ocurrido el pasado 16 de diciembre en Chahuites, y de otros plagios en las cercanías de Arriaga, los cuales tuvieron lugar el día 22, pero cuya cifra de víctimas no ha sido precisada (La Jornada).
Lo anterior fue suficiente para que la SRE reaccionara como se indica líneas arriba, sin resolver problema alguno y sin asumir que la vida de los migrantes mexicanos es tan valiosa como la de los centroamericanos o la de los provenientes de cualquier otra zona del planeta. El gobierno mexicano no puede funcionar con dos caretas: exigir por un lado respeto para los connacionales que se ven obligados a abandonar su tierra y, paralelamente, mostrar indolencia ante la violación de los derechos humanos de otros indocumentados que en la mayoría de los casos están de tránsito en el país, porque su mira es –al igual que los mexicanos– el dorado norte. Con qué calidad moral reclama el gobierno mexicano a Estados Unidos por el trato que da a los connacionales, cuando en los hechos procede exactamente igual contra los centroamericanos (de hecho, la administración calderonista demostró fehacientemente lo que le interesa el tema, al solapar a Cecilia Romero, ex comisionada del Instituto Nacional de Migración, garantizándole impunidad total. ¿Esa es una muestra de la "corresponsabilidad" de que habla la Secre- taría de Relaciones Exteriores?).
No es nuevo el delicado asunto de la industria del secuestro contra los migrantes
centroamericanos. Tampoco la documentada participación en ella de algunas autoridades federales y estatales de México, y mucho menos el discurso de la SRE en torno al tema. Tampoco es novedosa la industria que se ha desarrollado en torno al llamado (con exactitud) "tren de la muerte", en el que se transportan los cientos de miles de migrantes centroamericanos. No lo es otra industria boyante: la de los policías que extorsionan a estos indocumentados, menos la relativa al pago de mordidas en las estaciones migratorias para que dejen escapar a cierto tipo de migrantes, ni lo son tantos y tantos otros negocios relacionados con la suerte de los expulsados de su tierra.
El problema, precisamente, es que transcurren los años, cambian las administraciones, aumentan los discursos, crece la corrupción, se incrementa el número de secuestros, se robustece la brutali- dad de las bandas delictivas, se perfecciona la extorsión policiaca, y nada resuelve el gobierno mexicano. ¿Qué esperaba entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores de los gobiernos guatemalteco, hondureño o salvadoreño? ¿Agradecimiento, piropos, flores o, como era obvio, una protesta diplomática?
De hecho, hasta en las buenas acciones el gobierno mexicano se muestra extremadamente lento, porque, dicho sea de paso, el cura recientemente adoptado y protegido por Margarita Zavala, la esposa del inquilino de Los Pinos, ha sido amenazado y hostigado por las bandas de secuestradores desde hace mucho; incluso sobre el particular hay varios puntos de acuerdo en el Senado de la República para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Pero nada. Las denuncias públicas de Alejandro Solalinde, el director del albergue Hermanos en el Camino, datan de muchos años atrás y nadie, absolutamente nadie, ha metido la mano, ni siquiera para lo más elemental: garantizar seguridad y protección al denunciante, ya no se diga a los migrantes centroamericanos agredidos.
Que por su pasividad y sumisión no le hagan caso en el norte en el tema migratorio, no justifica que el gobierno mexicano haga lo mismo con los migrantes centroamericanos.
Las rebanadas del pastel
En lugar de corregir, en Los Pinos hicieron berrinche por uno de los cables divulgado por Wikileaks y publicado en El País, que describe “la dramática situación en la frontera de México con Guatemala (…), territorio donde narcotraficantes y contrabandistas de armas pelean por sus respetos y las avionetas cargadas con cocaína aterrizan a plena luz del día… mientras Estados Unidos tiene 30 mil agentes en la línea fronteriza con México, sólo 125 policías mexicanos protegen los límites con Guatemala… la policía mexicana es ineficaz o corrupta, y la población, abandonada secularmente por el Estado, ha decidido aceptar la protección de grupos criminales tan poderosos como Los Zetas”.
Materia prima de la boyante industria del secuestro en el país
Carlos Fernández-Vega / La Jornada
En materia de migración, todo indica que al gobierno mexicano se le hace muy fácil modificar diametralmente su actitud y su discurso cuando la brújula no apunta hacia el norte. A lo largo de los años, a Estados Unidos –así sea en el plano retórico– le ha "exigido" respeto a los derechos humanos y laborales de los emigrantes nacionales, que leS garantice seguridad y que se siente a negociar un tratado bilateral en este renglón. Sin embargo, cuando en la misma dinámica los reclamos provienen de las naciones centroamericanas, entonces tal gobierno actúa exactamente en sentido contrario y asume una actitud igual de deleznable a la que tanto reclama de las autoridades estadunidenses.
La misma agresión, explotación, persecución y violación de garantías de que son víctimas los mexicanos expulsados de su tierra en el dorado norte se da en México contra los migrantes centroamericanos, con el agravante de que éstos se han convertido en la materia prima de una impune cuan boyante industria: la del secuestro, por el crimen organizado que abierta- mente opera en el país, en la que no poca es la participación y complicidad que tienen las propias autoridades migratorias nacionales. Y el gobierno mexicano siempre reclama, pero el tono depende de la orientación de la brújula. Si apunta hacia el norte, lo hace en tono pausado y sumiso; si apunta hacia el sur, entonces es grotesco y altanero.
