Rogelio Ramírez de la O / El Universal
Ya es imposible ocultar los efectos de la violencia en la economía aun cuando, hasta ahora, el gobierno y algunos medios simpatizantes hicieron todo lo posible por minimizarlos.
Todavía hace poco, el semanario The Economist señalaba que, a pesar de todo, los turistas estadounidenses siguen llegando y ni siquiera se dan por enterados de los 30 mil muertos. Pero el problema es que la violencia va en aumento en el Norte, y al ser aleatoria en otras zonas, causa suficiente incertidumbre.
El Wall Street Journal publica este mes sobre siete empresas multinacionales que han cancelado inversiones en México para realizarlas en otros lugares o tienen problemas para conseguir personal que quiera venir a trabajar aquí, o bien, ponen sus planes en compás de espera, por la violencia. Una vez que esta problemática se ubica en la prensa internacional con nombres y detalles de casos, es sólo cuestión de tiempo para que se convierta en una característica más del país en los ojos de los extranjeros.
La mayoría de las empresas afectadas son manufactureras, es decir, las que mayor empleo crean. La mayoría está en el Norte del país, en donde, desde hace décadas habían encontrado un campo propicio para sus negocios. Ese ya no es el caso.
Por lo extensivo de sus operaciones, desde la manufactura hasta la exportación, pasando por el almacenamiento y el transporte, dichas operaciones son vulnerables a la extorsión por grupos criminales. El ambiente de incertidumbre y, en algunas regiones, de caos, es propicio para ello. Más aun, las empresas que no son víctimas de extorsión o secuestro pueden serlo al robo de la carga que transportan.
Aun para las empresas que mantienen sus planes en México, un efecto innegable es el aumento de sus costos de operación. Esto, por tener que redoblar las medidas de seguridad. Otro efecto es que al aumentar la seguridad también se reduce la eficiencia.
Detrás de todo el problema se ubica la estrategia del gobierno en la llamada lucha contra las drogas mediante la fuerza bruta. Al no entender que los grupos criminales son ante todo entidades con operaciones económicas, recurrir al Ejército y a la Marina propició que la violencia alcanzara a quienes nada tienen que ver con narcóticos.
El lanzamiento del Ejército en contra del crimen, sin anteponer un trabajo profundo de inteligencia, orilló a los grupos a elevar sus costos operativos, contratando más personal y comprando más armas. Para cubrir dichos costos, recurren a fuentes de ingreso diferentes y seguras, por lo menos en los territorios que dominan. Esto ha causado la ola de secuestros y extorsiones en el Norte del país.
Con la violencia creciente, las empresas extranjeras son muy susceptibles a cambiar sus planes en México. Esto, porque sus plantas están pensadas para operar como reloj y laboratorio, pues todo en su interior es un proceso planeado y controlado con precisión. La violencia, como choque externo, es una disrupción, en muchos casos imposible de administrar. No se trata sólo del nivel de alarma en sus casas matrices, sino de lo complicado de operar con costos e ineficiencias que no tendrían en otros países y el estigma que va creciendo para sus operaciones en México.
El estigma ya está establecido y tomará años revertirlo, aun después de concluida la guerra contra las drogas, bajo el supuesto de que algún día concluya. Por eso es inevitable una reducción de los flujos de inversión y empleo. El impacto económico será mucho mayor al 1% del PIB, según las primeras estimaciones, las cuales, lo más probable es que aumenten en 2011.
Analista económico
Ya es imposible ocultar los efectos de la violencia en la economía aun cuando, hasta ahora, el gobierno y algunos medios simpatizantes hicieron todo lo posible por minimizarlos.
Todavía hace poco, el semanario The Economist señalaba que, a pesar de todo, los turistas estadounidenses siguen llegando y ni siquiera se dan por enterados de los 30 mil muertos. Pero el problema es que la violencia va en aumento en el Norte, y al ser aleatoria en otras zonas, causa suficiente incertidumbre.
El Wall Street Journal publica este mes sobre siete empresas multinacionales que han cancelado inversiones en México para realizarlas en otros lugares o tienen problemas para conseguir personal que quiera venir a trabajar aquí, o bien, ponen sus planes en compás de espera, por la violencia. Una vez que esta problemática se ubica en la prensa internacional con nombres y detalles de casos, es sólo cuestión de tiempo para que se convierta en una característica más del país en los ojos de los extranjeros.
La mayoría de las empresas afectadas son manufactureras, es decir, las que mayor empleo crean. La mayoría está en el Norte del país, en donde, desde hace décadas habían encontrado un campo propicio para sus negocios. Ese ya no es el caso.
Por lo extensivo de sus operaciones, desde la manufactura hasta la exportación, pasando por el almacenamiento y el transporte, dichas operaciones son vulnerables a la extorsión por grupos criminales. El ambiente de incertidumbre y, en algunas regiones, de caos, es propicio para ello. Más aun, las empresas que no son víctimas de extorsión o secuestro pueden serlo al robo de la carga que transportan.
Aun para las empresas que mantienen sus planes en México, un efecto innegable es el aumento de sus costos de operación. Esto, por tener que redoblar las medidas de seguridad. Otro efecto es que al aumentar la seguridad también se reduce la eficiencia.
Detrás de todo el problema se ubica la estrategia del gobierno en la llamada lucha contra las drogas mediante la fuerza bruta. Al no entender que los grupos criminales son ante todo entidades con operaciones económicas, recurrir al Ejército y a la Marina propició que la violencia alcanzara a quienes nada tienen que ver con narcóticos.
El lanzamiento del Ejército en contra del crimen, sin anteponer un trabajo profundo de inteligencia, orilló a los grupos a elevar sus costos operativos, contratando más personal y comprando más armas. Para cubrir dichos costos, recurren a fuentes de ingreso diferentes y seguras, por lo menos en los territorios que dominan. Esto ha causado la ola de secuestros y extorsiones en el Norte del país.
Con la violencia creciente, las empresas extranjeras son muy susceptibles a cambiar sus planes en México. Esto, porque sus plantas están pensadas para operar como reloj y laboratorio, pues todo en su interior es un proceso planeado y controlado con precisión. La violencia, como choque externo, es una disrupción, en muchos casos imposible de administrar. No se trata sólo del nivel de alarma en sus casas matrices, sino de lo complicado de operar con costos e ineficiencias que no tendrían en otros países y el estigma que va creciendo para sus operaciones en México.
El estigma ya está establecido y tomará años revertirlo, aun después de concluida la guerra contra las drogas, bajo el supuesto de que algún día concluya. Por eso es inevitable una reducción de los flujos de inversión y empleo. El impacto económico será mucho mayor al 1% del PIB, según las primeras estimaciones, las cuales, lo más probable es que aumenten en 2011.
Analista económico
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