Luis M. Linde / elEconomista.es
En Alemania existe una corriente de opinión según la cual Grecia debería ser expulsada de la Unión Monetaria Europea. Los acuerdos de Maastricht y sus Protocolos de 1992 no establecieron ningún procedimiento de expulsión o suspensión, por lo que conseguir tal cosa, respecto a Grecia o a cualquier otro país de la UME, no será fácil.
El Tratado de la Unión Europea sí prevé (artículo 7) la suspensión de los derechos de voto en el Consejo de la Unión, pero esto se refiere a violaciones de los grandes principios políticos de la Unión (derechos humanos, democracia, libertades públicas, Estado de Derecho, etc.) no a incumplimientos de compromisos o acuerdos en política económica o fiscal.
Consecuencias del fin del euro
Sin embargo, podemos preguntarnos: si mediante la modificación de los Tratados o mediante cualquier otro acuerdo se llegara a establecer un procedimiento de expulsión o suspensión, ¿qué podría significar tal cosa?
Para un país miembro de la UME que ha adoptado el euro como su moneda sería realmente muy difícil y costoso -en términos económicos, en estabilidad y crecimiento, pero también políticos- recrear una moneda propia y restablecer su uso, por más que el ánimo patriótico ofendido y humillado del país expulsado le empujara en esa dirección.
Para las autoridades de la UE, sería también difícil impedirle o prohibirle a Grecia, o a cualquier otro país, miembro o no de la UME, a sus autoridades y a sus ciudadanos, la utilización del euro, igual que le sería difícil o imposible a los EEUU prohibir a los países dolarizados (Panamá, Ecuador, El Salvador, parcialmente, Camboya, entre otros) el uso del dólar norteamericano como su moneda.
Sin voz ni liquidez
La eventual expulsión de la UME, entendida como suspensión de sus derechos como miembro de la UME, podría concretarse en la suspensión de participación y derechos de voto en los órganos de gobierno del BCE y en la imposibilidad para los bancos e instituciones financieras del país expulsado de acceder al suministro de liquidez del BCE.
En tal caso, el Gobierno y los ciudadanos del país expulsado podrían seguir utilizando el euro como su moneda, pero ese país no podría ya participar en las decisiones del BCE, ni sus bancos tendrían recurso a la liquidez del BCE.
El país en cuestión mantendría con la UME y el euro una relación parecida a la que mantienen en la actualidad San Marino, Andorra, el Vaticano, Kosovo o Mónaco. Pero, en realidad, como ya han señalado varios comentaristas, teóricamente eso podría ocurrir, incluso sin ninguna expulsión o suspensión formal, si la calidad de la deuda pública y privada griega empeora de modo dramático y sus bancos no pueden presentar garantías aceptables para obtener préstamos del BCE.
Ser expulsado del euro pero seguir utilizándolo como moneda propia sería muy problemático, porque el país en cuestión no recuperaría la posibilidad de devaluar; aun así, podría ser una solución menos mala que intentar recuperar la moneda propia.
La no participación en los órganos de gobierno del BCE sería un punto de ruptura para cualquiera de los países grandes. Alemania o Francia difícilmente podrían adoptar una moneda y una política monetaria en cuya gestión y formulación no participasen de forma relevante, es decir, con influencia real.
Para los países de la UME de menor peso económico, esa no participación tendría impacto político; pero no tendría repercusión apreciable en su economía, porque su influencia en la política monetaria del euro es, en la práctica, insignificante.
Problemas bancarios
Para decirlo claramente: la política monetaria del área euro va a ser la misma con presencia griega en el Consejo del BCE o sin esa presencia, y lo mismo puede decirse para otros países de la UME. Por su peso económico, España está, más bien, en el grupo de los grandes, el grupo de los que tienen o deberían tener cierta influencia; aunque sea menor que la de Alemania o Francia.
Sin embargo, la exclusión de los bancos del país expulsado de los mecanismos de suministro de liquidez del BCE sería muy grave. El sistema bancario del país expulsado sólo podría obtener préstamos en euros a través de los bancos del área euro con acceso directo a la liquidez del BCE, en suma, a través del interbancario, y eso podría afectar gravemente a su rentabilidad y situarlo en la insolvencia o en una situación muy grave de liquidez.
La irritación del Gobierno y de parte de la clase política alemana con Grecia y, en general, con los países de la UME que han mantenido políticas insostenibles -fiscales y laborales, fundamentalmente- está justificada.
Pero la expulsión o suspensión en la UME, en cualquiera de los dos sentidos comentados, no está prevista en los acuerdos que pusieron en marcha la Unión Monetaria hace casi veinte años ni, en realidad, beneficiaría a nadie, al menos a corto plazo: los sistemas bancarios de Alemania o Francia no saldrían indemnes de un default de Grecia o de una grave crisis bancaria en Grecia.
Lo cual no quiere decir que el asunto no pueda plantearse. Como estamos viendo, para los nervios y las apuestas de los mercados internacionales de capitales basta, probablemente, con la amenaza; aunque sea una amenaza poco creíble.
Luis M. Linde, técnico comercial y Economista del Estado.
