José Luis Calva / El Universal
El XVIII Congreso Nacional de Economistas, donde tuve el honor de participar como ponente magistral, culminó hace 12 días con un importante documento de conclusiones generales, que incluyen un pronunciamiento llamado Consenso de Querétaro para revitalizar el Proyecto Nacional de Desarrollo.
Después de analizar el paupérrimo desempeño de la economía mexicana durante más de un cuarto de siglo —bajo crecimiento del PIB y del empleo, pérdida constante de competitividad, aumento de la pobreza, la desigualdad y la migración al extranjero, etcétera—, se observó que los resultados económicos negativos son consecuencia natural del paradigma neoliberal aplicado en nuestro país: “Se trata de un problema intrínseco al modelo de desarrollo y no sólo de malas o insuficientes decisiones gubernamentales dentro de los límites del modelo”.
Mediante rigurosos análisis comparativos, se comprobó que “el paradigma seguido por nuestro país es diferente del que aplican las potencias económicas del mundo”, las cuales no aplican estrategias neoliberales; y se constató que los modelos de desarrollo de las exitosas economías emergentes de Asia tampoco son neoliberales. De hecho, “la concepción neoliberal está en bancarrota en México y el mundo”.
En consecuencia, “el Congreso propone recuperar y fortalecer el proyecto nacional de desarrollo”, “revirtiendo la contrarreforma del Estado mexicano que impulsó el paradigma neoliberal”; y “abandonar la política pasiva e inercial ante la globalización”, para adoptar una estrategia propia de desarrollo económico e inserción en la economía mundial.
Como objetivo estratégico se postuló: “México debe proponerse ser potencia económica por sí mismo, con inclusión social, equidad y respeto al estado de derecho”. Para conseguirlo, se consideró indispensable aplicar un paquete integral de renovadas políticas económicas: “Es imposible aumentar la tasa de crecimiento económico y de generación de empleos mediante acciones aisladas de política económica”. Resumiré de manera libre y meramente enunciativa las que, a mi juicio, fueron las más importantes propuestas de política económica:
Primero, reformar la Ley del Banco de México para que nuestro banco central se ocupe de promover el crecimiento económico y el empleo, y no sólo la estabilidad de precios. (Habría que agregar la reforma de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que la SHCP se ocupe también de promover el crecimiento sostenido del PIB y del empleo, y no sólo de cumplir las metas de balance fiscal).
Segundo, aplicar una política cambiaria que evite el sesgo importador y favorezca la competitividad de la planta productiva nacional.
Tercero, realizar una reforma fiscal que equipare las obligaciones y derechos de los contribuyentes con los estándares de los países desarrollados, con el objetivo de lograr —en una década—, una recaudación tributaria como porcentaje del PIB similar al promedio de los países de la OCDE.
Cuarto, “reindustrializar la economía del país” mediante una política integral de fomento industrial.
Quinto, fortalecer la industria energética como actividad del Estado, recuperando nuestra capacidad tecnológica y los encadenamientos productivos nacionales.
Sexto, alcanzar y mantener la soberanía agroalimentaria, fomentando la producción interna de alimentos y asegurando su acceso a todos los mexicanos.
Séptimo, desarrollar la banca de desarrollo e impulsar una banca privada local y nacional, además de hacer valer la rectoría del Estado en todas las actividades financieras.
Octavo, desplegar “una política integral de productividad y competitividad”, asentada en el desarrollo del sistema educativo, de la ciencia y la tecnología, la construcción de infraestructura y las medidas de política económica arriba enunciadas.
Noveno, eliminar la pobreza extrema en una década y reducir la desigualdad mediante una política integral basada en el empleo y el ingreso y sólo secundariamente mediante acciones compensatorias.
Finalmente, puesto que las anteriores propuestas no son todavía fruto de un consenso general, “se acordó convocar a una amplia reflexión nacional […] sobre las causas de la involución económica del país y para diseñar políticas de Estado”. Para este fin, se propuso “un plan de acción que movilice las inteligencias y voluntades de los economistas bajo la convicción compartida de que un futuro diferente es posible”, considerando al XVIII Congreso como “el inicio de una etapa de trabajo marcada por el compromiso inmediato de modificar el rumbo de la nación”. Este es el consenso de Querétaro.
