Alejandro Nadal / La Jornada
Los titulares sobre deuda soberana y cesación de pagos en Europa abundan en estos días. Y parece que son el eco de lo acontecido con la crisis de la deuda en América Latina de los años ochenta. Ese episodio desembocó en lo que se llamó la década perdida en la región, pero en realidad, el quebranto en Latinoamérica ha perdurado más allá de aquél decenio trágico. El calvario para los ciudadanos de América Latina es una lección que en la Unión Europea no puede ignorarse.
Al igual que en varios países de Europa, el sobre-endeudamiento en la región latinoamericana se acompañó de la voracidad e irresponsabilidad del sector financiero internacional. Durante la segunda mitad de los años setenta, los bancos de las economías desarrolladas enfrentaron la necesidad de reciclar sus recursos a través de préstamos imprudentes en busca de ganancias rápidas. Los países con una mayor base de recursos naturales fueron los más buscados.
Ayer como hoy, ninguno de los organismos internacionales encargados de supervisar el sistema financiero internacional vio venir la crisis. El Fondo Monetario Internacional no se dio cuenta que el estancamiento en la economía mundial, el sobre-endeudamiento y el rápido deterioro en los términos de intercambio eran una combinación explosiva. Cualquier aumento en las tasas de interés podía ser el detonante de una brutal explosión. En el plano nacional, las autoridades económicas tampoco estuvieron a la altura de su misión. Todos los bancos centrales y ministerios de hacienda en la región se sorprendieron cuando México anunció su incapacidad de pago en agosto de 1982.
Por supuesto, cuando estalló la crisis los bancos acreedores pidieron la ayuda de los organismos financieros internacionales y de sus gobiernos. El FMI impuso los primeros paquetes de austeridad en la región, recortando el gasto público y aumentando la presión fiscal sobre los segmentos más desprotegidos de la población. Muy pronto se hizo evidente que el crecimiento económico se congelaba y que el empleo y la recaudación se desplomaban. La crisis se profundizó en un círculo vicioso. Es lo mismo que se ve venir en Grecia, pero los acreedores y los tecnócratas del Banco Central Europeo no sueltan presa.
Después de 10 años en el estancamiento, era claro que la deuda de los países de la región nunca sería pagada y que sería necesario llevar a cabo algo que los bancos acreedores, co-responsables de la crisis, se habían negado a discutir desde el principio. Al igual que en las negociaciones sobre la crisis en Grecia, la palabra restructuración era hasta 1989 un vocablo prohibido.
El plan Brady fue cocinado por el ex secretario del Tesoro Nicolás Brady para re-estructurar la deuda de los países latinoamericanos, permitirles el regreso a los mercados financieros y, supuestamente, reanudar su crecimiento. El esquema estaba basado en un programa de recortes en el principal, ampliación de plazos de pago y en algunos casos reducciones en las tasas de interés.
Los bonos Brady consistían en títulos de recompra de la deuda comercial previamente adquirida, ya fuera a la par con nuevos calendarios de plazos o con un descuento. Estaban relacionados con bonos cupón cero del Tesoro estadunidense, lo cual introducía la denominación en dólares, lo que a su vez proporcionaba un sentimiento de garantía adicional y permitía alargar el plazo de vencimiento. México, tan cerca del núcleo imperial, nuevamente pagó el costo de iniciación y fue el primer país en emitir bonos Brady (unos 42 mil millones de dólares en 1990).
Para forzar la mano a los acreedores fue necesario otorgar algo a cambio. Esta vez, el aval consistió en la aceptación de los mandatos del Consenso de Washington. Así, los primeros ajustes impuestos por el FMI cedieron su lugar a la consolidación de las reformas estructurales y a una modificación profunda del modelo económico y social. Lo que al principio de la crisis era un arreglo temporal se hizo permanente. El neoliberalismo impuso la más pesada hipoteca sobre la región, una herencia odiosa para las siguientes generaciones.
Frente a la probabilidad de un cese de pagos por parte de Grecia ya se habla de re-estructuración (aunque el Tesoro estadunidense mantiene su oposición activa debido a la gran exposición que tienen los bancos de ese país en la crisis europea). También se discuten planes para que el Banco Central Europeo emita unos eurobonos que podrían desempeñar un papel análogo al de los bonos Brady. De cualquier modo, es seguro que lo primero que se buscará será una restructuración suave, con quitas marginales y extensión moderada de plazos de vencimiento. A cambio, la política macroeconómica deberá subordinarse a las necesidades del capital financiero.
En estos días, cuando buena parte de Europa se asoma al espejo, quizás pueda ver el rostro de América Latina. La imposición de un régimen macroeconómico de austeridad sólo llevará a las economías de la región a la profundización de la recesión y la crisis.