Ya se escuchó el tono soberbio de la Secretaría de Relaciones Exteriores –otrora la más guapa del baile– en torno al más reciente atentado contra migrantes centroamericanos (en Oaxaca): ante la protesta del gobierno guatemalteco por el incremento de la violencia contra sus connacionales, la SRE altaneramente respondió que “las acusaciones unilaterales no contribuyen a generar el espíritu de cooperación que requiere este enorme reto… para que la lucha contra el crimen organizado sea eficaz, es indispensable la cooperación de las autoridades de las naciones hermanas de Centroamérica, ya que dichas organizaciones operan en todos los países de la región… El principio de corresponsabilidad debe orientar las acciones de todos los gobiernos de la región para hacer frente a este problema”.
El gobierno chapín, como lo han hecho el salvadoreño y el hondureño, envió ayer una nota diplomática a México para protestar por "las constantes violaciones a los derechos humanos de los migrantes que transitan por territorio mexicano", al tiempo que exigió investigar y procesar a los responsables del secuestro de medio centenar de indocumentados, ocurrido el pasado 16 de diciembre en Chahuites, y de otros plagios en las cercanías de Arriaga, los cuales tuvieron lugar el día 22, pero cuya cifra de víctimas no ha sido precisada (La Jornada).
Lo anterior fue suficiente para que la SRE reaccionara como se indica líneas arriba, sin resolver problema alguno y sin asumir que la vida de los migrantes mexicanos es tan valiosa como la de los centroamericanos o la de los provenientes de cualquier otra zona del planeta. El gobierno mexicano no puede funcionar con dos caretas: exigir por un lado respeto para los connacionales que se ven obligados a abandonar su tierra y, paralelamente, mostrar indolencia ante la violación de los derechos humanos de otros indocumentados que en la mayoría de los casos están de tránsito en el país, porque su mira es –al igual que los mexicanos– el dorado norte. Con qué calidad moral reclama el gobierno mexicano a Estados Unidos por el trato que da a los connacionales, cuando en los hechos procede exactamente igual contra los centroamericanos (de hecho, la administración calderonista demostró fehacientemente lo que le interesa el tema, al solapar a Cecilia Romero, ex comisionada del Instituto Nacional de Migración, garantizándole impunidad total. ¿Esa es una muestra de la "corresponsabilidad" de que habla la Secre- taría de Relaciones Exteriores?).
No es nuevo el delicado asunto de la industria del secuestro contra los migrantes
centroamericanos. Tampoco la documentada participación en ella de algunas autoridades federales y estatales de México, y mucho menos el discurso de la SRE en torno al tema. Tampoco es novedosa la industria que se ha desarrollado en torno al llamado (con exactitud) "tren de la muerte", en el que se transportan los cientos de miles de migrantes centroamericanos. No lo es otra industria boyante: la de los policías que extorsionan a estos indocumentados, menos la relativa al pago de mordidas en las estaciones migratorias para que dejen escapar a cierto tipo de migrantes, ni lo son tantos y tantos otros negocios relacionados con la suerte de los expulsados de su tierra.
El problema, precisamente, es que transcurren los años, cambian las administraciones, aumentan los discursos, crece la corrupción, se incrementa el número de secuestros, se robustece la brutali- dad de las bandas delictivas, se perfecciona la extorsión policiaca, y nada resuelve el gobierno mexicano. ¿Qué esperaba entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores de los gobiernos guatemalteco, hondureño o salvadoreño? ¿Agradecimiento, piropos, flores o, como era obvio, una protesta diplomática?
De hecho, hasta en las buenas acciones el gobierno mexicano se muestra extremadamente lento, porque, dicho sea de paso, el cura recientemente adoptado y protegido por Margarita Zavala, la esposa del inquilino de Los Pinos, ha sido amenazado y hostigado por las bandas de secuestradores desde hace mucho; incluso sobre el particular hay varios puntos de acuerdo en el Senado de la República para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Pero nada. Las denuncias públicas de Alejandro Solalinde, el director del albergue Hermanos en el Camino, datan de muchos años atrás y nadie, absolutamente nadie, ha metido la mano, ni siquiera para lo más elemental: garantizar seguridad y protección al denunciante, ya no se diga a los migrantes centroamericanos agredidos.
Que por su pasividad y sumisión no le hagan caso en el norte en el tema migratorio, no justifica que el gobierno mexicano haga lo mismo con los migrantes centroamericanos.
Las rebanadas del pastel
En lugar de corregir, en Los Pinos hicieron berrinche por uno de los cables divulgado por Wikileaks y publicado en El País, que describe “la dramática situación en la frontera de México con Guatemala (…), territorio donde narcotraficantes y contrabandistas de armas pelean por sus respetos y las avionetas cargadas con cocaína aterrizan a plena luz del día… mientras Estados Unidos tiene 30 mil agentes en la línea fronteriza con México, sólo 125 policías mexicanos protegen los límites con Guatemala… la policía mexicana es ineficaz o corrupta, y la población, abandonada secularmente por el Estado, ha decidido aceptar la protección de grupos criminales tan poderosos como Los Zetas”.
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