Jorge A. Chávez Presa / El Universal
El Estado mexicano no tiene la hacienda pública que necesita para impulsar un crecimiento económico vigoroso y sostenido. Tampoco la tiene para sacar a más de 47 millones de mexicanos de su condición de pobreza, la cual ha lastimado severamente al pacto social. Esta es la razón fundamental y rectora para reformar la hacienda pública federal, la de los gobiernos estatales y del Distrito Federal, así como la de sus municipios y delegaciones, respectivamente.
Si esto es así, ¿qué hacienda pública tenemos? Tenemos una que ha respondido de manera decidida y exitosa para recuperar la estabilidad macroeconómica que se perdió por la expansión fiscal desordenada de los setenta y los primeros años de los ochenta. Ha sido una que se ha orientado primordialmente a no repetir el grave error del endeudamiento excesivo. De ahí la constante referencia a proteger el equilibrio fiscal, y que en el flujo los gastos se ajusten al ingreso.
Eso sin lugar a dudas ha sido acertado; sin embargo, la estabilidad es solamente una condición necesaria, mas no suficiente. Entre otras razones porque el equilibrio de las finanzas del sector público federal se ha logrado compensando un déficit creciente del gobierno federal con un superávit de las entidades paraestatales, del cual se ha excluido la inversión para su cálculo. Esta convención contable ha impedido mostrar que la recaudación de impuestos no alcanza para cubrir el gasto de operación que resulta de prestar servicios públicos como educación, salud, seguridad social, seguridad pública y procuración de justicia por citar los más importantes.
Más aún, la precariedad de la hacienda pública federal se ha minimizado por el efecto de afectar el patrimonio como resultado de vender petróleo para cubrir gasto corriente, en lugar de aplicarlo para aumentar el patrimonio que se heredará a las siguientes generaciones. La situación ha sido todavía más grave porque la bonanza petrolera de 2003 a 2008, con el aumento en la producción de petróleo y el alza en los precios, no fue destinada para crear reservas de ahorro suficientes e invertir en la formación de capital. En 2009 la crisis económica devoró los fondos de contingencia que se requieren para el ciclo de vacas flacas.
Por el lado del ingreso la debilidad se expresa por la falta de bases amplias de impuestos y de contribuyentes. Nuestro sistema fiscal está plagado de exenciones, tasas diferenciadas, regímenes especiales y estímulos fiscales que equivalen a casi 40% de la recaudación tributaria, más una evasión estimada en cerca del 27%. Hoy existen los mecanismos que hace más de un lustro no había para superar la regresividad del impuesto al valor agregado, especialmente si se aplica a los alimentos que representan una mayor proporción en los hogares de más bajos ingresos. Con los padrones que se han construido hoy puede más que compensarse a través del gasto público con programas dirigidos a la población afectada. Si se lograra tan sólo universalizar la seguridad social y se financiara a ésta con cuotas y un IVA generalizado, la política fiscal en su conjunto podría ser progresiva. No obstante esta opción de política pública, el tema ha sido secuestrado por estrategias electorales sin alturas de mira.
Por si lo anterior no bastara, el Estado mexicano ha construido un sistema fiscal concentrando instrumentos, responsabilidades y recursos en el orden federal. Más de 95% del valor de la recaudación de gravámenes en México la lleva a cabo el orden federal, esto sin contar a los derechos de hidrocarburos. Los gobiernos estatales prácticamente no tienen una potestad relevante, y los municipios que sí la tienen, que es el impuesto predial, lo han descuidado entre otras razones porque se les convirtió en adictos a recursos federales provenientes del Fondo de Fortalecimiento Municipal del Ramo 33.
El gasto público de los tres órdenes de gobierno no está contribuyendo a transformar la realidad de millones de mexicanos, y más aún no lo está haciendo a la velocidad que las circunstancias demandan. La calidad de la educación pública no está contribuyendo a acrecentar el capital humano, ni de ponerlo al nivel que nos permita atraer más inversión. Asimismo, la infraestructura pública del país no es suficiente para sostener tasas de crecimiento más elevadas de las actividades productivas.
Si lo anterior describe en parte a la débil hacienda pública actual, ¿qué hacienda pública necesitamos? La respuesta es sencilla: la que alinee los objetivos e instrumentos de la política fiscal hacia el crecimiento económico y el empleo respetando la estabilidad alcanzada. Y ¿dónde están esos planteamientos para guiar esa reforma de la hacienda pública que contemple a los ingresos, el gasto, la deuda y la relación fiscal entre los tres órdenes de gobierno? Los tiene nuestra Constitución, y se ubican en los artículos 28, 31, 36, 73, 74, 115, 117, 126 y 134.
Nuestra Constitución obliga a que todos los mexicanos contribuyamos de manera proporcional y equitativa; sin embargo, sociedad y gobierno no han podido construir un sistema tributario cercano a este mandato. La gran capacidad de transformación de la cual puede disponer el Estado para organizar adecuadamente el financiamiento del desarrollo nacional, regional y local no ha logrado la efectividad deseada.
Sólo con una actitud de cooperación entre las fuerzas políticas que les permita tener una visión compartida de lo que se entiende y quiere del Estado, y una hoja de cálculo al lado que vaya mostrando con total transparencia los ingresos de los distintos impuestos, los programas de gasto y la incidencia de ambos sobre la población podremos eliminar los lastres que limitan el potencial de las generaciones actuales y las del futuro. A Estados Unidos le tomó 100 años para incorporar a toda su población a esquemas de seguro de salud; sin embargo, desde su origen sentó las bases para una hacienda pública que financiara los objetivos nacionales, estatales y locales. México no está en esas condiciones para tomarse tanto tiempo en construir la hacienda pública de un Estado democrático altamente efectivo.
