Orlando Delgado Selley / Proceso
El 2 de agosto se acerca y podría ser catastrófico. Esto que parece anuncio de película palomera, en realidad ha sido lo que han venido anunciando día a día los grandes titulares de la prensa mundial, con base en los pronósticos de los analistas y de los organismos financieros internacionales. Y es que ese día se le podría terminar el dinero al gobierno de Barack Obama. Si el Congreso no le aprueba contratar más deuda, Estados Unidos dejará de pagar sueldos, proveedores, gastos de mantenimiento y sus obligaciones financieras con quienes, en todo el mundo, tienen bonos del tesoro estadunidense.
Otra vez, como hace una semana respecto al rescate griego, los mercados están a la expectativa ante lo que podía ser –según se dice– peor que la quiebra de Lehman Brothers, que en septiembre de 2008 provocó pérdidas en un día de 500 mil millones de dólares. Lo sorprendente es que hace unas semanas se pensaba que el riesgo era que desapareciera el euro y en estos últimos días el riesgo es que el dólar deje de ser “la moneda de reserva última y de primer orden”, como declaró el FMI. Europa y Estados Unidos, están en el ojo del huracán. En ellos están concentradas las mayores dificultades de la economía mundial.
Disputas políticas sobre temas decisivos para el funcionamiento de su economía, entre los grupos parlamentarios en Estados Unidos, han llevado a una situación efectivamente inédita: la posibilidad de que la deuda de este país, evaluada siempre con la mayor nota por el oligopolio calificador, sea degradada. Esta baja de calificación, como en otros casos, implicaría que la tasa de interés a la que el gobierno estadunidense coloca sus emisiones aumentaría. Esta tasa ha aumentado ligeramente y el jueves pasado pagaba por un bono a 10 años 2.98%. Se trata de una tasa baja, comparada incluso con la que paga el gobierno alemán, el más fuerte de Europa, que es cercana al 4%.
La disputa legislativa, aunque está centrada en la elevación del techo de endeudamiento, incorpora temas decisivos en la agenda política de Estados Unidos que afectan al mundo entero. Para la derecha republicana se trata de acotar la capacidad de intervención del gobierno en el funcionamiento económico, por la vía de obligarle a reducir el gasto social sin que aumenten los impuestos.
Los demócratas y el propio Obama han estado de acuerdo en reducir el déficit, pero la diferencia es que ellos lo harían aumentando impuestos a los estratos de muy altos ingresos, particularmente a grandes conglomerados empresariales y reduciendo, efectivamente, el gasto público, aunque de otra manera y en otra medida. Republicanos y demócratas coinciden en reducir el tamaño del gobierno estadunidense, a través de limitar el déficit presupuestario, pero difieren en la composición general de sus finanzas.
Del mismo modo que en Europa los gobernantes de la Unión Europea han pretendido resolver los problemas presupuestarios de Grecia, Irlanda y Portugal, obligándoles a reducir drásticamente el gasto social, ahora en Estados Unidos hay un acuerdo de los dos partidos políticos para limitar la capacidad de intervención gubernamental en la corrección de importantes desigualdades. El fondo en ambos casos es desmantelar un estado del bienestar, construido durante muchos años, que les ha permitido mantener estructuras sociales con capacidad para resistir dificultades económicas provenientes de distintas fuentes.
Los republicanos impulsados por el Tea Party, grupo conservador de reciente creación y que llevó a la Cámara de Representantes a cerca de 50 de sus miembros, se han propuesto eliminar prácticamente los apoyos fiscales a través de Medicare y Medicaid a los grupos sociales más vulnerables. Su planteamiento es que los apoyos deben darse solamente a quienes trabajan. Los demócratas, en cambio, aceptan reducciones pero menores para mantener los apoyos fiscales a personas con dificultades especiales.
Unos días antes de que venza el fatídico plazo del 2 de agosto los republicanos ya han obligado a Obama y al grupo parlamentario demócrata en la Cámara de Representantes a aceptar que no habrá aumentos de impuestos a los ricos, lo que significa una importante victoria de las tesis del Tea Party que se comprometió con sus electores a impedir cualquier aumento de impuestos. De modo que todo el costo de la reducción del déficit lo pagarán los pobres.
El presupuesto y la deuda del gobierno de Estados Unidos tienen dimensiones que conviene tener claras. La discusión puntual es aumentar el techo de endeudamiento de 14.4 miles de millones de dólares, que en relación con el PIB estadunidense significa el 98%, lo que quiere decir que pase lo que pase en cifras anuales la deuda del gobierno de Estados Unidos llegará a alrededor de 120% de su PIB. La proporción es mucho mayor que la del gobierno español y de los otros periféricos, salvo Grecia. El presupuesto, por su parte, es de más del 20% del PIB, lo que significa que el tamaño del Estado es importante.
El déficit fiscal de Estados Unidos como proporción del PIB es de casi 10%, que resulta también superior, por ejemplo, al déficit del gobierno español que es del 7.1% de su PIB. Así que si el oligopolio calificador evaluara con los mismos criterios la deuda estadunidense debiera estar peor calificada que la española. Obviamente hay diferencias significativas entre estas economías, pero lo relevante es que están enfrentando problemas relativamente similares y están tratando de resolverlos de manera también relativamente similar.
La crisis se generó en los países desarrollados y sigue viva allí. La incipiente recuperación se ha frenado por las dificultades que enfrentan los gobiernos de esos países. A estos problemas se han añadido las diferencias entre los partidos políticos predominantes en esos países y, sobre todo, el avance de las derechas que han ido imponiendo su agenda. En ella está el desmantelamiento del estado del bienestar que avanza inexorablemente. El futuro no parece, en consecuencia, promisorio, sino todo lo contrario.
