José Fernández Santillán / El Semanario
No hay cosa más mal entendida en nuestro país que las privatizaciones. El motivo por el cual hago, de entrada, esta rotunda afirmación se basa en la más rancia tradición del pensamiento liberal. De acuerdo con esta doctrina, ciertamente es mejor que las actividades económicas sean desempeñadas por los privados que por el Estado. Sin embargo, el complemento de la predilección por la iniciativa de los particulares es la liberalización para que pueda haber una real y verdadera competencia. El problema es que en México se ha malentendido el sentido y contenido de la doctrina del libre mercado.
En nuestro país, efectivamente, se llevó a cabo desde principios de los años ochenta un proceso de privatizaciones, pero ese movimiento no fue acompañado por la liberalización. Los monopolios que estaban en manos del Estado, como es el caso de la vieja compañía Teléfonos de México, pasaron a manos de un privado haciendo caso omiso de la liberalización. De poco sirvió, en consecuencia, que el monopolio de la telefonía se desplazara del Estado al campo privado. Los obstáculos siguieron siendo prácticamente los mismos o, por lo menos, la privatización no trajo los beneficios que supuestamente aportaría la aplicación de la doctrina liberal.
Para reforzar mi argumento me apoyo en un estudio de la OCDE en 23 países miembros realizado en los años noventa. Este estudio se compuso de un buen número de variables orientadas a conocer los factores que incidían el comportamiento del sector de las telecomunicaciones. El propósito fue promover al mismo tiempo la privatización y la liberalización de ese sector.
El estudio, que puede ser consultado en los archivos y las páginas web de la OCDE, mostró que en los años ochenta la estructura del mercado de las telecomunicaciones en la casi totalidad de los países miembros (México entró a la OCDE hasta 1994 y, por tanto, no fue tomado en consideración) era de carácter monopólico.
Desde entonces, específicamente, después de 1984, con el desmantelamiento de la AT&T en EU también se desarrollaron esfuerzos para darle una fisonomía distinta al mercado de las telecomunicaciones. Entre los países pertenecientes a la OCDE el Reino Unido afectó a la UK Mercury Communications para ubicarlo en el segundo lugar entre los operadores. De esta manera, esa compañía tuvo que competir con la British Telcommunications. En esa misma época Nueva Zelanda instrumentó reformas, las más radicales en el sector, para abrir completamente el mercado a la libre competencia.
El index de competitividad mostró cambios contrastantes. Por ejemplo, Alemania era uno de los países menos liberalizados, en tanto que Nueva Zelanda, Reino Unido y EU eran los más liberalizados. Entre los países nórdicos, Suecia mostró los índices más altos de liberalización y, en consecuencia, de competitividad.
Conclusión: las “privatizaciones” no surten efecto si no van acompañadas de la “liberalización”. Como muestra del beneficio que conlleva esta mancuerna se puede mencionar que la tabla de liberalización y los niveles de competitividad marcan un comportamiento paralelo. Vale decir, mientras menos monopolizada y, al mismo tiempo más liberalizada es una economía, mayor es el nivel de competitividad. Y, por lógica consecuencia, los usuarios de los servicios obtuvieron beneficios tangibles.
De los años ochenta a los años noventa, la inmensa mayoría de los países de la OCDE se movieron de estructuras monopólicas a estructuras liberalizadas.
Con este telón de fondo podemos entender el motivo por el cual en México no surtieron efecto las reformas liberales. Caso paradigmático es, precisamente, el sector de las telecomunicaciones. Ese sector se privatizó pero no se liberalizó. Esta es la base de sustentación para aseverar que en el sector de las telecomunicaciones tenemos cuarenta años de atraso.
Telmex/Telcel, y su filial América Móvil, se han erigido como un verdadero y propio freno para la libre competencia en el sector de las telecomunicaciones en nuestro país.
La pregunta es, entonces, cómo podemos ponerle remedio a esta penosa situación. Pues bien, hoy la respuesta pasa obligadamente por la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva, probablemente este 2 de mayo, en torno de la contradicción de tesis (268/2010) respecto de la suspensión definitiva de la procedencia de los juicios de amparo interpuestos por privados en contra de la resolución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) sobre tarifas de interconexión. La contradicción radica en que tribunal sostuvo que era asunto de particulares, en tanto que otro tribunal determinó que era un asunto que incumbía al interés público.