El XVIII Congreso Nacional de Economistas, donde tuve el honor de participar como ponente magistral, culminó hace 12 días con un importante documento de conclusiones generales, que incluyen un pronunciamiento llamado Consenso de Querétaro para revitalizar el Proyecto Nacional de Desarrollo.
Después de analizar el paupérrimo desempeño de la economía mexicana durante más de un cuarto de siglo —bajo crecimiento del PIB y del empleo, pérdida constante de competitividad, aumento de la pobreza, la desigualdad y la migración al extranjero, etcétera—, se observó que los resultados económicos negativos son consecuencia natural del paradigma neoliberal aplicado en nuestro país: “Se trata de un problema intrínseco al modelo de desarrollo y no sólo de malas o insuficientes decisiones gubernamentales dentro de los límites del modelo”.
Mediante rigurosos análisis comparativos, se comprobó que “el paradigma seguido por nuestro país es diferente del que aplican las potencias económicas del mundo”, las cuales no aplican estrategias neoliberales; y se constató que los modelos de desarrollo de las exitosas economías emergentes de Asia tampoco son neoliberales. De hecho, “la concepción neoliberal está en bancarrota en México y el mundo”.
En consecuencia, “el Congreso propone recuperar y fortalecer el proyecto nacional de desarrollo”, “revirtiendo la contrarreforma del Estado mexicano que impulsó el paradigma neoliberal”; y “abandonar la política pasiva e inercial ante la globalización”, para adoptar una estrategia propia de desarrollo económico e inserción en la economía mundial.
Como objetivo estratégico se postuló: “México debe proponerse ser potencia económica por sí mismo, con inclusión social, equidad y respeto al estado de derecho”. Para conseguirlo, se consideró indispensable aplicar un paquete integral de renovadas políticas económicas: “Es imposible aumentar la tasa de crecimiento económico y de generación de empleos mediante acciones aisladas de política económica”. Resumiré de manera libre y meramente enunciativa las que, a mi juicio, fueron las más importantes propuestas de política económica:
Primero, reformar la Ley del Banco de México para que nuestro banco central se ocupe de promover el crecimiento económico y el empleo, y no sólo la estabilidad de precios. (Habría que agregar la reforma de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que la SHCP se ocupe también de promover el crecimiento sostenido del PIB y del empleo, y no sólo de cumplir las metas de balance fiscal).
Segundo, aplicar una política cambiaria que evite el sesgo importador y favorezca la competitividad de la planta productiva nacional.
Tercero, realizar una reforma fiscal que equipare las obligaciones y derechos de los contribuyentes con los estándares de los países desarrollados, con el objetivo de lograr —en una década—, una recaudación tributaria como porcentaje del PIB similar al promedio de los países de la OCDE.
Cuarto, “reindustrializar la economía del país” mediante una política integral de fomento industrial.
Quinto, fortalecer la industria energética como actividad del Estado, recuperando nuestra capacidad tecnológica y los encadenamientos productivos nacionales.
Sexto, alcanzar y mantener la soberanía agroalimentaria, fomentando la producción interna de alimentos y asegurando su acceso a todos los mexicanos.
Séptimo, desarrollar la banca de desarrollo e impulsar una banca privada local y nacional, además de hacer valer la rectoría del Estado en todas las actividades financieras.
Octavo, desplegar “una política integral de productividad y competitividad”, asentada en el desarrollo del sistema educativo, de la ciencia y la tecnología, la construcción de infraestructura y las medidas de política económica arriba enunciadas.
Noveno, eliminar la pobreza extrema en una década y reducir la desigualdad mediante una política integral basada en el empleo y el ingreso y sólo secundariamente mediante acciones compensatorias.
Finalmente, puesto que las anteriores propuestas no son todavía fruto de un consenso general, “se acordó convocar a una amplia reflexión nacional […] sobre las causas de la involución económica del país y para diseñar políticas de Estado”. Para este fin, se propuso “un plan de acción que movilice las inteligencias y voluntades de los economistas bajo la convicción compartida de que un futuro diferente es posible”, considerando al XVIII Congreso como “el inicio de una etapa de trabajo marcada por el compromiso inmediato de modificar el rumbo de la nación”. Este es el consenso de Querétaro.
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