En Alemania existe una corriente de opinión según la cual Grecia debería ser expulsada de la Unión Monetaria Europea. Los acuerdos de Maastricht y sus Protocolos de 1992 no establecieron ningún procedimiento de expulsión o suspensión, por lo que conseguir tal cosa, respecto a Grecia o a cualquier otro país de la UME, no será fácil.
El Tratado de la Unión Europea sí prevé (artículo 7) la suspensión de los derechos de voto en el Consejo de la Unión, pero esto se refiere a violaciones de los grandes principios políticos de la Unión (derechos humanos, democracia, libertades públicas, Estado de Derecho, etc.) no a incumplimientos de compromisos o acuerdos en política económica o fiscal.
Consecuencias del fin del euro
Sin embargo, podemos preguntarnos: si mediante la modificación de los Tratados o mediante cualquier otro acuerdo se llegara a establecer un procedimiento de expulsión o suspensión, ¿qué podría significar tal cosa?
Para un país miembro de la UME que ha adoptado el euro como su moneda sería realmente muy difícil y costoso -en términos económicos, en estabilidad y crecimiento, pero también políticos- recrear una moneda propia y restablecer su uso, por más que el ánimo patriótico ofendido y humillado del país expulsado le empujara en esa dirección.
Para las autoridades de la UE, sería también difícil impedirle o prohibirle a Grecia, o a cualquier otro país, miembro o no de la UME, a sus autoridades y a sus ciudadanos, la utilización del euro, igual que le sería difícil o imposible a los EEUU prohibir a los países dolarizados (Panamá, Ecuador, El Salvador, parcialmente, Camboya, entre otros) el uso del dólar norteamericano como su moneda.
Sin voz ni liquidez
La eventual expulsión de la UME, entendida como suspensión de sus derechos como miembro de la UME, podría concretarse en la suspensión de participación y derechos de voto en los órganos de gobierno del BCE y en la imposibilidad para los bancos e instituciones financieras del país expulsado de acceder al suministro de liquidez del BCE.
En tal caso, el Gobierno y los ciudadanos del país expulsado podrían seguir utilizando el euro como su moneda, pero ese país no podría ya participar en las decisiones del BCE, ni sus bancos tendrían recurso a la liquidez del BCE.
El país en cuestión mantendría con la UME y el euro una relación parecida a la que mantienen en la actualidad San Marino, Andorra, el Vaticano, Kosovo o Mónaco. Pero, en realidad, como ya han señalado varios comentaristas, teóricamente eso podría ocurrir, incluso sin ninguna expulsión o suspensión formal, si la calidad de la deuda pública y privada griega empeora de modo dramático y sus bancos no pueden presentar garantías aceptables para obtener préstamos del BCE.
Ser expulsado del euro pero seguir utilizándolo como moneda propia sería muy problemático, porque el país en cuestión no recuperaría la posibilidad de devaluar; aun así, podría ser una solución menos mala que intentar recuperar la moneda propia.
La no participación en los órganos de gobierno del BCE sería un punto de ruptura para cualquiera de los países grandes. Alemania o Francia difícilmente podrían adoptar una moneda y una política monetaria en cuya gestión y formulación no participasen de forma relevante, es decir, con influencia real.
Para los países de la UME de menor peso económico, esa no participación tendría impacto político; pero no tendría repercusión apreciable en su economía, porque su influencia en la política monetaria del euro es, en la práctica, insignificante.
Problemas bancarios
Para decirlo claramente: la política monetaria del área euro va a ser la misma con presencia griega en el Consejo del BCE o sin esa presencia, y lo mismo puede decirse para otros países de la UME. Por su peso económico, España está, más bien, en el grupo de los grandes, el grupo de los que tienen o deberían tener cierta influencia; aunque sea menor que la de Alemania o Francia.
Sin embargo, la exclusión de los bancos del país expulsado de los mecanismos de suministro de liquidez del BCE sería muy grave. El sistema bancario del país expulsado sólo podría obtener préstamos en euros a través de los bancos del área euro con acceso directo a la liquidez del BCE, en suma, a través del interbancario, y eso podría afectar gravemente a su rentabilidad y situarlo en la insolvencia o en una situación muy grave de liquidez.
La irritación del Gobierno y de parte de la clase política alemana con Grecia y, en general, con los países de la UME que han mantenido políticas insostenibles -fiscales y laborales, fundamentalmente- está justificada.
Pero la expulsión o suspensión en la UME, en cualquiera de los dos sentidos comentados, no está prevista en los acuerdos que pusieron en marcha la Unión Monetaria hace casi veinte años ni, en realidad, beneficiaría a nadie, al menos a corto plazo: los sistemas bancarios de Alemania o Francia no saldrían indemnes de un default de Grecia o de una grave crisis bancaria en Grecia.
Lo cual no quiere decir que el asunto no pueda plantearse. Como estamos viendo, para los nervios y las apuestas de los mercados internacionales de capitales basta, probablemente, con la amenaza; aunque sea una amenaza poco creíble.
Luis M. Linde, técnico comercial y Economista del Estado.
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