Francisco Rojas / El Universal
Once años después de la alternancia en el 2000, la vida política del país parece seguir rigiéndose por las mismas reglas de finales del siglo XX y la práctica política continúa ceñida a las formas anteriores. El entusiasmo que despertó en algunos sectores la alternancia se fundaba en la suposición de que el nuevo gobierno pavimentaría el camino hacia una transición democrática, entendida como un conjunto de cambios que acercarían la política a la vida diaria de los ciudadanos, para hacer del poder un instrumento más eficaz en la solución de los problemas colectivos y el mejoramiento de las oportunidades de desarrollo humano.
Es de sobra conocido que nada de esto ha ocurrido. Los gobiernos del PAN no han sabido o no han querido impulsar esa transición; por el contrario, toma fuerza la hipótesis de que México tiende a un Estado fallido. Para la corriente ideológica conservadora del panismo, la transición democrática ha consistido en desmantelar el Estado que emergió de la Revolución de 1910-1917, cuyos distintivos fueron la industrialización y la movilidad social generada por la urbanización, la educación, la salud y la seguridad social.
Lo cierto es que desde el último tramo del siglo XX, en el resto del mundo y en México ha tomado fuerza la sociedad civil a consecuencia de la revolución de las telecomunicaciones, conjugada con la insuficiencia de las economías nacionales para satisfacer las demandas crecientes tanto de empleos como de bienes y servicios. Estos desarrollos se han traducido en un activismo inusitado e imprevisto de las sociedades, en especial de los jóvenes, a través de las redes sociales.
Característica de los primeros lustros del siglo XXI es la participación espontánea de las sociedades en el debate de asuntos públicos que hasta hace una generación parecía reservado a los políticos. Muchos ciudadanos ya no están conformes sólo con el voto para la elección de gobernantes y legisladores; cada vez se advierte mayor interés por el debate, la participación en la toma de decisiones y las candidaturas independientes.
Para dar cauce a estas exigencias se han propuesto también instrumentos de la democracia participativa, tales como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, entre otros. En el plebiscito los ciudadanos aprueban o no un acto de gobierno ajeno al ámbito legislativo. En el referéndum, el voto de la ciudadanía convalida o no determinada iniciativa de ley y, la iniciativa popular, es el derecho de los ciudadanos de presentar propuestas al Poder Legislativo, después de cubrir ciertos requisitos establecidos por la ley, como el de un número mínimo de personas.
A primera vista todas las modalidades de la democracia participativa son positivas porque suponen el acercamiento de la política a los ciudadanos y la intervención de éstos en la toma de decisiones que en otros sistemas políticos corresponden a las instituciones del Estado. Sin embargo, estos mecanismos requieren una cuidadosa reglamentación para que, con el deseo de fortalecer la ciudadanización de la política, no se incurra en el riesgo de debilitar las instituciones.
Plebiscito y referéndum deberían utilizarse sólo en casos excepcionales y de gran importancia, como ocurrió en Chile cuando se sometió a plebiscito la permanencia o retiro del general Augusto Pinochet del gobierno. Mayor reflexión aun merece el referéndum, pues el responsable de legislar es el Poder Legislativo, con encomiendas constitucionales particulares y precisas, que permiten que las iniciativas sigan un proceso que garantice el análisis cuidadoso de la norma propuesta y de sus posibles consecuencias para la sociedad. Ese proceso asegura la participación de las fuerzas políticas relevantes del país en las comisiones que examinan y discuten las iniciativas, en las instancias de la sociedad consultadas por los legisladores o de los grupos que desean ser escuchados.
La reforma política debe considerar además los retos sobre el papel de partidos, medios y sistema educativo, a fin de que los mecanismos participativos funcionen bien y se usen constructivamente por una población informada y con una cultura política adecuada, para evitar el autoritarismo o asambleísmo irresponsable. Trabajaremos con denuedo para lograr dichos propósitos.