El 2 de agosto se acerca y podría ser catastrófico. Esto que parece anuncio de película palomera, en realidad ha sido lo que han venido anunciando día a día los grandes titulares de la prensa mundial, con base en los pronósticos de los analistas y de los organismos financieros internacionales. Y es que ese día se le podría terminar el dinero al gobierno de Barack Obama. Si el Congreso no le aprueba contratar más deuda, Estados Unidos dejará de pagar sueldos, proveedores, gastos de mantenimiento y sus obligaciones financieras con quienes, en todo el mundo, tienen bonos del tesoro estadunidense.
Otra vez, como hace una semana respecto al rescate griego, los mercados están a la expectativa ante lo que podía ser –según se dice– peor que la quiebra de Lehman Brothers, que en septiembre de 2008 provocó pérdidas en un día de 500 mil millones de dólares. Lo sorprendente es que hace unas semanas se pensaba que el riesgo era que desapareciera el euro y en estos últimos días el riesgo es que el dólar deje de ser “la moneda de reserva última y de primer orden”, como declaró el FMI. Europa y Estados Unidos, están en el ojo del huracán. En ellos están concentradas las mayores dificultades de la economía mundial.
Disputas políticas sobre temas decisivos para el funcionamiento de su economía, entre los grupos parlamentarios en Estados Unidos, han llevado a una situación efectivamente inédita: la posibilidad de que la deuda de este país, evaluada siempre con la mayor nota por el oligopolio calificador, sea degradada. Esta baja de calificación, como en otros casos, implicaría que la tasa de interés a la que el gobierno estadunidense coloca sus emisiones aumentaría. Esta tasa ha aumentado ligeramente y el jueves pasado pagaba por un bono a 10 años 2.98%. Se trata de una tasa baja, comparada incluso con la que paga el gobierno alemán, el más fuerte de Europa, que es cercana al 4%.
La disputa legislativa, aunque está centrada en la elevación del techo de endeudamiento, incorpora temas decisivos en la agenda política de Estados Unidos que afectan al mundo entero. Para la derecha republicana se trata de acotar la capacidad de intervención del gobierno en el funcionamiento económico, por la vía de obligarle a reducir el gasto social sin que aumenten los impuestos.
Los demócratas y el propio Obama han estado de acuerdo en reducir el déficit, pero la diferencia es que ellos lo harían aumentando impuestos a los estratos de muy altos ingresos, particularmente a grandes conglomerados empresariales y reduciendo, efectivamente, el gasto público, aunque de otra manera y en otra medida. Republicanos y demócratas coinciden en reducir el tamaño del gobierno estadunidense, a través de limitar el déficit presupuestario, pero difieren en la composición general de sus finanzas.
Del mismo modo que en Europa los gobernantes de la Unión Europea han pretendido resolver los problemas presupuestarios de Grecia, Irlanda y Portugal, obligándoles a reducir drásticamente el gasto social, ahora en Estados Unidos hay un acuerdo de los dos partidos políticos para limitar la capacidad de intervención gubernamental en la corrección de importantes desigualdades. El fondo en ambos casos es desmantelar un estado del bienestar, construido durante muchos años, que les ha permitido mantener estructuras sociales con capacidad para resistir dificultades económicas provenientes de distintas fuentes.
Los republicanos impulsados por el Tea Party, grupo conservador de reciente creación y que llevó a la Cámara de Representantes a cerca de 50 de sus miembros, se han propuesto eliminar prácticamente los apoyos fiscales a través de Medicare y Medicaid a los grupos sociales más vulnerables. Su planteamiento es que los apoyos deben darse solamente a quienes trabajan. Los demócratas, en cambio, aceptan reducciones pero menores para mantener los apoyos fiscales a personas con dificultades especiales.
Unos días antes de que venza el fatídico plazo del 2 de agosto los republicanos ya han obligado a Obama y al grupo parlamentario demócrata en la Cámara de Representantes a aceptar que no habrá aumentos de impuestos a los ricos, lo que significa una importante victoria de las tesis del Tea Party que se comprometió con sus electores a impedir cualquier aumento de impuestos. De modo que todo el costo de la reducción del déficit lo pagarán los pobres.
El presupuesto y la deuda del gobierno de Estados Unidos tienen dimensiones que conviene tener claras. La discusión puntual es aumentar el techo de endeudamiento de 14.4 miles de millones de dólares, que en relación con el PIB estadunidense significa el 98%, lo que quiere decir que pase lo que pase en cifras anuales la deuda del gobierno de Estados Unidos llegará a alrededor de 120% de su PIB. La proporción es mucho mayor que la del gobierno español y de los otros periféricos, salvo Grecia. El presupuesto, por su parte, es de más del 20% del PIB, lo que significa que el tamaño del Estado es importante.
El déficit fiscal de Estados Unidos como proporción del PIB es de casi 10%, que resulta también superior, por ejemplo, al déficit del gobierno español que es del 7.1% de su PIB. Así que si el oligopolio calificador evaluara con los mismos criterios la deuda estadunidense debiera estar peor calificada que la española. Obviamente hay diferencias significativas entre estas economías, pero lo relevante es que están enfrentando problemas relativamente similares y están tratando de resolverlos de manera también relativamente similar.
La crisis se generó en los países desarrollados y sigue viva allí. La incipiente recuperación se ha frenado por las dificultades que enfrentan los gobiernos de esos países. A estos problemas se han añadido las diferencias entre los partidos políticos predominantes en esos países y, sobre todo, el avance de las derechas que han ido imponiendo su agenda. En ella está el desmantelamiento del estado del bienestar que avanza inexorablemente. El futuro no parece, en consecuencia, promisorio, sino todo lo contrario.
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