Jorge A. Chávez Presa / El Universal
Hasta ahora, el saldo y manejo de la deuda pública del gobierno mexicano representa una de las principales ventajas de México ante la gran mayoría de las economías desarrolladas y emergentes. Los mexicanos aprendimos la dura lección de la década de los 70. Una política fiscal expansiva irresponsable nos mostró lo gravoso que puede convertirse un endeudamiento público excesivo que no está respaldado por activos que aumenten los ingresos públicos.
Por ese endeudamiento excesivo, aunado a un entorno externo desfavorable, durante la década de los 80, el componente más importante del Presupuesto de Egresos de la Federación fue el pago de intereses. Olvidamos que el pago de intereses llegó a ser casi una y media veces más de lo que se recaudaba de impuestos. En 1987 llegó al punto máximo y la factura del costo financiero que había que pagar sobre la deuda del gobierno federal equivalió a 16% del PIB.
Como resultado del ajuste fiscal emprendido en los gobiernos de los presidentes De la Madrid y Salinas, que incluyó la venta de activos para reducir el saldo de la deuda, la exitosa renegociación de la deuda pública externa y una política monetaria prudente, el pago de intereses se redujo drásticamente. Éste pasó del 16% del PIB en 1987 a sólo 3.1% del PIB en 1992. Ése ha sido sin lugar a dudas el mayor éxito alcanzado para las finanzas públicas que hoy perdura. Por mucho superó lo que cualquier reforma tributaria hubiera aportado. Sin embargo, la consecuencia negativa de dicho éxito, combinado con el alza del precio del petróleo y el aumento temporal de la producción petrolera, fue posponer el debate profundo de la reforma tributaria.
El costo financiero de la deuda pública del gobierno federal, sumándole incluso lo que se paga por los pasivos que se emitieron para subsanar el quebranto bancario de 1995, ha rondado entre el 2.9% y alrededor del 2.2% del PIB de 1999 a la fecha. Por lo tanto, la mayor fortaleza de las finanzas públicas mexicanas ha sido mantener a raya el costo financiero de la deuda pública, cuidando el tamaño del déficit fiscal.
En consecuencia, todo lo que afecte la percepción de riesgo o la capacidad de pago del gobierno, hará que este gran logro desaparezca. Es a esta estabilidad en el pago de intereses a la que, de manera reiterada, se hace referencia.
Como es tan frágil ese balance, y además está expuesto a la volatilidad del mercado internacional de los precios del petróleo, que determina alrededor de 23% de los ingresos federales, no conviene jugar al populista que baja impuestos o busca más endeudamiento para darle un impulso efímero y artificial a nuestro magro crecimiento económico.
Después de que en 1991, 1992 y 1993, el gobierno federal tuvo finanzas públicas superavitarias, el déficit fiscal ha sido la norma, y en consecuencia la solicitud de endeudamiento neto es tema cada año al aprobarse el paquete económico, y en específico, la ley de ingresos federal.
Si bien, por mucho, el endeudamiento gubernamental no tiene comparación con lo sufrido en la década de los 80, sí hay que resaltar cuatro puntos. Uno, las finanzas públicas del gobierno federal, medidas por el superávit primario, no están generando un excedente entre la diferencia entre ingresos y gasto para pagar intereses sobre la deuda. Esto obliga a que parte del endeudamiento público adicional solicitado para 2011 se use para cubrir el costo financiero de la deuda. Segundo, la composición del gasto es tal que la inversión pública del gobierno federal para 2011 es menor al endeudamiento público solicitado. Mientras que el endeudamiento interno neto solicitado es por 340 mil millones de pesos (mmp), el gasto de capital contemplado asciende a 268 mmp. Tercero, mientras el gobierno federal incurra en déficit y aumente su deuda, se desplazará al sector productivo del país para disponer de recursos internos para la inversión que aumente el PIB futuro del país. Cuarto, el saldo de los instrumentos de deuda pública del gobierno federal es de 25% del PIB, cuando en el 2000 era de 17.3%. Afortunadamente no tiene comparación con lo que tuvimos ni lo que los países altamente desarrollados tienen, pero poco a poquito se llenan los jarritos. Simplemente no hay almuerzos gratis, y a quien le estaremos pasando la cuenta es a nuestros hijos y nietos.
