Alberto Barranco / El Universal
Colocada la alerta por el juez a cargo del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo Soto, esta mañana la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable de la venta a precio de ganga de la torre insignia y edificio anexo de la compañía aérea
De acuerdo al togado, el hecho de venderse los inmuebles a un valor inferior al catastral generó la presunción de fraude en contra de los acreedores de la empresa, lo que obligó a retrotraer hasta cinco años atrás los efectos legales del concurso mercantil orocedimiento de quiebra ordenada.
La venta de las propiedades se realizó el 6 de febrero de 2006, casi dos meses después de la compra por parte del Grupo Posadas de la compañía aérea, cerrada ésta el 20 de diciembre de 2005.
Lo interesante del caso es que ASPA presume no sólo uno, sino dos fraudes; el primero en perjuicio de los acreedores de la compañía y el segundo del gobierno capitalino.
El vendedor no cubrió el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, alegando la obtención de una exención por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que no se justificaba.
De acuerdo a la querella que se planteará ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del DF, en la cláusula quinta del contrato de compraventa de los inmuebles integrados al Conjunto Mexicana, se señala que la parte adquirente, en este caso la empresa Fibra Mexicana de Inmuebles, obtuvo de la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos, Dirección General de Administración Urbana y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, la exención o reducción fiscal del gravamen.
La prebenda, según ello, se apuntalaba en el artículo 290 del Código Financiero del Distrito Federal (abrogado, por cierto, el 29 de diciembre del 2009 al expedirse el Código Fiscal del Distrito Federal), bajo cuyo marco los inmuebles que se sometan a una restauración o remodelación tendrán derecho a una reducción equivalente a 100. El caso es que no existe indicio alguno de que ésta se haya realizado.
En la presunción, los querellantes, representados por una batería de cinco abogados encabezados por la apoderada legal de ASPA, Mónica Alonso Serrano, aluden al artículo 267 del Código Penal para el Distrito Federal, que prevé la comisión de uso ilegal de atribuciones y facultades al servidor público que otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones.
Desde otro ángulo, de acuerdo a la declaración de las partes, es decir Mexicana de Aviación como vendedor y Fibra Mexicana de Inmuebles como comprador, la torre ubicada en la calle de Xola 535 tenía un valor catastral para efecto del pago del impuesto predial de 376 millones 387 mil 552 pesos, en tanto el edificio anexo de 130 millones 874 mil.
Estamos hablando, pues, de un total de 507 millones 261 mil pesos.
El caso es que la compra se cerró en un precio de 40 millones 227 mil 22 dólares, equivalentes entonces a 422 millones 307 mil 352 pesos.
La ganga, pues, es más que evidente, considerando que ninguna propiedad se enajena al valor catastral, salvo en casos de expropiación por utilidad pública.
Hay quienes valúan los inmuebles en 55 millones de dólares. Lo curioso del caso es que tras el escándalo desatado por la denuncia del juez Consuelo Soto, el ex socio mayoritario de Mexicana de Aviación y presidente del Grupo Posadas, Gastón Azcárraga Andrade, ha filtrado informaciones en que se deslinda de la operación, aduciendo que ésta fue realizada por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, quien a su vez le había vendido la compañía a otro precio de ganga: 165 millones de dólares, con la novedad de una quita adicional de siete.
Sin embargo, la operación realizada por éste y su empresa, alcanzaba no sólo a la firma comercial aérea más antigua del país, sino al 99.99% de la propiedad de “Aeropuertos y terrenos”; al 99.99 de Aerocaribe y al 49.99 de Aerosys, además del 24.50 de Sabre SST.
Entre los activos de la primera filial estaba el llamado “Conjunto Mexicana”.
La flecha, pues, apunta directo hacia Azcárraga Andrade, por más que la carambola se lleve de corbata al gobierno de Marcelo Ebrard.
El jaque está en la mesa.
Balance general
Bajo el argumento simple que no existe autoridad alguna implicada, un juez le negó al Grupo Aeroportuario del Pacífico la posibilidad de un amparo contra la pretensión del Grupo México de hacerse del 100% de su capital, vía una oferta hostil.
El argumento central señalaba que la firma apuntala su pretensión en la Ley del Mercado de Valores, que permite a cualquier particular adquirir las acciones colocadas en los mercados por una emisora. El caso es que de acuerdo a los estatutos internos de la empresa nadie puede adquirir más del 10% del 85% del capital que se colocó en terreno bursátil. En paralelo, el alegato de GAP hablaba de que las acciones de control, equivalentes a 15% restante, no se puede enajenar sin el visto bueno de su Consejo de Administración. La firma de Germán Larrea Mota Velasco plantea contrademandar a los accionistas de control, es decir la Controladora Mexicana de Aeropuertos y las firmas españolas Abertis y Aena, por atentar contra los intereses de los accionistas de la serie B.
