MARÍA DE LAS HERAS / EL PAÍS
Por unanimidad y con base en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso que data de los años setenta, la Suprema Corte de Justicia mexicana decidió limitar el fuero militar cuando se trate de afectaciones a civiles, y lo hace en momentos en que se multiplican las acusaciones sobre abusos y violaciones de derechos humanos por parte de militares involucrados en la lucha contra el narcotráfico.
La encuesta de esta semana la dedicamos a medir qué tan preocupante percibe el público el problema de los abusos castrenses y también qué tanta confianza les merecen los tribunales civiles para juzgar y castigar a quienes los cometen.
Divididas las opiniones en cuanto a si el problema se trata de un asunto generalizado o las violaciones a los derechos civiles por parte de militares han sido sólo casos de excepción, el hecho es que la mayoría de las personas que entrevistamos (un 57%) tiene la percepción de que es un problema que va en aumento conforme pasa el tiempo, y también la mayoría coincide en opinar que los delitos cometidos por los militares están lejos de haber sido castigados como es debido. Seis de cada 10 tienen la impresión de que el Ejército ha tratado de solapar a los miembros de sus filas que han atentado indebidamente contra la población civil.
Bajo el supuesto de que ellos fueran víctimas de algún tipo de violación a sus derechos por parte de algún militar, le preguntamos a los entrevistados en qué tipo de tribunal consideraban que sería más fácil que les hicieran justicia y el 52% nos respondió sin dudarlo que en los tribunales civiles, aunque el sistema judicial mexicano está hecho tal desastre que el 29% preferiría quejarse ante un tribunal militar y el 19% restante ya no sabe ni adónde acudiría para exigir justicia.
De todas formas, es claro que la mayoría (el 59%) ve en la decisión de la Suprema Corte de Justicia un avance en cuanto a la impartición de justicia en nuestro país.
María de las Heras es directora de la encuestadora Demotecnia.
Por unanimidad y con base en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso que data de los años setenta, la Suprema Corte de Justicia mexicana decidió limitar el fuero militar cuando se trate de afectaciones a civiles, y lo hace en momentos en que se multiplican las acusaciones sobre abusos y violaciones de derechos humanos por parte de militares involucrados en la lucha contra el narcotráfico.
La encuesta de esta semana la dedicamos a medir qué tan preocupante percibe el público el problema de los abusos castrenses y también qué tanta confianza les merecen los tribunales civiles para juzgar y castigar a quienes los cometen.
Divididas las opiniones en cuanto a si el problema se trata de un asunto generalizado o las violaciones a los derechos civiles por parte de militares han sido sólo casos de excepción, el hecho es que la mayoría de las personas que entrevistamos (un 57%) tiene la percepción de que es un problema que va en aumento conforme pasa el tiempo, y también la mayoría coincide en opinar que los delitos cometidos por los militares están lejos de haber sido castigados como es debido. Seis de cada 10 tienen la impresión de que el Ejército ha tratado de solapar a los miembros de sus filas que han atentado indebidamente contra la población civil.
Bajo el supuesto de que ellos fueran víctimas de algún tipo de violación a sus derechos por parte de algún militar, le preguntamos a los entrevistados en qué tipo de tribunal consideraban que sería más fácil que les hicieran justicia y el 52% nos respondió sin dudarlo que en los tribunales civiles, aunque el sistema judicial mexicano está hecho tal desastre que el 29% preferiría quejarse ante un tribunal militar y el 19% restante ya no sabe ni adónde acudiría para exigir justicia.
De todas formas, es claro que la mayoría (el 59%) ve en la decisión de la Suprema Corte de Justicia un avance en cuanto a la impartición de justicia en nuestro país.
María de las Heras es directora de la encuestadora Demotecnia.
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