Francisco Valdéz Ugalde / El Universal
La indignación por los efectos del combate al crimen organizado es legítima y sintomática. Javier Sicilia, agraviado y justamente indignado, reclama a la clase política su ineptitud, su alejamiento de la sociedad y su ceguera ante las dimensiones de lo que ocurre con la violencia organizada por el crimen organizado. Muchos han hecho suya su voz o, mejor aún, en su voz se han identificado muchos que están hartos. No es para menos. Las ideas que identifico en la protesta de Sicilia son: “¡ya párenle!”, “vuelvan a sus códigos” y “hagan su trabajo”. Además sugirió una política exterior: dejar que los gringos “se llenen de mierda”. En síntesis, que gobierno y narcos pacten para que aquel respete las rutas que estos usan hacia el norte. Este sería el mal menor. Con todo el respeto a esta postura, debo decir que disiento de ella. La condolencia y la solidaridad no pueden constituirse en un nuevo altar a la ceguera. Concediendo que los cárteles y las Fuerzas Armadas son causa, cada uno por separado y con diferentes responsabilidades, de la violencia que afecta a la sociedad, a los inocentes, es dudoso que un pacto con los primeros la erradique. Los propios cárteles han sembrado una nueva estrategia que dejó atrás, hace al menos dos décadas, el que México fuera un territorio de paso para convertirse en un mercado de consumo. El secretario de Salud ha señalado que las posibilidades de que un joven consuma drogas ha crecido en 50% en los últimos 30 años. A los cárteles de la droga se han agregado las organizaciones que comercian en el mercado interno desde gran escala hasta menudeo, de lo que no se ocupan directamente los cárteles. Hay ciudades del país en las que los narcomenudistas pelean su terreno manzana por manzana, barrio por barrio, contra otras bandas que se dedican a lo mismo y que compiten entre ellos. Y están armados, matan y son matados. El tráfico de armas hace también lo suyo, y no solamente el de los que llevan a cabo operaciones en gran escala para compradores de volúmenes grandes, sino los que surten a los “microempresarios” de la droga, del secuestro, de la extorsión y a los compradores “inocentes” cuyo objetivo es protegerse. Si lo anterior es cierto, no hay pacto que detenga la violencia, a menos que toda se le adjudique a los grandes cárteles que, suponemos, serían los únicos que acaso hayan conocido un “código de honor”. Otras explicaciones sobre los niveles de violencia provienen de individuos menos políticamente correctos y dignos de sospechosismo (en español se solía decir “de sospecha”). La directora de la DEA, Michele Leonhart, señaló en Cancún que los niveles de violencia se deben a que los narcos andan “como bestias enjauladas”, arrinconados por el Ejército. Es una declaración oficial de una alta funcionaria de Estados Unidos en la materia. ¿Estará mintiendo esta señora? Lamentablemente no hay medios de comunicación que lo indaguen; los más influyentes, los electrónicos, se han hecho parte de la ceguera. La indignación debe llegar hasta los hechos de fondo. La “clase política” es responsable de la situación de deterioro que guarda la seguridad. Pero no todos en la misma medida, ni sólo ellos. Voy por partes. En el Congreso están atoradas las propuestas que se fueron construyendo a partir del Acuerdo Nacional de Seguridad. La depuración de cuerpos federales ha sido encaminada en el marco de atribuciones del Ejecutivo federal. Pero la propuesta de unificar los mandos policiacos de las entidades federativas y entre estas en un sistema federal coordinado, que envió el Ejecutivo, está detenido por gobernadores y legisladores que no quieren metiches en sus feudos, aunque sea a costa de las muertes de civiles. Tampoco aceptan que los altos mandos se sometan a pruebas de confianza. ¿Por qué será? El presidencialismo de partido hegemónico “controlaba” el crimen mediante pirámides de tajadas. Todos quietecitos y contentitos. ¡Este sí que era un “código”! Pero quisimos cambiar de sistema político y poner un alto a las hegemonías. Ahora enfrentamos, junto con nuestra clase política (¡ni hablar, es nuestra!), a la necesidad imperiosa de diseñar nuevas formas de imponer la ley y controlar la criminalidad. Pero parece que las consecuencias desconocidas de nuestras decisiones podrían llevarnos al arrepentimiento (¡“que se vayan los pendejos y regresen los corruptos”!, reza la conseja). ¿Es esa la distinción más fina en la conciencia ciudadana? Y sobre “los gringos”: ¿de veras nos conviene dejar de combatir que les llegue lo que de todos modos les llegaría? ¿Cómo nos devolverían el gesto? ¿No cambiarían lo “rápido” por lo pausado y lo “furioso” por la destrucción calculada? Todos repudiamos la muerte impune y gratuita. Lo que no hemos hecho es el nuevo vínculo democrático de la sociedad con el Estado.
