Enrique del Val Blanco / El Universal
Una muestra más de que nos encaminamos a un Estado fallido es lo que está pasando con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), donde todos los involucrados han caminado por el lado que más les conviene sin importarles la ley.
Tenemos al gobierno que mandó una ley, sin prepararse para implantar un sistema que involucraba a millones de personas de todos los niveles sociales; a un Senado que, a pesar de las demandas de muchas organizaciones, se mantuvo en lo aprobado y no concedió una ampliación al plazo; a un grupo de diputados que plantea se amplíe el plazo de inscripción de un año más porque, argumenta, es un fracaso; a un oligopolio de dos empresas que controlan el mercado con más de 90% de la clientela y que lo que más le preocupa son sus intereses económicos; y, por último tenemos a los consumidores, muchos de ellos sumidos en la indolencia o el desconocimiento que no se han registrado.
Todo este coctel ha generado que al día de hoy el Renaut parezca casi muerto, a pesar de los millones de ciudadanos que nos registramos partiendo de dos principios básicos: el cumplimiento con una ley emanada del Congreso de la Unión y la buena fe. Sobre todo considerando que el objetivo fundamental es limitar el crecimiento de la delincuencia que ha utilizado el teléfono celular para sus actividades criminales.
El cinismo de los dos operadores oligopólicos es de mencionarse: primero, América Móvil la semana pasada dijo que cumpliría con la ley, mientras que Movistar, seguramente creyendo que la ley que deben cumplir es la española, anunció que no iba a suspender el servicio. Sin embargo la primera, en paralelo al anuncio público de su acatamiento, estaba tramitando un amparo que logró esta semana, mientras la segunda tuvo que recular ante la amenaza, según dicen los medios, del secretario de Comunicaciones y Transportes de no asistir a su reunión en Cancún el fin de semana pasado. Ahora seguramente también promoverán un amparo.
Llama la atención la declaración del director jurídico de América Móvil que, ante pregunta de los reporteros, dice: “El amparo no es contra el registro”, agregando “sino que es para que no se causen agravios a los usuarios, no se suspenden las líneas”. ¿Por qué no dice que el motivo central es no perder millones de pesos en ingresos con motivo de la cancelación de las líneas? Así de sencillo.
Los consumidores, confundidos ante la avalancha de noticias contradictorias sobre asuntos tan delicados, llegaron a mentir y dar otros nombres para registrarse, lo cual lograron. Incluso, algunos medios de comunicación escrita nacionales participaron en la irregularidad al registrar teléfonos con nombre de personas del ámbito público y privado.
Pero lo más importante es la pérdida de valores que sufre en su conjunto la sociedad mexicana, que desconfía ante la menor propuesta de la autoridad, cualquiera que ésta sea, y de esto se aprovechan desde las empresas hasta muchos vivales supuestamente defensores de los consumidores.
Todo lo anterior se veía venir y el gobierno, una vez más, se paralizó al punto de seguir registrando teléfonos a pesar de que el plazo legal también se había vencido. Ahora hay que ver de qué manera salen del atolladero los principales involucrados: gobierno y Congreso, que lo único que están demostrando es que no están a la altura de las gravísimas circunstancias por la cuales está atravesando el país.
Al final, y nuevamente, lo que parece que priva hoy en nuestro México es el dinero. Esta es la verdadera causa: una vez más, los grandes empresarios que no quieren perder nada, aunque esto conlleve la violación de la ley.
Analista político y economista
Tenemos al gobierno que mandó una ley, sin prepararse para implantar un sistema que involucraba a millones de personas de todos los niveles sociales; a un Senado que, a pesar de las demandas de muchas organizaciones, se mantuvo en lo aprobado y no concedió una ampliación al plazo; a un grupo de diputados que plantea se amplíe el plazo de inscripción de un año más porque, argumenta, es un fracaso; a un oligopolio de dos empresas que controlan el mercado con más de 90% de la clientela y que lo que más le preocupa son sus intereses económicos; y, por último tenemos a los consumidores, muchos de ellos sumidos en la indolencia o el desconocimiento que no se han registrado.
Todo este coctel ha generado que al día de hoy el Renaut parezca casi muerto, a pesar de los millones de ciudadanos que nos registramos partiendo de dos principios básicos: el cumplimiento con una ley emanada del Congreso de la Unión y la buena fe. Sobre todo considerando que el objetivo fundamental es limitar el crecimiento de la delincuencia que ha utilizado el teléfono celular para sus actividades criminales.
El cinismo de los dos operadores oligopólicos es de mencionarse: primero, América Móvil la semana pasada dijo que cumpliría con la ley, mientras que Movistar, seguramente creyendo que la ley que deben cumplir es la española, anunció que no iba a suspender el servicio. Sin embargo la primera, en paralelo al anuncio público de su acatamiento, estaba tramitando un amparo que logró esta semana, mientras la segunda tuvo que recular ante la amenaza, según dicen los medios, del secretario de Comunicaciones y Transportes de no asistir a su reunión en Cancún el fin de semana pasado. Ahora seguramente también promoverán un amparo.
Llama la atención la declaración del director jurídico de América Móvil que, ante pregunta de los reporteros, dice: “El amparo no es contra el registro”, agregando “sino que es para que no se causen agravios a los usuarios, no se suspenden las líneas”. ¿Por qué no dice que el motivo central es no perder millones de pesos en ingresos con motivo de la cancelación de las líneas? Así de sencillo.
Los consumidores, confundidos ante la avalancha de noticias contradictorias sobre asuntos tan delicados, llegaron a mentir y dar otros nombres para registrarse, lo cual lograron. Incluso, algunos medios de comunicación escrita nacionales participaron en la irregularidad al registrar teléfonos con nombre de personas del ámbito público y privado.
Pero lo más importante es la pérdida de valores que sufre en su conjunto la sociedad mexicana, que desconfía ante la menor propuesta de la autoridad, cualquiera que ésta sea, y de esto se aprovechan desde las empresas hasta muchos vivales supuestamente defensores de los consumidores.
Todo lo anterior se veía venir y el gobierno, una vez más, se paralizó al punto de seguir registrando teléfonos a pesar de que el plazo legal también se había vencido. Ahora hay que ver de qué manera salen del atolladero los principales involucrados: gobierno y Congreso, que lo único que están demostrando es que no están a la altura de las gravísimas circunstancias por la cuales está atravesando el país.
Al final, y nuevamente, lo que parece que priva hoy en nuestro México es el dinero. Esta es la verdadera causa: una vez más, los grandes empresarios que no quieren perder nada, aunque esto conlleve la violación de la ley.
Analista político y economista
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