Economista
Hasta ahora, el saldo y manejo de la deuda pública del gobierno mexicano representa una de las principales ventajas de México ante la gran mayoría de las economías desarrolladas y emergentes. Los mexicanos aprendimos la dura lección de la década de los 70. Una política fiscal expansiva irresponsable nos mostró lo gravoso que puede convertirse un endeudamiento público excesivo que no está respaldado por activos que aumenten los ingresos públicos.
Por ese endeudamiento excesivo, aunado a un entorno externo desfavorable, durante la década de los 80, el componente más importante del Presupuesto de Egresos de la Federación fue el pago de intereses. Olvidamos que el pago de intereses llegó a ser casi una y media veces más de lo que se recaudaba de impuestos. En 1987 llegó al punto máximo y la factura del costo financiero que había que pagar sobre la deuda del gobierno federal equivalió a 16% del PIB.
Como resultado del ajuste fiscal emprendido en los gobiernos de los presidentes De la Madrid y Salinas, que incluyó la venta de activos para reducir el saldo de la deuda, la exitosa renegociación de la deuda pública externa y una política monetaria prudente, el pago de intereses se redujo drásticamente. Éste pasó del 16% del PIB en 1987 a sólo 3.1% del PIB en 1992. Ése ha sido sin lugar a dudas el mayor éxito alcanzado para las finanzas públicas que hoy perdura. Por mucho superó lo que cualquier reforma tributaria hubiera aportado. Sin embargo, la consecuencia negativa de dicho éxito, combinado con el alza del precio del petróleo y el aumento temporal de la producción petrolera, fue posponer el debate profundo de la reforma tributaria.
El costo financiero de la deuda pública del gobierno federal, sumándole incluso lo que se paga por los pasivos que se emitieron para subsanar el quebranto bancario de 1995, ha rondado entre el 2.9% y alrededor del 2.2% del PIB de 1999 a la fecha. Por lo tanto, la mayor fortaleza de las finanzas públicas mexicanas ha sido mantener a raya el costo financiero de la deuda pública, cuidando el tamaño del déficit fiscal.
En consecuencia, todo lo que afecte la percepción de riesgo o la capacidad de pago del gobierno, hará que este gran logro desaparezca. Es a esta estabilidad en el pago de intereses a la que, de manera reiterada, se hace referencia.
Como es tan frágil ese balance, y además está expuesto a la volatilidad del mercado internacional de los precios del petróleo, que determina alrededor de 23% de los ingresos federales, no conviene jugar al populista que baja impuestos o busca más endeudamiento para darle un impulso efímero y artificial a nuestro magro crecimiento económico.
Después de que en 1991, 1992 y 1993, el gobierno federal tuvo finanzas públicas superavitarias, el déficit fiscal ha sido la norma, y en consecuencia la solicitud de endeudamiento neto es tema cada año al aprobarse el paquete económico, y en específico, la ley de ingresos federal.
Si bien, por mucho, el endeudamiento gubernamental no tiene comparación con lo sufrido en la década de los 80, sí hay que resaltar cuatro puntos. Uno, las finanzas públicas del gobierno federal, medidas por el superávit primario, no están generando un excedente entre la diferencia entre ingresos y gasto para pagar intereses sobre la deuda. Esto obliga a que parte del endeudamiento público adicional solicitado para 2011 se use para cubrir el costo financiero de la deuda. Segundo, la composición del gasto es tal que la inversión pública del gobierno federal para 2011 es menor al endeudamiento público solicitado. Mientras que el endeudamiento interno neto solicitado es por 340 mil millones de pesos (mmp), el gasto de capital contemplado asciende a 268 mmp. Tercero, mientras el gobierno federal incurra en déficit y aumente su deuda, se desplazará al sector productivo del país para disponer de recursos internos para la inversión que aumente el PIB futuro del país. Cuarto, el saldo de los instrumentos de deuda pública del gobierno federal es de 25% del PIB, cuando en el 2000 era de 17.3%. Afortunadamente no tiene comparación con lo que tuvimos ni lo que los países altamente desarrollados tienen, pero poco a poquito se llenan los jarritos. Simplemente no hay almuerzos gratis, y a quien le estaremos pasando la cuenta es a nuestros hijos y nietos.
Economista
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