Esto quiere decir que la SCJN tiene la oportunidad de hacer valer el interés general por encima de los intereses particulares en vista de que las tarifas de interconexión han sido fijadas unilateralmente por un privado, vale decir, por el monopolio. No debería ser así porque de conformidad con lo que consagra el párrafo primero del artículo 25 de nuestra Constitución es facultad del Estado mexicano regular el mercado de las telecomunicaciones.
Hemos de decir que ya la COFETEL resolvió una reducción en las tarifas de interconexión de 95 a 39 centavos. La aplicación inmediata de esta tarifa representaría ahorros por hasta 40% en el costo final que se cobra a los usuarios de teléfonos celulares y de hasta 15% en el costo que tienen que desembolsar los usuarios de teléfonos fijos. Mientras tanto, de acuerdo con lo señalado por la Comisión Federal de Competencia (CFC), los usuarios en nuestro país de telefonía tanto fija como móvil por concepto de interconexión están pagando alrededor de 72,000 mdp por cobros que no deberían existir.
¿Pero por qué no ha surtido efecto las medidas antimonopolio impuestas por las autoridades federales? Respuesta: el monopolio ha venido retrasando los actos de autoridad mediante sucesivos amparos interpuestos ante los tribunales. Hay litigios en esta materia que llevan, increíblemente, cinco años ventilándose, cosa inusual para un país miembro de la OCDE (En contraste, el juicio antimonopolios que más tardó en EU fue el de Microsoft el cual tomó 18 meses). Al respecto, debemos decir que este organismo internacional ha señalado lo siguiente: “En México hay un número sorprendentemente alto de apelaciones (en tarifas de interconexión) que dan lugar a la suspensión de la aplicación de una decisión en materia regulatoria…En este contexto, México es el único caso en la OCDE” (Reforma 12 de abril de 2011).
El tema es de tal relevancia que la decisión de la Suprema Corte sentará jurisprudencia para todos los diferendos subsecuentes. Deseamos creer, como lo dice el anuncio que circula profusamente, que “el Poder Judicial de la Federación defiende nuestros derechos constitucionales”.
No hay cosa más mal entendida en nuestro país que las privatizaciones. El motivo por el cual hago, de entrada, esta rotunda afirmación se basa en la más rancia tradición del pensamiento liberal. De acuerdo con esta doctrina, ciertamente es mejor que las actividades económicas sean desempeñadas por los privados que por el Estado. Sin embargo, el complemento de la predilección por la iniciativa de los particulares es la liberalización para que pueda haber una real y verdadera competencia. El problema es que en México se ha malentendido el sentido y contenido de la doctrina del libre mercado.
En nuestro país, efectivamente, se llevó a cabo desde principios de los años ochenta un proceso de privatizaciones, pero ese movimiento no fue acompañado por la liberalización. Los monopolios que estaban en manos del Estado, como es el caso de la vieja compañía Teléfonos de México, pasaron a manos de un privado haciendo caso omiso de la liberalización. De poco sirvió, en consecuencia, que el monopolio de la telefonía se desplazara del Estado al campo privado. Los obstáculos siguieron siendo prácticamente los mismos o, por lo menos, la privatización no trajo los beneficios que supuestamente aportaría la aplicación de la doctrina liberal.
Para reforzar mi argumento me apoyo en un estudio de la OCDE en 23 países miembros realizado en los años noventa. Este estudio se compuso de un buen número de variables orientadas a conocer los factores que incidían el comportamiento del sector de las telecomunicaciones. El propósito fue promover al mismo tiempo la privatización y la liberalización de ese sector.
El estudio, que puede ser consultado en los archivos y las páginas web de la OCDE, mostró que en los años ochenta la estructura del mercado de las telecomunicaciones en la casi totalidad de los países miembros (México entró a la OCDE hasta 1994 y, por tanto, no fue tomado en consideración) era de carácter monopólico.
Desde entonces, específicamente, después de 1984, con el desmantelamiento de la AT&T en EU también se desarrollaron esfuerzos para darle una fisonomía distinta al mercado de las telecomunicaciones. Entre los países pertenecientes a la OCDE el Reino Unido afectó a la UK Mercury Communications para ubicarlo en el segundo lugar entre los operadores. De esta manera, esa compañía tuvo que competir con la British Telcommunications. En esa misma época Nueva Zelanda instrumentó reformas, las más radicales en el sector, para abrir completamente el mercado a la libre competencia.
