Jorge A. Chávez Presa /El Universal
El país ya tiene un problema demasiado grande y complejo con el combate imperioso a la delincuencia organizada, como para abrir otro frente. Desde el 2009 las declaraciones para satanizar el endeudamiento de los gobiernos estatales, incluyendo al del DF y los municipios ha ido in crescendo.
Sin especificar o aclarar de qué entidad federativa o municipio se trata, la deuda subnacional se ha tildado como excesiva y de acelerado incremento. Lo que es aún peor: se ha sacado de contexto esa deuda pública como un instrumento para ampliar y mejorar la infraestructura que requiere la población y los sectores productivos para facilitar y potenciar sus actividades.
Las ciudades del país muestran un aumento fenomenal de la obra pública: sobresalen nuevas vialidades y la introducción de transporte público. La ciudad de México está teniendo programas más ambiciosos al reactivarse, después de lustros, la inversión en el Metro. De igual manera que lo está haciendo el gobierno federal en vías de comunicación, los tres órdenes de gobierno están invirtiendo, no sólo para abatir el gran rezago que hay, sino porque entre otras razones las puertas del crédito se abrieron a los gobiernos estatales y municipales.
Más aún, se están endeudando como resultado de los beneficios de la estabilidad macroeconómica, la cual ha permitido que puedan contratar financiamiento a tasas de interés más bajas y a plazos más largos. Esto era impensable hace un par de lustros.
Gracias al éxito de la macroeconomía, logrado por el gran sacrificio que hicimos los mexicanos especialmente en la década de los 80 y la primera mitad de los 90, al ordenar los gobiernos de ese entonces las finanzas públicas con la racionalización de los subsidios y un paquete muy ambicioso de privatizaciones que permitió una drástica reducción del saldo de la deuda pública, hoy los gobiernos estatales, el del DF, los municipios y el gobierno federal se han podido volver a endeudar.
Hasta ahora, los niveles de endeudamiento tanto del orden federal como de los gobiernos estatales han sido muy prudentes, y la relación de deuda a Producto Interno Bruto (PIB) es sustancialmente inferior a la de la gran mayoría de los países de la OCDE, con la salvedad de que el gobierno federal y el estado de Nuevo León, por ejemplo, llevaron a cabo reformas a sus sistemas de pensiones, en 2007 el primero, y en 1995 el segundo.
Por ejemplo, en el periodo que abarca de diciembre de 2006 a mayo de 2011, la deuda interna del gobierno federal pasó de 1.5 billones de pesos (bdp) a 2.8 bdp, mientras que el saldo de la deuda externa pasó de 39.8 mil millones de dólares (mmd) a 56.7 mmd. De esta forma, el saldo de la deuda neta total del gobierno federal pasó de 1.98 bdp en diciembre de 2006, a 3.492 bdp a mayo de 2011.
En ese mismo lapso, y de acuerdo con la información del Banco de México, el saldo del financiamiento otorgado por la banca comercial y la banca de desarrollo, más emisiones de valores, pasó de 113.8 mmp a 274.6 mmp. La relación de deuda a PIB ha mostrado variaciones: para el gobierno federal, sin incluir desde luego a las paraestatales como Pemex y CFE o los programas de rescate financiero, este ratio financiero aumentó de 18.4% del PIB en 2006 a 24.9% en 2010; y en el caso de los gobiernos estatales y municipales pasó de 1.3% a 2.2% del PIB para el mismo periodo.
La SHCP y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dan seguimiento a la deuda estatal, municipal y la de sus organismos, para cumplir con mandatos muy específicos que les marcan las leyes, por lo que sus cifras no son comparables con las del Banco de México.
La SHCP, por ejemplo, tiene la obligación de registrar la deuda de los gobiernos estatales y municipales que se garantiza con las participaciones federales; es decir, con la distribución de la recaudación del ISR, IVA, IEPS, IETU y otros más, los derechos sobre hidrocarburos, que reciben las entidades federativas como resultado de la coordinación fiscal.
El saldo que reporta SHCP como obligaciones garantizadas de los gobiernos estatales y municipales es, a marzo de 2011, de 315 mmp. Este saldo sólo muestra lo que se ha registrado para efectos de garantía con participaciones y otros ingresos, lo cual requiere de las autorizaciones de sus congresos estatales.
