David Ibarra / El Universal
Como señalé en mi artículo anterior, el precario sistema impositivo nacional constituye una de las más grandes fallas institucionales de la economía. La baja tributación estorba el crecimiento, limita la política social y obstaculiza los pactos sociales, rotos por el cambio de modelo económico con la globalización. La carga tributaria en México (2006) es 2.6 veces inferior a la del promedio de países de la OCDE, la de impuestos directos 2.8 veces inferior y la de los gravámenes indirectos 2.4 veces más pequeña.
Con todo, las menguadas recaudaciones no son el problema único. No sólo se trata de generar más recursos para sostener y ensanchar el abasto de bienes públicos. Importa corregir las deformaciones estructurales que estorban la modernización tributaria del país. Abundan distorsiones acumulativas en la distribución de las cargas, en la débil respuesta de las recaudaciones al crecimiento económico, en hacer inviable las políticas contracíclicas y en facilitar la alteración de los gravámenes en respuesta a presiones de grupos de interés.
Examinemos algunos casos conspicuos. La reducción de la progresividad del ISR a las personas representa un caso paradigmático del empobrecimiento de la equidad impositiva. La tasa máxima se hizo caer más del 50% al 30% entre 1980 y 2009. Sin tomar en cuenta que 10% de los más ricos tienen 40% del producto, mientras el 10% más pobre tiene apenas 1%. El grueso de los países industrializados y muchos en desarrollo mantienen tasas máximas muy superiores a las personas y las vienen subiendo frente a los imperativos de la crisis. A lo anterior se añade la débil tributación nacional a las ganancias de capital, a las herencias y legados o a la propiedad inmobiliaria.
Recuérdese, cuando se incorporó el sistema impositivo mexicano al régimen competitivo de la globalización, se redujeron e igualaron las tasas máximas de la progresividad del ISR a las personas y a las empresas. No se advirtió que la mayoría de los países fija cargas mayores a las personas y menores a las empresas por quedar estas últimas abiertas a la concurrencia internacional para atraer inversiones. De aquí que el promedio de esas tasas de la OCDE sea de 40% para las personas y del 28% para las corporaciones. En nuestro caso, hay un doble problema, se abaten innecesariamente las recaudaciones y se violenta la equidad impositiva.
Las autoridades insisten en clasificar al IETU como gravamen directo. No lo es, por cuanto todos los contribuyentes pagan lo mismo con independencia del monto de sus utilidades o del nivel de sus ingresos, es decir, se trata de un IVA disimulado que grava alimentos y medicinas al tiempo que debilita las recaudaciones progresivas del ISR. El IETU a la par de complicar papeleo administrativo de empresas y fisco, su contribución a la mejoría distributiva de las cargas tributarias resulta negativa o nula, aunque se le tome como simple gravamen de control, como lo fuera el Impuesto a los Activos.
El encogimiento de las recaudaciones se ha compensado con la transferencia masiva de los ingresos petroleros al fisco y, antes, con las privatizaciones de empresas públicas. Pese a los intensos debates, Pemex sigue cubriendo 30% de los ingresos del fisco federal. Y por eso, queda impedido de reinvertir, registra pérdidas descapitalizadoras que sólo explica el imperativo de no tocar los ingresos de los pudientes o el de prolongar la vida de un sistema impositivo insostenible. De aquí que el aporte de los impuestos propiamente dichos del gobierno federal se haya reducido peligrosamente del 95% al 74% en el periodo 1980-2009.
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se utiliza con variados propósitos. Desde luego, razones de salud pública han llevado a elevar los gravámenes a las bebidas alcohólicas y al tabaco. Sin embargo, la manipulación de ese impuesto más que a fortalecer al fisco se encamina a neutralizar el impacto de las fluctuaciones de los precios internacionales del diesel y las gasolinas en la inflación interna. Así transita de ser una fuente alta de recaudaciones (2.1% del producto) en 2000, a convertirse en una subvención regresiva enorme (1.4% del producto) en 2008. Después, la crudeza de la situación presupuestaria y las tendencias deflacionistas del país y del mundo, han obligado a corregir parcialmente el problema.
