Francisco Suárez Dávila / El Universal
El Pemex que surge de la expropiación cardenista de 1938 es uno de los grandes proyectos mexicanos del siglo XX. La primera empresa estatal petrolera que logra administrar el recurso frente al deliberado boicot extranjero. Técnicos mexicanos desarrollaron en los 70 los grandes campos de Chiapas y Tabasco que nos situaron en los primeros lugares mundiales en producción y reservas. La gran capacidad de ejecución que entonces evidenció le permitió ser un motor del desarrollo nacional, impulsando polos regionales, puertos industriales y complejos petroquímicos. Nuevamente, en los 90, los técnicos mexicanos activaron el gran yacimiento de Cantarell.
Pero el Pemex del siglo XXI es más bien otra muestra del rezago nacional: Cantarell se sobreexplotó para dar recursos tributarios que se dilapidaron. Pemex, como caja del gobierno, ha servido más a la política fiscal que a la petrolera; se ha llegado al absurdo de que Pemex se endeuda para pagar impuestos. No se han hecho nuevas refinerías, después de interminables discusiones sobre dónde ubicar la nueva, la de Tula, no se ha construido. Importamos gasolinas, la petroquímica no es rentable, el Instituto del Petróleo se dedicó a organizar cursos de inglés, la corrupción es endémica en gobierno, sindicato, y empresa, pero ahora sin capacidad de ejecución. Los proveedores son mayoritariamente empresas extranjeras, la insuficiencia, envejecimiento, falta de mantenimiento de la infraestructura —como ductos— es un riesgo a la seguridad energética, ahora agravado por el narcoterrorismo. El pico de producción de 2004 de 3.8 millones de barriles diarios es ahora un millón menor.
La reciente seudorreforma logró algo difícil de imaginar: "amarrar" aún más a Pemex; su capacidad de actuar como empresa está limitada, ya no sólo por Hacienda, la interventora de su caja, sino por la Secretaría de la (Dis)Función Pública y la de Energía, que por su historial inútil bien podría desaparecer. "Arriba" de los órganos corporativos normales se ha creado una superestructura con nuevas comisiones reguladoras; "abajo", una pléyade de comisiones por función y por sector. Pemex está a la vez sobrerregulado y deficientemente regulado. Como avance, se le liberaron algo de recursos fiscales; inclusive la inversión tiene trato presupuestal especial. En suma, el sector petrolero es institucionalmente uno de los más rezagados del mundo.
Se requiere un consenso nacional, como deseo de año nuevo, para liberar a Pemex, enviar buena parte de la malograda reforma al archivo histórico, hacer una reforma constitucional, redefinir la rectoría del Estado con un sentido moderno que dé las salvaguardas necesarias, configurar a Pemex como una empresa pública de clase mundial, siguiendo el ejemplo de la Empresa Estatal Noruega o Petrobras. Esta empresa debe pagar una Renta Petrolera Nacional y los impuestos empresariales normales, así se le corrige su quebrado balance. Con ello, puede emitir acciones con participación privada minoritaria para financiarse.
La nueva empresa pública debe hacer alianzas estratégicas con empresas internacionales para perforar en aguas profundas o extraer gas o crudos pesados con nuevas tecnologías. Los contratos incentivados son un avance, pero puede ser conveniente autorizar "contratos riesgo"; debe permitirse inversión privada, preferentemente nacional, como lo ha hecho Brasil, en refinerías y distribución de gasolina y gas; los excedentes petroleros deben colocarse en un fondo de reserva con el doble propósito de compensar altibajos en el precio, y para fines de desarrollo nacional, incluso, nuevas fuentes de energía.
Se revertiría una causalidad perversa: no hay reforma fiscal porque Pemex genera los recursos, la llamada "enfermedad holandesa". Si Hacienda pierde captación tributaria, lo que Pemex gana, no le queda más que hacer una reforma. Así el mundo folklórico mexicano comienza a reordenarse. Hacienda recauda, Pemex tiene recursos para explorar y explotar las materias primas estratégicas, permite actividad privada nacional en las secundarias, se asocia con empresas punta de lanza para desarrollar tecnologías. Corporativamente, el Estado mexicano determina las líneas estratégicas, el director general dirige, el consejo aprueba políticas y supervisa. Todo ello requiere, como lo ha escrito atinadamente Adrián Lajous, una nueva arquitectura institucional, una previa y cuidadosa regulación secundaria, y una política de precios racional.
Para ello se requiere preparar a la opinión pública y al Congreso; líderes de izquierda y derecha entienden la necesidad del cambio. El país no puede quedar atrapado en el siglo XX, en un pilar fundamental para su desarrollo.