La indignación por los efectos del combate al crimen organizado es legítima y sintomática. Javier Sicilia, agraviado y justamente indignado, reclama a la clase política su ineptitud, su alejamiento de la sociedad y su ceguera ante las dimensiones de lo que ocurre con la violencia organizada por el crimen organizado. Muchos han hecho suya su voz o, mejor aún, en su voz se han identificado muchos que están hartos. No es para menos. Las ideas que identifico en la protesta de Sicilia son: “¡ya párenle!”, “vuelvan a sus códigos” y “hagan su trabajo”. Además sugirió una política exterior: dejar que los gringos “se llenen de mierda”. En síntesis, que gobierno y narcos pacten para que aquel respete las rutas que estos usan hacia el norte. Este sería el mal menor. Con todo el respeto a esta postura, debo decir que disiento de ella. La condolencia y la solidaridad no pueden constituirse en un nuevo altar a la ceguera. Concediendo que los cárteles y las Fuerzas Armadas son causa, cada uno por separado y con diferentes responsabilidades, de la violencia que afecta a la sociedad, a los inocentes, es dudoso que un pacto con los primeros la erradique. Los propios cárteles han sembrado una nueva estrategia que dejó atrás, hace al menos dos décadas, el que México fuera un territorio de paso para convertirse en un mercado de consumo. El secretario de Salud ha señalado que las posibilidades de que un joven consuma drogas ha crecido en 50% en los últimos 30 años. A los cárteles de la droga se han agregado las organizaciones que comercian en el mercado interno desde gran escala hasta menudeo, de lo que no se ocupan directamente los cárteles. Hay ciudades del país en las que los narcomenudistas pelean su terreno manzana por manzana, barrio por barrio, contra otras bandas que se dedican a lo mismo y que compiten entre ellos. Y están armados, matan y son matados. El tráfico de armas hace también lo suyo, y no solamente el de los que llevan a cabo operaciones en gran escala para compradores de volúmenes grandes, sino los que surten a los “microempresarios” de la droga, del secuestro, de la extorsión y a los compradores “inocentes” cuyo objetivo es protegerse. Si lo anterior es cierto, no hay pacto que detenga la violencia, a menos que toda se le adjudique a los grandes cárteles que, suponemos, serían los únicos que acaso hayan conocido un “código de honor”. Otras explicaciones sobre los niveles de violencia provienen de individuos menos políticamente correctos y dignos de sospechosismo (en español se solía decir “de sospecha”). La directora de la DEA, Michele Leonhart, señaló en Cancún que los niveles de violencia se deben a que los narcos andan “como bestias enjauladas”, arrinconados por el Ejército. Es una declaración oficial de una alta funcionaria de Estados Unidos en la materia. ¿Estará mintiendo esta señora? Lamentablemente no hay medios de comunicación que lo indaguen; los más influyentes, los electrónicos, se han hecho parte de la ceguera. La indignación debe llegar hasta los hechos de fondo. La “clase política” es responsable de la situación de deterioro que guarda la seguridad. Pero no todos en la misma medida, ni sólo ellos. Voy por partes. En el Congreso están atoradas las propuestas que se fueron construyendo a partir del Acuerdo Nacional de Seguridad. La depuración de cuerpos federales ha sido encaminada en el marco de atribuciones del Ejecutivo federal. Pero la propuesta de unificar los mandos policiacos de las entidades federativas y entre estas en un sistema federal coordinado, que envió el Ejecutivo, está detenido por gobernadores y legisladores que no quieren metiches en sus feudos, aunque sea a costa de las muertes de civiles. Tampoco aceptan que los altos mandos se sometan a pruebas de confianza. ¿Por qué será? El presidencialismo de partido hegemónico “controlaba” el crimen mediante pirámides de tajadas. Todos quietecitos y contentitos. ¡Este sí que era un “código”! Pero quisimos cambiar de sistema político y poner un alto a las hegemonías. Ahora enfrentamos, junto con nuestra clase política (¡ni hablar, es nuestra!), a la necesidad imperiosa de diseñar nuevas formas de imponer la ley y controlar la criminalidad. Pero parece que las consecuencias desconocidas de nuestras decisiones podrían llevarnos al arrepentimiento (¡“que se vayan los pendejos y regresen los corruptos”!, reza la conseja). ¿Es esa la distinción más fina en la conciencia ciudadana? Y sobre “los gringos”: ¿de veras nos conviene dejar de combatir que les llegue lo que de todos modos les llegaría? ¿Cómo nos devolverían el gesto? ¿No cambiarían lo “rápido” por lo pausado y lo “furioso” por la destrucción calculada? Todos repudiamos la muerte impune y gratuita. Lo que no hemos hecho es el nuevo vínculo democrático de la sociedad con el Estado.
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