Una de las grandes diferencias entre el gobierno federal y los de las entidades federativas es que el primero tiene acceso a los mercados financieros nacionales e internacionales a tasas y plazos que se consideran grado de inversión. En cambio, los segundos sólo pueden acceder al mercado nacional por disposición constitucional. Aunque estos dos órdenes de gobierno comparten la misma fuente de ingresos y el ratio de deuda a PIB de los gobiernos estatales sea menor que el del gobierno federal, los gobiernos estatales acceden a créditos a tasas más altas y a plazos más cortos. Esto es así porque son percibidos con mayor riesgo, y a pesar de que ponen en garantía sus ingresos, lo que hoy sería impensable para el gobierno federal como lo representó la factura petrolera en las reestructuraciones de la deuda externa.
Las condiciones financieras que ha logrado el gobierno federal mexicano no han sido gratuitas ni obra de la casualidad. Fue resultado de un esfuerzo sistemático que se inició desde la administración del presidente Miguel de la Madrid. Desde ese entonces y con los contrapesos que ha generado la democracia mexicana, las finanzas públicas del gobierno federal son cada día más transparentes, aunque siempre habrá el espacio para avanzar más.
Para que los gobiernos estatales y municipales se beneficien aun más de lo que ha logrado el gobierno federal en materia de deuda pública, urge orden y transparencia en su manejo financiero, de manera que todas sus obligaciones de pago tanto financieras como con proveedores —lo que incluye el pago de impuestos federales— queden perfectamente explícitas. Esto requiere que los congresos estatales, y sus legisladores en particular, hagan una tarea constructiva para aprovechar el potencial del financiamiento público.
A las autoridades financieras también les toca hacer la suya. Si ven o saben de problemas en las finanzas de las entidades federativas, más que generalizar y de litigar en los medios de comunicación, deben actuar para resolverlos. Una clara lección de ello la dio el gobierno federal en la crisis financiera de 1995, donde se actuó con gran efectividad sin hacer ruido, o ¿dónde se publicó o se recurrió a los medios electrónicos para denostar las finanzas estatales y municipales?
El país ya tiene un problema demasiado grande y complejo con el combate imperioso a la delincuencia organizada, como para abrir otro frente. Desde el 2009 las declaraciones para satanizar el endeudamiento de los gobiernos estatales, incluyendo al del DF y los municipios ha ido in crescendo.
Sin especificar o aclarar de qué entidad federativa o municipio se trata, la deuda subnacional se ha tildado como excesiva y de acelerado incremento. Lo que es aún peor: se ha sacado de contexto esa deuda pública como un instrumento para ampliar y mejorar la infraestructura que requiere la población y los sectores productivos para facilitar y potenciar sus actividades.
Las ciudades del país muestran un aumento fenomenal de la obra pública: sobresalen nuevas vialidades y la introducción de transporte público. La ciudad de México está teniendo programas más ambiciosos al reactivarse, después de lustros, la inversión en el Metro. De igual manera que lo está haciendo el gobierno federal en vías de comunicación, los tres órdenes de gobierno están invirtiendo, no sólo para abatir el gran rezago que hay, sino porque entre otras razones las puertas del crédito se abrieron a los gobiernos estatales y municipales.
Más aún, se están endeudando como resultado de los beneficios de la estabilidad macroeconómica, la cual ha permitido que puedan contratar financiamiento a tasas de interés más bajas y a plazos más largos. Esto era impensable hace un par de lustros.
Gracias al éxito de la macroeconomía, logrado por el gran sacrificio que hicimos los mexicanos especialmente en la década de los 80 y la primera mitad de los 90, al ordenar los gobiernos de ese entonces las finanzas públicas con la racionalización de los subsidios y un paquete muy ambicioso de privatizaciones que permitió una drástica reducción del saldo de la deuda pública, hoy los gobiernos estatales, el del DF, los municipios y el gobierno federal se han podido volver a endeudar.
Hasta ahora, los niveles de endeudamiento tanto del orden federal como de los gobiernos estatales han sido muy prudentes, y la relación de deuda a Producto Interno Bruto (PIB) es sustancialmente inferior a la de la gran mayoría de los países de la OCDE, con la salvedad de que el gobierno federal y el estado de Nuevo León, por ejemplo, llevaron a cabo reformas a sus sistemas de pensiones, en 2007 el primero, y en 1995 el segundo.