Los titulares sobre deuda soberana y cesación de pagos en Europa abundan en estos días. Y parece que son el eco de lo acontecido con la crisis de la deuda en América Latina de los años ochenta. Ese episodio desembocó en lo que se llamó la década perdida en la región, pero en realidad, el quebranto en Latinoamérica ha perdurado más allá de aquél decenio trágico. El calvario para los ciudadanos de América Latina es una lección que en la Unión Europea no puede ignorarse.
Al igual que en varios países de Europa, el sobre-endeudamiento en la región latinoamericana se acompañó de la voracidad e irresponsabilidad del sector financiero internacional. Durante la segunda mitad de los años setenta, los bancos de las economías desarrolladas enfrentaron la necesidad de reciclar sus recursos a través de préstamos imprudentes en busca de ganancias rápidas. Los países con una mayor base de recursos naturales fueron los más buscados.
Ayer como hoy, ninguno de los organismos internacionales encargados de supervisar el sistema financiero internacional vio venir la crisis. El Fondo Monetario Internacional no se dio cuenta que el estancamiento en la economía mundial, el sobre-endeudamiento y el rápido deterioro en los términos de intercambio eran una combinación explosiva. Cualquier aumento en las tasas de interés podía ser el detonante de una brutal explosión. En el plano nacional, las autoridades económicas tampoco estuvieron a la altura de su misión. Todos los bancos centrales y ministerios de hacienda en la región se sorprendieron cuando México anunció su incapacidad de pago en agosto de 1982.
Por supuesto, cuando estalló la crisis los bancos acreedores pidieron la ayuda de los organismos financieros internacionales y de sus gobiernos. El FMI impuso los primeros paquetes de austeridad en la región, recortando el gasto público y aumentando la presión fiscal sobre los segmentos más desprotegidos de la población. Muy pronto se hizo evidente que el crecimiento económico se congelaba y que el empleo y la recaudación se desplomaban. La crisis se profundizó en un círculo vicioso. Es lo mismo que se ve venir en Grecia, pero los acreedores y los tecnócratas del Banco Central Europeo no sueltan presa.
Después de 10 años en el estancamiento, era claro que la deuda de los países de la región nunca sería pagada y que sería necesario llevar a cabo algo que los bancos acreedores, co-responsables de la crisis, se habían negado a discutir desde el principio. Al igual que en las negociaciones sobre la crisis en Grecia, la palabra restructuración era hasta 1989 un vocablo prohibido.
El plan Brady fue cocinado por el ex secretario del Tesoro Nicolás Brady para re-estructurar la deuda de los países latinoamericanos, permitirles el regreso a los mercados financieros y, supuestamente, reanudar su crecimiento. El esquema estaba basado en un programa de recortes en el principal, ampliación de plazos de pago y en algunos casos reducciones en las tasas de interés.
Los bonos Brady consistían en títulos de recompra de la deuda comercial previamente adquirida, ya fuera a la par con nuevos calendarios de plazos o con un descuento. Estaban relacionados con bonos cupón cero del Tesoro estadunidense, lo cual introducía la denominación en dólares, lo que a su vez proporcionaba un sentimiento de garantía adicional y permitía alargar el plazo de vencimiento. México, tan cerca del núcleo imperial, nuevamente pagó el costo de iniciación y fue el primer país en emitir bonos Brady (unos 42 mil millones de dólares en 1990).
Para forzar la mano a los acreedores fue necesario otorgar algo a cambio. Esta vez, el aval consistió en la aceptación de los mandatos del Consenso de Washington. Así, los primeros ajustes impuestos por el FMI cedieron su lugar a la consolidación de las reformas estructurales y a una modificación profunda del modelo económico y social. Lo que al principio de la crisis era un arreglo temporal se hizo permanente. El neoliberalismo impuso la más pesada hipoteca sobre la región, una herencia odiosa para las siguientes generaciones.
Frente a la probabilidad de un cese de pagos por parte de Grecia ya se habla de re-estructuración (aunque el Tesoro estadunidense mantiene su oposición activa debido a la gran exposición que tienen los bancos de ese país en la crisis europea). También se discuten planes para que el Banco Central Europeo emita unos eurobonos que podrían desempeñar un papel análogo al de los bonos Brady. De cualquier modo, es seguro que lo primero que se buscará será una restructuración suave, con quitas marginales y extensión moderada de plazos de vencimiento. A cambio, la política macroeconómica deberá subordinarse a las necesidades del capital financiero.
En estos días, cuando buena parte de Europa se asoma al espejo, quizás pueda ver el rostro de América Latina. La imposición de un régimen macroeconómico de austeridad sólo llevará a las economías de la región a la profundización de la recesión y la crisis.
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