Jorge Chavez Presa / El Universal
A la memoria de Salvador Rocha Díaz, amigo, maestro y colega. Descansa en paz.
El parto que dé a luz al México nuevo en el que queremos vivir, además de tardarse, se está complicando. Los actores del reparto que tienen la responsabilidad de que la criatura nazca sana y bien, no están desempeñando adecuadamente su papel. Nuestra transición a una democracia dentro de un Estado de derecho está siendo lenta y accidentada.
El hecho es que, hoy día, la política mexicana y a la mexicana está paralizada. Simplemente el quehacer político no está generando los acuerdos de altura que se requieren para que el Estado mexicano tenga un mínimo de funcionalidad. Esto es, que la seguridad proteja la integridad física de las personas y su patrimonio; que el marco jurídico del gobierno federal, el de los estatales y el de los municipios sirva para dar certeza a las actividades de los particulares; la protección a los derechos de propiedad por el poder judicial y la acción de la procuración de justicia que le toca a los distintos poderes ejecutivos genere los incentivos para crear riqueza, y, entre otras cosas, que permita crear un ambiente cada vez más civilizado.
Los intereses en juego, legítimos unos, otros no, pero con poderes fácticos atrás de ellos, están impidiendo el avance para un nuevo arreglo que acepten todos.
En breve, resumiría nuestro problema parafraseando al ex presidente Bill Clinton: “son las instituciones, estúpido”. El concepto de instituciones que el premio Nobel de Economía Douglass North ha desarrollado es muy útil para ilustrar nuestra situación. Las instituciones, más que un simple conjunto de organizaciones, son un conjunto de reglas aceptadas y respetadas por los actores, que establecen límites de aceptación generalizada; constituyen los mecanismos para que se desprendan consecuencias en el caso de rebasar esos límites como castigos de aplicación efectiva, y premios para mantenerse dentro de los límites y promover que lo que más conviene es estar adentro de éstos. Es así como las instituciones salvaguardan el interés público.
Quizá algunas de las razones que complican el surgimiento de estas instituciones nuevas son los actores mismos, en la actualidad. Su relación, en muchos casos por resentimientos, prejuicios o carencia de mira de altura, o por mezquindades para que prevalezca la ganancia individual, nos están alejando del nuevo régimen de instituciones políticas, económicas y sociales.
Por ello, en la medida en que nuestra vida política no salga de este bache, continuaremos con instituciones de muy bajo rendimiento, prácticamente primitivas, como lo ejemplifican la cantidad de topes en nuestras ciudades. Los topes, como la institución que ha logrado que los conductores bajen la velocidad, que de no hacerlo daña al vehículo, son el símil de nuestro juego político. La institución superior, en este caso, es la señal de alto que es acatada como algo que beneficia al conductor y le da seguridad al peatón.
De ahí que se tenga que insistir en la reforma política, que se encuentra detenida en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, o la reforma de la Hacienda Pública que las distintas partes se niegan siquiera a discutir de una manera constructiva.
La reforma política servirá para que se faciliten los acuerdos de las fuerzas políticas, y la de Hacienda Pública para que la capacidad de hacer del Estado mexicano concrete lo que el interés público demanda.
Con estos topes, la autopista institucional actual es insuficiente para un desarrollo económico sostenido que genere empleos y eleve los niveles de vida de la población. En otros países sus autopistas y vías institucionales permiten que los individuos, sus empresas y sus organizaciones sociales desplacen a un mayor número de personas a destinos muy superiores a los que se permite actualmente en nuestro país.
En la medida en que existan mejores instituciones que promuevan una mayor civilidad en todos sus ámbitos se generará mayor confianza, y con ello menores limitantes para avanzar más rápido. Los 110 millones de mexicanos merecemos instituciones de alta velocidad y de mayor seguridad.
Economista
A la memoria de Salvador Rocha Díaz, amigo, maestro y colega. Descansa en paz.
El parto que dé a luz al México nuevo en el que queremos vivir, además de tardarse, se está complicando. Los actores del reparto que tienen la responsabilidad de que la criatura nazca sana y bien, no están desempeñando adecuadamente su papel. Nuestra transición a una democracia dentro de un Estado de derecho está siendo lenta y accidentada.
El hecho es que, hoy día, la política mexicana y a la mexicana está paralizada. Simplemente el quehacer político no está generando los acuerdos de altura que se requieren para que el Estado mexicano tenga un mínimo de funcionalidad. Esto es, que la seguridad proteja la integridad física de las personas y su patrimonio; que el marco jurídico del gobierno federal, el de los estatales y el de los municipios sirva para dar certeza a las actividades de los particulares; la protección a los derechos de propiedad por el poder judicial y la acción de la procuración de justicia que le toca a los distintos poderes ejecutivos genere los incentivos para crear riqueza, y, entre otras cosas, que permita crear un ambiente cada vez más civilizado.
Los intereses en juego, legítimos unos, otros no, pero con poderes fácticos atrás de ellos, están impidiendo el avance para un nuevo arreglo que acepten todos.
En breve, resumiría nuestro problema parafraseando al ex presidente Bill Clinton: “son las instituciones, estúpido”. El concepto de instituciones que el premio Nobel de Economía Douglass North ha desarrollado es muy útil para ilustrar nuestra situación. Las instituciones, más que un simple conjunto de organizaciones, son un conjunto de reglas aceptadas y respetadas por los actores, que establecen límites de aceptación generalizada; constituyen los mecanismos para que se desprendan consecuencias en el caso de rebasar esos límites como castigos de aplicación efectiva, y premios para mantenerse dentro de los límites y promover que lo que más conviene es estar adentro de éstos. Es así como las instituciones salvaguardan el interés público.
Quizá algunas de las razones que complican el surgimiento de estas instituciones nuevas son los actores mismos, en la actualidad. Su relación, en muchos casos por resentimientos, prejuicios o carencia de mira de altura, o por mezquindades para que prevalezca la ganancia individual, nos están alejando del nuevo régimen de instituciones políticas, económicas y sociales.
Por ello, en la medida en que nuestra vida política no salga de este bache, continuaremos con instituciones de muy bajo rendimiento, prácticamente primitivas, como lo ejemplifican la cantidad de topes en nuestras ciudades. Los topes, como la institución que ha logrado que los conductores bajen la velocidad, que de no hacerlo daña al vehículo, son el símil de nuestro juego político. La institución superior, en este caso, es la señal de alto que es acatada como algo que beneficia al conductor y le da seguridad al peatón.
De ahí que se tenga que insistir en la reforma política, que se encuentra detenida en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, o la reforma de la Hacienda Pública que las distintas partes se niegan siquiera a discutir de una manera constructiva.
La reforma política servirá para que se faciliten los acuerdos de las fuerzas políticas, y la de Hacienda Pública para que la capacidad de hacer del Estado mexicano concrete lo que el interés público demanda.
Con estos topes, la autopista institucional actual es insuficiente para un desarrollo económico sostenido que genere empleos y eleve los niveles de vida de la población. En otros países sus autopistas y vías institucionales permiten que los individuos, sus empresas y sus organizaciones sociales desplacen a un mayor número de personas a destinos muy superiores a los que se permite actualmente en nuestro país.
En la medida en que existan mejores instituciones que promuevan una mayor civilidad en todos sus ámbitos se generará mayor confianza, y con ello menores limitantes para avanzar más rápido. Los 110 millones de mexicanos merecemos instituciones de alta velocidad y de mayor seguridad.
Economista
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