Catedrático de la Universidad Iberoamericana
El Pemex que surge de la expropiación cardenista de 1938 es uno de los grandes proyectos mexicanos del siglo XX. La primera empresa estatal petrolera que logra administrar el recurso frente al deliberado boicot extranjero. Técnicos mexicanos desarrollaron en los 70 los grandes campos de Chiapas y Tabasco que nos situaron en los primeros lugares mundiales en producción y reservas. La gran capacidad de ejecución que entonces evidenció le permitió ser un motor del desarrollo nacional, impulsando polos regionales, puertos industriales y complejos petroquímicos. Nuevamente, en los 90, los técnicos mexicanos activaron el gran yacimiento de Cantarell.
Pero el Pemex del siglo XXI es más bien otra muestra del rezago nacional: Cantarell se sobreexplotó para dar recursos tributarios que se dilapidaron. Pemex, como caja del gobierno, ha servido más a la política fiscal que a la petrolera; se ha llegado al absurdo de que Pemex se endeuda para pagar impuestos. No se han hecho nuevas refinerías, después de interminables discusiones sobre dónde ubicar la nueva, la de Tula, no se ha construido. Importamos gasolinas, la petroquímica no es rentable, el Instituto del Petróleo se dedicó a organizar cursos de inglés, la corrupción es endémica en gobierno, sindicato, y empresa, pero ahora sin capacidad de ejecución. Los proveedores son mayoritariamente empresas extranjeras, la insuficiencia, envejecimiento, falta de mantenimiento de la infraestructura —como ductos— es un riesgo a la seguridad energética, ahora agravado por el narcoterrorismo. El pico de producción de 2004 de 3.8 millones de barriles diarios es ahora un millón menor.
La reciente seudorreforma logró algo difícil de imaginar: "amarrar" aún más a Pemex; su capacidad de actuar como empresa está limitada, ya no sólo por Hacienda, la interventora de su caja, sino por la Secretaría de la (Dis)Función Pública y la de Energía, que por su historial inútil bien podría desaparecer. "Arriba" de los órganos corporativos normales se ha creado una superestructura con nuevas comisiones reguladoras; "abajo", una pléyade de comisiones por función y por sector. Pemex está a la vez sobrerregulado y deficientemente regulado. Como avance, se le liberaron algo de recursos fiscales; inclusive la inversión tiene trato presupuestal especial. En suma, el sector petrolero es institucionalmente uno de los más rezagados del mundo.
Se requiere un consenso nacional, como deseo de año nuevo, para liberar a Pemex, enviar buena parte de la malograda reforma al archivo histórico, hacer una reforma constitucional, redefinir la rectoría del Estado con un sentido moderno que dé las salvaguardas necesarias, configurar a Pemex como una empresa pública de clase mundial, siguiendo el ejemplo de la Empresa Estatal Noruega o Petrobras. Esta empresa debe pagar una Renta Petrolera Nacional y los impuestos empresariales normales, así se le corrige su quebrado balance. Con ello, puede emitir acciones con participación privada minoritaria para financiarse.
La nueva empresa pública debe hacer alianzas estratégicas con empresas internacionales para perforar en aguas profundas o extraer gas o crudos pesados con nuevas tecnologías. Los contratos incentivados son un avance, pero puede ser conveniente autorizar "contratos riesgo"; debe permitirse inversión privada, preferentemente nacional, como lo ha hecho Brasil, en refinerías y distribución de gasolina y gas; los excedentes petroleros deben colocarse en un fondo de reserva con el doble propósito de compensar altibajos en el precio, y para fines de desarrollo nacional, incluso, nuevas fuentes de energía.
Se revertiría una causalidad perversa: no hay reforma fiscal porque Pemex genera los recursos, la llamada "enfermedad holandesa". Si Hacienda pierde captación tributaria, lo que Pemex gana, no le queda más que hacer una reforma. Así el mundo folklórico mexicano comienza a reordenarse. Hacienda recauda, Pemex tiene recursos para explorar y explotar las materias primas estratégicas, permite actividad privada nacional en las secundarias, se asocia con empresas punta de lanza para desarrollar tecnologías. Corporativamente, el Estado mexicano determina las líneas estratégicas, el director general dirige, el consejo aprueba políticas y supervisa. Todo ello requiere, como lo ha escrito atinadamente Adrián Lajous, una nueva arquitectura institucional, una previa y cuidadosa regulación secundaria, y una política de precios racional.
Para ello se requiere preparar a la opinión pública y al Congreso; líderes de izquierda y derecha entienden la necesidad del cambio. El país no puede quedar atrapado en el siglo XX, en un pilar fundamental para su desarrollo.
Catedrático de la Universidad Iberoamericana
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