Sin embargo, llama la atención que haya pasado casi desapercibida la magnitud de oscilaciones del IEPS, sobre todo al considerar los intensos debates políticos y legislativos sobre el IVA a alimentos y medicinas. El impacto de esta última medida apenas elevaría las recaudaciones en 1% del producto mientras los movimientos del IEPS ascienden a más del 3% del propio producto. Y, de la misma manera, llama la atención la desgravación unilateral de los pocos aranceles vigentes —cuando renace el proteccionismo en el mundo— y las de los gravámenes a los automóviles, frente al hoyo fiscal identificado no hace mucho por Hacienda y la intención inserta en los criterios de política de 2011 de seguir reduciendo el déficit público, comprimiendo gastos, en época recesiva.
También se ha pasado por alto que el sistema tributario nacional lejos de simplificarse y modernizarse, se torna crecientemente complejo y burocrático, propenso a la evasión, la elusión y la corrupción fiscales. Las misceláneas y cambios legales menores (participaciones múltiples en los ingresos petroleros, IETU, regímenes impositivos privilegiados, gravamen a los depósitos en efectivo, envejecimiento de los acuerdos del federalismo fiscal, etc.) contribuyen a complicar la administración de instituciones, empresas y fiscos, así como a multiplicar las tensiones políticas y los litigios de orden tributario, que ocupan mucho más del 60% de los casos referidos a la Suprema Corte de Justicia.
Aquí cuenta tanto la limitada audacia del Poder Ejecutivo (en el 2011 no se proponen ni miscelánea ni cambios impositivos), como la maraña de obstáculos de los grupos de interés y los partidos.
Una nota final: la semana pasada falleció Ernesto Fernández Hurtado, un mexicano que junto a Rodrigo Gómez y Leopoldo Solís, se atrevió a romper ortodoxias al transformar al Banco de México en el más exitoso, innovador, banco de desarrollo de América Latina. Sin nostalgia de tiempos idos, honor a quien honor merece.
Analista político
Como señalé en mi artículo anterior, el precario sistema impositivo nacional constituye una de las más grandes fallas institucionales de la economía. La baja tributación estorba el crecimiento, limita la política social y obstaculiza los pactos sociales, rotos por el cambio de modelo económico con la globalización. La carga tributaria en México (2006) es 2.6 veces inferior a la del promedio de países de la OCDE, la de impuestos directos 2.8 veces inferior y la de los gravámenes indirectos 2.4 veces más pequeña.
Con todo, las menguadas recaudaciones no son el problema único. No sólo se trata de generar más recursos para sostener y ensanchar el abasto de bienes públicos. Importa corregir las deformaciones estructurales que estorban la modernización tributaria del país. Abundan distorsiones acumulativas en la distribución de las cargas, en la débil respuesta de las recaudaciones al crecimiento económico, en hacer inviable las políticas contracíclicas y en facilitar la alteración de los gravámenes en respuesta a presiones de grupos de interés.
Examinemos algunos casos conspicuos. La reducción de la progresividad del ISR a las personas representa un caso paradigmático del empobrecimiento de la equidad impositiva. La tasa máxima se hizo caer más del 50% al 30% entre 1980 y 2009. Sin tomar en cuenta que 10% de los más ricos tienen 40% del producto, mientras el 10% más pobre tiene apenas 1%. El grueso de los países industrializados y muchos en desarrollo mantienen tasas máximas muy superiores a las personas y las vienen subiendo frente a los imperativos de la crisis. A lo anterior se añade la débil tributación nacional a las ganancias de capital, a las herencias y legados o a la propiedad inmobiliaria.
Recuérdese, cuando se incorporó el sistema impositivo mexicano al régimen competitivo de la globalización, se redujeron e igualaron las tasas máximas de la progresividad del ISR a las personas y a las empresas. No se advirtió que la mayoría de los países fija cargas mayores a las personas y menores a las empresas por quedar estas últimas abiertas a la concurrencia internacional para atraer inversiones. De aquí que el promedio de esas tasas de la OCDE sea de 40% para las personas y del 28% para las corporaciones. En nuestro caso, hay un doble problema, se abaten innecesariamente las recaudaciones y se violenta la equidad impositiva.