El index de competitividad mostró cambios contrastantes. Por ejemplo, Alemania era uno de los países menos liberalizados, en tanto que Nueva Zelanda, Reino Unido y EU eran los más liberalizados. Entre los países nórdicos, Suecia mostró los índices más altos de liberalización y, en consecuencia, de competitividad.
Conclusión: las “privatizaciones” no surten efecto si no van acompañadas de la “liberalización”. Como muestra del beneficio que conlleva esta mancuerna se puede mencionar que la tabla de liberalización y los niveles de competitividad marcan un comportamiento paralelo. Vale decir, mientras menos monopolizada y, al mismo tiempo más liberalizada es una economía, mayor es el nivel de competitividad. Y, por lógica consecuencia, los usuarios de los servicios obtuvieron beneficios tangibles.
De los años ochenta a los años noventa, la inmensa mayoría de los países de la OCDE se movieron de estructuras monopólicas a estructuras liberalizadas.
Con este telón de fondo podemos entender el motivo por el cual en México no surtieron efecto las reformas liberales. Caso paradigmático es, precisamente, el sector de las telecomunicaciones. Ese sector se privatizó pero no se liberalizó. Esta es la base de sustentación para aseverar que en el sector de las telecomunicaciones tenemos cuarenta años de atraso.
Telmex/Telcel, y su filial América Móvil, se han erigido como un verdadero y propio freno para la libre competencia en el sector de las telecomunicaciones en nuestro país.
La pregunta es, entonces, cómo podemos ponerle remedio a esta penosa situación. Pues bien, hoy la respuesta pasa obligadamente por la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva, probablemente este 2 de mayo, en torno de la contradicción de tesis (268/2010) respecto de la suspensión definitiva de la procedencia de los juicios de amparo interpuestos por privados en contra de la resolución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) sobre tarifas de interconexión. La contradicción radica en que tribunal sostuvo que era asunto de particulares, en tanto que otro tribunal determinó que era un asunto que incumbía al interés público.
Esto quiere decir que la SCJN tiene la oportunidad de hacer valer el interés general por encima de los intereses particulares en vista de que las tarifas de interconexión han sido fijadas unilateralmente por un privado, vale decir, por el monopolio. No debería ser así porque de conformidad con lo que consagra el párrafo primero del artículo 25 de nuestra Constitución es facultad del Estado mexicano regular el mercado de las telecomunicaciones.
Hemos de decir que ya la COFETEL resolvió una reducción en las tarifas de interconexión de 95 a 39 centavos. La aplicación inmediata de esta tarifa representaría ahorros por hasta 40% en el costo final que se cobra a los usuarios de teléfonos celulares y de hasta 15% en el costo que tienen que desembolsar los usuarios de teléfonos fijos. Mientras tanto, de acuerdo con lo señalado por la Comisión Federal de Competencia (CFC), los usuarios en nuestro país de telefonía tanto fija como móvil por concepto de interconexión están pagando alrededor de 72,000 mdp por cobros que no deberían existir.
¿Pero por qué no ha surtido efecto las medidas antimonopolio impuestas por las autoridades federales? Respuesta: el monopolio ha venido retrasando los actos de autoridad mediante sucesivos amparos interpuestos ante los tribunales. Hay litigios en esta materia que llevan, increíblemente, cinco años ventilándose, cosa inusual para un país miembro de la OCDE (En contraste, el juicio antimonopolios que más tardó en EU fue el de Microsoft el cual tomó 18 meses). Al respecto, debemos decir que este organismo internacional ha señalado lo siguiente: “En México hay un número sorprendentemente alto de apelaciones (en tarifas de interconexión) que dan lugar a la suspensión de la aplicación de una decisión en materia regulatoria…En este contexto, México es el único caso en la OCDE” (Reforma 12 de abril de 2011).
El tema es de tal relevancia que la decisión de la Suprema Corte sentará jurisprudencia para todos los diferendos subsecuentes. Deseamos creer, como lo dice el anuncio que circula profusamente, que “el Poder Judicial de la Federación defiende nuestros derechos constitucionales”.
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