Por ejemplo, en el periodo que abarca de diciembre de 2006 a mayo de 2011, la deuda interna del gobierno federal pasó de 1.5 billones de pesos (bdp) a 2.8 bdp, mientras que el saldo de la deuda externa pasó de 39.8 mil millones de dólares (mmd) a 56.7 mmd. De esta forma, el saldo de la deuda neta total del gobierno federal pasó de 1.98 bdp en diciembre de 2006, a 3.492 bdp a mayo de 2011.
En ese mismo lapso, y de acuerdo con la información del Banco de México, el saldo del financiamiento otorgado por la banca comercial y la banca de desarrollo, más emisiones de valores, pasó de 113.8 mmp a 274.6 mmp. La relación de deuda a PIB ha mostrado variaciones: para el gobierno federal, sin incluir desde luego a las paraestatales como Pemex y CFE o los programas de rescate financiero, este ratio financiero aumentó de 18.4% del PIB en 2006 a 24.9% en 2010; y en el caso de los gobiernos estatales y municipales pasó de 1.3% a 2.2% del PIB para el mismo periodo.
La SHCP y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dan seguimiento a la deuda estatal, municipal y la de sus organismos, para cumplir con mandatos muy específicos que les marcan las leyes, por lo que sus cifras no son comparables con las del Banco de México.
La SHCP, por ejemplo, tiene la obligación de registrar la deuda de los gobiernos estatales y municipales que se garantiza con las participaciones federales; es decir, con la distribución de la recaudación del ISR, IVA, IEPS, IETU y otros más, los derechos sobre hidrocarburos, que reciben las entidades federativas como resultado de la coordinación fiscal.
El saldo que reporta SHCP como obligaciones garantizadas de los gobiernos estatales y municipales es, a marzo de 2011, de 315 mmp. Este saldo sólo muestra lo que se ha registrado para efectos de garantía con participaciones y otros ingresos, lo cual requiere de las autorizaciones de sus congresos estatales.
Una de las grandes diferencias entre el gobierno federal y los de las entidades federativas es que el primero tiene acceso a los mercados financieros nacionales e internacionales a tasas y plazos que se consideran grado de inversión. En cambio, los segundos sólo pueden acceder al mercado nacional por disposición constitucional. Aunque estos dos órdenes de gobierno comparten la misma fuente de ingresos y el ratio de deuda a PIB de los gobiernos estatales sea menor que el del gobierno federal, los gobiernos estatales acceden a créditos a tasas más altas y a plazos más cortos. Esto es así porque son percibidos con mayor riesgo, y a pesar de que ponen en garantía sus ingresos, lo que hoy sería impensable para el gobierno federal como lo representó la factura petrolera en las reestructuraciones de la deuda externa.
Las condiciones financieras que ha logrado el gobierno federal mexicano no han sido gratuitas ni obra de la casualidad. Fue resultado de un esfuerzo sistemático que se inició desde la administración del presidente Miguel de la Madrid. Desde ese entonces y con los contrapesos que ha generado la democracia mexicana, las finanzas públicas del gobierno federal son cada día más transparentes, aunque siempre habrá el espacio para avanzar más.
Para que los gobiernos estatales y municipales se beneficien aun más de lo que ha logrado el gobierno federal en materia de deuda pública, urge orden y transparencia en su manejo financiero, de manera que todas sus obligaciones de pago tanto financieras como con proveedores —lo que incluye el pago de impuestos federales— queden perfectamente explícitas. Esto requiere que los congresos estatales, y sus legisladores en particular, hagan una tarea constructiva para aprovechar el potencial del financiamiento público.
A las autoridades financieras también les toca hacer la suya. Si ven o saben de problemas en las finanzas de las entidades federativas, más que generalizar y de litigar en los medios de comunicación, deben actuar para resolverlos. Una clara lección de ello la dio el gobierno federal en la crisis financiera de 1995, donde se actuó con gran efectividad sin hacer ruido, o ¿dónde se publicó o se recurrió a los medios electrónicos para denostar las finanzas estatales y municipales?
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