Enloquece el IFE
Si algún rescoldo de credibilidad le quedaba al Instituto Federal Electoral durante la gestión de Leonardo Valdés Zurita, éste se fue a la basura tras el rechazo de su consejo general a la propuesta del contralor interno de inhabilitar durante un lustro para trabajar en el sector público al ex director de Administración, Fernando Santos Madrigal.
El ex funcionario llegó al cargo por recomendación del propio presidente del organismo, cuyo derroche del presupuesto llenaría varias páginas de un periódico.
Este le provocó un quebranto a las finanzas del organismo de 27 mil millones de pesos.
En paralelo, el instituto avaló la posibilidad de desviar recursos para subsidiar a organismos no gubernamentales, como el encabezado por el ex presidente de la Coparmex, Alberto Núñez Esteva, según ello por promover el voto.
El problema es que la acción de éste es sectaria, dado que se apunta hacia a un proselitismo abierto a favor del Partido Acción Nacional.
Estalla Covadonga
Denunciada en este espacio la maniobra de los dueños de la productora y distribuidora de arroz Covadonga por incumplir compromisos con inversionistas que le apostaron a dos proyectos agrícolas, finalmente el fin de semana pasado se aprehendió a uno de sus directivos, Santiago González Gutiérrez, bajo cargos de fraude por 64 millones de pesos.
El empresario fue detenido cuando se disponía a viajar a Orlando, Florida, por más que en el trayecto se debió desviar el curso hacia un hospital por amago de infarto.
La aprehensión la había ordenado el juez Quinto penal de Primera Instancia de Veracruz, Uriel Domínguez Colio.
Guerra de tarifas
En un episodio más de la periódica guerra de tarifas de las líneas aéreas de cara a la temporada de verano, VivaAerobus está ofreciendo vuelos redondos a todos sus destinos con un costo de 899 pesos.
La firma en la que participa el ex banquero Roberto Alcántara cubre 52 rutas, entre ellas Guadalajara, Monterrey, Los Cabos, Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo.
A su vez, Volaris está reviviendo viajes sencillos a 500 pesos a destinos como Tijuana, Torreón, Monterrey y La Paz.
Colocada la alerta por el juez a cargo del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo Soto, esta mañana la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable de la venta a precio de ganga de la torre insignia y edificio anexo de la compañía aérea
De acuerdo al togado, el hecho de venderse los inmuebles a un valor inferior al catastral generó la presunción de fraude en contra de los acreedores de la empresa, lo que obligó a retrotraer hasta cinco años atrás los efectos legales del concurso mercantil orocedimiento de quiebra ordenada.
La venta de las propiedades se realizó el 6 de febrero de 2006, casi dos meses después de la compra por parte del Grupo Posadas de la compañía aérea, cerrada ésta el 20 de diciembre de 2005.
Lo interesante del caso es que ASPA presume no sólo uno, sino dos fraudes; el primero en perjuicio de los acreedores de la compañía y el segundo del gobierno capitalino.
El vendedor no cubrió el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, alegando la obtención de una exención por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que no se justificaba.
De acuerdo a la querella que se planteará ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del DF, en la cláusula quinta del contrato de compraventa de los inmuebles integrados al Conjunto Mexicana, se señala que la parte adquirente, en este caso la empresa Fibra Mexicana de Inmuebles, obtuvo de la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos, Dirección General de Administración Urbana y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, la exención o reducción fiscal del gravamen.
La prebenda, según ello, se apuntalaba en el artículo 290 del Código Financiero del Distrito Federal (abrogado, por cierto, el 29 de diciembre del 2009 al expedirse el Código Fiscal del Distrito Federal), bajo cuyo marco los inmuebles que se sometan a una restauración o remodelación tendrán derecho a una reducción equivalente a 100. El caso es que no existe indicio alguno de que ésta se haya realizado.
En la presunción, los querellantes, representados por una batería de cinco abogados encabezados por la apoderada legal de ASPA, Mónica Alonso Serrano, aluden al artículo 267 del Código Penal para el Distrito Federal, que prevé la comisión de uso ilegal de atribuciones y facultades al servidor público que otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones.
Desde otro ángulo, de acuerdo a la declaración de las partes, es decir Mexicana de Aviación como vendedor y Fibra Mexicana de Inmuebles como comprador, la torre ubicada en la calle de Xola 535 tenía un valor catastral para efecto del pago del impuesto predial de 376 millones 387 mil 552 pesos, en tanto el edificio anexo de 130 millones 874 mil.