Once años después de la alternancia en el 2000, la vida política del país parece seguir rigiéndose por las mismas reglas de finales del siglo XX y la práctica política continúa ceñida a las formas anteriores. El entusiasmo que despertó en algunos sectores la alternancia se fundaba en la suposición de que el nuevo gobierno pavimentaría el camino hacia una transición democrática, entendida como un conjunto de cambios que acercarían la política a la vida diaria de los ciudadanos, para hacer del poder un instrumento más eficaz en la solución de los problemas colectivos y el mejoramiento de las oportunidades de desarrollo humano.
Es de sobra conocido que nada de esto ha ocurrido. Los gobiernos del PAN no han sabido o no han querido impulsar esa transición; por el contrario, toma fuerza la hipótesis de que México tiende a un Estado fallido. Para la corriente ideológica conservadora del panismo, la transición democrática ha consistido en desmantelar el Estado que emergió de la Revolución de 1910-1917, cuyos distintivos fueron la industrialización y la movilidad social generada por la urbanización, la educación, la salud y la seguridad social.
Lo cierto es que desde el último tramo del siglo XX, en el resto del mundo y en México ha tomado fuerza la sociedad civil a consecuencia de la revolución de las telecomunicaciones, conjugada con la insuficiencia de las economías nacionales para satisfacer las demandas crecientes tanto de empleos como de bienes y servicios. Estos desarrollos se han traducido en un activismo inusitado e imprevisto de las sociedades, en especial de los jóvenes, a través de las redes sociales.
Característica de los primeros lustros del siglo XXI es la participación espontánea de las sociedades en el debate de asuntos públicos que hasta hace una generación parecía reservado a los políticos. Muchos ciudadanos ya no están conformes sólo con el voto para la elección de gobernantes y legisladores; cada vez se advierte mayor interés por el debate, la participación en la toma de decisiones y las candidaturas independientes.
Para dar cauce a estas exigencias se han propuesto también instrumentos de la democracia participativa, tales como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, entre otros. En el plebiscito los ciudadanos aprueban o no un acto de gobierno ajeno al ámbito legislativo. En el referéndum, el voto de la ciudadanía convalida o no determinada iniciativa de ley y, la iniciativa popular, es el derecho de los ciudadanos de presentar propuestas al Poder Legislativo, después de cubrir ciertos requisitos establecidos por la ley, como el de un número mínimo de personas.
A primera vista todas las modalidades de la democracia participativa son positivas porque suponen el acercamiento de la política a los ciudadanos y la intervención de éstos en la toma de decisiones que en otros sistemas políticos corresponden a las instituciones del Estado. Sin embargo, estos mecanismos requieren una cuidadosa reglamentación para que, con el deseo de fortalecer la ciudadanización de la política, no se incurra en el riesgo de debilitar las instituciones.
Plebiscito y referéndum deberían utilizarse sólo en casos excepcionales y de gran importancia, como ocurrió en Chile cuando se sometió a plebiscito la permanencia o retiro del general Augusto Pinochet del gobierno. Mayor reflexión aun merece el referéndum, pues el responsable de legislar es el Poder Legislativo, con encomiendas constitucionales particulares y precisas, que permiten que las iniciativas sigan un proceso que garantice el análisis cuidadoso de la norma propuesta y de sus posibles consecuencias para la sociedad. Ese proceso asegura la participación de las fuerzas políticas relevantes del país en las comisiones que examinan y discuten las iniciativas, en las instancias de la sociedad consultadas por los legisladores o de los grupos que desean ser escuchados.
La reforma política debe considerar además los retos sobre el papel de partidos, medios y sistema educativo, a fin de que los mecanismos participativos funcionen bien y se usen constructivamente por una población informada y con una cultura política adecuada, para evitar el autoritarismo o asambleísmo irresponsable. Trabajaremos con denuedo para lograr dichos propósitos.
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