Guillermo Knochenhauer / El Financiero
El pensamiento dominante es que la economía debe crecer y que México ha tenido un pésimo desempeño en ese aspecto. Asumamos esa idea como la única que vale la pena discutir, olvidándonos de que el planeta ya no soporta que todo el mundo siga el mismo modelo.
Para crecer, el primer requisito es que el gobierno reconozca las dificultades que hay para hacerlo. Al no contar con esa precisión, casi nadie, ni los empresarios, tienen claridad de qué y cómo hacer lo que va en sus intereses.
Ahora resulta, según el gobierno, que la inseguridad es una percepción, un mito que no afecta las decisiones de inversiones y que estamos en franca recuperación del crecimiento y del empleo sin que el mercado interno tenga que ver en ello.
La inseguridad y el narcotráfico es el mayor problema contemporáneo del país, pero según Ernesto Cordero, Secretario de Hacienda, no es un factor que esté afectando las inversiones porque, argumenta, siguen llegando capitales importantes a México.
Lo que no les dijo Cordero a los legisladores, fue que la salida de capitales mexicanos se ha acelerado a niveles sin precedentes durante 2009 y sobre todo, durante el primer semestre de 2010. Por inversiones directas de mexicanos en el exterior salieron 7,600 millones de dólares durante 2009 y en el primer semestre de 2010, la cuenta es de 8,070 millones.
Es un hecho que empresas mexicanas importantes, en los más diversos giros, están planeando su expansión fuera de México, lo cual debería alertar al gobierno por lo que significa social y políticamente un éxodo de esas dimensiones y por las dificultades económicas que representa como fuga de capitales.
Las causas de esas salidas tienen que ver con la descomposición del orden jurídico y político y con el encogimiento del mercado interno. En diversos tonos las han señalado conspicuos empresarios como Claudio X González, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y dirigentes de otros órganos empresariales como Mario Sánchez, del Consejo Coordinador Empresarial y Gerardo Gutiérrez Candiani, de la Coparmex.
Contra la opinión de Cordero, para esos personajes la inseguridad es uno de los factores que restan posibilidades a una recuperación económica más rápida, y es que la inseguridad no sólo es el temido riesgo de ser víctima personal de delincuentes; implica corrupción y abarca la violación constante del estado de derecho en detrimento de todo tipo de garantías, incluyendo las que protegen a las inversiones.
Mientras no se vea un camino de solución a la inseguridad en todos los órdenes de la vida, será difícil visualizar tareas concretas para alcanzar tiempos mejores. Se pueden imaginar esos tiempos como de menor corrupción judicial y de gobiernos que prohíjan la impunidad, tiempos de mayor confianza ciudadana en las leyes y en las autoridades, pero falta la decisión política de caminar en ese rumbo.
La recuperación del crecimiento y del empleo al que se refirió Cordero tendrá pies de barro mientras la apuesta siga siendo la reanudación del crecimiento de la economía de Estados Unidos. Ese no volverá a ser el factor de estímulo al crecimiento de México, como fue –con todo y sus graves distorsiones- durante los últimos 20 años. La atención hay que fijarla en los problemas y soluciones del empobrecido mercado interno.
El problema económico más obvio –no el más importante desde el punto de vista social, que es la pobreza alimentaria, la de aptitudes y la patrimonial que padece la mitad de los mexicanos- es el empobrecimiento de las clases medias, las que consumen aparatos, autos, viajes, compran a crédito su departamento o casa y tratan siempre de vestir lo mejor que pueden.
En una economía que se guía por el consumo qué y cuánto producir, las clases medias representan la demanda solvente más importante. Su empobrecimiento pertinaz durante años forma un paquete de factores que inhiben las inversiones, el crecimiento y el empleo. Revertir el achicamiento de las clases medias debería ser el núcleo de las políticas públicas. Porque además, de ellas también depende la estabilidad política.
Sin embargo, en el centro de atención del gobierno y de los empresarios está la situación fiscal, como si la recuperación del crecimiento dependiera de un mayor gasto público y de poder cobrar más impuestos para no perder la estabilidad macroeconómica.
Los economistas saben que la economía crece en función de la demanda, pero prefieren apuntar al gasto público que al fortalecimiento del poder adquisitivo de las clases medias, porque esto último implica atacar un problema aún mayor que el de la pobreza, que es el de la distribución de la riqueza por mecanismos que atenúen la desigualdad.
