El crecimiento de la criminalidad dio auge a los servicios de protección, sin que exista un registro confiable del número de empresas del ramo ni de las armas que utilizan
La violencia en diversas zonas del país generó de 2007 a 2009 un aumento en el número de empresas de seguridad registradas ante el gobierno federal.
En ese lapso pasaron de 421 a 665, pero empresarios del sector calculan que son un total de 10 mil. La mayoría, explican, opera de manera ilegal.
La Secretaría de Seguridad Pública federal, dependencia encargada de regularlas, tiene un registro de 127 mil guardias, cifra muy inferior a los 900 mil que estiman las mismas agrupaciones.
La Confederación Nacional de Empresarios en Seguridad Privada (Conespri) sostiene que 76% de todos los guardias privados del país laboran de manera ilegal, sin que se sometan a filtros de honestidad y capacidad para ejercer funciones como guardianes.
David Chong, representante en México de la Corporación Euro Americana de Seguridad, comenta: "Basta con ver sus anuncios para estimar el tamaño de la irregularidad; son miles de firmas las que se anuncian. Calculamos que unas 10 mil compañías participan en el sector, pero menos de 15% tiene registro".
Las estimaciones más conservadoras, de la organización Asis International, consideran que por cada empresa con registro federal hay hasta cuatro que operan de manera irregular.
Rubén Fajardo, secretario de Asis capítulo México, recuerda que en 2006 los intereses de policías y militares del país involucrados en negocios de seguridad privada impidieron incorporar un apartado de delitos a una propuesta de reforma a la Ley Federal de Seguridad Privada que aprobó la Cámara de Diputados.
"La propuesta señalaba que quien prestara servicios sin registro cometía un ilícito, pero al final sólo se fijaron sanciones administrativas para quien incurriera en esa irregularidad", explica.
Fajardo afirma que los intereses creados por comandantes, ex comandantes o gente en activo de la policía que tienen sus empresas de seguridad frenaron la imposición de sanciones duras.
En los estados, de acuerdo con la investigación realizada por este diario, es común que policías, militares y funcionarios en activo se sumen a las filas de los empresarios que se dedican a tareas de seguridad privada.
Fuente: El Universal
La violencia en diversas zonas del país generó de 2007 a 2009 un aumento en el número de empresas de seguridad registradas ante el gobierno federal.
En ese lapso pasaron de 421 a 665, pero empresarios del sector calculan que son un total de 10 mil. La mayoría, explican, opera de manera ilegal.
La Secretaría de Seguridad Pública federal, dependencia encargada de regularlas, tiene un registro de 127 mil guardias, cifra muy inferior a los 900 mil que estiman las mismas agrupaciones.
La Confederación Nacional de Empresarios en Seguridad Privada (Conespri) sostiene que 76% de todos los guardias privados del país laboran de manera ilegal, sin que se sometan a filtros de honestidad y capacidad para ejercer funciones como guardianes.
David Chong, representante en México de la Corporación Euro Americana de Seguridad, comenta: "Basta con ver sus anuncios para estimar el tamaño de la irregularidad; son miles de firmas las que se anuncian. Calculamos que unas 10 mil compañías participan en el sector, pero menos de 15% tiene registro".
Las estimaciones más conservadoras, de la organización Asis International, consideran que por cada empresa con registro federal hay hasta cuatro que operan de manera irregular.
Rubén Fajardo, secretario de Asis capítulo México, recuerda que en 2006 los intereses de policías y militares del país involucrados en negocios de seguridad privada impidieron incorporar un apartado de delitos a una propuesta de reforma a la Ley Federal de Seguridad Privada que aprobó la Cámara de Diputados.
"La propuesta señalaba que quien prestara servicios sin registro cometía un ilícito, pero al final sólo se fijaron sanciones administrativas para quien incurriera en esa irregularidad", explica.
Fajardo afirma que los intereses creados por comandantes, ex comandantes o gente en activo de la policía que tienen sus empresas de seguridad frenaron la imposición de sanciones duras.
En los estados, de acuerdo con la investigación realizada por este diario, es común que policías, militares y funcionarios en activo se sumen a las filas de los empresarios que se dedican a tareas de seguridad privada.
Fuente: El Universal
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