Economista
El Estado mexicano no tiene la hacienda pública que necesita para impulsar un crecimiento económico vigoroso y sostenido. Tampoco la tiene para sacar a más de 47 millones de mexicanos de su condición de pobreza, la cual ha lastimado severamente al pacto social. Esta es la razón fundamental y rectora para reformar la hacienda pública federal, la de los gobiernos estatales y del Distrito Federal, así como la de sus municipios y delegaciones, respectivamente.
Si esto es así, ¿qué hacienda pública tenemos? Tenemos una que ha respondido de manera decidida y exitosa para recuperar la estabilidad macroeconómica que se perdió por la expansión fiscal desordenada de los setenta y los primeros años de los ochenta. Ha sido una que se ha orientado primordialmente a no repetir el grave error del endeudamiento excesivo. De ahí la constante referencia a proteger el equilibrio fiscal, y que en el flujo los gastos se ajusten al ingreso.
Eso sin lugar a dudas ha sido acertado; sin embargo, la estabilidad es solamente una condición necesaria, mas no suficiente. Entre otras razones porque el equilibrio de las finanzas del sector público federal se ha logrado compensando un déficit creciente del gobierno federal con un superávit de las entidades paraestatales, del cual se ha excluido la inversión para su cálculo. Esta convención contable ha impedido mostrar que la recaudación de impuestos no alcanza para cubrir el gasto de operación que resulta de prestar servicios públicos como educación, salud, seguridad social, seguridad pública y procuración de justicia por citar los más importantes.
Más aún, la precariedad de la hacienda pública federal se ha minimizado por el efecto de afectar el patrimonio como resultado de vender petróleo para cubrir gasto corriente, en lugar de aplicarlo para aumentar el patrimonio que se heredará a las siguientes generaciones. La situación ha sido todavía más grave porque la bonanza petrolera de 2003 a 2008, con el aumento en la producción de petróleo y el alza en los precios, no fue destinada para crear reservas de ahorro suficientes e invertir en la formación de capital. En 2009 la crisis económica devoró los fondos de contingencia que se requieren para el ciclo de vacas flacas.
Por el lado del ingreso la debilidad se expresa por la falta de bases amplias de impuestos y de contribuyentes. Nuestro sistema fiscal está plagado de exenciones, tasas diferenciadas, regímenes especiales y estímulos fiscales que equivalen a casi 40% de la recaudación tributaria, más una evasión estimada en cerca del 27%. Hoy existen los mecanismos que hace más de un lustro no había para superar la regresividad del impuesto al valor agregado, especialmente si se aplica a los alimentos que representan una mayor proporción en los hogares de más bajos ingresos. Con los padrones que se han construido hoy puede más que compensarse a través del gasto público con programas dirigidos a la población afectada. Si se lograra tan sólo universalizar la seguridad social y se financiara a ésta con cuotas y un IVA generalizado, la política fiscal en su conjunto podría ser progresiva. No obstante esta opción de política pública, el tema ha sido secuestrado por estrategias electorales sin alturas de mira.
Por si lo anterior no bastara, el Estado mexicano ha construido un sistema fiscal concentrando instrumentos, responsabilidades y recursos en el orden federal. Más de 95% del valor de la recaudación de gravámenes en México la lleva a cabo el orden federal, esto sin contar a los derechos de hidrocarburos. Los gobiernos estatales prácticamente no tienen una potestad relevante, y los municipios que sí la tienen, que es el impuesto predial, lo han descuidado entre otras razones porque se les convirtió en adictos a recursos federales provenientes del Fondo de Fortalecimiento Municipal del Ramo 33.
El gasto público de los tres órdenes de gobierno no está contribuyendo a transformar la realidad de millones de mexicanos, y más aún no lo está haciendo a la velocidad que las circunstancias demandan. La calidad de la educación pública no está contribuyendo a acrecentar el capital humano, ni de ponerlo al nivel que nos permita atraer más inversión. Asimismo, la infraestructura pública del país no es suficiente para sostener tasas de crecimiento más elevadas de las actividades productivas.
Si lo anterior describe en parte a la débil hacienda pública actual, ¿qué hacienda pública necesitamos? La respuesta es sencilla: la que alinee los objetivos e instrumentos de la política fiscal hacia el crecimiento económico y el empleo respetando la estabilidad alcanzada. Y ¿dónde están esos planteamientos para guiar esa reforma de la hacienda pública que contemple a los ingresos, el gasto, la deuda y la relación fiscal entre los tres órdenes de gobierno? Los tiene nuestra Constitución, y se ubican en los artículos 28, 31, 36, 73, 74, 115, 117, 126 y 134.
Nuestra Constitución obliga a que todos los mexicanos contribuyamos de manera proporcional y equitativa; sin embargo, sociedad y gobierno no han podido construir un sistema tributario cercano a este mandato. La gran capacidad de transformación de la cual puede disponer el Estado para organizar adecuadamente el financiamiento del desarrollo nacional, regional y local no ha logrado la efectividad deseada.
Sólo con una actitud de cooperación entre las fuerzas políticas que les permita tener una visión compartida de lo que se entiende y quiere del Estado, y una hoja de cálculo al lado que vaya mostrando con total transparencia los ingresos de los distintos impuestos, los programas de gasto y la incidencia de ambos sobre la población podremos eliminar los lastres que limitan el potencial de las generaciones actuales y las del futuro. A Estados Unidos le tomó 100 años para incorporar a toda su población a esquemas de seguro de salud; sin embargo, desde su origen sentó las bases para una hacienda pública que financiara los objetivos nacionales, estatales y locales. México no está en esas condiciones para tomarse tanto tiempo en construir la hacienda pública de un Estado democrático altamente efectivo.
Economista
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