Las autoridades insisten en clasificar al IETU como gravamen directo. No lo es, por cuanto todos los contribuyentes pagan lo mismo con independencia del monto de sus utilidades o del nivel de sus ingresos, es decir, se trata de un IVA disimulado que grava alimentos y medicinas al tiempo que debilita las recaudaciones progresivas del ISR. El IETU a la par de complicar papeleo administrativo de empresas y fisco, su contribución a la mejoría distributiva de las cargas tributarias resulta negativa o nula, aunque se le tome como simple gravamen de control, como lo fuera el Impuesto a los Activos.
El encogimiento de las recaudaciones se ha compensado con la transferencia masiva de los ingresos petroleros al fisco y, antes, con las privatizaciones de empresas públicas. Pese a los intensos debates, Pemex sigue cubriendo 30% de los ingresos del fisco federal. Y por eso, queda impedido de reinvertir, registra pérdidas descapitalizadoras que sólo explica el imperativo de no tocar los ingresos de los pudientes o el de prolongar la vida de un sistema impositivo insostenible. De aquí que el aporte de los impuestos propiamente dichos del gobierno federal se haya reducido peligrosamente del 95% al 74% en el periodo 1980-2009.
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se utiliza con variados propósitos. Desde luego, razones de salud pública han llevado a elevar los gravámenes a las bebidas alcohólicas y al tabaco. Sin embargo, la manipulación de ese impuesto más que a fortalecer al fisco se encamina a neutralizar el impacto de las fluctuaciones de los precios internacionales del diesel y las gasolinas en la inflación interna. Así transita de ser una fuente alta de recaudaciones (2.1% del producto) en 2000, a convertirse en una subvención regresiva enorme (1.4% del producto) en 2008. Después, la crudeza de la situación presupuestaria y las tendencias deflacionistas del país y del mundo, han obligado a corregir parcialmente el problema.
Sin embargo, llama la atención que haya pasado casi desapercibida la magnitud de oscilaciones del IEPS, sobre todo al considerar los intensos debates políticos y legislativos sobre el IVA a alimentos y medicinas. El impacto de esta última medida apenas elevaría las recaudaciones en 1% del producto mientras los movimientos del IEPS ascienden a más del 3% del propio producto. Y, de la misma manera, llama la atención la desgravación unilateral de los pocos aranceles vigentes —cuando renace el proteccionismo en el mundo— y las de los gravámenes a los automóviles, frente al hoyo fiscal identificado no hace mucho por Hacienda y la intención inserta en los criterios de política de 2011 de seguir reduciendo el déficit público, comprimiendo gastos, en época recesiva.
También se ha pasado por alto que el sistema tributario nacional lejos de simplificarse y modernizarse, se torna crecientemente complejo y burocrático, propenso a la evasión, la elusión y la corrupción fiscales. Las misceláneas y cambios legales menores (participaciones múltiples en los ingresos petroleros, IETU, regímenes impositivos privilegiados, gravamen a los depósitos en efectivo, envejecimiento de los acuerdos del federalismo fiscal, etc.) contribuyen a complicar la administración de instituciones, empresas y fiscos, así como a multiplicar las tensiones políticas y los litigios de orden tributario, que ocupan mucho más del 60% de los casos referidos a la Suprema Corte de Justicia.
Aquí cuenta tanto la limitada audacia del Poder Ejecutivo (en el 2011 no se proponen ni miscelánea ni cambios impositivos), como la maraña de obstáculos de los grupos de interés y los partidos.
Una nota final: la semana pasada falleció Ernesto Fernández Hurtado, un mexicano que junto a Rodrigo Gómez y Leopoldo Solís, se atrevió a romper ortodoxias al transformar al Banco de México en el más exitoso, innovador, banco de desarrollo de América Latina. Sin nostalgia de tiempos idos, honor a quien honor merece.
Analista político
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