Estamos hablando, pues, de un total de 507 millones 261 mil pesos.
El caso es que la compra se cerró en un precio de 40 millones 227 mil 22 dólares, equivalentes entonces a 422 millones 307 mil 352 pesos.
La ganga, pues, es más que evidente, considerando que ninguna propiedad se enajena al valor catastral, salvo en casos de expropiación por utilidad pública.
Hay quienes valúan los inmuebles en 55 millones de dólares. Lo curioso del caso es que tras el escándalo desatado por la denuncia del juez Consuelo Soto, el ex socio mayoritario de Mexicana de Aviación y presidente del Grupo Posadas, Gastón Azcárraga Andrade, ha filtrado informaciones en que se deslinda de la operación, aduciendo que ésta fue realizada por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, quien a su vez le había vendido la compañía a otro precio de ganga: 165 millones de dólares, con la novedad de una quita adicional de siete.
Sin embargo, la operación realizada por éste y su empresa, alcanzaba no sólo a la firma comercial aérea más antigua del país, sino al 99.99% de la propiedad de “Aeropuertos y terrenos”; al 99.99 de Aerocaribe y al 49.99 de Aerosys, además del 24.50 de Sabre SST.
Entre los activos de la primera filial estaba el llamado “Conjunto Mexicana”.
La flecha, pues, apunta directo hacia Azcárraga Andrade, por más que la carambola se lleve de corbata al gobierno de Marcelo Ebrard.
El jaque está en la mesa.
Balance general
Bajo el argumento simple que no existe autoridad alguna implicada, un juez le negó al Grupo Aeroportuario del Pacífico la posibilidad de un amparo contra la pretensión del Grupo México de hacerse del 100% de su capital, vía una oferta hostil.
El argumento central señalaba que la firma apuntala su pretensión en la Ley del Mercado de Valores, que permite a cualquier particular adquirir las acciones colocadas en los mercados por una emisora. El caso es que de acuerdo a los estatutos internos de la empresa nadie puede adquirir más del 10% del 85% del capital que se colocó en terreno bursátil. En paralelo, el alegato de GAP hablaba de que las acciones de control, equivalentes a 15% restante, no se puede enajenar sin el visto bueno de su Consejo de Administración. La firma de Germán Larrea Mota Velasco plantea contrademandar a los accionistas de control, es decir la Controladora Mexicana de Aeropuertos y las firmas españolas Abertis y Aena, por atentar contra los intereses de los accionistas de la serie B.
Enloquece el IFE
Si algún rescoldo de credibilidad le quedaba al Instituto Federal Electoral durante la gestión de Leonardo Valdés Zurita, éste se fue a la basura tras el rechazo de su consejo general a la propuesta del contralor interno de inhabilitar durante un lustro para trabajar en el sector público al ex director de Administración, Fernando Santos Madrigal.
El ex funcionario llegó al cargo por recomendación del propio presidente del organismo, cuyo derroche del presupuesto llenaría varias páginas de un periódico.
Este le provocó un quebranto a las finanzas del organismo de 27 mil millones de pesos.
En paralelo, el instituto avaló la posibilidad de desviar recursos para subsidiar a organismos no gubernamentales, como el encabezado por el ex presidente de la Coparmex, Alberto Núñez Esteva, según ello por promover el voto.
El problema es que la acción de éste es sectaria, dado que se apunta hacia a un proselitismo abierto a favor del Partido Acción Nacional.
Estalla Covadonga
Denunciada en este espacio la maniobra de los dueños de la productora y distribuidora de arroz Covadonga por incumplir compromisos con inversionistas que le apostaron a dos proyectos agrícolas, finalmente el fin de semana pasado se aprehendió a uno de sus directivos, Santiago González Gutiérrez, bajo cargos de fraude por 64 millones de pesos.
El empresario fue detenido cuando se disponía a viajar a Orlando, Florida, por más que en el trayecto se debió desviar el curso hacia un hospital por amago de infarto.
La aprehensión la había ordenado el juez Quinto penal de Primera Instancia de Veracruz, Uriel Domínguez Colio.
Guerra de tarifas
En un episodio más de la periódica guerra de tarifas de las líneas aéreas de cara a la temporada de verano, VivaAerobus está ofreciendo vuelos redondos a todos sus destinos con un costo de 899 pesos.
La firma en la que participa el ex banquero Roberto Alcántara cubre 52 rutas, entre ellas Guadalajara, Monterrey, Los Cabos, Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo.
A su vez, Volaris está reviviendo viajes sencillos a 500 pesos a destinos como Tijuana, Torreón, Monterrey y La Paz.
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