El pensamiento dominante es que la economía debe crecer y que México ha tenido un pésimo desempeño en ese aspecto. Asumamos esa idea como la única que vale la pena discutir, olvidándonos de que el planeta ya no soporta que todo el mundo siga el mismo modelo.
Para crecer, el primer requisito es que el gobierno reconozca las dificultades que hay para hacerlo. Al no contar con esa precisión, casi nadie, ni los empresarios, tienen claridad de qué y cómo hacer lo que va en sus intereses.
Ahora resulta, según el gobierno, que la inseguridad es una percepción, un mito que no afecta las decisiones de inversiones y que estamos en franca recuperación del crecimiento y del empleo sin que el mercado interno tenga que ver en ello.
La inseguridad y el narcotráfico es el mayor problema contemporáneo del país, pero según Ernesto Cordero, Secretario de Hacienda, no es un factor que esté afectando las inversiones porque, argumenta, siguen llegando capitales importantes a México.
Lo que no les dijo Cordero a los legisladores, fue que la salida de capitales mexicanos se ha acelerado a niveles sin precedentes durante 2009 y sobre todo, durante el primer semestre de 2010. Por inversiones directas de mexicanos en el exterior salieron 7,600 millones de dólares durante 2009 y en el primer semestre de 2010, la cuenta es de 8,070 millones.
Es un hecho que empresas mexicanas importantes, en los más diversos giros, están planeando su expansión fuera de México, lo cual debería alertar al gobierno por lo que significa social y políticamente un éxodo de esas dimensiones y por las dificultades económicas que representa como fuga de capitales.
Las causas de esas salidas tienen que ver con la descomposición del orden jurídico y político y con el encogimiento del mercado interno. En diversos tonos las han señalado conspicuos empresarios como Claudio X González, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y dirigentes de otros órganos empresariales como Mario Sánchez, del Consejo Coordinador Empresarial y Gerardo Gutiérrez Candiani, de la Coparmex.
Contra la opinión de Cordero, para esos personajes la inseguridad es uno de los factores que restan posibilidades a una recuperación económica más rápida, y es que la inseguridad no sólo es el temido riesgo de ser víctima personal de delincuentes; implica corrupción y abarca la violación constante del estado de derecho en detrimento de todo tipo de garantías, incluyendo las que protegen a las inversiones.
Mientras no se vea un camino de solución a la inseguridad en todos los órdenes de la vida, será difícil visualizar tareas concretas para alcanzar tiempos mejores. Se pueden imaginar esos tiempos como de menor corrupción judicial y de gobiernos que prohíjan la impunidad, tiempos de mayor confianza ciudadana en las leyes y en las autoridades, pero falta la decisión política de caminar en ese rumbo.
La recuperación del crecimiento y del empleo al que se refirió Cordero tendrá pies de barro mientras la apuesta siga siendo la reanudación del crecimiento de la economía de Estados Unidos. Ese no volverá a ser el factor de estímulo al crecimiento de México, como fue –con todo y sus graves distorsiones- durante los últimos 20 años. La atención hay que fijarla en los problemas y soluciones del empobrecido mercado interno.
El problema económico más obvio –no el más importante desde el punto de vista social, que es la pobreza alimentaria, la de aptitudes y la patrimonial que padece la mitad de los mexicanos- es el empobrecimiento de las clases medias, las que consumen aparatos, autos, viajes, compran a crédito su departamento o casa y tratan siempre de vestir lo mejor que pueden.
En una economía que se guía por el consumo qué y cuánto producir, las clases medias representan la demanda solvente más importante. Su empobrecimiento pertinaz durante años forma un paquete de factores que inhiben las inversiones, el crecimiento y el empleo. Revertir el achicamiento de las clases medias debería ser el núcleo de las políticas públicas. Porque además, de ellas también depende la estabilidad política.
Sin embargo, en el centro de atención del gobierno y de los empresarios está la situación fiscal, como si la recuperación del crecimiento dependiera de un mayor gasto público y de poder cobrar más impuestos para no perder la estabilidad macroeconómica.
Los economistas saben que la economía crece en función de la demanda, pero prefieren apuntar al gasto público que al fortalecimiento del poder adquisitivo de las clases medias, porque esto último implica atacar un problema aún mayor que el de la pobreza, que es el de la distribución de la riqueza por mecanismos que atenúen la desigualdad.
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