miércoles, 26 de mayo de 2010

REDUCIR EL COSTO DE LA FORMALIDAD

Javier Gala Palacios / El Universal
En nuestro sistema fiscal el cálculo de cuánto debe pagar por impuestos cualquier empresa formal (chica, mediana o grande) es toda una complejidad. Esto se repite cada mes y se agiganta cuando se hace la declaración anual. Las empresas tienen que realizar cálculos de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Empresarial a Tasa Única, contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Sistema de Ahorro para el Retiro y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Aunado a toda esta carga a los causantes formales, existe una serie de tratamientos preferenciales y exenciones que facilitan la elusión y evasión en el pago de impuestos y contribuciones. Hoy por hoy, para muchos es más fácil el camino de la informalidad; producir y vender sin que el gobierno se entere.
Es necesario bajar el costo de la formalidad. ¿Cómo lo logramos?
1. Un esquema fiscal simple. Mientras más sencillo sea, más fácil será su cálculo, cobro, pago, administración y auditoría.
2. En lugar del enorme cúmulo de facturas que se deben elaborar, a un gran costo social de tiempo y recursos, basar el pago de contribuciones en las cuentas bancarias que reflejen el movimiento real de flujos de efectivo pagados y cobrados por las empresas y personas con actividad empresarial.
3. Aplicación general. Actualmente el Impuesto Sobre la Renta excluye sectores, por razones completamente equivocadas, y permite tratamientos preferenciales que difícilmente se van a corregir si se mantiene este impuesto. Exenciones y tratos preferenciales deben desaparecer del escenario fiscal de México.
4. Poner, bajo un solo esquema, a los pagos actuales por impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, seguro social, sistema de ahorro para el retiro e Infonavit.
5. Un sistema que no penalice a las empresas cuando contratan a un trabajador adicional. Actualmente nuestro sistema impone una pesada carga cuando se contrata a un trabajador adicional, al tener que realizar trámites, cálculos y pagos por lo que llamamos “seguridad social”.
Todo lo anterior podría lograrse con un impuesto basado en una tasa fija, aplicable al valor agregado, medido en flujo de efectivo, de las empresas y personas con actividad empresarial, bajo las siguientes líneas generales:
1. La base gravable sería la diferencia, en flujo de efectivo, entre el valor de las ventas y el de las compras de insumos, haciendo deducible el monto de las inversiones. Todo lo demás sería sujeto del nuevo impuesto, basado en una tasa fija para todos los causantes, chicos o grandes. Las empresas y las personas físicas con actividad empresarial harían un solo pago mensual al SAT que incluiría no sólo el pago del impuesto, sino también las contribuciones. Por cada trabajador se cubriría, por seguridad social, exactamente la misma cantidad, sin importar si el trabajador gana poco o mucho. Todo mundo recibiría la misma pensión “básica” y el mismo acceso a los servicios de seguridad social. Para estimular mayor eficiencia en el IMSS habría que pensar en ampliar la gama de instituciones que podrían calificar como proveedores de servicios de salud
2. El pago de las empresas a los trabajadores sería en términos netos, es decir, desaparecería la carga administrativa del SAT relativa al seguimiento del pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como los cálculos y pagos de retenciones. Los trabajadores seguirían recibiendo el mismo sueldo neto que bajo el sistema actual.
3. Para recaudar la misma cantidad que ahora recibe el gobierno por estos conceptos sería preciso calcular la tasa equivalente, la cual no debería afectar a las empresas que actualmente cubren al pie de la letra sus contribuciones, con la extraordinaria ventaja de que ahora el cálculo de su monto y el procedimiento de pago serían extremadamente sencillos.
4. Además de lo anterior, no habría razón para que las auditorías llevadas a cabo por el SAT fueran más allá de un año calendario, con lo cual se podría ampliar su número, reducir el tamaño actual de esa institución o dedicarla a lo verdaderamente urgente: combatir la informalidad y la ilegalidad. Lo mismo ocurriría con el IMSS y el Infonavit. Con esta propuesta se contribuye a fomentar el empleo formal, ya que la contratación de un trabajador adicional no penalizaría a la empresa contratante.
5. Esta propuesta ha sido presentada en diversos foros, incluyendo al Poder Legislativo y a las asociaciones de contadores públicos de nuestro país. De todos los comentarios, sólo uno prevalece válido: el cálculo del monto equivalente al Impuesto Sobre la Renta que las empresas internacionales que operan en México podrían acreditar en su país de origen. Pero esto es algo que bien vale la pena resolver dadas las extraordinarias ventajas de un impuesto único como el que se propone.
Si seguimos con el actual sistema simplemente iremos arreglando algunos detalles de manera paulatina (y quizás desarreglando otros), recaudando algunas décimas de puntos porcentuales del PIB adicionales. La evasión y la elusión fiscales seguirían campeando en nuestro país, a costa de los (pocos) causantes cautivos en los que recae la inevitable carga tributaria.
Subdirector del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado


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